ContactoLas profundas raíces de una tragedia
Alguien dice: “El desierto opositor te lleva a enojarte mucho más con la única fuerza política que puede verdaderamente hacer algo: el kirchnerismo.” Tiene razón, es así. Otro hace una autocrítica muy completa y cierra de modo contundente: “Si tenés las convicciones bien puestas, te hacés cargo.” Bien. Ése es el camino.
La audacia que en incontables ocasiones le ha sobrado al gobierno nacional, por ejemplo para reivindicar los derechos humanos como política de Estado y afrontar el drama de la deuda externa, en cambio le ha faltado en materia de, por ejemplo, transportes e infraestructura.
Y es un problema eso, porque para salir del atolladero va a hacer falta, justamente, audacia, valga la reiteración, pues es demasiado complejo el descalabro del sistema de transportes, el ferroviario en este caso, así como lo es también el de las inundaciones extraordinarias que nos tocó sufrir hace un par de meses, como para pretender abordarlos con otra cosa que una trocha fina. Reclaman, todos ellos, y a gritos, una reconfiguración modélica que conmueva estructuras, sin lo cual será estéril cualquier intervención concreta que específicamente se quiera operar sobre cada uno de los espacios en que se está en default en particular.
Dicho sencillo: no existe, creemos, una política ferroviaria, así como tampoco –por caso– una de infraestructura, sino como expresiones de un trazo proyectivo del cual no son –ni deben ser– más que partes de una totalidad más amplia, cada cual en el ámbito en que les toca según el caso.
Acá nos está haciendo falta –lo decimos hace mucho, lo dijimos con las inundaciones, lo reiteramos ahora– una revolución. Pero no en el sentido guevarista del término, que no le falte el aire a nadie. De federalismo, en este caso. Queremos decir: una vuelta de campana, y abrupta. Porque allí, en la tercera de las formas en que se organiza nuestro país según dispone la Constitución Nacional, se puede encontrar la semilla de todos los dilemas que derivan en tragedia; dicho más sencillo: de la locura que implica el estado del área metropolitana de Buenos Aires. Es una idea, apenas. Como para empezar con y por algo.
Comprar mejores frenos, sistemas de señales más avanzados, hacer obras de desagües para el caso de los temporales, los benditos controles: nada va a alcanzar si una zona adolece de una superpoblación del tipo que existe entre GBA y CABA. Supera cualquier previsión posible imaginable.
Se insiste: es muy profundo el asunto. Quizás no se trate de federalismo, o incumba dimensiones aún superiores a ello. Pero no suena plausible que se trate apenas de dejar caer mayor cantidad de billetes sobre un tren. Enfoque, ése, que, preocupantemente, deslizó la presidenta CFK cuando durante la apertura de las sesiones legislativas ordinarias del año 2012 intentó vincular los dineros que debieron disponerse para cubrir las obligaciones de pago internacionales –en aplaudible construcción de soberanía decisoria en el plano económico– con los que faltaron, explicó, para inversión ferroviaria. No parece ser tan sencillo como la readecuación de lo que dicho así suenan como operaciones contables.
A grandes problemas le urgen idéntico tipo de soluciones: hace falta reformular los términos del esquema federal. Eso va a requerir de mucho más que un ministerio de transporte y mayor inversión, que por supuesto también hará falta: pero mayor cantidad de líquido, si es drenada a través de canales igual de viciados que lo están ahora, será más tarde, pero acabará estallando, ineluctablemente; de una forma u otra.
No vale la pena insistir en el aprovechamiento miserable que hacen de esto quienes ya se sabe: es conocido, era esperable. Que se queden hablando solos. Tampoco en subrayar que la destrucción del sistema ferroviario lleva seis décadas, es muy previa al kirchnerismo: gobernar es así, y conlleva sinsabores y la obligación de comérsela cuando corresponde. Son las reglas de juego, hay que bancársela. Las cuentas las paga siempre el que está atendiendo el mostrador a la hora de la desgracia, a lo que valga recordar que nadie lo obliga; se sabe, y ya está. Menos en que es una locura que un transporte de recorrido local sea gestionado por un gobierno nacional.
