• Registrarse
• / Ingresar
• | ayuda
• | quienes somos
|
• Contacto

Pobreza: 25,7% a fines de 2017. El mejor momento de la era M. ¿El mejor momento desde 2003?

 

 

 

 

 

Resumen: El 25,7% del segundo semestre de 2017 expresa la tasa de pobreza más baja del actual gobierno, lo que resulta lógico (aún cuando pueda quedar algún margen de duda por la intensidad de la baja -posiblemente, en parte, explicada por mejora en la calidad de los insumos) en vistas de los signos positivos (respecto a un año “malo” como fue 2016) de los indicadores del mercado de trabajo y de poder adquisitivo, en el marco de una política económica marcada por un año eleccionario. Sin embargo, el recalentamiento de la inflación, el efecto de algunas medidas fiscales restrictivas y el pretendido techo del 15% a las negociaciones paritarias permitirían avizorar un escenario de estancamiento o leve crecimiento de la pobreza para el primer semestre de este año. En una mirada retrospectiva, algunos investigadores han llegado a la conclusión que el 25,7% de pobreza se ubica en niveles inferiores a los de los mejores momentos del kirchnernismo (en términos sociales): sin embargo, el cálculo de la pobreza en base a los insumos tradicionales está atravesado por una serie de “ruidos técnicos” para la comparación que no permiten sostener tal afirmación, en tanto que las diferencias señaladas son exiguas; una aproximación indirecta, basada en indicadores más robustos sobre poder adquisitivo, mercado de trabajo y prestaciones sociales indicarían, sin tampoco aportar elementos concluyentes, que la situación de fines de 2017 resultó, en el mejor de los casos, similar a la de los momentos de menor incidencia de la pobreza por ingresos durante la gestión del gobierno anterior (año 2013 y fines de 2015).

 

El INDEC dio a conocer que en el segundo semestre de 2017 la indigencia afectó al 3,5% de los hogares y al 4,8% de las personas, mientras que por debajo de la línea de la pobreza quedaron el 17,9% de los hogares y el 25,7% de las personas residentes en 31 grandes aglomerados urbanos del país, que en conjunto representan algo menos de dos tercios de la población nacional y el 70% de la población urbana.

En relación al segundo semestre de 2016 estos valores implican una menor incidencia de las personas en situación de indigencia (6,1% a fines de 2016, 4,8% en igual periodo de 2017) y, sobre todo, en situación de pobreza (30,3% y 25,7% respectivamente). Si se compara contra el primer semestre de 2017, el saldo también es positivo: la indigencia bajó de 6,2% a 4,8% y la pobreza de 28,6% a 25,7%.

Cabe marcar que, como lo ha señalado el propio INDEC, los resultados de estos semestres no pueden ser comparados, por razones metodológicas ( y de estacionalidad), con el 32,2% de pobreza del segundo trimestre de 2016, primer dato publicado con el fin de dar a conocer prontamente un indicador oficial, que había sido discontinuado en 2013 y que nadie daba por cierto desde 2007 . No obstante, todos los indicadores marcan que el inicio de la gestión del actual gobierno estuvo signada por un incremento de la pobreza, debido al empeoramiento en el mercado de trabajo y en el poder adquisitivo de los ingresos laborales y de las prestaciones previsionales y sociales. (Cabe señalar que, aprovechando la ausencia de información sobre el último semestre de 2015 -y el manto de sospecha sobre los datos de INDEC desde 2007 en adelante-, el Presidente se empecina en contradecir la advertencia metodológica del Instituto y busca fijar esta marca como “línea de base” para comparar contra los datos posteriores, lo cual lógicamente, es insostenible en el marco de cualquier discusión seria).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDEC (https://www.INDEC.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_17.pdf)

 

Por tanto, no quedan dudas que el segundo semestre de 2017 mostró la mejor situación social del gobierno de Macri. Quizás suene contraintuitivo por el momento de difusión de estos datos, un contexto signado por el recalentamiento de la inflación desde mediados de diciembre (si se cumplen las proyecciones para marzo, que indican un aumento de precios algo por encima del 2%, se llegaría a un acumulado cercano al 7% solo en el primer trimestre, casi la mitad de la meta oficial de 15% para todo el año, que es también el umbral que se pretende imponer como techo a las negociaciones paritarias) y el anuncio de nuevos aumentos en las tarifas de servicios públicos. Pero no debe perderse de vista que los recientemente anunciados índices de pobreza corresponden al promedio de los meses de la última mitad del año pasado, periodo signado por las elecciones y, con ello, por decisiones políticas que procuraron mejorar el “humor social” (dólar planchado como ancla antiinflacionaria, ausencia de tarifazos, incentivo a la obra pública -con su consabido efecto multiplicador-, paritarias que permitieron recuperar parte de lo perdido en 2016 y/o clausula gatillo, etc.). Sin pretender hacer futurología, los indicios actuales permiten prever que en el primer semestre de 2018 (los datos los conoceremos recién a fines de septiembre) la incidencia de la pobreza subirá ligeramente en relación al segundo semestre de 2017, aunque probablemente seguirá por debajo del primer semestre del año pasado.

 

Analizado el corto plazo, la pregunta obvia es: ¿estamos mejor o peor que durante el kirchenerismo?

Actualmente, los niveles actuales de pobreza son entre dos veces y media y tres veces más bajos que a fines de 2002 e inicios de 2003, inicios del periodo kirchernista, donde, con la metodología actual la pobreza orilló el 70% (alrededor de 55% con la metodología histórica).  Si se considera el último año antes de la intervención del INDEC, la actual conducción del INDEC ha reconocido (https://www.INDEC.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf) que en el segundo semestre de 2006 la pobreza era del 40% con la metodología actual (frente a 26,9% con la metodología vigente en ese entonces, dato que muchas veces se ha comparado, erróneamente, con los resultados actuales, llegando a la conclusión falaz que la pobreza aumentó desde ese momento hasta finales del gobierno anterior). También hay relativo consenso (basado en cualquier fuente de información más o menos seria) en que la pobreza continuó descendiendo, de modo menos acentuado y con intermitencias, desde 2006 hasta 2011.

Ahora bien, si la pregunta se circunscribe a la comparación con el periodo 2011-2015, la respuesta técnicamente más adecuada es que… es imposible saberlo. Lógicamente, en el año 2014 con la inflación en torno al 40% tras la devaluación de inicios del año la pobreza subió, y volvió a bajar en 2015 (casi un espejo de lo observado entre 2016 y 2017). Más allá de esta obvia certeza, producto de la nefasta intervención del INDEC en el periodo 2007-2015 no contamos con las herramientas que nos permitan afirmar indubitablemente que ha sucedido con la indigencia y la pobreza por ingresos en los grandes aglomerados del país en los últimos años (desde 2011).

Algunos investigadores han intentado reconstruir la serie a partir de los insumos habituales, llegando a la conclusión que el dato del segundo semestre de 2017 es el más bajo (por muy escaso margen frente a 2012-2013) desde 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: @fedefmya (https://twitter.com/fedefmya/status/979076576037007365)

 

Sin embargo, estos legítimos intentos están atravesados por una serie de “ruidos” en los insumos utilizados para la medición, cuya magnitud probablemente excede a los cambios “reales” en la variación de la incidencia de la pobreza de los últimos años.

En primer lugar, se conoce el valor de la línea de la pobreza (canasta básica) de la metodología actual para el año 2006 y luego desde abril de 2016 en adelante. Por tanto, para reconstruir la serie es necesario estimar el valor de la línea de la pobreza para el periodo intermedio, y allí existe un sinfín de alternativas a seguir. Si bien estas alternativas, utilizando fuentes razonables (IPCs provinciales ajenos a la injerencia del INDEC, consultoras “serias”) no divergen en demasía, sí lo hacen como para que de una decisión a otra pueda haber un par de puntos más (o menos) de pobreza (y la discusión acerca de cuál es la fuente más adecuada puede ser interminable).

En segundo lugar, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que es la fuente en la cual se miden los ingresos familiares que luego se contrastan con el valor de la línea de pobreza correspondiente a cada hogar (según la cantidad de personas y su composición por edad y sexo, y por la región de residencia) es cuestionada en su validez para el periodo de la intervención del INDEC. Pero aun aceptando que pueda ser utilizada, deben realizarse algunos señalamientos. El primero es que, como toda encuesta probabilística, tiene asociado un margen de error estadístico, lo que implica que, por ejemplo, diferencias de algunos decimales en las tasas de pobreza no pueden considerarse “estadísticamente significativas”, es decir, que pese al valor que arroje la estimación, no contamos con la suficiente robustez para afirmar que la pobreza “realmente” subió (o bajó). El segundo factor a considerar es que tras el cambio de gestión la EPH sufrió cambios metodológicos, entre los que se pueden señalar el cambio en la forma de computar los ingresos no declarados (antes se imputaban indivualmente, ahora se reponderan los casos con respuesta) y, fundamentalmente, modificaciones en la población a la que se expanden los resultados de la muestra (con cambios en la participación relativa de los aglomerados por un lado, y con cambios en la estructura demográfica por el otro), cuestión sobre la cual si bien se puede realizar algún tipo de ajuste, nuevamente la forma en que este se implemente será materia de discusión. En tercer lugar, existen fuertes indicios que durante los años de la intervención del INDEC el trabajo de campo ha perdido, progresivamente, “calidad”, lo que implicó, entre otras cuestiones, aumento de la no respuesta de los hogares, de la no respuesta a los ingresos entre los hogares que responden la encuesta (con mayor intensidad a medida que aumenta el nivel de ingresos), problemas en la captación de los ingresos aún entre quienes responden, etc. Por eso, la recuperación de la calidad de la EPH es una de las preocupaciones centrales del equipo técnico actualmente a cargo de la encuesta. Lo que cabe notar aquí es que esa mejora  en la calidad de la información recolectada puede tener efectos sobre los resultados; en otras palabras, que una parte de la baja de la pobreza desde 2016 podría obedecer no a “factores reales” sino a una mejora paulatina de la calidad de la información recolectada (por tanto, en términos estrictos, hasta completada la “normalización”, tampoco sería del todo válida la comparación de resultados de diferentes periodos; a modo de ejemplo, nótese la brusquedad de las variaciones entre semestres registradas en San Juan, CABA, Córdoba, La Plata, Neuquén, San Nicolás-Villa Constitución, etc.), lo que implicaría que los datos anteriores de pobreza bajo la actual conducción del INDEC estuvieron (irremediablemente) levemente sesgados hacia el alza por esta cuestión. Por esto mismo, se encontraría afectada, con mayor fuerza aún, la comparación con los datos de la EPH de 2015 y años anteriores.

