¿Por qué sigue existiendo el lulismo en Brasil?

 

Contra lo que suele decirse, el clima político latinoamericano no gira en torno a lo líquido y vaporoso. Por el contrario, las identidades políticas construidas en los últimos años parecen más bien sólidas, soportando las siempre intensas coyunturas regionales. No estamos pensando sólo en Argentina y su grieta. En Venezuela dos décadas de “revolución bolivariana” no barrieron con los “escuálidos”. El antichavismo configura una identidad política perseverante. Más allá de los dirigentes opositores y sus intereses, hace tres meses que todos los días hay protestas en las calles de Caracas. Desde ya, también es imposible imaginar que el chavismo desaparezca como identidad política, por más desatinos que cometa el gobierno de Nicolás Maduro.

En Brasil pasa algo parecido. Las últimas encuestas le dan a Lula un contundente 30% para las elecciones presidenciales del año próximo. Y si la aguja se mueve, es en forma ascendente. Todo esto, en medio de una judicialización extrema, donde el PT funciona de chivo expiatorio de toda la clase política. Las manchas no son pocas: Antonio Palocci, primer ministro de Hacienda de Lula, está condenado y preso. José Dirceu, uno de los colaboradores más cercanos, también, aunque recientemente recuperó la libertad a la espera de una segunda instancia judicial. Lo mismo pasa como otros personajes menores, encargados de las finanzas de partido En los próximos días el propio Lula tendrá sobre sí una condena judicial, aunque recién con una confirmación de segunda instancia quedaría impedido de ser candidato.

A eso habría que sumar que el segundo gobierno de Dilma fue cualquier cosa menos virtuoso. Ajustó, sumó semestres recesivos, llevó al gabinete a figuras de la ortodoxia económica como Joaquim Levy y, finalmente, igual perdió el gobierno.

Lo más lógico sería esperar un reseteo general, con la probable aparición de una figura nueva, tal vez ligada a los medios de comunicación o el mundo empresarial, como suele ocurrir cuando la política entra en crisis de representación. La única dificultad es que la identidad lulista no parece evaporarse. La presencia de Lula (y de los “lulistas” en forma de votantes, trabajadores sindicalizados, movimientos sociales, etc), es el gran escollo en ese objetivo de “borrón y cuenta nueva”.

Aunque magullado y con la espada de Damocles del juez Moro, desde hace casi un año Lula recorre el país, habla en sindicatos, participa en encuentros partidarios a nivel local, estadual y nacional, en manifestaciones callejeras, se multiplican las entrevistas radiales, etc. Y lo que es más significativo: esos sindicatos, partidos, movimientos y gente de a pie, sostienen a Lula como referencia política casi excluyente.

Entonces, la pregunta sobre Brasil hoy sería: ¿cuál es la razón de esa  supervivencia de la identidad política lulista?

Se podría hacer un listado de políticas públicas de los gobiernos del PT, sobre todo del segundo mandato de Lula y el primero de Dilma, donde se cristalizaron mejoras significativas en los niveles de vida generales. Pero ese balance siempre es relativo. En un país con el grado de desigualdad y pobreza de Brasil cualquier logro queda modesto. Hoy, doce millones de brasileños viven en favelas. Y, según las cifras que se usen, entre el 40 y el 45% es pobre. Dicho de otro modo, el final más que deslucido de Dilma podría haber operado como un cierre definitivo del ciclo del PT y los años del mejor Lula, un grato y tibio recuerdo.

Sin embargo, la centralidad que tiene Lula hoy se parece más a una reacción casi desesperada de un sector de la sociedad por no quedar a la deriva en términos de representación política.  

¿Que pueda explicar esa reacción? Por debajo de la maraña político-judicial que embota a la población, el gobierno de Temer puso en marcha una política de shock extrema que va desde el ajuste en programas sociales emblemáticos, hasta el impulso de grandes reformas estructurales.  

Nombremos algunas. Aún cuando no había sido confirmado en el cargo Temer empezó a desarmar un programa de formación técnica para jóvenes que no tenían trabajo, ni estaban dentro del sistema educativo formal. El programa se llama PRONATEC y en los tiempos de Lula había llegado a tener en su matrícula anual 3 millones de inscriptos. A fines de 2016 había bajado a 400 mil, por recortes presupuestarios.

La inversión en el programa de viviendas (“Minha Casa, Minha Vida”) cayó casi a la mitad entre 2015 y 2016: de 16,5 mil millones de reales, pasó a 6,9 mil millones del presupuesto.

El gobierno de Temer popularizó el “ponte-fino” (peinado fino)  sobre distintos beneficios sociales, de licencias médicas y previsionales. Con un formato de revisión burocrático, y bajo el imperativo de “terminar con los abusos y las injusticias” ya dio de baja 102 mil subsidios por enfermedad prolongada, el 81% del total. El Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prometió extender el mismo criterio sobre más de 2 millones de beneficiarios de distintos programas.

El más emblemático de todos los programas sociales, el Bolsa Familia, tampoco zafó: a fin del año pasado, también le pasaron el “ponte-fino” y fueron dados de baja más de 1 millón de beneficiarios. Ahora, el gobierno anunció que tampoco va a poder actualizar los montos (había prometido un 4% de aumento), por lo que va perdiendo poder adquisitivo.

Pero no es cuestión sólo de ajustar para cerrar cuentas urgentes. La agenda de Temer incluye cambios de fondo, como la reforma laboral y jubilatoria. La primera es el sueño de cualquier gremio empresarial: permite llegar a una jornada de trabajo de 12 horas corridas, permite negociar contratos por debajo de la ley, elimina el aporte sindical obligatorio y no se priva de “detalles” dignos del Sr. Burns como volver legal el trabajo de embarazadas en lugares de trabajo insalubres o reducir el tiempo de almuerzo de 1 hora a 30 minutos.

La reforma jubilatoria, aunque es menos probable que logre ser aprobada durante este año, también va en el mismo sentido: van a ser necesarios  más años de aportes para lograr jubilarse y todavía más para percibir el 100% del total del haber. Algunos calculan que un trabajador promedio tendrá que aportar regularmente durante 50 años para tener una jubilación completa. Algo casi mágico en un país donde el trabajo en negro está muy extendido y aún más la entrada y salida del circuito formal de empleo.  

Podría argumentarse que hubo otros momentos donde se aplicaron programas similares, como el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Pero hay dos diferencias fundamentales con los años 90: la sociedad brasileña venía de un shock hiperinflacionario que sirvió como justificador del ajuste posterior y, a la vez, la sociedad recibió el “premio” de la estabilidad monetaria. Ahora, ni existió el shock previo que justifique socialmente la necesidad de ajustar, ni está claro cuál sería el “premio” por desmantelar las políticas públicas inclusivas. Y como frutilla del postre, tampoco existió la mediación de la voluntad popular.

La sorprendente persistencia del lulismo como identidad política parece, así, un acto más bien defensivo, ante una ola retrógrada que no puede explicar su génesis en una crisis terminal previa, ni ofrece una playa de desembarco mínimamente placentera. Sólo un presente gris, de ajuste permanente, donde todos los beneficios caen para el mismo lado, y los costos también.   

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