Informe especial de coyuntura

Publicamos un fragmento del Informe especial de coyuntura del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala.

En el presente informe hacemos un balance de los primeros dos años de la gestión de Cambiemos.

En primer lugar, se destaca la imposibilidad del gobierno de mostrar logros relevantes en materia de reducción de la inflación, a pesar haber sido el elemento central de su propuesta económica. Un mal diagnóstico en el inicio, junto con un esquema de política monetaria en etapa experimental y con escasos instrumentos, impidieron mostrar resultados satisfactorios en un frente en el cual, además, el gobierno nacional anunció cambios de cara a los
próximos años.

En segundo lugar, y luego de varias idas y vueltas en torno al cálculo del déficit fiscal, las autoridades decidieron emprender un cronograma de reducción del déficit primario, empresa que tiene como contrapeso natural la premisa básica del gobierno: que la presión fiscal es uno de los principales escollos para el crecimiento del lado de la oferta. El ajuste del gasto, incluyendo la baja en subsidios, demostró ser insuficiente para financiar la
reducción de impuestos, motivo por el cual el gobierno recurrió a un duro recorte de la seguridad social como vía de escape.

A pesar de esto último, el gobierno no logró reducir, sino que aumentó el déficit financiero de la mano de un nivel de endeudamiento récord a nivel global, que llevó a incrementar el peso del pago de los intereses de la deuda en el presupuesto. Esta es, sin duda, una fuente de fragilidad para la economía argentina.

A su vez, la economía argentina evidencia serias dificultades para crear empleo, además de mostrar indicios de ir avanzando hacia un entorno de mayor precarización laboral. En particular, los puestos de trabajo que se crearon en estos últimos dos años son peor remunerados que los que se destruyeron, afectando la masa salarial e impactando negativamente en el consumo masivo y en las condiciones de vida de los sectores asalariados.

En estos dos años, el gobierno pudo administrar los problemas de liquidez en moneda extranjera de corto plazo que tenía la economía argentina, aunque esto se logró a partir de una fuerte devaluación del tipo de cambio, la convalidación de la deuda exigida por los fondos buitres y la completa desarticulación de las regulaciones cambiarias, en el marco de un profundo y creciente desequilibrio externo.

El atraso cambiario es uno de los síntomas de este esquema macroeconómico. En efecto, las necesidades de financiamiento público son la principal fuente de divisas de la economía argentina luego de las exportaciones, de modo tal que la voluntad de los mercados de crédito globales de continuar expuestos al riesgo argentino es condición sine qua non para sostener un (pseudo) equilibrio en el mercado de cambios.

En este contexto, el gobierno decidió emprender una serie de reformas de corte netamente “ofertista”, a la espera de que la maduración de un entorno institucional de menor regulación favorezca el desarrollo de la inversión privada, dotando de consistencia en el tiempo a este modelo.

Sin embargo, al momento, la industria y los sectores empleo intensivos siguen golpeados, y no logran reponerse a pesar de la recuperación del PIB. Así, la economía muestra un sendero de crecimiento moderado pero estable, que luce insuficiente para mejorar en forma sostenida las condiciones de vida de la población, al costo de acumular desequilibrios (fundamentalmente, en el sector externo) que amenazan con poner en riesgo el esquema macro.

UNA NUEVA NOCHE FRÍA EN EL BARRIO

Desde el inicio de la gestión de Cambiemos, caracterizamos que la apertura de la economía era el basamento central sobre el que pivotearía la dinámica macro en los primeros años del nuevo gobierno.

Señalamos también que, para el Ejecutivo, este camino debía ser socialmente “tolerable”, lo que demandaba “gradualismo fiscal” y reiniciar un acelerado proceso de endeudamiento.

Además, el gobierno prometió una baja rápida de la inflación, priorizando un esquema experimental de Metas de Inflación con un duro ajuste monetario dentro del combo.

Denominamos a esta estrategia como de “ajuste a dos velocidades” asumiendo que, transitado el golpe inicial que produjeron la apertura externa, la devaluación y el ajuste de tarifas, el ingreso masivo de moneda extranjera mediante deuda pública permitiría estabilizar el sector externo y daría lugar a un proceso de recuperación en la actividad económica.

Postulamos también que, aún en ese marco de recuperación, la apertura externa, la apreciación cambiaria y la ausencia de una política productiva consistente impulsada desde el Estado nacional atentarían contra la cantidad y calidad del empleo, afectando de modo adverso las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

Este ordenamiento macroeconómico lleva implícito una  reconfiguración regresiva de la matriz distributiva que pareciera haberse empezado a acelerar luego del triunfo electoral del oficialismo en las elecciones pasadas.

Ahora bien, en la concepción oficial este futuro empeoramiento en la distribución del ingreso no será un “falencia” o una “deuda
pendiente”, sino un requisito para el despliegue de su modelo de
crecimiento: la reducción del peso del sector público (y de su rol
distributivo) junto con una menor carga impositiva, a la par que se intenta reducir salarios y costos laborales es un objetivo deliberadamente buscado en la inteligencia que eso generará condiciones para un incremento de la oferta.

El balance de estos dos años que presentamos en este informe tiende a confirmar los principales postulados de este diagnóstico, al tiempo que desnuda futuras tensiones y desequilibrios que empiezan a acumularse de modo preocupante en los fundamentos del modelo.

Por un lado, el gobierno presenta un programa de ajuste fiscal que apunta a ir reduciendo cerca de 1 p.p. de déficit por año hasta 2020.

En gran medida, los voceros oficiales esperan que el crecimiento proyectado del PIB haga la mayor parte del trabajo. En caso de frustrarse esta expectativa, sostener la meta fiscal implicará abandonar el “gradualismo”, en un contexto donde el ajuste de tarifas ya parece haber rendido todos los “frutos” que el gobierno podría esperar. Como sostuvimos en múltiples oportunidades, y los hechos de fines de 2017 confirman, sostener el esquema fiscal en los próximos años implicará poner en el centro del debate el sistema de seguridad social y su achicamiento en el tiempo.

Por el otro, a pesar de sostener elevadas tasas de interés durante toda la gestión, el esquema de Metas de Inflación está lejos de generar los resultados esperados por las autoridades y pone en crisis el conjunto de la política monetaria. Al cambiar la meta, el gobierno agrega un elemento adicional de incertidumbre.

El esquema de Cambiemos depende de la permanencia en el tiempo del proceso de endeudamiento externo, fundamentalmente del sector público, situación que nunca está garantizada. En una economía abierta y desregulada, las perturbaciones externas (que no podemos descartar como un escenario factible en 2018) impactarán con fuerza y rapidez en la economía nacional, expresando la elevada fragilidad del modelo macro.

La acumulación de tensiones en el esquema de política empieza a presionar
sobre las prioridades del gobierno. Al momento, y quizás como un resultado derivado del proceso electoral, se observa que el Ejecutivo comienza a abandonar elementos fiscales que contribuían a hacer “tolerable” en términos sociales el modelo de ajuste, profundizando, de este modo, el conflicto social.

En conjunto, entendemos que aún en “pleno funcionamiento” no debe esperarse de este modelo una mejora sostenida y sensible en las condiciones de vida de los sectores asalariados. La mayor precarización del mercado de trabajo y el desmantelamiento del sistema de seguridad social son pruebas de ello. A futuro, esperamos que estos lineamientos tiendan a profundizarse, lo cual podría agravarse sensiblemente ante una situación de estrangulamiento en el sector externo.

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