Un camino alternativo para aproximarse indirectamente a la evolución de la pobreza desde 2011 es recurrir a fuentes secundarias. La incidencia de la pobreza se relaciona con “p” (precios, la evolución real de los ingresos), con “q” (cantidad de perceptores de distintas fuentes de ingreso) y con un posible “efecto composición” (es decir, que p y q varíen en forma diferente entre distintos segmentos de la población: si esas variaciones son más positivas o más negativa para quienes están cerca de la línea de la pobreza que para el promedio, entonces la aproximación mediante datos generales estará sesgada). Dejando de lado, por simplicidad, este último factor, veamos que ha pasado con los ingresos y la cantidad de perceptores de ingresos.

Considerando a la población que está cerca de la línea de la pobreza (+/- 0,5 líneas), que es la que tiene las mayores probabilidades de entrar o salir de la pobreza (y que por tanto, define el resultado final), en el promedio para el periodo transcurrido entre el segundo semestre de 2016 y el tercer trimestre de 2017, el 77% de los ingresos proviene de fuentes laborales (32% de salarios del sector privado registrado, 20% de salarios informales, 15% de ingresos de trabajadores independientes y 10% de salarios estatales), el 15% de ingresos por jubilación o pensión, el 4% por ingresos vinculados a “ayuda social” y el 4% restante de otras fuentes.

En el siguiente gráfico se puede observar la variación del poder adquisitivo (considerando la evolución de la CBT-GBA, para lo cual para el periodo 2006 a 2016 se utilizó información oficial de San Luis y CABA) de un conjunto de indicadores de ingresos que intentan aproximar a la variación de las diferentes fuentes desde 2011 a 2016 (promedio semestral). A la vez, se presenta un indicador resumen, ponderado de acuerdo al peso de los distintos tipos de ingresos en el promedio de los hogares cercanos a la línea de la pobreza. Como periodo base (100) se considera al segundo semestre de 2015, lo que implica que valores por debajo de la línea punteada indican un poder adquisitivo inferior a ese momento, y viceversa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas y fuentes:  (i) Los ingresos han sido deflactados considerando la variación de la CBT-GBA, cuya valorización se realizó partiendo de los valores entre puntas publicados por el INDEC (diciembre 2006-abril de 2016) y considerando para el periodo intermedio la variación (por separado) de los componentes alimentarios y no alimentarios de la CT del SCC de CABA (http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=154) y del IPC-San Luis (http://www.estadistica.sanluis.gov.ar/estadisticaasp/Paginas/Pagina.asp?PaginaId=76). (ii) En todos los casos, los ingresos fueron imputados al mes siguiente de lo informado por la fuente administrativa (en razón del ajuste entre devengado -criterio registro administativo- y percibido -criterio encuesta). (iii) Mediana del salario bruto de trabajadores del sector privado registrado, por todo concepto (incluye aguinaldo), publicado por MTEySS (http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/asalariadosectorprivado/)  (iv) Salario testigo del estado nacional corresponde al salario bruto de un trabajador de planta permanente con categoría C grado 0 del agrupamiento general (equivalente a 554 unidades retributivas); se ha consignado el aguinaldo y, desde julio de 2017, un 50% del plus por presentismo. (v) La jubilación mínima incluye aguinaldo. (vi) El ingreso por AUH considera el monto total de la prestación, sin desagregar el acumulado del 20% de cada mes que se percibe todo junto en marzo luego de presentar la certificación de los controles de salud o de asistencia escolar, según la edad. (vi) El  indicador “Ponderado” surge de consignar un peso del 70% a la mediana del salario registrado del sector privado (“representativo” de los ingresos de estos trabajadores, pero también de los informales y de los independientes), del 11% al salario testigo del estado nacional (representativo de los salarios estatales, aunque cabe señalar que la mayoría de ellos se desempeña bajo la órbita provincial), del 15% a la jubilación mínima (que se considera más representativa de los ingresos para la población cercana a la línea de la pobreza que el haber medio) y del 4% a la AUH (representativo de los ingresos por “ayuda social”); cabe consignar que la estructura se ha calculado sin considerar los ingresos provenientes de “otras fuentes”.

 

En general, se observa que el poder adquisitivo de los distintos tipos de ingreso es algo superior o similar al de fines de 2015 en el periodo transcurrido entre mediados de 2012 y fines de 2013 (o sea, el poder adquisitivo perdido en la primera parte de 2014 es recuperado a fines de 2015, excepto en el caso de los trabajadores del estado nacional), mientras que en el primer semestre de 2016 se registran caídas en torno a 8-10 puntos porcentuales en la jubilación mínima, en la AUH y en el salario del sector privado registrado, con un descenso más abrupto aún en el caso del salario testigo del estado nacional. A partir de allí comienza un leve mejoramiento del poder adquisitivo (excepto en el caso de la jubilación mínima, con menos variabilidad), que cobra mayor intensidad durante 2017: a fines de ese año el nivel real del índice ponderado se ubicaba 3,5 puntos por debajo del nivel del segundo semestre, pero unos 5 puntos por encima del año 2016. Para proyectar estas variaciones sobre la pobreza se debe tener en cuenta que en general se observa una relación que señala que por cada entre 2,5 y 3 puntos de modificación del poder adquisitivo la pobreza se mueve un punto (para arriba o para abajo).

En el caso de las cantidades, los datos de registros administrativos (http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/trabajadoresregistrados/) relativos al mercado de trabajo, que lógicamente reflejan lo que sucede en el sector formal de la economía, muestran que en diciembre de 2017 había 350 mil personas ocupadas más que en el mismo mes de 2015. No obstante, este aumento debe matizarse, en tanto que para mantenerse constante la situación es preciso que el mercado de trabajo aumente su tamaño en la medida del crecimiento poblacional. Desde esta perspectiva, se observa que en el segundo semestre de 2015 se contabilizaban 53,7 trabajadores (asalariados o independientes) registrados por cada 100 integrantes de la población económicamente activa (ocupados y desocupados), en tanto que en el primer semestre de 2016 este indicador cae a 53,2, nivel en el que se mantuvo hasta el mismo periodo del año siguiente, luego del cual se incrementó a 53,6, valor similar al de fines de 2015 y superior al de los años anteriores. Sin embargo, debe consignarse que en desde el inicio de la serie en el año 2012 se observa un continuo deterioro en la participación de la categorías “estrella” del mercado de trabajo: los asalariados del sector privado. Estos trabajadores pasaron de representar cerca del 55% de todos los trabajadores registrados en 2012 al 52,1% a fines de 2015 y al 50,8% a fines de 2017. En otras palabras, la cantidad de empleo controlada por el tamaño de la fuerza de trabajo cayó en 2016 y se recuperó hacia fines de 2017 a niveles similares a los de fines de 2015, aunque se reflejó un cambio en la composición interna, con aumentos de (leve) mayor intensidad en las categorías no tan “deseadas” (empleados estatales, monotributistas y monotributistas sociales, empleados de casas particulares).

Otro componente de los ingresos de los hogares son las prestaciones de la seguridad social. Considerando los datos de la ANSES desde 2013 a 2017 para jubilaciones y pensiones contributivas (beneficiarios únicos) y AUH, se observa que mientras que entre 2013 y 2014 las prestaciones previsionales sobre el total de población en edad pasiva (mujeres de 60 años y más y hombres de 65 años y más) decayeron, para recuperarse con fuerza durante en 2015, con un promedio semestral de 96,7 prestaciones cada 100 habitantes; en los dos años siguientes, con leves oscilaciones, las prestaciones se mantienen en un nivel algo superior (el pico se observa en el primer semestre de 2017, cayendo en el segundo de 98,1 a 97,4, guarismo apenas superior al de fines de 2015). En el caso de la AUH, la relación entre beneficiarios por cada 100 niños, niñas y adolescente registra un leve pero constante aumento hasta 2015, mientras que a inicios de 2016, producto de la extensión de la prestación a los hijos de monotributistas (lo que, por otro lado, explicaría en parte el aumento de esta categoría ocupacional entre los trabajadores registrados, bajo el supuesto que una porción de quienes se desempeñaban en la informalidad pasaron a este régimen, ya que dicha formalización no implicaba la pérdida del derecho a percibir la AUH) se observa un importante incremento, manteniéndose luego el nivel de cobertura en umbrales similares a los de ese momento (a fines de 2015 se contabilizaban 27,3 beneficiarios por cada 100 niños, niñas y adolescentes; a fines de 2017, ese radio se ubicaba en un valor de 30,1). Se debe señalar también que dentro de la población asalariada registrada, producto de una modificación progresiva de los criterios de de acceso (vinculada también a modificaciones en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias), se incrementó tanto la cantidad de asignaciones familiares por hijo como el valor real de estas prestaciones (de los tres millones del segundo semestre de 2015  -número que mostró un fuerte descenso desde inicios del año anterior, cuando las asignaciones alcanzaron 3,8 millones- se pasó a algo más de cuatro millones de prestaciones en el mismo periodo de 2017; entre estos semestres, el poder adquisitivo de la prestación media se incrementó 17%). No obstante, en el caso de la medición de la pobreza es esperable que estas modificaciones tengan un impacto relativamente acotado en tanto debido a que la ampliación en el acceso favorece fundamentalmente a los trabajadores de ingresos medios y medios altos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas y fuentes:  (i) Los ocupados se clasifican según su principal categoría ocupacional y son publicados por el MTEySS-(http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/Reporte_trabajo_Febrero_2018.pdf). (ii) Para calcular la población económicamente activa se aplicaron las tasas de actividad del censo 2010 (por sexo y grupo quinquenal) a las proyecciones oficiales de población del INDEC (https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84).

