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El triángulo perverso

 

(Articulo publicado originalmente en la revista Ni un paso atrás, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo)

La coincidencia entre la agenda de medios de comunicación hegemónicos y el avance o estancamiento de determinada causa judicial no es casual. Hace tiempo que existe un triángulo perverso entre medios de comunicación, servicios de inteligencia y sectores del Poder Judicial. La dinámica es sencilla: los servicios proveen datos de apariencia jugosa a periodistas ávidos por figurar, aún al precio de publicar elementos inconexos e imposibles de chequear, amparados en la protección simulada de fuentes. Nota al pie: la protección de la identidad de la fuente es un elemento central para el periodismo que investiga al poder, cuando se asume que la fuente es débil frente a aquellos sobre los que aporta datos y la no publicación de su nombre tiene como objetivo protegerla de represalias. Este sentido se pierde cuando se establece una relación promiscua entre agentes de inteligencia y periodistas, donde los primeros necesitan a los segundos para operar y los segundos se suman al juego para obtener la tan sobrevalorada primicia que, a fin de cuentas, suele quedar en la nada. Retomando, el periodista publica, el medio de comunicación, que tiene sus intereses, fomenta o deja hacer. Un diputado o diputada o abogado atento a la caza de minutos mediáticos toma la nota periodística y presenta la denuncia. De ser necesario, actúan de nuevo los servicios para garantizar el forum shopping, que en la jerga judicial significa digitar el destino de la causa hacia un juez y fiscal que les garantice que siga el juego. No vaya a ser cosa, como en el caso de la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman, que recale en un juez como Daniel Rafecas que la desestime. Segunda nota al pie: denuncia, la de Nisman, de 288 páginas con la misma dinámica de información inconexa, basada en notas periodísticas insustentables, que fue desestimada finalmente por todas las instancias judiciales. Retomando la dinámica del triángulo, con la denuncia en sede judicial aparecen de nuevo los medios de comunicación que parieron el caso. El diputado o diputada o abogado al rato es tapa de un portal, recorre los programas nocturnos, se busca al día siguiente en las páginas de los diarios con el celular abierto para las radios que sigan la agenda. Pasan las horas, las desmentidas, y si el caso se cae el triángulo tiene dos opciones: o los servicios sueltan alguna escucha telefónica ilegal o imágenes de cámaras de seguridad que mágicamente aparecen en los noticieros, o el forum shopping rinde sus frutos y el juez o el fiscal avivan el fuego con alguna medida, sea pertinente o no. De nuevo el caso Nisman es ejemplificador: Nisman presentó su denuncia el miércoles 13 de enero, en plena feria judicial, y a la noche ya estaba publicitándola en TN junto a Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano a pesar de que no se conocía su contenido. Al día siguiente, el jueves, la tapa de Clarín afirmó: “AMIA: acusan a Cristina de encubrimiento a Irán”. Las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso invitaron a Nisman a exponer en el Congreso al lunes siguiente, el 19, a lo que el entonces oficialismo anunció que asistiría para hacerle preguntas. La historia posterior es conocida: el día anterior el fiscal sin vida en su departamento, un nuevo entramado judicial de forum shopping para tironear la causal de muerte, el blindaje mediático hacia los desfalcos financieros de Nisman y, a fin de cuentas, el mutismo que es regla sobre la causa AMIA y su real encubrimiento, juicio cuya cobertura pasará a encabezar la antología de la complicidad mediática con el silencio.

Este triangulo promiscuo se retroalimenta constantemente. Nueva nota al pie: ninguno de sus sectores es homogéneo. Tanto en los medios como en los servicios y el Poder Judicial hay internas, intereses cruzados, rencillas personales, equívocos y fallidos. Un caso paradigmático es el que involucra al ex jefe de la SIDE Juan Bautista  “Tata” Yofre como jefe de lo que el fiscal que lo investigó definió como un “microemprendimiento criminal” dedicado al espionaje de mails a funcionarios públicos y su comercialización hacia periodistas como Carlos Pagni, entre otros. Los personajes se repiten, y la jueza que intervino en la causa fue Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman, quien en una primera instancia pidió el procesamiento de todos los involucrados pero retuvo su elevación a juicio oral al momento de los cambios en la vieja SIDE para, finalmente, apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri, contradecir toda su investigación y dictar el sobreseimiento de Yofre, Pagni y los demás involucrados. La medida fue apelada por el fiscal Javier De Luca y está con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Pero el triángulo promiscuo reincide: uno de los procesados, el ex editorialista de Ámbito Financiero Roberto García, no se privó de brindar con Ricardo Lorenzetti el último día del periodista, a pesar de que el cortesano debe definir el destino de una causa por la que ex espías robaban información para que algunos periodistas la usaran en sus notas. Una de las espiadas era la propia Cristina Fernández de Kirchner Otro, el entonces señor 5 de la SIDE, Héctor Icazuriaga.

Por último, en el triángulo hay códigos que no se rompen. Así como en su momento el Ministro de Justicia Gustavo Béliz pagó caro mostrar la cara de Antonio Stiuso en televisión (causa por la que fue absuelto, a modo de ejemplo de todo lo anterior), el poder del triángulo también se basa en sus silencios. Ni el juez Julián Ercolini se atrevió a indagar a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa, ni los medios hegemónicos incomodan a jueces y fiscales afines. Los regentes de Comodoro Py, por su lado,  saben que la exposición es un arma de doble filo, y prefieren las formalidades arcaicas que los blindan de dar explicaciones.

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El saqueo desde el Banco Central

“Wall Street esta al mando de Argentina (otra vez)” tituló la agencia Bloomberg el 8 de marzo pasado. No exageraba. A la devaluación, el sistemático endeudamiento externo y la complacencia con los Fondos Buitre se sumó hace unos días la decisión del Banco Central de permitir la fuga de capitales sin restricciones.

Esta decisión del Banco Central pasó desapercibida. Quedó asentada en la Comunicación A 6011 cuyo punto 4 dispone: “Los residentes en el país podrán acceder al mercado local de cambios sin límite de monto para la compra de moneda extranjera para la realización de aportes y/o compras de participaciones en empresas que califiquen como inversiones directas en el exterior“. En criollo, una persona o empresa puede hoy comprar todos los dólares que desee para invertir en el exterior.

Esta comunicación, dirigida a entidades financieras, casas, agencias, oficinas y corredores de cambio aclara que esos aportes o compras deben realizarse en países que cooperan con Argentina en materia de transparencia fiscal y que “en forma directa o indirecta tengan como objeto el desarrollo de actividades productivas de bienes y servicios no financieros“. La aclaración no cambia sus consecuencias: facilitar la salida de capitales sin restricciones ni límites.

Con esta decisión del Banco Central se perfecciona el saqueo financiero que comenzó desde que asumió Mauricio Macri. En lo estrictamente vinculado al Banco Central, se complementa con la tasa del 30% que, al día de hoy, otorgan a las LEBAC colocadas a 35 días (tasa que supo estar en el 38% apenas asumida la nueva conducción del Banco Central). El argumento de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, para sostener esta tasa ampliamente por encima de las que se otorgan en el mundo es que aporta a reducir la inflación. Así, en su informe de julio, el Banco asegura que “mantendrá esta política de sesgo antiinflacionario para alcanzar su meta de inflación de 5% anual”. Del ritmo que trae la inflación se deduce que las tasas seguirán altas por un largo tiempo.

Así, siguiendo el camino de la especulación financiera, una persona o empresa pude comprar LEBAC, cobrar con 30% de interés y luego comprar todos los dólares que quiera para invertir en el exterior. El resultado es claro: valorización financiera y fuga de capitales. Su reverso, nula creación de empleo ni beneficios para el país.

Para que entren tienen que salir

Entre los argumentos para desregular completamente la salida de capitales figura una de las tantas zonceras financieras: para atraer capitales es necesario darles libertad, ergo, dejarlos salir. En su libro “Las islas del tesoro”, donde desmenuza las implicancias del sistema financiero extraterritorial, Nicolas Shaxson replica esa zoncera: “La economía dominante en la actualidad abraza una teoría simple que dice más o menos así: los países pobres carecen de capital y las inversiones extranjeras pueden llenar ese hueco, de modo que lo razonable es liberar el capital para permitirle que fluya hacia esos países necesitados. A primera vista parece una buena idea, pero hay un problema con el que la teoría dominante no ha logrado lidiar en absoluto: si se libera el capital, el dinero no necesariamente fluirá hacia adentro, sino que, por el contrario, puede fluir hacia afuera. Keynes estaba muy consciente de esta cuestión. ‘Las políticas nacionales recomendables podrían resultar en general más fáciles de llevar a cabo si fuera posible excluir por completo el fenómeno conocido como la fuga del capital’, decía. Palabras escalofriantemente proféticas, ya que la fuga del capital en sus días no era nada en comparación con las cantidades alucinantes que hoy fluyen a raudales a través de las fronteras”.

Desde la asunción de Macri, esta fuga de capitales sobre la que alerta Shaxson y alertaba Keynes se multiplicó. Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), “Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, la fuga de capitales ascendió a USD 6.218 millones. Se trata de un aumento del 364% respecto al mismo período del año anterior”. El CIFRA proyecta a su vez las consecuencias de esta fuga vinculadas al endeudamiento: “Si se consideran solo esas necesidades de emisión, el nuevo endeudamiento externo con privados en moneda extranjera debería alcanzar a USD 47.825 millones en 2016, lo que implicaría casi triplicar el ratio de la deuda con privados en moneda extranjera sobre el PIB. En el último año de mandato presidencial esta proyección asciende a USD 119.947 millones, elevando el ratio a 34,0% en 2019”. Todos estos datos corresponden al Informe de Coyuntura de Mayo y dan, a priori, un panorama optimista: los investigadores no pudieron calcular las consecuencias de la Comunicación 6011.

¿Evadieron? Tranquilos.