Si no lo hace el kirchnerismo no lo va a hacer nadie. Tiene que liderar una acción de magnitudes enormes, que lo trascienda y exceda. Es cierto que se cuenta con una arco político que, mayormente, no da la talla. Consecuencias de gobernar sin tener en claro el sujeto social de representatividad. No debe escaparsele a nadie que solamente con la acción de un gobierno nacional, sea el de Cristina Fernández o cualquier otro que hipotéticamente pueda venir, no va a alcanzar. Pero es a la actual jefa del Estado, en función de su propia historia y de las características del marco que hoy protagoniza, a quien corresponde dar el puntapié inicial.
Habrá que pujar para que los topes que organizan el estatuto de posibilidades de la acción de la clase dirigente argentina se amplíe, incorporando el bienestar social ciudadano como eje de funcionamiento, desplazando del altar en que se encuentra al lucro privado, que en lo relativo a geografía supuso la actual centralización productiva. “Las tragedias son consecuencia de la contemplación de no otra cosa que la expansión sin límites de los negocios. Y frente a eso, el impacto social colateral no goza de rango alguno.”, dijimos a propósito de las inundaciones de principios de abril en La Plata y Ciudad de Buenos Aires. Y no encontramos forma de no repetirnos a la hora del presente.
Mientras tanto, habrá que esperar para saber más y mejor qué pasó realmente el jueves. Pero aún cuando es probable que esta vez sí se haya tratado de un accidente, hay tarea pendiente. Terminar de matar lo viejo y hacer nacer, de una vez por todas, lo nuevo.
Cierre de inscripción de alianzas electorales: un chiste
Roberto Lavagna fue candidato del PRO a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó de serlo y pudo retornar al lugar que nunca en realidad había formalizado. Y al final no. Y allí, cuando era necesario buscar un reemplazo, pudo ser Martín Lousteau. Entre que comenzó a escribirse este texto y su publicación, fue, finalmente (lo de Lousteau al PRO), no. Maurizio Macrì y Francisco De Narváez amagaron la reconstrucción del frente político que condujeran en el año 2009, sólo que sin Felipe Solá. Duró poco más de cuarenta y ocho horas. De La Sota hasta viajó a la Capital para ver si lograba destrabar el nudo del diferendo. Y al final parecería que Lavagna tampoco será nada.
Mientras tanto, Moyano aguarda, a ver qué migaja le tiran: tanta bravuconada para tan poco. No parece haber hecho negocio yendo al antikirchnerismo: “es tiempo de pasar a la política”, dijo, pero nadie le ha llevado mucho el apunte.
La Unión Cívica Radical primero rechazó y finalmente formalizó una alianza con el Frente Amplio Progresista. Aunque no en todas las provincias. Pino Solanas explicita que su acuerdo porteño con Prat Gay, Donda y los radicales, al que se negara durante largo rato, y que se suma a otro que hace unos meses elaboró con Elisa Carrió –también tras años de tirarse mugre recíprocamente a través de los medios de comunicación–, no irá más allá de octubre; es decir, no tiene otro horizonte que el de enfrentar al kirchnerismo en las urnas: ahora junta firmas porque no llega con los avales para postularse, luego de la estampida que produjo en su espacio su acuerdo “de centroizquierda”. En el interín, Dante Caputo fue candidato. Durante un ratito. Pero no por la UCR, de la que fue canciller y a la que ahora repudia, tanto como para abandonar la postulación debido a la decisión del FAP de arreglar con el partido ¿de Yrigoyen?
Confluirán, finalmente, en esta alianza, Julio Cobos, como primer candidato a diputado nacional por Mendoza, y Martín Lousteau en el mismo puesto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, el ex vicepresidente de la presidenta CFK, con cuyo voto se definió la caída del proyecto de ley de retenciones móviles sobre la exportación sojera en el Senado, y el primer ministro de Economía de la actual jefa de Estado en su primer gobierno, autor intelectual de la iniciativa que en 2008 dividiera aguas entre, por ejemplo, Humberto Tumini y Ricardo Gil Lavedra. Que ahora son aliados.
Postales, algunas apenas, podríamos mencionar mil otras, de lo que Alejandro Horowicz viene denominando desde sus columnas en Tiempo Argentino como “crisis política nacional”, expediente al que desde aquí también hemos venido haciendo referencia en los últimos tiempos: no hay, por fuera del espacio conducido por la jefa del Estado, nomenclatura partidaria que se sostenga intacta durante dos elecciones consecutivas. Y eso sin entrar a considerar los déficits de los armados en términos de alcance distrital: es rutina que lo que en una provincia está unido en otra(s) es confrontación.