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANSES (https://www.anses.gob.ar/institucional/datos-abiertos/) y Proyecciones de población del INDEC (https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84)

 

En definitiva, estos datos confirman que la baja en la tasa de pobreza respecto a 2016 y al primer semestre de 2017 es lógica, en tanto que se ha recuperado gran parte del poder adquisitivo perdido y que el mercado de trabajo mostró claros signos positivos: si la baja de 4,6 puntos porcentuales respecto a fines de 2016 y de 2,9 puntos respecto al primer semestre del año “suena” a demasiado, quizás pueda explicarse por cierto sesgo producto de la mejora de la calidad de la EPH (lo que implicaría que las mediciones de semestres anteriores sobreestimaban levemente el nivel de pobreza). Sin embargo, en una retrospectiva más amplia, no pareciera haber elementos para afirmar que se trata del menor porcentaje de pobreza desde 2003: en promedio, el poder adquisitivo de los ingresos de fuentes laborales y no laborales (formales) de los hogares en torno a la línea de la pobreza muestra niveles algo menores a 2013 y al segundo semestre de 2015, ubicándose cerca del umbral de fines de 2014 e inicios de 2015. En el caso del mercado de trabajo, el sector formal muestra una recuperación que lo ubica en sintonía con los mejores momentos de los últimos años del periodo anterior, aunque con cierto deterioro en su composición interna (retroceso de la participación relativa los asalariados formales del sector privado). La incidencia de las prestaciones sociales muestra en 2015 y 2017 una mayor cobertura que en 2013, aunque en el caso de la AUH, si bien la cobertura en 2015 resultó mayor que en 2013, en 2017 también se superó el nivel de 2015. La combinación de estos elementos permite suponer, entonces, que el nivel actual de la pobreza es similar al del año 2013 y al de fines de 2015: solo la conjunción de un mayor aumento de la población ocupada en puestos de trabajo informales y en sus remuneraciones respecto al sector formal podría explicar un dato de pobreza inequívocamente más positivo a fines de 2017 que en aquellos momentos, y si bien es posible que algo de esto haya ocurrido (como muestran los datos de la EPH) en 2017 en relación a 2016 (en contextos recesivos, el impacto suele ser mayor en el sector informal), tampoco existen elementos (comparar con la EPH conduciría nuevamente a la discusión sobre los ruidos metodológicos) que permitan pensar en un cambio cualitativo respecto al periodo anterior.

Finalmente, cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde mediados de la década pasada mide la pobreza (“insuficiencia de ingresos”) a partir de encuestas de ocupación e ingresos de los hogares propias y con una canasta mucho más compleja que la del INDEC (tomando en cuenta no solo la composición por sexo y edad de sus integrantes sino también si son inquilinos o no, si estudian y/o trabajan, etc.), que además toma pautas de consumo porteñas, lo que hace que su valor sea muy superior a las canastas del INDEC para el GBA (a febrero de 2018, para un “hogar tipo” -propietario de su vivienda-, la Canasta Total de CABA ascendía a $22.288, frente a los $17.538 de la Canasta Básica de Total -línea de pobreza- del INDEC para el GBA). Si bien dadas las diferencias metodológicas y su alcance geográfico restringido a la CABA, tampoco es posible transpolar las variaciones del último quinquenio al conjunto de los grandes aglomerados urbanos del país, por su calidad técnica y robustez estadística, se trata de un indicador que no debería ser pasado por alto.

Si se toma la serie basada en la Encuesta Anual de Hogares (EAH) que se realiza desde hace 15 años en los cuartos trimestres, con una muestra muy grande de hogares, la población con ingresos menores a la Canasta Total en la Ciudad fue de 33,9% en el cuarto trimestre de 2006, para caer hasta el 25,9% en 2011, momento a partir del cual mostró un comportamiento oscilante para ubicarse en 25,0% a fines de 2015 (el menor valor de la serie, hasta el momento). Un año después, en el cuarto trimestre de 2016, el indicador alcanzaba 3 puntos más, llegando a 28,0%.

La serie basada en la Encuesta de Trabajo, Ocupación e Ingresos (ETOI), que se mide en todos los trimestres desde inicios de 2015 (aunque para ese año nunca se publicaron los datos de pobreza o estratos de ingresos) a partir de una muestra sustantivamente más pequeña que la EAH (aunque en el cuarto trimestre los indicadores que arrojan son, obviamente, muy similares) muestra la anomalía del segundo trimestre de 2016 (la población con ingresos por debajo de la CT supera el 30%) y también la mejora entre la segunda mitad de 2016 y la primera de 2017.

Ni en el caso de la EAH ni en el de la ETOI se ha publicado aún el dato del cuarto trimestre de 2017, pero sí el del tercero en el caso de la ETOI, que muestra un descenso de casi dos puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (24,3% y 26,2% respectivamente), con lo que resulta esperable que el dato del 4T, tanto el que surge de la ETOI como el de la EAH, se ubiquen en torno o apenas por encima del 25%, es decir, un valor similar a los de fines de 2013 y de 2015. De ser esto así, es evidente que tendría plena sintonía con lo que surge del análisis de la información basada en registros administrativos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas y Fuente: GCABA-DGEyC, serie EAHU (http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=24166) y serie ETOI (http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=62013). En el caso de la serie ETOI, la publicación no informa el porcentaje de personas por debajo de la CT, pero esto se reconstruye a partir de sumar los porcentajes de personas pobres y no pobres en situación vulnerable.

 

Se agradecen la lectura atenta y los valiosos comentarios de Daniel Schteingart (@danyscht)”

Imagen.

“Baja” de la pobreza en el segundo semestre de 2016: ¿Un paso positivo en el camino a la “pobreza cero” o un (nuevo) aprovechamiento político del “apagón estadístico”?

El martes 28 de marzo el INDEC informará una leve baja de la incidencia de la pobreza: del 32,2% de personas pobres registrado en el segundo trimestre de 2016, con bastante probabilidad este indicador descenderá para ubicarse, décimas más o menos, en torno al 31% en el segundo semestre del año (en el tercer trimestre la pobreza fue de 30,7%, por lo que el resultado final del semestre dependerá de lo ocurrido en el cuarto trimestre). No obstante esta baja del indicador entre el segundo trimestre y el segundo semestre del año pasado no refleja la “pertinencia” del rumbo económico sino que es, por un lado, el reflejo de un sesgo estacional (el segundo trimestre del año siempre muestra la peor performance en la medición de la pobreza), a la vez que, por otro lado, la comparación no se realiza contra el momento en que el gobierno actual recibió la “herencia” (fines de 2015), sino contra varios meses más tarde, en el momento álgido de pérdida de poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y ayuda social, producto de la aceleración de la inflación a causa de la devaluación de diciembre de 2015 y de los fuertes ajustes de tarifas en los servicios públicos. Además, debido a la escasa magnitud que es esperable que descienda, resta por ver si la diferencia en la incidencia de la pobreza entre ambos periodos alcanzará o no a ser estadísticamente significativa.

En una mirada de mediano plazo, si se considera la “metodología histórica”, el porcentaje de personas pobres pasó del 54% a inicios de 2003 al 26,9% en el segundo semestre de 2006; a fines de 2015, la pobreza habría descendido hasta el 16/17% (muy lejos, claro, del 4,7% informado por el INDEC a fines de 2013, antes de discontinuar la crecientemente ridícula publicación oficial), mientras que en el segundo trimestre de 2016 creció hasta el 20% para bajar a 18/19% en el último semestre. En cambio, si se considera la “metodología nueva”, que actualmente utiliza el INDEC, la pobreza habría pasado de casi 70% a inicios de 2003 a 40% en el segundo semestre de 2006, cayendo hasta el 28/29% en la parte final del gobierno kirchnerista, para subir al 32,2% en el segundo trimestre de 2016 y disminuir levemente a en torno al 31% en la parte final de este año. En definitiva, sea cual fuera la metodología, la tendencia es clara.