La Comunicación 6011 tiene fecha del 11 de julio de 2016. Dos días más tarde Macri asistió a la celebración del 162° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En su discurso, confesó: “Yo creo que somos todos parte de este momento, que debemos sentirnos protagonistas, que todos debemos poner el hombro, que todos debamos sincerar nuestra situación. (…) No vamos a tener que protegernos ni escondernos”. Los especuladores financieros escucharon al presidente confesar que había evadido, ergo, que había cometido delitos económicos. El mismo día, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici afirmó: “Al que sólo sea evasor no se lo investigará“. Federici lo dijo en una entrevista con el diario La Nación, evasor durante años hasta que la Corte Suprema convalidó su defraudación al Estado. Lo sostuvo, además, como titular del organismo cuya función es prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero.

El Banco Central no quiso quedarse atrás con las amnistías a delitos financieros. Un día más tarde comunicó que “dejará de perseguir (sic) a 60.000 personas por infracciones cambiarias que ya no existen”. El Banco modificó el criterio legal para la tramitación de sumarios cambiarios y lo aplicó en forma retroactiva. En su comunicado de prensa afirmó que esto “permitirá rehabilitar al 80% de las personas humanas o jurídicas que hoy son investigadas en materia penal cambiaria, en su mayoría por infracciones menores. Ello liberará de procesos sumariales a unas 60.000 personas que dejarán de ser acusadas por operaciones que hoy pasaron a ser plenamente legítimas”. O sea, para las autoridades del Banco Central hacer cumplir la ley es “perseguir”. A su vez, plantea que los amnistiados son “en su mayoría por infracciones menores”, sin aclarar a cuantos abarca esta mayoría y permite asumir que la “minoría” cometió infracciones no menores, ergo, mayores.

In Wall Street we trust

Que Wall Street controla la Argentina no es un eufemismo y, en el caso del Banco Central, buena parte de su nuevo directorio comparte tanto la experiencia laboral en gigantes financieros que operan en New York como la formación en universidades norteamericanas.

Uno de los directores es Demián Reidel, cuyo currículum incluye el paso por JP Morgan, Goldman Sachs y QFR, así como formación en las Universidades de Chicago y Harvard. El subgerente general de Operaciones, Agustín Collazo, también hizo un posgrado en la Universidad de Chicago, y trabajó en el mercado financiero argentino hasta que emigró a Morgan Stanley para administrar derivados de índices accionarios internacionales. De ahí a firmar la Comunicación A 6011.

Otro de los nuevos directores es Horacio Tomás Liendo, formado en el poderoso estudio Marval, O´Farrell & Mairal y en la universidad de Georgetown, heredero de un oscuro linaje que incluye a su abuelo homónimo como Ministro de de Trabajo y del Interior de la última dictadura militar y a su padre, que trabajó estrechamente con Domingo Cavallo. Otro director es Pablo Curat, que fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM) y cursó en las universidades de Harvard y Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Las consecuencias de un Gobierno de Wall Street quedan a la vista en el documental Inside Job. Allí queda al descubierto cómo las mismas empresas que hoy colocaron ejecutivos en el Banco Central y en otras áreas claves de la economía son las que generaron la grave crisis financiera de 2009, así como el conflicto de intereses que existe en las universidades donde se forman, con planes de estudio corrompidos por las dádivas concedidas a quienes dirigen esas casas de estudio.

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Quienes y porque premian a Magnetto: EEUU y su inteferencia a través de Fundaciones y ONGs

 

Hace décadas que Estados Unidos ejecuta un plan sistemático de intervención en política interna de otros países a través del financiamiento de Fundaciones y ONGs. Entre otras tareas, estas organizaciones ponen en funcionamiento mecanismos de autolegitimación de sus aliados, como el caso del premio que recibió hace unas semanas Héctor Magnetto, hombre fuerte del Grupo Clarín, bajo el eufemismo de su aporte a la libertad de expresión. Se lo otorgó la fundación Freedom House, que se presenta como una organización no gubernamental en defensa de la libertad de expresión pero cuyos intereses, financistas y relaciones muestran que es una de tantas organizaciones bajo influencia del Departamento de Estado norteamericano. Esta estrategia intervencionista no sólo permanece sino que el propio  Barack Obama le dio un fuerte impulso.

La puerta giratoria

Según Freedom House, “los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner apuntaron contra Clarín por sus críticas periodísticas. Convencido del rol central que tienen la libre expresión y el periodismo profesional en el fortalecimiento de la democracia, Magnetto mantuvo la independencia de Clarín y jugó un rol clave en la defensa de la libertad de prensa”. Lejos de estos argumentos ligados a la libertad de prensa, los vínculos de esta fundación y sus financistas muestran que el rol de Magnetto y del Grupo Clarin en esmerilar al gobierno kirchnerista y promover a Mauricio Macri a la presidencia esta muy ligado a los intereses norteamericanos en la región.

Magnetto recibió el premio de manos de Paula Dobriansky, ex subsecretaria para la Democracia y  Asuntos Globales de Estados Unidos nombrada por George Bush hijo y miembro de la junta directiva de Freedom House, un ejemplo del constante intercambio de funcionarios que pasan de la gestión pública a estas organizaciones y confirman sus vínculos.

En su discurso de agradecimiento, Magnetto afirmó que el kirchnerismo fue un “un proyecto político que buscó perseguir a la disidencia para concentrar poder”, lo caracterizó dentro de los autoritarismos que en “el nombre de la libertad de expresión atentan contra ella” y aseguró: “Nosotros tratamos de responder con más periodismo. Y gran parte de la sociedad argentina se sintió representara por él”. En estas palabras, Magnetto asume la partidización de Clarín.

“Le dijimos que no a la sumisión que se nos trató de imponer y enfrentamos un durísimo acoso económico y judicial”, aseguró Magnetto a pesar de que los propios balances de Clarín y el devenir judicial de las causas en las que está involucrado lo desmienten. En 2009, año de discusión y aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que Clarín presenta como persecutoria, el Grupo facturó 6.678 millones de pesos. En 2015, esa facturación trepó a 27.791 millones de pesos, o sea, se cuadruplicó. Las ganancias para 2009 fueron de 290 millones de pesos, en 2015 de 2.915 millones, o sea, diez veces más. El día que se sancionó la LSCA una acción de Clarín en la bolsa porteña valía 7,5 pesos. En marzo de 2016 estas alcanzaron su máximo histórico de 158 pesos la acción: 21 veces más. Extraño acoso económico. En el plano judicial, fue la Corte Suprema la que declaró la plena constitucionalidad de la LSCA, en la única causa con resultado desfavorable a Clarín que, a pesar de todo, nunca cumplió. Causas comerciales donde no acatan la resolución judicial, otras que lo vinculan a delitos financieros que no avanzan por complicidad judicial, la causa Papel Prensa empantanada en pericias contables cuando se trata de delitos de lesa humanidad, todas benefician al Grupo Clarin y sus accionistas, como Magnetto.

 

La pista del dinero

Los aportantes de Freedom House, la fundación que premió a Magnetto, dan cuenta de los intereses que representa. Esta fundación estableció un ranking de benefactores según cuanto aporten. La máxima categoría son los Freedom Trailblazer (“Pioneros de la Libertad”), que aportan de 250.000 dólares en adelante. El máximo no se aclara. En esta categoría figuran el Departamento de Estado Norteamericano, la U.S. Agency for International Development (USAID), los ministerios de asuntos exteriores de Holanda, Canadá y Noruega, junto a otras grandes fundaciones y empresas como Google. En la máxima categoría de financistas también figura Eileen Donahoe, embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, A estos les sigue la categoría Freedom Champion (“Campeón de la Libertad”), que aportan a partir de 100.000 dólares como la Fundación Ford. Un escalón más abajo están los Freedom Defender (“Defensores de la Libertad”), que contribuyen con 50.000 dólares o más. Entre los Defensores de la Libertad está la fundación de Paul Singer, administrador del fondo buitre NML Capital, así como Facebook, el magnate ruso Mikhail Khodorkovsky (encarcelado por varios delitos financieros e indultado por Vladimir Putin) y Open Society Foundation, del financista George Soros. Con aportes más modestos figuran el ex director del FMI Anoop Singh, la financiera Goldman Sachs, Yahoo, Twitter, AT&T, The Walt Disney Company, entre otros. En años anteriores figuraba Lockheed Martin, la mayor fabricante de armas del mundo y principal contratista de defensa del gobierno norteamericano. El espacio físico donde Magnetto recibió el premio, el museo dedicado al periodismo Newseum, tambien aporta a Freedom House.

El patio trasero

Estados Unidos tiene un juego a tras bandas para intervenir en la geopolítica mundial. Una es a través de organismos multilaterales, muchos de ellos producto de la postguerra mundial, con los acuerdos de Bretton Woods como punto de partida, y que son dominados por EEUU y sus aliados. La segunda es la intervención militar, como en el caso de Medio Oriente. La tercera, a través de lo que denominan apoyo a la sociedad civil. Si bien esta última es una estrategia que lleva décadas, la administración de Barack Obama la profundizó.