En medio de toda esta ebullición, que a poco de rasgar un tantito la humareda mediática de que está cubierta se revela –por ser suaves– conceptualmente raquítica, Sergio Massa tal vez vaya a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las próximas legislativas. O no. Depende. Quizás auspicie un frente electoral pero sin ser él mismo candidato directamente. O no. Depende. Sobre el cierre del plazo para la conformación de alianzas electorales, todo el peronismo no kirchnerista anda revoloteando alrededor de Massa, viendo qué hace. Y Massa no le contesta nada concreto a ninguno. Divino. No es santo de la devoción de este espacio, el intendente de Tigre, pero no deja de resultar divertidísimo como juega con la desesperación del resto. Tranquilo, al trotecito. Dejando expuestos, a todos ésos que dan vueltas por el Delta a estas horas, en lo enorme que les queda la política.
La oposición ofrece, se nota, sólidas garantías de gobernabilidad. Imagínelos, señora, discutiendo la deuda externa. Fuertes en la defensa de la posición nacional. O no. Depende.
Hay que adolecer de un muy profundo extrañamiento respecto de la realidad como para sostener con pretensión de seriedad que el estado de situación del país hace de imperiosa necesidad votar contra el kirchnerismo cayendo en manos del cuadro aquí comentado.
Ley de fertilización asistida y “fin de ciclo”: recuerdos del futuro
El miércoles de la última semana se votó en el Congreso nacional la ley de fertilización asistida. La única fuerza política que se pronunció en contra del proyecto fue el PRO, la favorita del Partido Clarín.
La gramática a que acude el espacio vecinal que conduce el jefe de gobierno porteño Maurizio Macrì para sustentar su decisión es en extremo sencilla: sólo cabe que el Estado regule allí donde no se vean comprometidas la rentabilidad empresarial y la libertad de comercio; de lo contrario, debe abstenerse. Y las empresas de medicina prepaga no avalan la norma sancionada. De lo que se sigue que los derechos ciudadanos quedan sujetos a la capacidad que tengan o no las personas de adquirirlos según la dinámica oferta/demanda.
Ésa fue la epistemología que organizó el comportamiento de la política indistintamente y sin solución de continuidad entre el 10 de diciembre de 1983 y el 25 de mayo de 2003: el Estado como mera instancia de convalidación institucional de las decisiones del sector privado de la economía. El programa del PRO, entonces, es sencillo: devolver las cosas al instante anterior al estallido de 2001.
Cuando menos, habrá que agradecerles la sinceridad: el resto del arco parlamentario nacional se ha dedicado a ejecutar, aunque de manera vergonzante, conductas similares en situaciones por lejos más comprometidas y determinantes que la que incumbió los caprichos de las prepagas.
Una síntesis perfecta del significado de la expresión “fin de ciclo”, sobre lo cual indagó la presidenta CFK durante el festejo por los diez años del kirchnerismo en el poder.
Por fin alguien se decidió a contestarle. Enhorabuena. Más vale siempre la sinceridad ante todo.
Las escaramuzas del debate sucesorio II
“Los debates sobre la sucesión en 2015 asumirían otro color”, escribía Horacio Verbitsky en su columna habitual de Página/12 el 23 de enero de 2011 acerca de la decisión de la presidenta CFK de habilitar a Martín Sabbatella a que la acompañase como candidato a gobernador bonaerense con una boleta de adhesión a aquella a través de la cual buscaría (Cristina) su reelección. Eso generaba malestares en Daniel Scioli, en razón de la ventaja que la maniobra podía acarrear a favor de la Presidenta en la comparativa de sufragios y lo que ello supondría de cara al momento en que debiera discutirse la continuidad del peronismo en el poder.
Una semana después de las generales de octubre, el mismo Perro ofreció cifras contundentes: “En la provincia de Buenos Aires, CFK obtuvo el 56,28 por ciento de los votos válidos emitidos para la presidencia y Scioli el 55,06 por ciento para la gobernación. La distancia real es aún mayor, ya que para gobernador hubo 1,1 millón votos en blanco y para presidente apenas 299.000. Cristina fue votada por 4.704.016 bonaerenses, esto es 538.467 más que Scioli, y 48.502 más que la suma de Scioli (4.165.549) y Martín Sabbatella (489.965). Sobre el total de los votos emitidos la diferencia entre la presidente y el gobernador alcanza al 6,17 por ciento.”