Lamentablemente, la nefasta intervención del INDEC a inicios de 2007 (uno de los mayores errores, sino el mayor, del kirchnerismo) no sólo significó entre otras cosas la imposibilidad de contar con un indicador de “pobreza” sino que también truncó discusiones metodológicas en torno a la mejora de la medición de este fenómeno. Desde entonces y hasta 2015, ha habido variados intentos “no oficiales” de llenar esa “laguna”, pero muchos de esos intentos han estado motivados por mezquindades políticas (o ideológicas) y, recientemente, la publicación del indicador por parte del INDEC en proceso de normalización ha estado acompañado por discusiones en torno a la poca difusión que se realizó sobre el cambio o actualización metodológica, que tuvo un efecto notable en la medición de su incidencia (y que dio lugar a interpretaciones erróneas -o malintencionadas- sobre la evolución de la pobreza en la última década). En este escenario, recuperado ya un “indicador creíble” (más allá de sus virtudes y defectos), es necesario un amplio acuerdo para, con las fuentes disponibles, buscar la manera de reconstruir de la mejor forma posible la serie para el periodo 2007-2015 y de ese modo, lograr que la discusión se centre en los determinantes de la pobreza y la eficacia de las diversas estrategias para reducirla, y no en torcer el dato (o su interpretación) con el sólo objetivo de lograr algún pequeño rédito en las discusiones de coyuntura.

Empecemos con un poco de futurología: el próximo martes 28 de marzo el INDEC dará a conocer el dato de pobreza del Segundo Semestre de 2016. Minutos después que ello ocurra, funcionarios, legisladores de la coalición gobernante y quizás hasta el Presidente, saldrán a celebrar una leve baja de “la pobreza” y a vociferar que, “aunque falta mucho”, esto es una confirmación de lo bueno que es el rumbo elegido y que se logró bajar la pobreza aún con todos los palos que le ponen en la rueda y contra todos los pronósticos agoreros. Algunos periodistas se mostrarán desconcertados (quizás lleguen a acusar al INDEC de mentir) y otros estarán eufóricos. Las redes sociales serán un hervidero, obviamente.

Ahora bien, ¿respecto a qué momento se festeja “la baja”? ¿bajó realmente la pobreza? Pese a lo que indicarán los números, la realidad es que desde el punto de vista técnico no hay nada que festejar (y la medición de la pobreza es algo técnico).

Vamos por partes…

Como marco general, debemos partir de la base que para el gobierno, la única referencia oficial de la incidencia de la pobreza es la medición del segundo trimestre de 2016, que arrojó un 32,2% de personas pobres. ¿Ese dato es cierto? Sí, en el sentido que no hay dudas fundadas en cuanto a la adulteración de los resultados [Nota 1]. Sin embargo, hay dos factores que se deben tener en cuenta al considerar este valor.

Por un lado, debe entenderse que cualquier medición de la pobreza implica definiciones conceptuales, metodológicas y procedimentales, basadas en posiciones ideológicas y teóricas y también en la disponibilidad de las fuentes empíricas existentes. Por tanto, el valor de la pobreza (“nivel”) no debe ser (como sucede muy habitualmente con políticos, comunicadores y, obviamente, con la opinión pública en general) evaluado desde el “sentido común”, desde la apreciación subjetiva de lo que cada uno considera que es la “pobreza” y a cuanta gente cree que afecta, sino desde las propias definiciones involucradas en la medición, y a la vez debe entenderse que la riqueza del indicador radica mucho más en su potencial comparativo (a lo largo del tiempo y entre distintos grupos sociales definidos en función de su lugar de residencia, del capital educativo, de la inserción laboral, de la edad, etc.) que en el porcentaje de pobres propiamente dicho (o de indigentes, sea considerando hogares o personas). En otras palabras, existen muchas formas de medir la pobreza (con variantes dentro de cada “enfoque general”) y si bien también existen elementos que permiten discusiones razonables y fructíferas acerca de cual resulta más pertinente para una sociedad dada, no puede afirmarse que una es más “verdadera” que la otra, siempre que se apliquen los procedimientos definidos y se utilicen datos reales (cosa que no sucedió, por ejemplo, con la medición de pobreza del INDEC entre 2007 y 2013, y que muy posiblemente tampoco sucede con las estimaciones que difunde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA[Nota 2]).

Por otro lado, este resultado de 32,2% de personas pobres en grandes aglomerados urbanos (nunca la medición oficial de la pobreza por ingresos ha alcanzado a los “restos urbanos” ni a las zonas rurales en Argentina -llamativamente, somos el único país latinoamericano que carece de una encuesta de hogares continua con representatividad realmente nacional) se ha obtenido luego de modificar/actualizar/avanzar con la metodología: si se hubiera utilizado la metodología histórica (aquella que arrojó 54,0% de personas pobres en el primer semestre de 2003 -y 57,5% en Octubre de 2002) y 26,9% en el segundo semestre de 2006 (último dato no cuestionado del INDEC, previo a la Intervención de hecho de enero de 2007, que dio el último y ridículo dato de 4,7% en el segundo semestre de 2013), la incidencia de la pobreza se habría ubicado alrededor del 20,2% en el segundo trimestre de 2016.

Entrando de lleno en el dato que se publicará en forma inminente es preciso realizar algunas precisiones.

En primer lugar, la comparación no se hace contra finales de 2015 (último periodo del gobierno K) sino contra el segundo trimestre de 2016, que fue el momento más doloroso del ajuste que lleva adelante el actual gobierno, producto de una brutal suba de precios como efecto de la devaluación de diciembre de 2015 y de la “readecuación tarifaria” de los servicios públicos.

Lamentablemente, las bases de la EPH del tercer y cuarto trimestre de 2015 no se publicaron (ni seguramente se publicarán), pero existe una serie de indicadores que permite sostener que entre fines de 2015 e inicios de 2016 se registró un deterioro de las condiciones de vida que debió haber tenido un correlato en el aumento de la pobreza por ingresos. En primer lugar, la inflación (32% entre noviembre de 2015 y junio de 2016 considerando la evolución promedio del Nivel General del IPCBA y del IPC San Luis y para mayo y junio el dato del IPC-GBA del INDEC) fue muy superior al aumento de salarios de los sectores más protegidos del mundo del trabajo (el salario privado registrado desestacionalizado creció 19% entre esos meses y las remuneraciones del estado nacional lo hicieron sólo 7% ) y al de las jubilaciones y las asignaciones familiares -ajustables por la Ley de Movilidad Previsional- que aumentaron un 15%; a esto hay que sumarle, aunque sea a modo de hipótesis, que los salarios de los trabajadores precarizados y de los trabajadores independientes (patrones y cuentapropistas) se han visto -siempre hablando en promedio- aún más resentidos que los de los asalariados registrados. En consecuencia, es evidente que la pobreza, medida como fuese, era menor a fines de 2015 que en el segundo trimestre de 2016, y si bien es difícil “simular” razonablemente ese cambio (“mover” los ingresos parece técnicamente sencillo para un usuario avezado de bases de datos, pero muchas veces la “realidad” -lo que informan los registros administrativos o los cambios normativos-no se corresponda linealmente con lo que relevan las encuestas, mientras que es mucho más difícil aún imputar cambios en las “cantidades”-personas que consiguen, pierden o cambian de empleo o que empiezan o dejan de ser perceptores en alguna fuente de ingresos no laboral) si se considera que, como regla general, por cada tres puntos que los precios suben por encima de los ingresos se incrementa un punto la incidencia de la pobreza, es razonable suponer que si la pobreza era de 32,2% en el segundo trimestre de 2016, debió haber oscilado entre 28% y 29% en los últimos trimestres de 2015.

En segundo lugar, a lo anterior hay que sumarle razones estacionales: independientemente de la situación económica general (crecimiento, estancamiento o caída), el segundo trimestre siempre ha sido el momento del año que presenta menores niveles de ingresos reales para el promedio de la población de acuerdo a lo que captan las encuestas. Y ello obedece fundamentalmente a dos factores: es el momento en que languidece el efecto de las paritarias del año anterior y, por el periodo de referencia sobre el que se indagan los ingresos (marzo a mayo, pues la pregunta es sobre el ingreso monetario efectivamente percibido en el mes calendario anterior al que se realiza la encuesta: por ejemplo, si se encuesta a un hogar en abril, se le pregunta por los ingresos de marzo) no se registra el cobro de aguinaldo para ningún segmento de la población (en los primeros y terceros trimestres del año, una tercera parte de los hogares encuestados -los entrevistados en el mes posterior al mes en que se paga- están en condiciones de “engordar” sus ingresos con el aguinaldo si es que hay allí asalariados registrados, jubilados o pensionados; en contrapartida, por esta misma causa, en estos trimestres suele aumentar la desigualdad en relación a los segundos y cuartos trimestres).

Esto no es menor: justamente para evitar o reducir sesgos estacionales siempre, desde que la EPH es continua, el INDEC ha dado a conocer la incidencia de la pobreza como dato semestral. Sólo como excepción se ha publicado el dato del segundo trimestre de 2016 (32,2% de personas pobres), con la intención de recomponer lo antes posible serie de un indicador tan relevante (durante el primer trimestre del año el INDEC estuvo en proceso de reestructuración luego del cambio de gobierno -y del fin de la intervención- con lo que no se contará con datos ni de la EPH ni del IPC ni del valor de las Canastas). En conclusión, esta publicación por excepción coloca la vara en una posición inmejorable para la lectura política del dato de parte del gobierno (recordemos también que la “línea de base” ya incluía el leve aumento de la pobreza generado en los primeros meses del gobierno), pues desde el vamos es sabido que, salvo un desastre, el indicador tendería a la baja no necesariamente por una mejora en las condiciones de vida de la población sino por el mero sesgo estacional.