En septiembre de 2014, Obama anunció la inciativa Stand with Civil Society (Apoyar a la Sociedad Civil) con 3 ejes: uno, promover leyes, políticas y prácticas que fomenten un entorno favorable para la sociedad civil de acuerdo a normativas internacionales; dos, la coordinación de la presión en organismo multilaterales y por vía diplomática para eliminar restricciones a la sociedad civil; y tres, identificar formar innovadoras de proporcionar apoyo técnico, financiero y logístico para promover, en sus palabras, “una sociedad civil vibrante y trasparente”. El 23 de septiembre de 2014, Obama envió un Memorando a las máximas autoridades del Departamento de Estado, el Tesoro, las áreas de Defensa, Justicia, Agricultura, Comercio, trabajo, Salud y Derechos Humanos, Seguridad Nacional, la USAID, entre otras, con el título de “La profundización de los esfuerzos del gobierno EE.UU. para colaborar y fortalecer la sociedad civil”. Allí afirma que las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las Fundaciones y ONGs, tienen un rol fundamental en el impulso de modificaciones legales y en la discusión política de sus países, algo que efectivamente ocurre con muchas de ellas. Pero más adelante revela la interferencia de EEUU en otros países: “Para la conducción de la política exterior de EE.UU. es de interés nacional construir relaciones con la gente, así como con los gobiernos. Por lo tanto, las agencias involucradas en el extranjero deberán consultar con los representantes de la sociedad civil para explicar los puntos de vista de los EEUU en asuntos particulares, buscar sus puntos de vista, utilizar su experiencia y construir alianzas sólidas para hacer frente a desafíos conjuntos”. O sea, interferir en la política interna de otros países a través de la sociedad civil. El mismo día, Obama dio un discurso en la Clinton Global Initiative en Nueva York y afirmó: “Vamos a aumentar nuestro apoyo a grupos de la sociedad civil en todos los ámbitos (…) El Departamento del Tesoro va a terminar regulaciones para que sea más fácil y menos costoso para las fundaciones hacer concesiones en el extranjero”. En definitiva, allanarles el camino a fundaciones que reciben dinero del gobierno de EEUU y luego la canalizan a distintos lugares del mundo para influir en política interna en función de los intereses norteamericanos. En una confesión de la interferencia de EEUU en la política de otros países, Obama advirtió: “Cuando sus gobiernos quieran tratar de aprobar leyes opresivas, vamos a tratar de oponernos a ellos. Cuando intenten cortar su financiamiento, vamos a trata de darles una salvataje. Y cuando intenten silenciarlos, queremos amplificar sus voces”. El presidente de EEUU también dio la orden de resistir cualquier esfuerzo de gobiernos extranjeros en dictar la naturaleza de la asistencia de EEUU a la sociedad civil de sus países. En el comunicado de la oficina de prensa de la Casa Blanca el gobierno norteamericano afirmó que es el país que más dinero aportó a la sociedad civil en todo el mundo: 2,7 billones de dólares solo entre 2010 y 2014.

Estas “donaciones” no comenzaron con Obama. En su libro “¿Cómo se financian las ONG argentinas?”, Pablo Marsal aporta numerosos datos sobre el crecimiento de estas transferencias de dinero hacia América Latina. Entre 1990 y 1994 pasaron de 31,5 a 65,6 millones de dólares, más del doble. En el caso de la USAID, Marsal publica que pasó de 420 millones de dólares en 1997 a 565 millones en el 2000. Entre 1999 y 2001 las fundaciones de EEUU donaron a sus pares en Argentina unos 11 millones de dólares. Fueron 113 donaciones entre 22 fundaciones norteamericanas, pero la Fundación Ford y la Kellog Foundation concentraron el 70% de los aportes.

 

La NED 2015

Los aportes tanto del gobierno norteamericano como de sus fundaciones satélites inciden en la política interna de otros países en temas determinados, incluidas las elecciones. Esta interferencia fue denunciada, por ejemplo, por el gobierno de Evo Morales, que llegó a echar a la USAID de Bolivia.

Una de las organizaciones que también transfiere cuantiosas sumas por todo el mundo es la National Endowment for Democracy, más conocida como la NED. Esta fundación se presenta como una organización privada sin fines de lucro dedicada al apoyo de instituciones democráticas en más de 90 países. Lo cierto es que la NED fue creada en 1983 por el propio Congreso estadounidense, su directorio lo integran parlamentarios tanto demócratas como republicanos (junto a otros intelectuales o ex funcionarios) y la supervisa, entre otros, el Departamento de Estado.

Si bien la publicación de su financiamiento es la excepción entre las fundaciones y ONGs, la NED sí publica todos los años un informe donde constan sus aportes en cada país. En su informe del 2015, figuran varios aportes en Argentina.

Según la NED, en 2015 aportó 99.959 dólares a “Argentina Debates”. La ruta del dinero fue a través del Center for International Private Enterprise (CIPE), cuyo aliado local es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Si bien, tal como consta en el informe de la NED, el dinero fue destinado a actividades vinculadas a la preparación y discusión sobre el debate presidencial entre los candidatos, el sello Argentina Debate bajo el cuál se realizaron tenía por entonces la personería jurídica en trámite, por lo que su plataforma legal fue el propio CIPPEC. A su vez, la NED aportó fondos para la Fundación La Voz Pública, figura legal del portal Chequeado.com, justamente para el chequeo en vivo del debate presidencial organizado por Argentina Debate. Chequeado.com recibió dos aportes por 40.000 y 10.000 dólares, el primero para el proyecto Justiciapedia y el segundo para el chequeo en vivo del debate presidencial. En 2015, este portal también recibió dinero de la Embajada de Estados Unidos para un proyecto de medición de impacto en elecciones.

En 2015, el CIPPEC recibió otros 40.000 dólares, mientras que el CIPE también canalizó 126,001 dólares para actividades de la Fundación Libertad en las que se fomente el rol del sector privado en el diálogo con el gobierno, y a cuya cena anual asistió Macri recién asumido.

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Macri insiste en convertir a Buenos Aires en un paraíso fiscal

 

 

En medio de las investigaciones judiciales por sus vinculaciones con los Panamá Papers y del proyecto de blanqueo de capitales, el presidente Mauricio Macri insiste en convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal. La nueva maniobra fue colar esta iniciativa en el proyecto de traspaso de la Justicia Nacional a la ciudad de Buenos Aires. Allí, en su artículo 2, propone incluir a en las transferencias a la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo cuya función es registrar y fiscalizar las sociedades tanto nacionales como extranjeras. La estrategia incluye irregularidades en la tramitación de la causa judicial donde la actual procuradora Alejandra Gils Carbó logró frenar esta iniciativa cuando Macri era jefe de gobierno porteño.

El nuevo proyecto, que ingresó al Senado el 1 de junio, busca modificar el artículo 10 de la ley 24.588, norma que garantiza los derechos del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Ese artículo establece: “El Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia continuarán en jurisdicción del Estado Nacional”. Con las firmas del Ministro de Justicia Germán Garavano y el Jefe de Gabinete Marcos Peña, el proyecto plantea transferir ambos registros a la ciudad “sin perjuicio de las competencias y la información de carácter federal que deban permanecer en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional”. Justamente, en el caso de la IGJ, es competencia del Estado Nacional para que los controles sobre sociedades sean efectivos, amén de que el proyecto ni siquiera aclara quien se quedaría con esas facultades. Con su traspaso a la ciudad, Macri busca retomar lo que ya intentó como jefe de Gobierno porteño: desregular los controles a sociedades extranjeras y convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal, tal como adelantó Artepolítica. Esta reincidencia no es casual, ya que la IGJ es un lugar clave para cualquier proyecto empresarial. Tampoco es casual que su presidente, Sergio Brodsky, sea cercano a Daniel Angelici, delfín de Macri en su terruño boquense y de fuerte influencia en sectores del Poder Judicial.

En 2008, cuando era jefe de Gobierno, Macri logró la sanción de la ley 2.875 que creaba un “Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas” con competencias en la “fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, el registro y control de las sociedades extranjeras. Así, duplicaba las funciones de la IGJ y pretendía que las sociedades pudieran optar en que organismo inscribirse. La clave estaba en que el organismo porteño tendría requisitos y controles más opacos y laxos que el nacional. El 2 de febrero de 2009, la entonces Fiscal General General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Gils Carbó presentó una medida cautelar ya que esta ley infringía varias normas, incluida la Constitución. En cuanto al registro paralelo, Gils Carbó alertó: “La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de la utilización de sociedades extranjeras offshore. Ello beneficia directamente la actividad de los paraísos fiscales obstruyendo cualquier planificación fiscal basada en la equidad, además, protege las actividades delictivas. La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”. A su vez, la fiscal insistió en los beneficios que podían obtener sociedades extranjeras con esta idea de Macri: “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de las sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”.

En 2003, la IGJ había creado un nuevo “Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero” para mejorar el control sobre operaciones de fraude impositivo en las que se utilizan sociedades offshore. En su presentación, Gils Carbó relata: “Hasta entonces, era una práctica tolerada que un sector privilegiado de ciudadanos argentinos ocultara sus ganancias y sus bienes de la acción del fisco, de los derechos del cónyuge, de los trabajadores y de los acreedores por cualquier otra causa, registrando sus propiedades a nombre de una sociedad extranjera offshore. También es el sistema que se utiliza para esconder el producido de actividades ilegales y delictivas provenientes de la corrupción pública y privada. (…) esta clase de sociedades pantalla permite ocultar al verdadero titular del patrimonio gracias a un régimen de confidencialidad ofrecido por los centros offshore”. En definitiva, Macri no solo pretendía quitarle la función a la IGJ, sino permitir que las sociedades extranjeras evitaran este registro.

En cuanto a la Constitución, Gils Carbó afirmó que la ley 2.875 incumple los artículos 31 y 129 de la Constitución (al sobrepasar las facultades de la ciudad), así como ignora las leyes nacionales 22.315, que establece competencias de la IGJ, y 24.558, que garantiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Esta última ley es la que ahora pretende modificar Macri de forma subrepticia en al proyecto sobre traspaso de la Justicia Nacional a la órbita porteña.

La estrategia también tiene su pata judicial. El 23 de febredo de 2016, al poco tiempo de que Macri asumiera la presidencia, la jueza subrogante Macarena Marra Giménez anuló la cautelar que bloqueaba la posibilidad de convertir a Buenos Aires en un paraíso fiscal. El 3 de marzo la nueva fiscal de la causa, Gabriela Boquín, apeló. El Fiscal General Contencioso Administrativo hizo lo propio el 29 del mismo mes. Ante esto, la jueza subrogante Marra Giménez tenía 5 días para elevar la causa a la Cámara, pero el mismo día que se cumplía ese plazo el gobierno porteño presentó un pedido de levantamiento de la cautelar. O sea, el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, insistió con la iniciativa de Macri de que Buenos Aires pueda convertirse en paraíso fiscal. La jueza subrogante Marra Giménez le dió lugar a este pedido, con el objetivo de demorar la causa original y abrir la posibilidad de resolver en otro expediente paralelo. Mientras, avanza con el proyecto legislativo de traspasar la IGJ a la ciudad. Un juego de pinzas.