La conclusión era premonitoria: “Minimizar su importancia es una clara toma de posición política. Destacarla, también.”
En efecto, los análisis que la prensa comercial dominante elabora por estas horas sobre los diferendos entre la presidenta de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires insisten y coinciden en el mismo error: Scioli aportó sus votos al triunfo de Cristina, ella le debe sus dos mandatos y quiere que ahora le entregue apoyo de nuevo para las elecciones legislativas de 2013; él se niega porque siente que es hora de dar su propio salto grande –y no la quiere triunfante y con reforma constitucional habilitante de un tercer período a mano–; y, por tanto, ella embiste contra su gestión provincial y su imagen alta a través de retos públicos como el de Lomas de Zamora.
Para decir cosas como las del párrafo anterior, que también se pueden leer de –si bien pocas– plumas oficialistas, hace falta, ante todo, dejar de lado la fría realidad de los números, que indican que Scioli siempre tiene mayor popularidad quela Presidenta … hasta que se abren las urnas, pues Cristina también lo había superado en 2007. Y, encima, habría que tragarse que en un cuerpo largo de boletas es la del medio la que tracciona a las que ocupan los extremos, o que alguna persona reflexione “como quiero a Scioli de gobernador, me trago a CFK de presidenta”, y no al revés. Disparates que encajan a la voluntad editorial de la columna de La Nación que homologó al kirchnerismo con el nacionalsocialismo, apenas.
Por nuestra parte, no creemos que ninguno de los dos arrastra a favor del otro; pero, en cualquier caso, de ocurrir tal cosa, sería la lista presidencial la que beneficiaría a la local, y no viceversa. No es lo importante, de todos modos.
El expediente principal de la disputa abierta entre la jefa del Estado nacional y el de la provincia más grande del país no es, además, 2013, sino 2015. Scioli anhela ser ungido por Cristina como sucesor en la comandancia del espacio kirchnerista de cara a las próximas presidenciales. No se le escapa al gobernador –ningún tonto– que el colectivo que guía la Presidenta es el único consolidado de la política argentina desde el estallido partidario de 2001, tanto que ningún otro excepto el del Frente para la Victoria logra presentarse a dos elecciones consecutivas bajo el mismo marco de construcción, con la salvedad del PRO en CABA.
El FpV es un armado amplísimo y potente electoralmente, pero así también es de heterogéneo y complejo a su interior, por ende contradictorio. Ese entramado de diagonales se sintetiza en la conducción de Cristina Fernández; y, por el momento, en ningún otro elemento. Es presumible que ese déficit podría saldarse mediante el favor que la voluntad de la propia jefatura pudiera eventualmente otorgar a alguno de sus hoy subalternos. Dicho sencillo: Scioli no es capaz, a la fecha, de articular el kirchnerismo; quizá mañana, pero si y sólo si CFK lo consintiera. Y aún eso deberá revalidarse en el cotidiano, inmediatamente a partir del día siguiente a la hipotética sucesión.
Los sectores más dinámicos del kirchnerismo no se identifican con la lógica política del ex vicepresidente de Néstor Kirchner, afín a intentar un entendimiento con sectores con los que el partido de gobierno mantiene litigios abiertos innegociables. Eso suma a las dificultades que lo impugnan como recambio en la cúspide, ya apuntadas. En palabras de Martín Rodríguez, Scioli aspira a la fantasía de la “representación totalizadora y sin conflicto social”, con la que no hace falta abundar en que no acuerda Unidos y Organizados.
CFK exige de Scioli una subordinación no personal sino programática, el compromiso de fidelidad con el actual marco de alianzas y gobernabilidad.
Llamando la atención, también, en que ésa es la única forma de sostener la dinámica que DOS desea heredar, de lo que no quedan dudas, pues si tuviera una fortaleza semejante a la que le atribuyen quienes lo tientan a virar hacia la oposición no se explica por qué no lo hace de una buena vez frente a tanto supuesto maltrato; la respuesta es sencilla: no quiere. Y así, reconoce dudas sobre su popularidad por fuera del kirchnerismo, con el antecedente muy cercano del paso a la intrascendencia de Moyano desde que se creyó capaz de independizarse de la primera mandataria cuya reelección pidiera en nombre del descanso en paz de Perón, Evita y Néstor Kirchner.