En la Figura 1 puede observarse como desde 2004 (no se consideran los años 2003 -no se han publicado las bases de los trimestres primero y segundo -, 2007 -no existe información del tercer trimestre- , ni 2015 -no se han publicado las bases de los trimestres tercero y cuarto), siempre el segundo trimestre ha presentado mayor incidencia de la pobreza que el segundo semestre, y también respecto al promedio del primer semestre (en este caso, con la excepción de 2006) y al promedio anual. Entre los años 2008 y 2014 (dejando de lado años anteriores en los que la fuerte y casi continua baja de la pobreza puede introducir otro tipo de sesgos en esta comparación) se observa que la incidencia de la pobreza ha sido 5,8% (en términos relativos, no puntos porcentuales) mayor en el segundo trimestre que en el promedio anual, mientras que entre semestres existe una leve diferencia en favor del segundo semestre. En criollo, si en un año la pobreza ronda el 20%, es esperable que en el segundo trimestre ese indicador se ubique en torno al 21,0%-21,5%.

A continuación se muestra un dato por demás interesante, que llamativamente (o no tan llamativamente…) ha sido prácticamente ignorado por los medios de comunicación y por la dirigencia política. La Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO desde 2007, desde el año 2004 ha invertido en el desarrollo de su propio sistema de medición de la pobreza -aunque no lo llame así para evitar confusiones-, debido a que la metodología histórica del INDEC resultaba “insuficiente”: en resumen, dado que la Ciudad tiene un nivel de vida significativamente superior al promedio nacional, la vara nacional marcaba una incidencia muy baja, lo cual le restaba valor a la hora de planificar su propia política social. Sin entrar en detalle, esta metodología forma parte de la misma “familia” que las aplicadas por el INDEC, pero resulta mucho más completa en tanto que considera otras características del hogar más allá de la edad y el sexo de sus integrantes (como en el caso de las metodologías -históricas y actual- del INDEC) y además las “líneas de pobreza” se construyen valorizando tanto los productos alimentarios como los no alimentarios (en las metodologías INDEC se valorizan los alimentos, y la parte no alimentaria se estima por relación). Además, los ingresos de los hogares surgen de encuestas a hogares propias, que se realizan desde 2004 (la Encuesta Anual de Hogares -EAH-, con una muestra de alrededor de casi 10 mil hogares, relevada en el cuarto trimestre -ténganse en cuenta, por ejemplo, que la EPH por trimestre releva unos 20 mil hogares en todo el país, y que la UCA basa sus estimaciones en algo menos de seis mil hogares) y en forma continua desde el año 2014 (la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos -ETOI-, que a la EAH agrega muestras de poco más de tres mil hogares en los restantes trimestres,). En definitiva, se trata de estimaciones sumamente robustas, desde lo estadístico y desde lo conceptual.

No obstante, una impugnación a estos datos que puede sugerir el sentido común es que la CABA “no es todo el país”, lo cual evidentemente es irrefutable. Sin embargo, si lo que interesa es conocer la evolución de un indicador vinculado en lo fundamental a la situación macroeconómica, es poco lo que puede argumentar para quitar valor a la “representatividad” de la tendencia observada en la CABA en relación a la evolución de la pobreza a nivel nacional: si bien se trata de la jurisdicción con mayores ingresos, la variación de los ingresos de sus habitantes, la situación del mercado de trabajo, la evolución de los precios de los bienes y servicios, etc., siguen un patrón similar (lo que no quiere decir idéntico ni lineal) a lo observado en el promedio nacional, aún con alguna asincronía mínima. Y se debe tener en cuenta que los elevados niveles de incidencia de esta aproximación a la pobreza resultan de considerar una canasta cuyo costo es muy superior a las definidas por el INDEC (para un hogar tipo la CT de CABA en diciembre de 2016 alcanzaba $17.436, mientras que el valor de la CBT actual del INDEC -precio promedio del GBA- era de $13.156 y el precio de la CBT “histórica” se puede estimar en torno a $9.837).

Dicho esto, en la Figura 2 se observa como desde 2006 la proporción de personas sin ingresos para acceder a una Canasta Total en CABA ha descendido en forma notoria hasta 2011 (33,9% vs. 25,9%), y como desde allí oscila entre alzas y bajas para ubicarse en 25,0% en 2015 -nivel similar al de 2011-, siempre considerando los cuartos trimestres de cada año. En el primer trimestre de 2016 se registra una leve suba frente al periodo anterior, mientras que en el segundo trimestre se observa un salto enorme, que lleva la incidencia de este indicador hasta el 31,9% (nivel más cercano al de 2006 que al de los últimos años), que en el tercer trimestre desciende abruptamente hasta un nivel similar al primer trimestre del año y apenas mayor al del cuarto trimestre de 2015. Más allá que estas últimas estimaciones estén sujetas a niveles de error estadístico relativamente elevados (en tanto se intentan observar tendencias de muy corto plazo), es evidente que esta incuestionable fuente permite por un lado confirmar la tendencia a la baja de la pobreza observada desde 2006 a 2015 (con estancamiento, mas no crecimiento, desde 2011) y un leve deterioro en el primer año de la gestión del nuevo gobierno y, por otro lado, dejar de manifiesto el efecto estacional negativo del segundo trimestre del año (y, por tanto, lo absurdo de “festejar” una pequeña baja del segundo semestre frente al segundo trimestre).

Más allá de ponderar la calidad y el valor de esta herramienta, debemos lamentar que la Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA no haya publicado los resultados de pobreza o estratificación por ingresos para los trimestres de 2014 y 2015 para los que ya contaba con la ETOI, pues sin duda ello hubiera ayudado a echar luz sobre la evolución de la pobreza en esto años de “transición” entre dos gobiernos de signo político tan opuesto.

En cuanto a la pregunta acerca del porcentaje “exacto” que arrojará la medición oficial del INDEC para el segundo semestre de 2016 debemos ser cautelosos.

En primer lugar, para el tercer trimestre podemos afirmar con bastante certeza que, décima más o décima menos, la pobreza alcanzó al 30,7% de la población de los grandes aglomerados urbanos. Para el cálculo utilizamos una CBT única (la base usuario no identifica el mes en que fue relevado el hogar y, por tanto, no podemos establecer que canasta específica le corresponde) que resulta del promedio de los valores para los meses calendario que forman el trimestre (julio, agosto, septiembre) y cuyo monto asciende a $12.530 para un hogar tipo (http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_03_17.pdf); para estimar el valor que la canasta asume en cada región, mantuvimos los coeficientes que se desprenden del promedio de los meses que integran el segundo trimestre y que fueron informados junto a la incidencia de la pobreza en ese periodo (http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_16.pdf).

En cambio, para el cuarto trimestre aún no fueron publicadas las bases de datos ni tampoco el informe de distribución del ingreso, por lo que solo conocemos el valor de CBT, que define la línea de pobreza, que para el promedio de los meses que integran el trimestre alcanzó a $13.078, valor 4,4% mayor al promedio de la canasta del trimestre anterior. Estimar la variación de los ingresos de los hogares es difícil: solo a modo de ejercicio exploratorio, aquí nos aproximaremos a la variación nominal de los ingresos a partir de información secundaria (sabiendo de antemano que el efecto “real”, en la encuesta, puede diferir de lo “formal”) para algunas de las fuentes: remuneración de los asalariados del sector privado registrado según la declaración administrativa de empleadores a la AFIP (http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_nacionales.asp), variación del valor de las Unidades Retributivas del escalafón SINEP del estado nacional, (http://www.ate.org.ar/ccdt/convenios/Remuneraciones_SINEP_Planta_Permanente_2016.pdf) y la variación de las de jubilaciones y pensiones y de la ayuda social (AUH) en función de lo determinado por la Ley de Movilidad de Prestaciones Previsionales (en el caso de las jubilaciones y la remuneración SINEP se incluye el pago del aguinaldo en el tercer trimestre, en tanto que en el caso de las remuneraciones del sector privado se informan brutas, es decir, incluyendo el aguinaldo); para otras fuentes laborales (trabajadores asalariados o independientes informales, trabajadores independientes formales) recurrimos a la variación del ingreso medio observada entre el tercer y cuarto trimestre de 2014 al interior de la población pobre, año que muestra amplias similitudes con 2016 (devaluación y alta inflación inicial, saldo neto desfavorable para los ingresos familiares, pero con un repunte hacia el final producto de la desaceleración de la inflación). Como se observa en la Figura 3, de acuerdo a este simple ejercicio los ingresos nominales de la población pobre se habrían incrementaron 1,7%, con lo que en términos reales, descontando el aumento de la CBT, se registraría una caída del 2,7% que puede traducirse en alrededor de un punto más de incidencia de la pobreza respecto el tercer trimestre, llegando en el cuarto trimestre a entre 31,5% y 32% (asumiendo, según lo publicado recientemente, la inexistencia de cambios de magnitud en el mercado de trabajo entre ambos trimestres – http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_4trim16.pdf). Promediando la incidencia de la pobreza en ambos trimestres se arribaría a un valor de entre 31,0% y 31,5% en el semestre.

Otro criterio para estimar que sucedió en el cuarto trimestre es observar lo registrado en años anteriores con la incidencia de la pobreza: entre 2004 y 2014, la pobreza en el cuarto semestre resultó en promedio apenas mayor (1,2%) que en el tercer trimestre, sin un comportamiento definido como el ya comentado para el segundo trimestre respecto al resto del año. De aplicarse este coeficiente promedio resultaría que la pobreza en el segundo semestre de 2016 se ubicó en torno al 31%, oscilando dentro del rango de 30% – 32% (considerando la variabilidad observada en esta relación durante los últimos años).

En definitiva, a partir del dato calculado para el tercer trimestre de 2016 (30,7%) y de dos simples aproximaciones exploratorias alternativas, se puede suponer que el indicador oficial de pobreza alcanzó una incidencia cercana al 31%, en el segundo semestre de 2016, valor ligeramente inferior al del segundo trimestre del año (32,2%). El resultado puede oscilar levemente pero es difícil tanto que supere el registro del segundo trimestre, como que perfore la barrera del 30%. Más aún, deberemos esperar a conocer si la variación entre ambos periodos es o no estadísticamente significativa.