La fiscal Boquín rechazó esta jugada de la jueza subrogante Marra Giménez, a quien recusó, y volvió a alertar: “Sigue vigente la cuestión de la grave inseguridad jurídica que acarrearía la doble registración, a lo que se ha sumado la pretensión de control de sociedades comerciales- incluidas las extranjeras -que hoy en su categoría de off shore conmocionan a la opinión pública”. La fiscal Boquín denuncia además que, por un lado, el Estado Nacional fue notificado del estado de la causa pero el nuevo gobierno guardó silencio. Y, por el otro, que la IGJ ni siquiera fue notificada de la resolución que le quita competencias que tiene por ley.

La cuestión, ahora, se juega a dos bandas: la judicial, donde Macri aún puede lograr una resolución favorable de la ley porteña que habilita que la ciudad sea un paraíso fiscal; y la parlamentaria, que intenta traspasar la IGJ directamente a la ciudad.

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NePROtismo

Nepotismo: Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.

Diccionario de la Real Academia Española

 

La designación de familiares y amigos que proliferó en el gobierno de Mauricio Macri llegó al Poder Judicial. Según consigna el blog Palabras del Derecho, durante 2015 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió 32 pliegos de fiscales, defensores y jueces para que fueran tratados por el Senado. Tras asumir la presidencia, Macri retiró todos los pliegos. Ahora volvió a enviar 7 tal cual estaban, cambió 5, otros 20 quedaron sin resolución y agregó 7 nombres nuevos para cubrir vacantes judiciales.

En estas idas y venidas de pliegos judiciales aparecen casos de nepotismo y candidatos con pasados turbulentos.

El caso más flagrante es el de Juan Carlos Paulucci, propuesto por Macri como Fiscal General ante la Cámara Federal de Seguridad Social. Paulucci es hijo homónimo de Juan Carlos Paulucci Malvis, hoy Secretario de Seguridad Social, que fue Jefe de Gabinete de la Obra Social del sindicato de Peones Rurales, que conduce Gerónimo “Momo” Venegas. O sea que, si esta decisión de Macri prospera, el hijo debería controlar al padre. El asunto, sin embargo, no termina ahí. En una entrevista en radio Vorterix, el periodista Reynaldo Sietecase le preguntó a Paulucci hijo por esta incompatibilidad de tener que controlar a su propio padre. La respuesta fue: “El fiscal de seguridad social no investiga a los funcionarios, sino que da una opinión respecto de expedientes judiciales que tramitan ante el fuero de la seguridad social, que generalmente provienen de la ANSES”. En su respuesta, Paulucci hijo desconoció que el decreto 2741/91 que creó la ANSES la sitúa como un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y, puntualmente, de la Secretaria de Seguridad Social, que maneja su padre. A todo esto, Paulucci hijo quedó segundo en el concurso para ocupar el cargo, lejos del puntaje que obtuvo el actual Fiscal de Seguridad Social, Gabriel De Vedia. En el conteo final, De Vedia obtuvo 137,25 puntos contra 118,75 de Paulucci hijo. Pero un análisis detallado muestra que Paulucci hijo quedó en el último puesto en los exámenes escrito y oral, y lo salvaron sus antecedentes para quedar en segundo puesto.

Otro caso con un conflicto de intereses es el de Analía Julieta Viganó, propuesta por Macri para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N 31 en lugar de Azucena Beatriz Ragusa. Vigano es la esposa de Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), uno de los gremios judiciales. Piumato, a su vez, tiene su propia renuncia como Jefe de Desapacho presentada desde febrero de 2012, condicionada al cobro de una jubilación de privilegio.

Otro de los pliegos retirados fue el de Juan Carlos Silberstein, candidato a juez de 1ra instancia en Paso de los Libres, Corrientes. En su lugar, Macri propuso a Gustavo de Corazón de Jesús Fresneda. En 2004, La Nación publicó que Fresneda, por ese entonces secretario del juez Vicente Soto Davila, fue denunciado en dos causas por liberar detenidos a cambio de dinero (http://www.lanacion.com.ar/601901-investigan-a-un-juez-por-liberar-presos-a-cambio-de-dinero)

Entre los pliegos retirados está el de Alejandro Alagia, propuesto para Fiscal General en la Cámara de Casación Penal, la máxima instancia penal del país. Macri aún no propuso un reemplazo, pero entre los nombres posibles está el de Maximiliano Rusconi, que justo cuando se barajaba su nombre renunció la defensa –supuestamente ad honorem- de Diego Lagomarsino en la causa donde se investiga la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman. “Soy un abogado caro e intento ser cada día más caro”, se jacta Rusconi, que entre 1999 y 2001 trabajó como Coordinador de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y el Contrabando (UFITCO) pero luego pasó a la actividad privada desde donde defendió a imputados en causas de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando. Entre sus clientes, por ejemplo, estuvo el ex presidente Carlos Menem, a quien defendió en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, logrando su absolución.

Los restantes cambios en los pliegos fueron los candidatos a la Corte Suprema. Macri retiró los pliegos de Eugenio Carlos Sarrabayrusse y Domingo Juan Sesyn y envió los de Horacio Rossati y Carlos Rosenkrantz.

La audiencia para tratar estos pliegos será el 19 de mayo en el Senado. Entre el 3 y el 9 de mayo se pueden presentar las impugnaciones. Paulucci hijo acumula más de 50.

 

Macri y Buenos Aires offshore

 

Mauricio Macri quiso que la ciudad de Buenos Aires se transformara en un paraíso fiscal. Fue en 2008, mientras era Jefe de Gobierno. Logró frenarlo Alejandra Gils Carbó,  por entonces Fiscal General General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. A pocas semanas de la asunción de Macri como presidente la causa tuvo novedades, mientras se revelan motivos de la embestida contra Gils Carbó.

El proyecto de convertir a Buenos Aires en un lugar amigable para las sociedades extranjeras se plasmó en la ley 2.875, sancionada por la legislatura porteña el 9 de octubre de 2008. Esta ley creaba un “Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas” que tendría entre sus competencias la “fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, el registro y control de las sociedades extranjeras. El 2 de febrero de 2009 Gils Carbó presentó una medida cautelar ya que esta ley infringía varias normas, incluida la Constitución.

En los hechos, este nuevo organismo creado por Macri duplicaba las funciones de la Inspección General de Justicia (IJG), el organismo cuya función es registrar y fiscalizar las sociedades tanto nacionales como extranjeras. Macri predentía que existiera un doble registro, donde las sociedades pudieran optar en cuál inscribirse. La clave estaba en los requisitos y controles: en la ciudad ambos serían mucho más laxos. La posición de Gils Carbó fue contundente: “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de las sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”. La cuestión era clara. Los beneficiarios también.

A todo esto, en 2003 la IGJ había creado un nuevo “Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero” para mejorar el control sobre operaciones de fraude impositivo en las que se utilizan sociedades offshore. En su presentación, Gils Carbó relata: “Hasta entonces, era una práctica tolerada que un sector privilegiado de ciudadanos argentinos ocultara sus ganancias y sus bienes de la acción del fisco, de los derechos del cónyuge, de los trabajadores y de los acreedores por cualquier otra causa, registrando sus propiedades a nombre de una sociedad extranjera offshore. También es el sistema que se utiliza para esconder el producido de actividades ilegales y delictivas provenientes de la corrupción pública y privada. (…) esta clase de sociedades pantalla permite ocultar al verdadero titular del patrimonio gracias a un régimen de confidencialidad ofrecido por los centros offshore”.  Es decir, Macri no solo pretendía quitarle la función a la IGJ, sino permitir que las sociedades extranjeras evitaran este registro. Siguiendo el argumento de Gils Carbó, la fiscal aseguró que, de constituirse el nuevo organismo que pretendía Macri, “los grandes evasores podrán acudir al nuevo registro societario simplificado para eludir el Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero y otras reglamentaciones que dictó la Inspección General de Justicia nacional en defensa de la equidad fiscal, la transparencia y los derechos de terceros”.

Pero, además, Gils Carbó plantea en su escrito que la ley 2.875 es inconstitucional porque incumple los artículos 31 y 129 de la Constitución (al sobrepasar las facultades de la ciudad), así como ignora las leyes nacionales 24.558 (que garantiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires) y 22.315 (que establece competencias de la IGJ). En su presentación, Gils Carbó asegura que la iniciativa de Macri  “pretende traspasar a la ciudad de Buenos Aires materias de interés nacional que conciernen a la protección de la soberanía, como lo es el registro y control de las sociedades extranjeras”. Y, por si fuera poco, la decisión de Macri va a contramano del mundo: “Vale decir, mientras todo el resto de los países avanzados se orienta hacia un nuevo proteccionismo y a un perfeccionamiento de las regulaciones del mercado, la Ciudad de Buenos Aires viene contra la corriente seduciendo a las sociedades con trámites sencillos y simplificados”, sentenció Gils Carbó.

La anulación de la transparencia y demás beneficios impositivos que rigen en los paraísos fiscales generan consecuencias en los países en materia de recaudación impositiva y planificación estatal en base a la misma. Gils Carbó lo resume así:  “La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de la utilización de sociedades extranjeras offshore. Ello beneficia directamente la actividad de los paraísos fiscales obstruyendo cualquier planificación fiscal basada en la equidad, además, protege las actividades delictivas. La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”. Este era el plan de Macri, frenado por Gils Carbó, pero que puede reimpulsarse.

Como en la causa en la que estuvo procesado por escuchas ilegales, Macri logró una medida judicial favorable al poco de asumir la presidencia. La jueza Macarena Marra Giménez anuló la cautelar que impedía que Buenos Aires se transforme en un lugar ventajoso para sociedades opacas. El argumento: la falta de legitimación de Gils Carbó. La nueva fiscal de la causa, Gabriela Boquín, apeló la resolución de la jueza Marra Giménez.  La causa puede llegar a la Corte Suprema.