En definitiva, el ex navegante a motor se encuentra frente al dilema de optar entre una fuerza política que le exige –para responderle– definiciones que (todavía) no se anima a entregar, y un programa que no ofrece alternativas confiables de sostenimiento social. No está en duda la lealtad de Scioli en términos personales en esta historia, verificada hasta en los cables de Wikileaks; se trata de cuestiones que trascienden lo individual, ya descartado por nosotros como variable determinante a la hora del análisis político.
Lo presumible, así las cosas, es que Scioli apueste a que siga pasando el tiempo y que las cosas simplemente decanten a su gusto, con mínimos gestos fotográficos de desmarque buscando algún margen, como hasta ahora ha hecho. No es, eso, nunca, lo recomendable en estos asuntos. Tampoco Cristina parece sentirse compelida a allanarse a un acuerdo con él como no fuera uno que contemple su exclusiva voluntad programática, con lo que tienen pasto quienes la acusan de émulo hitleriano cual si fuera razonable exigirle resignación aún cuando no le urge.
Será entonces cuestión de proporciones en un tira y afloje de resultado incierto, al menos a corto plazo.
Las escaramuzas del debate sucesorio
Por la noche del día en que, con nuestro último post, decíamos que lo más relevante del discurso de la presidenta CFK durante el acto del 25 de mayo último fue el desafío que planteó al resto del sistema político respecto del programa de gobierno en curso, la misma jefa del Estado extendió ese litigio al territorio que conduce. Mechado con una serie de reproches enérgicos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristina invitó a la concurrencia a preguntarse cómo creían que podría actuar frente a las presiones que en desarrollo de la tarea presidencial son moneda corriente, por caso las de los organismos internacionales de crédito, aquellos que no son capaces de decir esta boca es mía cuando se los cachetea a insulto limpio desde el periodismo opositor.
Comentábamos el 23 de mayo pasado que lo interesante a la hora de discutir sobre los beneficios sociales que en términos concretos había reconocido el kirchnerismo a amplios sectores de entre los más sufridos de la población, más que la enumeración de tales en sí misma o el trazo ideológico que dibujan, es la indagatoria respecto del marco de discusión de intereses que se configuró a partir de la inauguración del actual ciclo histórico y la posición que el Estado decidió asumir en ese conflicto desde 2003, a diferencia de la convalidación institucional de negocios privados como eje que había sido regla hasta entonces y desde recuperada la democracia.
Concluíamos que sólo quien deseara y fuese capaz de sostener el grado de tensión conflictiva que actualmente existe entre Estado y ciertos sectores del establishment tendría éxito en la tarea de conservar y ampliar las mejores novedades de la década.
Y en ocasión de analizar la masiva manifestación que en homenaje a la asunción de Néstor Kirchner se congregó en Plaza de Mayo hace diez días, agregábamos que la Presidenta acertaba en llamar la atención acerca del significado de la expresión fin de ciclo a que acude el bloque opositor a la hora de comentar lo que suponen será el fin del kirchnerismo en el ejercicio del gobierno nacional, tantas veces anunciado desde 2008 y siempre postergado para mejores ocasiones; no habiendo superado nunca, en definitiva, el rango de hipótesis.
Articulando ambas premisas, la tesis que intentamos es que la elusión opositora al debate propuesto por el oficialismo obedece a la imposibilidad de asumir electoralmente el programa que le piden expresar sus apoyaturas reales, el establishment que entiende amenazados sus privilegios con el kirchnerismo, al que por ello rechaza. CFK interroga al interior de su tropa quién estará dispuesto a asumir la epistemología fundada por Kirchner. En el caso que debiera el FpV armar una opción a la actual primera mandataria, y eso es lo que acá siempre hemos sostenido que se intentará para 2015 y no una segunda reelección, conviene identificar, antes que cualquier otra cosa, cuál dirigente coincidirá en sostener el actual cuadro de situación de la gobernabilidad.