Más allá de lo que finalmente suceda con el dato del segundo semestre de 2016 y de las interpretaciones que periodistas, dirigentes y la opinión pública en general hagan del mismo, es importante aprovechar el momento para reflexionar acerca de la medición de la pobreza (así como de otros indicadores sociales relevantes) y sus implicancias.

En primer lugar, si bien la pobreza es definida como un indicador semestral, creemos que sería necesario que el INDEC publique al menos hasta el segundo trimestre de 2017 los resultados a nivel trimestral. De esta manera podríamos tener más pronto variaciones interanuales (y evitar malos entendidos), y datos para comparar sin problemas con los resultados del año 2007 expuestos en el informe metodológico. Acompañar los resultados remarcando, por ejemplo, particularidades estacionales también sería interesante.

En segundo lugar, debemos al menos intentar ponernos de acuerdo para llenar la “laguna” que nos legó la nefasta intervención del INDEC. Con la existencia de datos confiables en los extremos de la serie (más allá de los cambios metodológicos) y con la pertinencia que muestra la evolución de los indicadores alternativos de precios, pareciera sencillo reconstruir (con un escaso margen de imprecisión) la serie histórica de la CBA y de la CBT. Probablemente la discusión más álgida se centre en torno a la utilización de la EPH. Entre la burda mezcla de peras con manzanas y la intransigencia absoluta hay un amplio abanico de opciones a evaluar para poder reconstruir la serie histórica de la pobreza por ingresos (con la metodología nueva y/ o con la metodología histórica); y esta evaluación se debería realizar ponderando los costos y beneficios de cada decisión con la mayor objetividad y honestidad intelectual posible.

En tercer lugar, es necesario desacralizar la medición de la pobreza (respecto al eslogan de “pobreza cero” ver la [Nota 3]): cuánto más se informe como se mide y cuáles son sus limitaciones conceptuales y metodológicas, mayor será la comprensión pública sobre el indicador y menor lugar tendrán las interpretaciones erróneas y/o maniqueas. Sólo así podrá generarse un espacio de debate fructífero, con la participación de actores diversos, en el cual sea posible la elaboración de metodologías que reflejen, con la menor cantidad de limitaciones técnicas posibles, las injusticias sociales, y que a la vez permitan orientar la acción para terminar con ellas.

Lamentablemente, lo que se obvió informar (o al menos hacerlo de modo suficientemente explícito) para evitar confusiones sobre todo en el público no experto (periodistas, dirigentes políticos, etc.) fue que tanto los valores de las canastas como la incidencia de la pobreza se habían estimado luego de realizar modificaciones metodológicas a la “forma histórica” de medición, y que por ello, los resultados no eran comparables con resultados publicados anteriormente (no nos referimos aquí obviamente a los resultados publicados entre 2007 y 2015 que, obviamente, carecen de valor al haberse realizado considerando precios absolutamente manipulados). Insistimos: el problema no fue el cambio metodológico (sobre lo cual, obviamente, se puede entablar otro tipo de discusión, de carácter técnico), sino el hecho de no haberle dado la relevancia que ese cambio merecía, previo a la difusión del dato. Sólo a modo de anécdota vale acotar que ni siquiera Jorge Todesca, director del INDEC, pareció tener muy clara esta cuestión, pues el mismo día en que se publicó la incidencia de la pobreza declaró ante los medios que “No tenemos ningún punto de comparación hacia atrás, que no sea esta cifra de 2006, o la cifra más absurda de 2013. No tenemos indicadores hacia atrás” (diario La Nación, subrayado nuestro), habilitando así, de hecho, a que otros actores realicen la comparación entre el dato de 32,2% del segundo trimestre de 2016 -metodología actual- y el 26,9% del segundo semestre de 2006 -metodología histórica-, es decir, de peras con manzanas.

Unas semanas después, en noviembre, el INDEC realizó una publicación crucial (bajo el título de “La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina”) que, sin embargo, no tuvo prácticamente difusión en los medios masivos de comunicación: en esa publicación no sólo se informan en detalle los cambios metodológicos, sino que, tanto o más importante, también se comparan los resultados de aplicar ambos enfoques (histórico y actual) a la medición de la pobreza para el año 2007 (lamentablemente, no se realizó este ejercicio sobre el segundo trimestre de 2016, lo que hubiese implicado una confirmación oficial a la obvia tendencia de la evolución de la pobreza).

En primer lugar, en la Figura 4 se puede observar que el valor de la CBA histórica (basa en ENGH 1985/86) promedia en el año $128 por adulto equivalente (para llegar al valor correspondiente al “hogar tipo” se debe multiplicar ese monto por 3,09) frente a $141 de la CBA actual (basada en ENGH 1996/97 y 2004/05), es decir, un valor un 10% superior. Si se considera la CBT la brecha aumenta al 33% (valores de $279 y $371 respectivamente, para el promedio anual), producto del reemplazo del Coeficiente de Engel que surgía de la ENGH 1985/86 por el que resultó de la ENGH 2004/05.

Aunque de impacto relativamente marginal (al menos en comparación con lo que implicó el cambio en las canastas), para calcular las líneas de pobreza debe considerarse que también se introdujeron mejoras en la valorización de las canastas regionales y actualizaron las pautas de consumo calórico (del adulto equivalente y de la relación entre esta unidad y los otros perfiles definidos en función de la edad y el sexo).

Como consecuencia de todos estos cambios, lo que se observa es que con la nueva metodología la incidencia de la indigencia y, muy especialmente, de la pobreza se incrementa de manera notable, como se observa en el Gráfico X: la incidencia de la pobreza resulta, en promedio 12,8 puntos porcentuales más alta con la nueva metodología que con la metodología histórica (con diferencias cercanas a 12,5 en los tres primeros trimestres y con una brecha que llega los a 14 puntos en el último).

Esbocemos ahora una reproducción de este ejercicio para la incidencia de la pobreza en el año 2016. Los valores de la CBT de la metodología nueva/actual han sido publicados por el INDEC, mientras que para obtener los valores de la CBT histórica, a su valor promedio del cuarto trimestre de 2006 (último dato no manipulado antes de la intervención), se le ha aplicado la variación registrada en la CBT nueva entre ese periodo y el promedio del segundo y del tercer trimestre de 2016. En la siguiente Tabla se muestra que si en el segundo trimestre de 2016 la pobreza era de 32,2% con la canasta nueva ($3.812,4 por adulto equivalente), en el mismo periodo la metodología histórica (con una canasta de $2.847,1) habría arrojado 20,2% de personas pobres (12 puntos porcentuales menos, brecha absoluta muy similar a la registrada en 2006).

Una de las discusiones centrales en torno a las mediciones alternativas de la pobreza durante los años de intervención del INDEC fue la valorización de la CBT (el otro fue la utilización de la EPH, pero dejemos esa discusión para otro momento). En la Figura 5 se puede observar que pese a los altos niveles de inflación que experimentamos en los últimos años y a las diferencias entre los indicadores, si se actualiza la canasta promedio del cuarto trimestre de 2006 ($285,6 por adulto equivalente) a través de distintas fuentes, no se registran grandes diferencias. En concreto, la máxima diferencia entre este conjunto de fuentes insospechadas de manipulación no sobrepasa los $200, o alrededor de un 12% en términos relativos; en este mismo sentido (y continuando con la “regla de oro” de que 3 puntos de precios implican 1 punto de inflación) es esperable que las estimaciones alternativas no se alejen en más o en menos de dos puntos porcentuales de la incidencia estimada al utilizar la CBT histórica actualizada por la variación de la CBT nueva.

(1) Sobre el nivel:

En su reciente publicación, el ODSA ha estimado que la pobreza por ingresos en el conjunto de ciudades de 80 mil habitantes y más afectó al 32,9% de la población en el tercer trimestre de 2016, lo cual implica un valor muy próximo al publicado por el INDEC para el universo de la EPH en el segundo trimestre del año (32,2%) y apenas mayor al 30,7% estimado aquí para el tercer trimestre (la diferencia, menor a 2 puntos, sería perfectamente razonable en términos de que se trata de encuestas con margen de error estadístico y a las leves diferencias en sus poblaciones bajo estudio). Para muchos periodistas y dirigentes políticos (incluso seguramente para el propio Presidente de la Nación, orgulloso egresado de la casa de estudios que alberga al ODSA), este dato es seguramente una nueva confirmación del gran valor del trabajo que realiza el ODSA. Sin embargo, casi todos han pasado de largo el pequeño detalle de que se llega a este resultado considerando la CBT histórica (y la metodología tradicional de medición de la pobreza). Así, para el ODSA-UCA el 32,9% de la población de grandes ciudades presenta ingresos inferiores a $9.283 para un hogar tipo (valor de la CBT de septiembre según sus estimaciones “alternativas”, que implica $3.004 por adulto equivalente), mientras que para el INDEC en ese periodo el 30,7% de casi la misma población vive con ingresos menores a $12.638 por hogar tipo (valor que resulta un 36% mayor a la línea de pobreza usada por el ODSA). En otras palabras, si el ODSA hubiese utilizado la nueva canasta del INDEC debería haber publicado que la pobreza por ingresos presenta una incidencia actual en torno o mayor 45%, unos 15 puntos porcentuales por encima de la estimación oficial.