A todo esto se suma la cooptación de los organismos públicos que se ocupan de investigar lavado de dinero. Es el caso de la Unidad de Información Financiera (UIF), donde Macri designó a todas personas vinculadas al Estudio Marteau, reconocido por ser justamente el buffete al cual acuden las empresas denunciadas por lavado de dinero. Macri nombró a Mariano Federici, vinculado a Marteau y al FMI, al frente de la UIF. A su lado, como vicepresidenta del organismo, asumió Maria Eugenia Talerico, abogada del HSBC, el banco responsable de la fuga y el ocultamiento de millones de dólares en Suiza. Junto con ellos llegó a la UIF Celeste Plee, que trabajó hasta ese momento en el estudio Marteau, y es hija del fiscal Raúl Plee, durante años a cargo de la unidad fiscal antilavado en la que no obtuvo casi resultados. Para cerrar el círculo, Macri le quitó funciones a la UIF y las derivó en un nuevo programa del Ministerio de Justicia a cargo del mismo Juan Félix Marteau.

En este marco se comprende la embestida en campaña y luego de asumido Macri contra la Procuradora Gils Carbó. Mientras Macri es imputado por su participación en sociedades off shore en Panamá que no figuran en sus declaraciones juradas, su ministro de Justicia Germán Garavano presenta un proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal para recortarle la mayoría de las funciones a Gils Carbó y lograr un control político del organismo, anulando su independencia y violando la Constitución.

4 momentos del Abastecimiento

Cuatro momentos.

1) 24 de junio de 1974, Perón promulga la Ley de Abastecimiento 20.680

Su artículo 2 inciso a) decía: “Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, precios máximos y/o márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de los precios en los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores”

2) 1977, Rodolfo Walsh relata en su Carta Abierta a la Junta Militar

Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: “Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”

3) 1 de noviembre de 1991, Menem firma el decreto de Desregulación Económica que suspende la ley de Abastecimiento

Clarín titula: “Profundizan la libertad económica”. En la bajada, afirman: “En busca de reducir el ‘costo argentino’ el Estado renuncia a regulaciones en la economía”

Al día siguiente, titula: “Desregulación. Positiva reacción de los mercados”

4) 18 de septiembre de 2014, CFK promulga Ley de Nueva Regulacion de las Relaciones de Producción y Consumo N° 26.991

Su artículo 2 inciso a) dice: “Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas”

El presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, dice:  “Esto es el exprópiese de Chávez”, “Todas las cámaras empresarias están en contra de esta ley por eso, porque perjudica al de la industria, a la de la construcción, al del servicio, a cualquier persona que tenga una actividad económica. Es gravísimo y es de efectos insospechables”

 

Tapa de Clarín del 1 de noviembre de 1991, tras el decreto de Menem

Encuentro de Medios Públicos de América Latina

comparto esta carta firmada en el MICSUR

Encuentro de Medios Públicos de América Latina

Carta de Intención
Los medios – radio y televisoras – de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, reunidas en Mar del Plata, del 15 al 16 de mayo de 2014, manifiestan su compromiso de:

1) Defender la comunicación como un derecho humano fundamental para las democracias de nuestros países.

2) Ratificar de manera irrenunciable la defensa de la libertad, la autodeterminación de nuestros pueblos, la preservación de América Latina como región de paz, y rechazar cualquier intento de desestabilización promovido por las corporaciones mediáticas, económicas o militares, en contra de nuestras democracias.

3) Ratificar la idea de que los medios públicos y/o privados tienen una responsabilidad social indelegable en comunicar en forma veraz por prestar un servicio público a sus pueblos.

4) Promover la diversidad cultural, la memoria de la historia de cada país y de nuestros pueblos originarios, difundir y compartir los conocimientos y los saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus identidades.

5) Reafirmar desde la comunicación pública la soberanía de nuestros pueblos respecto de la conservación, gestión y defensa de sus recursos naturales por el bien de la vida actual y futura.

6) Promover la comunicación conjunta de los medios públicos de la región en la lucha contra la manipulación de la información.

7) Impulsar la construcción de un modelo propio de comunicación pública para América Latina que actúe por la paz y en defensa de la humanidad.

8) Destacar la importancia de compartir nuestras experiencias en la generación de marcos normativos para la comunicación democrática.

9) Asumir en conjunto el desafío al que se enfrentan los medios públicos de la región, en este momento histórico, para crear contenidos innovadores, gratuitos e interactivos de calidad y que experimenten nuevos lenguajes y estéticas.

10) Generar una plataforma comunicacional en red donde se puedan compartir los contenidos producidos en los medios públicos de la región, intercambiar saberes, experiencias y desarrollar proyectos conjuntos.

11) Constituir un equipo de coordinación para trabajar como bloque regional en derechos de transmisión de acciones deportivas.

12) Construir iniciativas de capacitación como forma de garantizar una mejor calidad de los contenidos y los formatos de nuestros contenidos multiplataforma.

13) Promover la creación de un sistema de entidad regional para el estudio, medición y análisis del comportamiento de las audiencias.

14) Comunicar a entidades como Unasur y Celac la existencia y las acciones de los medios públicos de la región.

15) Valorar y auspiciar todos los espacios de encuentro de nuestros medios públicos.

Mar del Plata. Argentina. 16 de mayo de 2014

¿Que te pasha Clarín? ¿Te estash adecuando?

El Grupo Clarín publicó un comunicado donde adelanta quienes serán los controlantes de 2 de las 6 unidades en las que se divide según su plan de adecuación aprobado por la AFSCA.

Algunos apuntes rápidos y sin ánimo de exhaustividad, para tener en cuenta:

1. La estructura audiovisual del Grupo Clarín, según su plan de adecuación, se divide en 6 unidades. Presentaron propuesta de accionistas de la 1 y 2. Faltan las restantes, para las cuales están dentro de los plazos de adecuación.

2. Según Clarín, la unidad 1 quedará en manos de José Aranda y Lucio Pagliaro, ambos dueños de un 14% de acciones de GC Dominio, controlante del Grupo Clarín. La unidad 2 quedará para Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, que tienen un 35,5% y 35,3% cada uno. Aclaran que los accionistas minoritarios tendrán participación en ambas compañías, pero no especifican como.

3. La unidad 1 contiene los medios audiovisuales vinculados a la política editorial del grupo: Canal 13, TN, Radio Mitre. También suma Canal 12 de Córdoba, Canal 6 de Bariloche, FM 100, AM 810 y 102.9 de Córdoba, FM 100.3 de Mendoza y 24 licencias de Cablevisión donde no exista incompatibilidad con la TV abierta.

4. Además de Canal 13, TN y Radio Mitre, el comunicado afirma que “sumarán los medios no alcanzados por la ley de servicios de comunicación audiovisual”. Esto es, el diario Clarín, lo que reafirma la condición de unidad editorial.

5. Al punto anterior habría que sumarle CIMECO, otra compañía que Clarín comparte con La Nación y que controla los diarios Los Andes de Mendoza y La Voz del Interior de Córdoba.

6. La unidad 1 queda, no sólo sólida en términos económicos, sino claramente como la “unidad política”.

7. La presencia de Aranda, uno de los principales arroceros del país, refuerza el vínculo ideológico de la “unidad política” con la Mesa de Enlace. Entiendo que en esta unidad queda también Expoagro, otro negocio Clarín-La Nación.

8. La unidad 2 se queda con la mayor parte de las operaciones de Cablevisión y Fibertel. O sea, es la más importante en términos económicos.

9. Otra incógnita es el 40% del paquete accionario de Cablevisión que tiene el mexicano David Martínez a través de Fintech, ya que la compra de la mayoría accionaria de Telecom le genera incompatibilidad con la prestación de servicio audiovisual.

10. Sorprende que Magnetto se aleje, al menos en lo corporativo empresarial, de los medios políticos. Esto dispara muchas interpretaciones. Una posible, que se quedó con la mayor porción económica para financiar nuevos emprendimientos comunicacionales.

11. Sumo a lo anterior que, con esta división, Magnetto queda afuera de la conducción editorial del grupo, el diario Clarín. La estructura operativa periodística del diario no tiene parangón, y es la nave insignia editorial de todo el grupo. Nada impedirá que los medios, más allá de quienes sean sus dueños, sigan la agenda del diario Clarín, pero, en la práctica, Magnetto no podría determinar esa línea editorial, que queda en manos de Aranda y Pagliaro.

12. Otra que queda afuera del diario Clarín es Ernestina, torciendo la voluntad del fundador, Roberto Noble, de que quedara en familia. Ernestina controló el diario desde 1969, cuando falleció Noble, gracias a su alianza con Rogelio Frigerio y el desarrollismo, de donde proviene Magnetto.

13. Las acciones del Grupo Clarín en las Bolsas de Buenos Aires y Londres, que se habían desplomado tras la declaración de constitucionalidad de la LSCA por parte de la Corte Suprema, ya se recuperaron a valores similares a los de noviembre de 2013.

14. El 16 de abril el Grupo Clarín presentó una nota en la AFSCA para pedir que le suspendan o prorroguen los plazos de adecuación, que son de 180 días corridos que corren a partir del 18 de febrero, cuando se aprobó el plan. Aún no hubo respuesta de la AFSCA. Si mis cálculos están correctos, esto vence el 17 de agosto. Dias más, dias menos, pero cae cerca del 28 de agosto, que es el cumpleaños 69 de Clarín.

15. Tanto en el pedido de prórroga como en el comunicado el Grupo Clarín insisten en que el Estado demora presentaciones y solicitudes que presentaron, especialmente vinculadas a la aprobación de la fusión Cablevisión-Multicanal.

16. Resta saber, entre otras cuestiones no menores, quien se queda con el 49% de participación accionaria en Papel Prensa.

17. Otra cuestión relevante es donde quedará la participación accionaria del Estado, que es del 9%.

 

La historia del Grupo Clarín es compleja. A partir de su adecuación, será otra.

En Clarin no, pero en La Nacion….

Debatíamos con Nicolás Tereschuk sobre las potencialidades del dispositivo virtual de acceso a Declaraciones Juradas en el diario La Nación.

Vale, de pronto, la iniciativa.  En sintonía con uno de los proyectos de reforma judicial, se puede acceder a un interesante número de DDJJ de funcionarios de los 3 poderes del 2011 (no las de 2012).

De movida, lo más novedoso es acceder a las DDJJ de los jueces, siempre mucho menos accesibles, y, también siempre, exceptuando a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Pero algo es algo, y un recorrido rápido ya tiró un dato curioso.

De los 3 jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que fallaron a favor de Clarín en la causa por los artículos nodales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hay 2 que “eligieron” no presentarla.

La fórmula que utilizaron es cada caso fue:

Ricardo Guarinoni, a simple nota el 31 de mayo a la Corte, sostiene: “no se han producido cambios en mi patrimonio respecto de mi declaración jurada del año próximo pasado”

Francisco de las Carreras, descendiente de un homónimo que fue presidente de la 1ra Corte Suprema de nuestra historia (¿familia judicial?) y denunciado por dádivas por parte de fundaciones ligadas al Grupo Clarin, recién envió una nota el 1 de octubre de 2012, dirigida al Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, con el fin de comunicarle que “su declaración jurada no ha experimentado variaciones sustanciales con respecto a la presentada el año anterior”

Lo de “variaciones sustanciales” queda, así, a consideración del propio juez. Tampoco fue sustancial su viaje a Miami pagado por Certal.

Esto se lee en La Nación. En Clarín, no.

 

 

Amicus son los Amicus

El presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti dará una charla sobre “Justicia, Comunicación y Medios” en la Universidad de San Andrés.

La cosa será entre Amicus.

Es que la Universidad de San Andrés aportó dos de los Amicus de Clarín en las audiencias públicas convocadas por la Corte por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Uno es Lucas Grosman, doctor en derecho por la Universidad de Yale, que trató de fundamentar la posición dominante de Clarín resumida en la frase “el tamaño si importa“.

El otro es el semiólogo Eliseo Verón, con un desempaño que decepcionó a varios, teniendo en cuenta su extensa producción intelectual vinculada al tema medios.

Estos Amicus  son fruto de una antigua relación entre Clarín y la Universidad de San Andrés. Este vínculo se corporiza en la Maestría en Periodismo que ofrece la universidad, dirigido por Clarín. En la descripción de la Maestría afirman:  “En este programa de posgrado la Universidad de San Andrés y el Grupo Clarín unieron sus esfuerzos y sus saberes para generar un espacio de excelencia profesional y académica; un aporte al crecimiento del periodismo argentino en rigor y profundidad, que llegue a todos los sectores de la sociedad; una oportunidad para insertarse en el mundo global“.

Los nombres, como de costumbre, se repiten. Como director de la Maestría en Periodismo Clarín figura el mismo Eliseo Verón, uno de los Amicus. Los que integran el Consejo Asesor, entre otros, son Martin Echevers, Gerente de Relaciones Externas del Grupo Clarín, y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín.

Sacar conclusiones es apresurado. Pero vale plantear interrogantes.

“Justicia, Comunicación y Medios”, el título de la charla que encabezará Lorenzetti, son los ejes que atraviesan la discusión actual por la constitucionalidad de algunos artículos de la ley de medios judicializados por Clarín hace cuatro años.  Cuestión sobre la que Lorenzetti tiene que fallar y es poco probable que lo haga antes de dar la charla.

¿Cómo se justifica, entonces, su presencia en esta actividad?

¿Libertad de expresión?

Un video sobre Libertad de Expresión promomocionado por la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, da para largo debate.

Veanlo y abajo algunos puntos a considerar.

http://www.youtube.com/watch?v=bFVJSJdYuRA

Notas breves, a las apuradas:

1) Si bien el video habla de Libertad de Expresión, en ningún momento (en ninguno) nombra a los medios de comunicación. La operación consiste en vincular Libertad de Expresión en abstracto a un derecho de todos, cuando lo monopolizan unos pocos. Pero esos pocos operan para confundir su interés individual con un interés colectivo.

2) La SIP, que promociona el video, reúne a empresarios dueños de esos medios.

3) Las tipologías que aparecen en el video reproducen la idea de que el periodismo sólo debe controlar a los Gobiernos. Subyace asi la idea de que cuando los Gobiernos quieren desmonopolizar los mercados de comunicación y democratizarlos, lo que en realidad buscan es protegerse y silenciar la autodenominadad “prensa libre”.

4) Tipologías que aparecen en el video como personajes

– Rufián Albeiro Moanolarga – Doctor de la república: simula un presidente con corbata a símbolos de $, que no quiere que los periodistas revisen lo que hace con el dinero público

– Orlando Tuffo – Concejal diletante: simula un concejal borracho que quiere que sus desbordes no aparezcan en los diarios

– Alias Morronga – Polémico empresario: simula empresarios amigos del poder.

5) Hay una secuencia que revela, sin quererlo, el rol de los medios (que, insisto, no se los nombra en ningun momento). Secuencia: una señora lee un diario con el título “Corrupto”.Se indigna. Luego, vota. Y así, gracias a la supuesta Libertad de Expresión (de los medios que publican quien es o no corrupto e, insisto, no aparecen en todo el video), sabe a quien votar.

6) Textual: “Ni el Gobierno ni nadie puede impedir la publicación de algo, así sea mentira”. Así, desdibuja la crítica a la censura y legitima las operaciones mediáticas sin fuentes, chequeos e información tergiversada.

7) Insisto: no menciona a los medios. Reitera que los ciudadanos tienen que exigirle al Estado que garantice el derecho a expresarse, pero no el derecho a una información veraz.

 

En las vísperas….”Clarin. Un invento argentino”

En vísperas de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para agendar:

QUE? Proyección de capítulos de la serie CLARIN UN INVENTO ARGENTINO y debate

ACA EL TRAILER

QUIEN? En el debate estarán

De Titulares y Suplentes

CFK pateó la pelota y el partido sigue.

Siguiendo la metáfora futbolera, hay varios equipos que juegan este campeonato donde el trofeo es, hay que decirlo, sólo un medio.

Acá, la formación de los 11 titulares de la Asociación Empresaria Argentina Fútbol Clú:

1 – Campos, Jaime
2 – Pagani, Luis A. (Arcor)
3 – Rocca, Paolo (Orcganización Techint)
4 – Magnetto, Héctor H. (Grupo Clarín) – capitán
5 – Bagó, Sebastián (Laboratorios Bagó)
6 – Miguens, Carlos J. (Grupo Miguens)
7 – Roggio, Aldo B. (Grupo Roggio)
8 – Cartellone, José G. (José Cartellone Construcciones Civiles)
9 – Coto, Alfredo (Coto)
10 – Pescarmona, Enrique (IMPSA)
11 – Rattazzi, Cristiano (Fiat Argentina)

 

15 apostillas de las PASO

Pasando en limpio:

1) Ayer no se eligió nada, pero contaremos los guarismos como si fueran definitivos. Y tomando los datos para Diputados Nacionales.

2) El FPV+aliados ganaron en 9 de 24 provincias+CABA. Salió de 2do para abajo en 15. FPV ganó en Chaco (46,3%), Entre Ríos (43,29%), Formosa (53,6%), La Pampa (PJ, 49,98%), Rio Negro (42,47%), Tucumán (45,75%), Tierra del Fuego (22%), Jujuy (32,83%) y Salta (FPS, 19,67%).

3) A pesar del punto 2), el FPV no sólo mantuvo los 38 diputados y 10 senadores que ponía en juego, sino que sumó 1 diputado.

4) El punto anterior se explica porque el FPV es la única fuerza organizada a nivel nacional que compitió como tal. Salió de 2do en 9 provincias: Buenos Aires (Frente Renovador, 35%), Catamarca (Frente Cívico y Social, 37,7%), Chubut (Partido de Acción Chubutense, 46,6%), La Rioja (Fuerza Cívica Riojana, 41,42%), Corrientes (Encuentro por Corrientes, 47,69%), Mendoza (UCR, 44%), Neuquén (MPN, 54,54%), San Juan (Compromiso Federal, 42,54%), Santa Cruz (Unión para vivir mejor, 44,54%). Quedó 3ro en 4 provincias: 3ro en CABA (UNEN, 32%), San Luis (Compromiso Federal, 49%), Santa Fé (FPCyS, 41%) y Santiago del Estero (Frente Cívico por Santiago, 70,48%). Y 4to en 2: 4to en Córdoba (Unión por Córdoba, 30%), Misiones (Frente Renovador de la Concordia, 36,64%),

5) A pesar de que muchos de sus precandidatos fueron en internas, la UCR es la gran perdedora de la jornada. De los 25 diputados que pone en juego, renueva 9 y monedas. De los 4 senadores, sólo 1.

6) Otro perdedor es el PRO. Una merma importante de votos en la CABA, y consigue 5 de 8 diputados que ponía en juego.

7) El Frente Renovador de Massa es la novedad. Si repite en octubre, se lleva 14 diputados. Si los mantiene como bloque, será la 4ta minoría del Congreso, pero su heterogeneidad pone en duda que se sostengan todos en un mismo bloque.

8) Massa ganó cómodo la 1ra sección, no tanto la 2da, perdió la 3ra y volvió a ganar en la 4ta, perdió la 5ta y 6ta y ganó la 7ma.

9) De los grandes distritos, Massa ganó en las intendencias cantadas, como San Isidro (52%), San Fernando (58%), Tigre (63,9%), Almirante Brown (40%). Y en otras sorpresivas, como Avellaneda (35,6%), Hurlingham (41,3%), Lanús (37,1%), Ituzaingó (35%), Moreno (37,5%), Morón (37,3%), Tres de febrero (41,4%) y La Plata (26,2%).

10) La cosa estuvo peleada y ganó Massa en José C Paz (38,3 a 37,3%) y La Plata (26,2 a 24,5%). Otras que estuvieron parejas y ganó Insaurralde fueron Merlo (27,3 a 37,1%) y Quilmes (33,8 a 31,5%)

11) Insaurralde sacó ventaja en la 3ra, 5ta y 6ta sección. Se impuso en Florencio Varela (42,4%), Ezeiza (39,8%), Lomas de Zamora (47,8%) y La Matanza (41%).