Más aún, al final del propio informe del ODSA, apenas visible dentro del Cuadro AE.II.1b de la página 19, reconoce que, de aplicar su CBT sobre la base de la incuestionada nueva EPH del segundo trimestre de 2016 la pobreza ascendería a sólo 21,5% (frente al 32,9% que ellos mismos informan para el tercer trimestre, donde, como ya hemos visto, la incidencia es unos dos puntos menor que en el trimestre anterior, según la EPH). Quizás por eso, pese que el ODSA mismo valora su informe como un instrumento en la transición del “apagón estadístico” a la normalización del INDEC (dixit: “En un contexto en donde las estadísticas oficiales se encuentran en proceso de reconstrucción, este y otros informes que ofrece el Observatorio de la Deuda Social Argentina permiten complementar y dotar de comparabilidad al estudio de los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad”), se han “olvidado” de estimar la incidencia de la pobreza utilizando también las nuevas canastas del INDEC publicadas desde 2016, lo cual resulta el insumo esencial para el “empalme” tanto de la serie del ODSA como entre la medición del ODSA con la estimación oficial actual.

(2) Sobre la evolución:

En las publicaciones iniciales sobre incidencia de la pobreza por ingreso, allá por los años 2010 y 2011, el ODSA tenía la (buena) costumbre de publicar los datos para la serie 2006-2010 (EDSA, con cobertura en 8 grandes centros metropolitanos – http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016_Observatorio_Anexo_2004_2009.pdf) junto con los datos para el periodo desde 2010 en adelante (EDSA-Bicentenario, con una cobertura -ciudades de más de 80 mil habitantes- que amplia en alrededor de un 15% la muestra de la EDSA anterior), lo que permitía observar que, a igual canasta y obviamente en el mismo año -2010-, la diferencia provocada por el cambio de universo implicaba apenas un punto más de incidencia de la pobreza en personas, y con ello hacer notar que eso no era impedimento para trazar la evolución de la pobreza desde 2006, momento a partir del cual la intervención del INDEC interrumpió la validez de la serie oficial (http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo81/files/Informe_prensa_pobreza__2011.pdf, http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/Pobreza_EDSA_INDEC_2006_a_2011_04.pdf).

En esas publicaciones el ODSA informó que en 2006 (promedio de segundo y tercer trimestre) -con la CBT histórica del INDEC, dato cuya legitimidad estaba aún fuera de discusión- la pobreza alcanzaba al 31,2% de la población de los 8 grandes centros metropolitanos considerados en la EDSA, dato apenas superior al registrado por el INDEC en ese mismo periodo (28,7%, producto de promediar el 30,8% del segundo trimestre y el 26,5% del tercero). Entonces, mientras que el 31,2% que el ODSA informó para 2006 resulta incluso menor al 32,9% del tercer trimestre de 2016 (en el mejor de los casos, es similar o apenas superior si se considera el sesgo por el cambio de universo y/o por otras razones no especificadas pero que implicaron cambios en la incidencia sin modificaciones en la CBT), mientras que para el INDEC sea con la metodología histórica (28,7% y 18,4%) o con la metodología actual (41,0% y 30,7%) la incidencia de la pobreza se redujo nada menos que 10 puntos porcentuales (y esto considerando el deterioro registrado entre 2015 y 2016). En otras palabras, si podría aceptarse que una serie de razones metodológicas explican diferencias de nivel (porcentaje de pobres) entre las estimaciones del INDEC y la del ODSA, nada puede justificar como se amplía la brecha entre 2006 y 2015 o 2016, producto de una evolución absolutamente inverosímil de las estimaciones del ODSA.

Notas: (i) El valor de 2006 del ODSA de 31,2% es el único que se ha hallado publicado para ese año. Si a este valor se aplica un “coeficiente de empalme” (1,0391) que resulta de la razón de la incidencia de la pobreza en 2010 para la única publicación que cuenta con información tanto de la EDSA -Bicentenario como de la EDSA con la misma CBT (26,6% y 26,6%), se llega a 32,4%. Si a ese valor además se lo aumenta al aplicar otro coeficiente (1,0772) que surge de la razón entre dos estimaciones del año 2007 con la misma CBT -27,9% y 25,9%-, se arriba a un valor máximo posible de 34,9% para el año 2006; (ii) El valor de 2006 de insuficiencia de ingresos CT-CABA de 2006 corresponde al cuarto trimestre.
Fuentes: INDEC: para el año 2006, http://www.indec.gob.ar/metodologias.asp y para el año 2016, elaboración propia en base a EPH Trimestral 2016 y Líneas de Pobreza (promedio trimestral) estimadas en base a CBT-INDEC (http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_03_17.pdf). Sistema de Canastas de Consumo en CABA, Población con ingresos insuficientes para acceder a Canasta Total: DGEyC-CABA, https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=24166 y https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=62013.
ODSA-UCA: http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/Pobreza_EDSA_INDEC_2006_a_2011_04.pdf y http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informe-Pobreza-Desigualdad-Por-Ingresos-2010-2016.pdf.

Incluso si quisiéramos dejar de lado, la EDSA y concentrarnos solo en la EDSA-Bicentenario (a partir 2010), se encuentran allí grandes incoherencias. Para el ODSA (al menos según el último informe –http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informe-Pobreza-Desigualdad-Por-Ingresos-2010-2016.pdf-, porque los cambios en los niveles de incidencia, sin la más mínima explicación o errata, son una constante -ver Perlita 1), la pobreza en 2010 era de 28,2% y descendió hasta 24,7% en 2011 (lo cual resulta lógico a la luz de otros indicadores), para luego crecer durante en todos los años siguientes: en 2014 se ubicó en 28,7% (valor mayor a 2010), en 2015 en 29,0% y en 2016 en 32,9% (tercer trimestre, mientras que para los años anteriores se relevó el cuarto). Dejemos la última variación para el final, y concentrémonos brevemente en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Según el ODSA, la pobreza aumentó 4,3 puntos entre 2011 y 2015 (24,7% a 29,0%) lo que contraviene (o debería contravenir) el sentido común de cualquier ciudadano medianamente informado: considerando los IPC de San Luis y CABA, entre los cuartos trimestres de 2011 y 2015 el poder adquisitivo de la AUH se incrementó 11,1%, el de las jubilaciones 7,2% y el de los asalariados registrados del sector privado un 1,4%, y nada indica que haya habido empeoramientos significativos en el mercado de trabajo (desocupación, subocupación, precariedad laboral) o en las remuneraciones de los empleados informales y cuentapropistas. Evidentemente se trató de una situación de estancamiento, pero lejos estuvo de verificarse un empeoramiento constante de las condiciones de vida. A modo comparativo, en la CABA, la población con ingresos por debajo de la Canasta Total cayó, como para el ODSA, entre 2010 (29,5%) y 2011 (25,9%) pero luego entre ese año y 2015 muestra leves oscilaciones (crece en 2012, disminuye en 2013 y vuelve a subir en 2014), llegando a 2015 con el valor, aunque por décimas, más bajo de la serie (25,0%). Para el ODSA, ni siquiera la situación mejoró entre 2014 (28,7% de pobres) y 2015 (29,0% de pobres): mientras que 2014 fue el único año en que, por ejemplo, los salarios de los sectores de ingreso fijo protegido (asalariados privados registrados, jubilados) perdieron poder adquisitivo durante el kirchnerismo, en 2015 la recuperación fue clara, aun considerando el repunte de la inflación en diciembre. Si bien es una pequeña diferencia, no estadísticamente significativa, llama la atención que aún ante un panorama tan claro haya continuado la tendencia negativa: aunque sea por unas décimas, una pequeña suba de la pobreza sin duda garantiza más impacto mediático que una baja…

En definitiva, por poco o por mucho, desde que cobró notoriedad, el ODSA ha informado siempre subas interanuales de la pobreza, con el consiguiente obvio perjuicio para los gobiernos de turno y para el “humor social”: mientras que las variaciones interanuales puntuales pueden ser discutibles, de ningún modo puede ser aceptable que el sentido de esas variaciones entre 2011 y 2015 haya sido siempre negativo, y menos que entre puntas se observe un aumento de más de 4 puntos porcentuales. Por otro lado, si a esto se le suma que en los informes publicados antes de 2015 es difícil encontrar una afirmación explícita que reniegue de la comparación directa entre los niveles de incidencia de la pobreza del ODSA con el último dato creíble del INDEC publicado hasta entonces (26,9% en el segundo semestre de 2006), no caben dudas que, por acción u omisión, sus estimaciones fueron un invalorable insumo para que otros actores (periodistas, dirigentes políticos) difundan la falacia de que la pobreza era mayor en 2012 o en 2013 que en el año 2006.

Finalmente, en el último año el ODSA no ha abandonado los primeros planos mediáticos: primero publicó (junto al dato de pobreza de 2015) resultados mensuales de pobreza para marzo y abril de 2016 en base a (cuanto menos precarias) “simulaciones” de variación de ingresos y precios sobre la base de datos de 2015, y más recientemente fue noticia con la publicación del dato de pobreza de 2016 y la “noticia” de su crecimiento respecto a 2015 (32,9% versus 29,0%), amén del detalle que la EDSA-Bicentenario en 2016 se relevó, luego de seis años, durante el tercero y no durante el cuarto trimestre. Más allá de algún posible sesgo estacional, de una diferencia un poco mayor o un poco menor por las características de las fuentes y del error estadístico, es claro que entre 2015 y 2016 la pobreza aumentó, pues no sólo amplios sectores perdieron poder adquisitivo, sino que también se vislumbra un leve deterioro en el mercado de trabajo. En este contexto, nuestra hipótesis es que el ODSA aprovecha este contexto para, aún con la normalización del INDEC, no perder su lugar privilegiado ante la opinión pública, y a la vez, al ser de los primeros en salir a publicar el alza interanual, logra posicionarse como un “centro independiente” y, con ello, legitima lo hecho anteriormente.

(3) Perlitas…

(a) Cambios en los datos publicados para un mismo periodo y manteniendo valor de CBT: La comparación de los resultados de pobreza en los informes del ODSA muestra inconsistencias alarmantes. Es claro que nadie está exento de errores, y que también es legítimo en un momento dado revisar y tomar decisiones para mejorar la calidad de la información y que esto muchas veces implica corregir estimaciones “hacia atrás”; pero lo que es aún más claro, para quien quiera que trabaje en la producción de estadísticas sociales, es que estas cuestiones (erratas, revisiones o decisiones metodológicas) deben ser claramente explicitadas, y, si corresponde, las series recalculadas nuevamente bajo los nuevos criterios adoptados (de no ser esto posible, debería al menos proponerse un coeficiente de “empalme” o bien brindar la información necesaria para hacerlo y que ello corra por cuenta de otros usuarios). Sin embargo, estas verdades de perogrullo parecen no ser registradas por el ODSA, y al parecer, no por casualidad. Veamos dos casos.

Cuando se publica por primera vez el dato de pobreza de 2012 se informa un 26,9% (cabe notar que este informe fue dado de baja hace poco tiempo). Sin embargo, cuando se informa el dato de 2013, el valor de 2012 desciende mágicamente y sin aclaración alguna, a 26,4%, siempre con una CBT por hogar tipo del mismo valor ($3.022). Lo llamativo es que esta alteración se dio en el dato que correspondía a la estimación de “máxima”, mientras que la incidencia en la estimación de “mínima” se mantuvo inalterable (24,5%) a lo largo de las sucesivas publicaciones, lo cual lleva a inferir que la modificación del valor original no se originó, por ejemplo, en una revisión de los ingresos, de los casos válidos, etc. Si bien puede parecer algo completamente menor, esto cobra relevancia si se entiende que el dato con esta alteración la diferencia entre 2012 y 2013, al momento de publicar este último dato, se estiró de 0,6 puntos (si se hubiera comparado el dato original de 2012 -26,9%- con el de 2013 -27,5%) a 1,1 puntos (al publicar el valor “corregido” 26,4%).

La segunda modificación que mencionaremos corresponde al año 2010. Hasta la publicación del dato de 2013 inclusive, la pobreza informada para 2010 era de 29,5% (con una CBT de $1.897 por hogar). Sin embargo, con la publicación del dato de 2014, con la misma CBT la incidencia de la pobreza en 2010 disminuyó hasta 28,2%: dado que el dato de 2014 había alcanzado un 28,7%, esa modificación del dato 2010, implícitamente, llevó a que se pudiera aseverar que en 2014 la pobreza mostró su mayor incidencia en toda la serie (a esta altura, los datos del periodo anterior a 2010 ya habían dejado de incluirse en los nuevos informes).

(b) Variación interanual del valor de la CBT entre 2012 y 2013. Hemos mencionado ya que el ODSA no se ha caracterizado por informar más que con vaguedades sobre los criterios de actualización del valor de la CBT utilizados a lo largo del tiempo. Si bien el último valor utilizado ($9.283 por hogar tipo en septiembre de 2016) no dista demasiado de cualquier otro valor al que se arribaría echando mando a los indicadores de precios alternativos, no puede decirse lo mismo de su evolución: particularmente, entre los años 2012 y 2013 el valor de la CBT para un hogar tipo pasa de ubicarse de $3.022 a $4.142, lo que implicó un incremento interanual del 37,1%, mucho mayor al que registró cualquier indicador de precios en ese periodo.
Con alguna excepción algo por encima (cerca del 30%) o algo por debajo (entre 17% y 23%) casi todas las variaciones interanuales oscilan entre los 25% y 27% puntos, de lo que se deduce que la sobreestimación de la variación interanual del precio de la CBT rondó los 10 puntos porcentuales, lo cual implica que la incidencia de la pobreza debió haber sido de unos 3 o 4 puntos porcentuales menos, es decir, que entre 2012 y 2013 sin esta anomalía en el precio de la CBT se debió haber registrado una baja interanual de la pobreza, cosa que obviamente no sucedió.

Para finalizar, es importante resaltar que el ODSA no está integrado por improvisados: empezando por su director, se trata de investigadores con amplia trayectoria académica, con mucho conocimiento en la materia, tanto desde lo metodológico y procedimental como desde lo epistemológico y lo teórico. Por eso, casi siempre encuentran algún atajo (qué atajo puntual depende del tipo de discusión) para responder a los cuestionamientos que se le realizan. Obviando lo que ellos mismos han publicado, incluso en revistas científicas internacionales, en los últimos años omiten hacer mención a las estimaciones realizadas entre 2006 y 2009, y minimizan las diferencias en la tendencia 2011-2015 con otras fuentes, con la excusa siempre a mano de que lo importante en todo caso es la comparación con los datos del INDEC intervenido. A modo de ejemplo, en un extracto del último informe, recientemente publicado, sostienen que: “Si bien los resultados publicados por el INDEC y los ejercicios de simulación mencionados son coincidentes, los valores de las canastas utilizadas (LI y LP) son distintos, así como también las poblaciones representadas por ambas encuestas”; o sea, mientras que años anteriores se cansaron de discutir a favor de la representatividad (en términos de replicar la metodología histórica) de la EDSA y de sus estimaciones de pobrezas, ahora minimizan una brecha actual de 15 puntos en la incidencia (a igual valor de CBT) y remarcan las diferencias en los universos cubiertos (cuyo efecto, como hemos señalado, es marginal).

Luego de lo aquí analizado, creemos que no quedan demasiadas dudas respecto a que la respuesta a la pregunta que oficia de título de esta Nota (“¿Qué mide la UCA?”) es que no se sabe, y puede ser cualquier cosa menos algo parecido a la pobreza por ingresos en las grandes ciudades argentinas, pese a que lamentablemente muchos, incluido nuestro Presidente, crean lo contrario.

Notas: (i) El valor de la CBT corresponde en todos los casos a los valores alternativos utilizados por el ODSA-UCA correspondiente a un hogar tipo (3,09 adultos equivalentes); (ii) Para el año 2006 se utiliza el valor de la CBT-INDEC (histórica), por tanto, se asume como válida tanto para la estimación de mínima como de máxima; (iii) A partir de la publicación de 2014 deja de informarse las alternativas mínimas y máximas y solo se continúa con una, que debido a los valores publicados se deduce que es la máxima. (iv) Los valores en rojo difieren de lo publicado en versiones anteriores de CBT, sin que se haya alterado el valor de la CBT utilizada.

Así, asumiendo un 34% de personas pobres, en 2016 la población bajo la línea de la pobreza fue de 14,82 millones de personas, cada una de las cuales requirió, en promedio $13.813 al año (o $1.151 al mes) para dejar de ser pobre. De la multiplicación de la cantidad de personas pobres por el adicional de ingreso exacto que hubieran necesitado para dejar de ubicarse “debajo de la línea de la pobreza” resulta que el costo de llegar a la tan mentada “Pobreza Cero” en el año 2016 hubiera sido de $204,7 mil millones.

Por tanto, si se asume que (a) las encuestas a hogares son un elemento fidedigno para captar las condiciones de vida, (b) que la metodología de pobreza actual refleja el estándar mínimo de vida al que aspiramos para todos los habitantes de la Nación, (c) que los respondentes de la encuesta declararan bajo declaración jurada esos mismos ingresos, (d) que el Estado podría disponer de herramientas de transferencia monetaria directa totalmente eficientes (que permitan hacer llegar a cada hogar exactamente el monto que necesita para salir de la pobreza medida como se la mide actualmente), alcanzaría con apenas 2,54 puntos del PBI para terminar con la pobreza.

Pero:

¿No resulta ridículo pensar que con solo dos puntos y medios del PBI (alrededor del 7% del gasto público total, o apenas el 40% del presupuesto público destinado a educación) llegaríamos al “paraíso”?

Este ejercicio, en realidad, pretende poner de manifiesto lo absurdo de este tipo de ejercicios. Por un lado, parte de un enfoque absolutamente instrumental, que implica resumir nuestras aspiraciones sociales en una ficción metodológica como lo es la medición de la pobreza (entendámonos, que sea una ficción no quiere decir que no sea útil ni que no sea real), en vez de habilitar una discusión cada vez más amplia (y que, luego, la medición de la pobreza se adecué a los resultados de esa discusión); solo a modo de graficar lo relativo de esta “meta” cabe señalar que si las nuevas autoridades del INDEC habrían decidido no modificar la metodología de medición de la pobreza, para llegar a la pobreza cero, alcanzaría apenas con destinar recursos equivalentes al 1,2% del PIB. Por otro lado, aunque ligado con lo anterior, implica un enfoque plenamente economicista, bajo la cual con una determinada cantidad de dinero dejaríamos de ser pobres, en lugar de plantear (e incorporar a la medición) una mirada basada (también) en la satisfacción de los derechos consagrados por la Constitución y las leyes. Finalmente, poner en el centro de la atención en la pobreza (medida por ingresos y bajo un enfoque absoluto) implica correrse del eje de la discusión por la igualdad: parafraseando a Marx, ¿qué más quieren los empresarios que pagar salarios que apenas alcancen para la subsistencia y la reproducción de la clase trabajadora (o sea, en términos modernos, que alcancen para pararse apenitas sobre la línea de la pobreza), y que esa misma clase renuncie a la disputa por la distribución del excedente?

En otras palabras, la meta de “pobreza cero” no es más que una frase marketinera, que si bien puede representar un “horizonte simbólico” no debería ser jamás considerada en serio para el diseño de la política económica y social de un país.