12) Interesante elección del FIT y otras variantes de izquierda en Rio Negro (6,28%), Buenos Aires (3,95%), CABA (3,67%), Jujuy (8,9%), Santa Cruz (7,86%), Mendoza (7,61%), Neuquen (6,65%).

13) De los “milagros”, ergo, compiten en octubre, se cumplieron en la CABA Jorge Altamira (4,18%), Luis Zamora (3,3%) e Itai Hagman (2,17%). En provincia, repite el FIT con Néstor Pitrola (3,95%).

14) Quedaron fuera de competencia, entre otros, Domingo Cavallo (1,28%).

15) El titular de la bancada de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, se quedó afuera de la competencia dentro de UNEN, ya que no alcanzó el 22% previsto para el reparto proporcional dentro de la interna.

Las corporaciones: el sujeto tácito del PRO

“GRACIAS BUENOS AIRES, ACA TAMBIÉN LOS FRENAMOS”. La ciudad amaneció con esta esta frase estampada en carteles anónimos. El destinatario es claro. Pero el anonimato de los carteles habilita, al menos, una pregunta: ¿quién o quienes son los que agradecen?

Que haya sido el PRO, en la indudable eficacia de su estrategia comunicacional, es dudoso. Ni siquiera es amarillo el cartel.

Pero, entonces, ¿quien fue?

Repregunto: ¿importa quien fue, o más bien quien es el sujeto tácito, el enunciador que no se nombra, pero que es,  en definitiva, el que quiere frenar al kircherismo (o, más bien, lo que una parte del kirchnerismo represnta)?

Para pensarlo, hay que analizar el ballotage y sus repercusiones. De la contundencia del triunfo de Macri no se puede dudar. Pero otro será el espacio para analizar los aciertos (que los hay) y desaciertos (que también los hay) del kirchnerismo porteño.

De lo que sí se puede dudar es de las virtuales proyecciones que arroja esta elección. Desandar este camino puede ayudar a entender quienes son los “agradecidos” detrás de los carteles.

Los medios hegemónicos, en sus notas y editoriales (que, a esta altura, lo mismo dan), se esfuerzan en proyectar la elección porteña a un escenario nacional, con el PRO y Macri como protagonistas. Se olvidan de varios datos. De las 8 elecciones provinciales de este año, el PRO sólo se presentó en 4, de las cuales perdió 3 (Salta, Santa Fé y Neuquén) y ganó en una, la de ayer en la ciudad de Buenos Aires. El PRO (recordemos, Propuesta Republicana) es, en esencia, un partido vecinalista. Tiene personería jurídica nacional desde el 3 de junio de 2010, pero no existe aún en 5 provincias (Chubut, Formosa, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz). Y, como bien recuerda Wainfeld en su nota de hoy en Página 12, los partidos vecinalistas o provinciales, como el Movimiento Popular Neuquino y el bloquismo en San Juan, nunca han trascendido sus fronteras. Similar es el caso del sabbatelismo, que se plantea trascender la frontera de Morón en el intrincado terreno de la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que, además de esta realidad, la oposición carece de candidato para enfrentar al kirchnerismo no sólo en el 2011 sino, también, en el 2015. Y, así como hace un par de años intentaron inflar a Cobos (entre otras cosas, encuestas mediante) como candidato, los próximos 4 años serán para instalar a Macri.

Un correligionario de Cobos, el senador Ernesto Sanz, dijo hace unos meses, una frase más o menos así: “Cristina no construye un proyecto de país, sino que construye poder”. Coincido, pero no con los argumentos de Sanz, si es que los tiene.

Cristina construye poder. Claro. Debe hacerlo. ¿Por que? Porque quien no tiene poder, quien no hereda un poder viciado de origen, debe construirlo. Me explico. Son los poderes de las corporaciones mediáticas, financieras, agropecuarias, etc., los que son permanentes. Son, las corporaciones, estas corporaciones, los principales obstáculos para la profundización de la democracia. Son las corporaciones que representan los Blaquier, los Aranda, los Herrera de Noble, los Rocca, y los apellidos siguen.  El poder político es efímero, plebiscitario, los gobernantes son inquilinos del poder del Estado, bombardeado (a veces literalmente) por el poder corporativo. Los gobernantes surgidos de movimientos populares deben construir poder para poder pensar en concretar un proyecto de país. Y, esta altura, sostenter que Cristina no tiene un proyecto de país es, en el más benévolo de los calificativos, infantil.

En Clarín de hoy queda al descubierto, además, la vocería de estas corporaciones. En una nota sin firma, titulan: “Los empresarios lo vieron como una advertencia al Gobierno”. Las fuentes de este título, sin embargo, se citan “en riguroso off the record”, cobarde eufemismo para encubrir la inexistencia de esas fuentes. Pero lo más interesante es la editorial del mismo diario, firmada, ahora sí, por su editor general, Ricardo Kirschbaum. Dice ahí: “el masivo voto a Macri fue también un enérgico llamado de atención a la Casa Rosada”. Ante la coincidencia de argumentos, vale preguntarse: Kirschbaum, ¿está realizando un análisis político como periodista, o simplemente oficia de vocero de la empresa en la que trabaja? En este último caso, ¿no llama la atención que los supuestos empresarios en “riguroso off the record” opinen lo mismo que Clarín? ¿Como puede pensarse ese vínculo entre las corporaciones económicas y el principal diario del país que es, a su vez, una de estas corporaciones?

“GRACIAS BUENOS AIRES, ACA TAMBIÉN LOS FRENAMOS”, dicen los carteles en la ciudad. Y las que agradecen no son otras que estas corporaciones. Son aquellas durante décadas han tenido el Estado a su servicio, fuera cuando era gestionado por civiles o saqueado por alianzas cívico-militares.

A no engañarse: el sujeto tácito del PRO, de Macri, son las corporaciones. Son las que saben que Macri es uno de ellos. Uno de los que ha hecho negocios a costa del Estado. Uno de los primeros de ellos que logra acceder al gobierno por el voto, y no por las bayonetas o el lobby sobre los nombramientos. Las que lo utilizarán a él, uno de sus niños mimados, al que vieron crecer, en el que, por conveniencia o intuición, confían.

A no errar el enemigo: fue, es y será siempre el mismo.

 

La vara: ¿distinta o desfigurada?

Ayer, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que apunta a la normalización del INDEC en un plazo de 150 días. No es extraño: hace tiempo que la situación en el INDEC da lugar a profundos debates, acusaciones y conflictos que deben, en algún momento, saldarse. Lo extraño es, sí, el tratamiento mediático de la noticia. Para Clarín y La Nación, la noticia mereció el título de tapa. Lo interesante es la categoría que dan a la votación. Clarín sostuvo: “La votación fue abrumadora: 39 a 26, y una abstención”. Por su parte, La Nación afirmó que “Se aprobó por amplia mayoría el proyecto que busca normalizar las estadísticas”. Hay algo cierto. El proyecto tiene media sanción. Pero los adjetivos distan de ser, por lo menos, correctos periodísticamente. Un solo ejemplo basta: la ley de medios de la democracia. El 10 de octubre de 2009, el Senado dio sanción definitiva al proyecto de ley de medios por 44 votos a favor y 24 en contra. Primero: fue sanción definitiva, una instancia de mucha mayor importancia que la media sanción. Pero el tratamiento que le dieron los mismos medios a la diferencia de votos fue distinta. En la madrugada de ese día, Clarín (¿des?) informó que “El Senado aprobó la ley de medios del Kirchnerismo”, sembrando dudas por “el escándalo por el canje de votos flotando en el aire”. La Nación afirmó: “El kirchnerismo logró sancionar la norma con 44 votos a favor y 24 en contra”. Los 44 votos en el Senado representan el 61 por ciento de los votos, casi los 2/3 de la cámara. Entonces, si para Clarín la votación de 39 a 26 fue abrumadora, y para La Nación fue por amplia mayoría, ¿qué adjetivo le cabe a la de la ley de medios de la democracia, que fue 44 a 24?

Clarin, La Nacion y Martinez de Hoz

Desde que salio el nuevo diario Tiempo Argentino, hacía varios días que no leía ni Clarín ni La Nación. No se porque reincidí, ya que me costó un mal trago en el desayuno.

Hoy, Clarín y La Nación, publicaron una solicitada de los hijos de Martínez de Hoz. Sostienen que la medida del juez Oyharbide es ilegal, que su padre tiene derecho a arresto domiciliario, y que ya fue juzgado por el caso Gutheim. Dicen que esto “consituye un precedente de enorme gravedad para todos los ciudadanos que trasciende el caso de Martínez de Hoz”. Y, para cerrar, el último párrafo agrega: “Lo sucedido es el resultado de una persistente política de odio y persecución del gobierno de los Kirchner. Es también el resultado de la degradación de las instituciones y de haberse sometido a la mayoría de los jueces por el temor que generan los ataques y amenazas públicas que sufren a diario por el Poder Ejecutivo, sin ser respaldados por la Corte Suprema”.

El cinismo es inmenso.

No se puede opinar sobre la salud. Para eso están los médicos. Pero sí, que el recurso del anciano que, cuando la justicia avanza, casualmente se enferma de gravedad, es algo conocido. Por citar sólo un caso, Massera hace rato que le escapa a los jueces con estos artilugios. Ojala que Martínez de Hoz se recupere y viva muchos años más. Así tendremos la oportunidad de juzgarlo.

Sobre los crímenes que se le imputan, habría que recordarles a sus hijos que son crímenes de lesa humanidad, no prescriben ni se ajustan a los mismos procedimientos que un crímen común.

Martínez de Hoz es el responsable de llevar adelante la alianza cívico-militar que reformateó la matriz económica de este país, que, como advirtió Walsh, tenía como objetivo desterrar a la miseria planificada a millones y millones de argentinos. MISERIA PLANIFICADA. Eso es un crímen económico de lesa humanidad, iniciado el 2 de abril de 1976, perpetuado durante la noche dictatorial a través del terror físico, y perfeccionado por la década infame del menemato a través del terror a la desocupación. El propio Martínez de Hoz reconoció en un documental que la política menemista tenía los mismo fundamentos que la que habían aplicado durante la dictadura.

Llama la atención el espacio que le otorgan los 2 diarios más grandes del país. Media página para una solicitada. ¿Cuanto cuesta eso? ¿O se lo donaron?

¿Kirchner cerro Crítica?

Leo ayer una editorial de La Nación. El título ya era sospechoso. Decía: “El oficialismo y el cierre de Crítica” (el link, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1263352) . Sospechoso pero efectivo, porque fue lo primero que leí.

Primera duda: ¿no va firmada la editorial? Raro, siendo una nota de opinión, que no lleve firma.

Segundo: La tesis inicial es fantástica:  el reclamo por los pagos adeudados de salarios que el dueño del diario, Antonio Mata, les debe a los empleados, no es el problema. El conflicto es producto de la falta de pauta oficial y de la supuesta presión de funcionarios a empresas para que no pongan publicidad en ese diario.

Que poca memoria. Sera que no quieren decir que Antonio Mata fue uno de los encargados del vaciamiento de Aerolíneas durante la gestión Marsans. Será que no quieren decir que Mata fue uno de los principales lobbistas para impedir la reestatización de Aerolíneas. Sera que no quieren decir que todos los días, a página completa, Crítica poníe publicidad de AirPampa, empresa que quería crear Mata para quedarse con las rutas de Aerolineas. (Para más datos de Mata, un trabajito del equipo de Investigación Nacional en este link: http://www.radionacional.com.ar/audios/investigacion-nacional-antonio-mata.html)

Los “varios escándalos del kirchnerismo” que denunció Crítica eran todos apuntados contra Aerolíneas, gracias a la información que Mata obtiene de informantes que aún trabajan en la empresa y que quedan de la gestión de Marsans (y que dan información de una empresa pública sin el debido pedido de autorización…….)

Tercero: Lección de periodismo. Las fuentes se citan con nombre, apellido y cargo.

Cuarto: Vale citar un párrafo entero de la editorial para analizarlo: “A lo largo de sus años en el poder, el kirchnerismo se ha cebado en su propia impunidad y ya no disimula sus ataques contra la Justicia y el periodismo independientes. Así, por ejemplo, ha convertido a Radio Nacional en una caja para pagar a comunicadores extremadamente allegados al Gobierno, que también se desempeñan en medios privados, y no ha dudado en fomentar escraches y otros ataques a periodistas. El incendio del automóvil de una periodista muy crítica del oficialismo, que trabaja en Santa Cruz, es un hecho tan preocupante como el silencio oficial ante semejante hecho.”

Como dijo Jack, vamos por partes. Los “ataques contra la Justicia”, ¿se estará refiriendo al saneamiento de la Corte Suprema, o a las denuncias contra jueces que, como los de la Cámara Federal de Mendoza, están implicados en encumbrimiento de crímenes de lesa humanidad y pretenden frenar una ley democrática utilizando toda clase de maniobras ilegales?

Los  “ataques contra el periodismo independiente”, ¿se referirá a que pro primera vez la pluralidad de voces logra crear una fisura en el muro monopólico y demostrar su construcción ficticia e hipócritamente objetiva de la información”.

Con respecto a Radio Nacional, ¿hará alusión a que la radio pública pidió entrevistas a los dirigentes de todo el arco político, y también a dirigentes empresariales, rurales, religiosos, para hacerles entrevistas de fondo sobre como piensan la Argentina y darles espacio en la radio pública y ninguno aceptó ser entrevistado por los periodistas públicos? (con la excepción de Luis Juez y Fabiana Ríos)

El “fomento de escraches y otros ataques a periodistas”, ¿no es una denuncia muy grave como para no firmarla, o la firma el medio en el que está publicada?. Además, ¿llaman ataques también a lo que hizo Clarín con Liliana López Forresi, y lo que hace hoy de no permitir la libertad sindical dentro de sus empresas, a tal punto que los trabajadores tuvieron que hacer una Asamblea fuera del edificio? ¿O se referirá a las sistemáticas purgas de periodistas, la última de ellas que despidió a decenas de periodistas?

Por último, pero no por eso menos importante: ¿realmente quieren hacer creer que la pauta oficial tiene incidencia en los ingresos de los grandes medios de comunicación? Simple ejercicio: abran cualquier diario de tirada nacional, prendan cualquier canal de televisión, escuchen cualquier radio. ¿cuanta publicidad oficial hay? La gran torta publicitaria es privada. Sin embargo, es interesante la denuncia, porque ponen al descubierto uno de sus grandes mecanismos de censura. No sólo en esos medios esta prohibido publicar notas que perjudiquen a ciertos anunciantes, sino que durante años la presión a través de las empresas anunciantes permitió que, si alguna empresa monopólica no quería que un periodista trabajara en otro medio, ese fuera el mecanismo para impedirlo.

¿El oficialismo y el cierre de Crítica, o los empresarios golondrina y sus aliados desechando una empresa que ya no les sirve?

¿De que miedo hablan?

Parecería que no sigo la agenda pública. Pero en realidad sí. Porque la agenda pública está determinada por quienes tienen la posibilidad de hacerla pública. Para hacerla pública, necesitan medios radiales, televisivos, gráficos. Y estos medios necesitan trabajadores, periodistas, fotógrafos, diseñadores.  Pero, en especial, periodistas. Y es el rol del periodismo, histórica vaca sagrada, el que está en debate subrepticio estos días. Los temas del día tienen que ver con el debate actual sobre le periodismo, sobre quién determina, en definitiva, de que se habla. Sigo entonces.

Primero, gracias al maestro Aliverti, por aprovechar las breves fisuras que nos dejan los grandes medios y recordar este tema al recibir su merecido premio.

El tema ronda en mi cabeza hace días. Será por deformación profesional. Como periodista, me siento interpelado. Pero, a diferencia de algunos -mas famosos y adinerados- más que miedo siento entusiasmado.

En nuestro país, durante años se violó la libertad de prensa.  En el siglo XX, tuvimos 35 años de gobiernos militares. Otros tantos civiles, en los que también hubo restricciones a la prensa.

El punto máximo fue, como en muchas temáticas, la sangrienta noche dictatorial iniciada el 24 de marzo de 1976. En los meses previos, ya se habían intervenido varios diarios. El día del golpe, se instauró la censura previa.

En su comunicado N° 19, los militares dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para el que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales.

El 22 de abril, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era: “Principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva”.

El comunicado sostenía: “A partir de la fecha, 22/4/1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y/o de integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad por estos hechos a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos”.

Además, se intervinieron las organizaciones gremiales de periodistas y se expulsó a corresponsales extranjeros.

Pero los militares no estaban solos.  Al igual que en la matriz golpista, en el caso de la prensa también contaron con aliados civiles: los dueños y directores de la gran mayoría de los diarios del país.  Clarín sostuvo: “Se abre ahora una nueva etapa con renacidas esperanzas”. La Nación transcribió directamente los comunicados militares.

Hubo, sí, honrosas excepciones. El caso de Robert Cox, director del Buenos Aires Herald, fue uno. Su implacable lucha por la aparición de cientos de secuestrados le costó su propio secuestro y tuvo que abandonar el país.

El saldo para los periodistas fue brutal. Más de 100 desaparecidos, decenas de exiliados, miles de silenciados. Rodolfo Walsh y su equipo de la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA) intentaron, con toda la precariedad de la clandestinidad, romper el cerco informativo militar. Walsh fue secuestrado y aún está desparecido.  Si había, entonces, miedo. Y miedo justificado por un terrorismo de Estado meticuloso y calculado.

Hoy algunos periodistas dicen tener miedo. Surgen, enseguida, varias preguntas. ¿Miedo a que o de quien? No hay hoy en la Argentina periodistas presos o que hayan tenido que abandonar el país por sus opiniones. Tampoco terrorismo de Estado. Es más, en el 2009 se terminó con uno de los vestigios de la persecución a la prensa en democracia, como era la penalidad de calumnias e injurias. ¿Miedo, entonces, a perder el trabajo? De eso, sí que no se puede culpar a nadie más que a sus empresas. Son las empresas periodísticas como Clarín las que precarizan a sus trabajadores e impiden su organización sindical (vale recordar las purgas sistemáticas en Clarín, la última de las cuales dejó a 100 periodistas en la calle)

¿No será, entonces, que estos periodistas -pocos – hablan en realidad del miedo que tienen sus empresas y no ellos? Creo que así nos acercamos un poco al fondo del discurso sobre el miedo.

Este planteo permite, entonces, ver que, en efecto, hay miedo. Pero un miedo muy distinto al que sentían Walsh, Paco Urondo, Luis Guagnini, Rafael Perrotta, Eduardo Suárez, Hector Demarchi, y tantos otros periodistas desaparecidos.

El miedo que expresan estos voceros -si, ya no periodistas, voceros- es el miedo de sus empresas a perder el monopolio de la palabra, de la agenda pública, de la espada correctora de conciencias. Miedo a que se los visibilice, y dejen de ejercer ese poder invisible pero efectivo, a través de lo que Feinmann llama la “colonización de las conciencias”. Un poder que no es el de la espada pero que resulta mucho más efectivo.

Miedo tienen de perder ese poder sobre las futuras generaciones, si es que no lo están perdiendo ya con estas. Y, si acaso, los voceros-periodistas de esas empresas tendrán miedo a un desbarranco de su ego por dejar de ser los ejecutores de la monopolización del discurso. Por el posible -y esperanzador- destierro de su falsa e hipócrita objetividad, la suya y la de sus empresas.

¿Miedo a que? A perder el monopolio de la palabra, a que los argumentos de muchos, a veces como susurros, a veces como gritos desesperados, comiencen a escucharse más que los discursos de unos pocos.