Cuando a principios de 2011 la continuidad de Cristina era aún incógnita y Daniel Scioli frecuentó a los elementos más dinámicos del armado oficialista, depositario –según palabras de la conducción– de ejecutar la trascendencia, dijimos, en sintonía con lo que ahora asume explícitamente la Presidenta como táctica, que lo fundamental, de cara a tales trámites, “no pasa por si apoyar o no a Scioli (…) sino por tener la capacidad de construir una línea interna capaz de condicionarlo, si es que se considera que, una vez en el gobierno puede llegar a poner luz de giro a la derecha (…) que ese apoyo se otorgue, y se mantenga, si, y solo si, Scioli hace kirchnerismo del más puro, o sea, que negocie en condiciones desfavorables.”
Es decir, construir el marco de fuerzas que habilite que un recambio de nombres no sea traumático, y siempre se ha dicho en este blog que las características personales de los dirigentes nunca son lo esencial a la hora del análisis político, en el que juegan una cantidad de variables largamente superior a la que puede domesticar cualquier individuo. En eso se está mientras a propósito de los más diversos expedientes que circulan alrededor de la trama del Estado todo el tiempo vuelven a surgir rebrotes de lo que fueran los acuerdos de tiempos pasados, repudiados ya desde el discurso de asunción de NK el 25 de mayo de 2003. En ocasión de los cambios de gabinete que decidió la presidenta CFK, esta vez.
La crítica a Cristina porque elige dirigentes de su partido para integrar el gabinete es lo más desopilante que se puede leer y oír. ¿Dónde debería ir a buscar ministros, pues? Resabios de las épocas en que los ministros tenían la potestad de mando por sobre el presidente, en tanto eran representantes del poder real. Y entonces el ministro de Economía era designado por los bancos; el secretario de Industria, por la UIA; el de Agricultura, por la Sociedad Rural Argentina; el ministro de Educación, por la Iglesia Católica; el de Justicia, por el Colegio Público de Abogados; y así, sucesivamente, cuestión que gobernaba cualquiera menos quien era designado a tales fines por las urnas.
Todo eso al tiempo que se quiere aleccionar sobre democracia y república. En fin.
¿A partir de qué momento y por culpa de quién el debate político se primarizó tanto que resulta que ahora hace falta que un presidente deba explicar por qué elige a dirigentes de su propio espacio para integrar su gabinete de ministros? A veces todo deviene un delirio ridículo.
Los ministros son secretarios del Poder Ejecutivo, por lo que no les cabe decidir sino asesorar. No porque lo diga este teclado, claro, así lo dispone la Constitución Nacional, increíble tener que aclararlo. Sin embargo ha sido una constante durante estos últimos tiempos tener que asistir a quejas por la imposibilidad de los ministros de ser ellos quienes definen las políticas de gobierno, o bien por la obediencia que dispensaron siempre los auxiliares a la conducción en el kirchnerismo, cual si debieran en verdad hacer lo opuesto, en función de aquello de que “cuanto peor, mejor” respecto de la marcha de la gobernanza.
Lo que se expresa, con todos esos berrinches, es el malestar del bloque de clases dominantes por su imposibilidad de operar en la interna del gobierno nacional construyendo las decisiones de Estado en la actualidad. Un comportamiento que pide Cristina sostener a posteriori de su salida del gobierno nacional. Y que Segundas Lecturas entiende como requisito esencial para la profundización del programa de gobierno actual y como receta adecuada para edificar un reemplazo pacífico.
En definitiva, terminará resultando, si se lee la cuestión con apenas un cachito de honestidad intelectual, que el oficialismo es, además de la única garantía para el bienestar de los sectores populares, también la mejor fórmula para la plena vigencia de la institucionalidad republicana.
Al fin que ambas están vinculadas, sólo que por distintas razones a las que dominantemente se invocan.
Las repercusiones de un festejo en Plaza de Mayo
Independientemente de la cantidad exacta de personas que hayan asistido, la convocatoria del kirchnerismo en Plaza de Mayo provocó movimientos en la tensa calma que suponía estar atravesando el arco opositor casi desde iniciado 2012.
Ya desde la mismísima mañana siguiente el Partido Clarín acusó el golpe e intentó operar sobre el hecho político a través de la tapa del diario al que alimenta con el papel de una empresa mal habida. “Cristina propuso otra década de kirchnerismo”, mintieron, además de esconder las fotos que habrían evidenciado la masividad del acto. El comportamiento dista del que adoptaron en otras manifestaciones mucho menores, como las que sucesivamente lideró durante el año pasado Hugo Moyano, que fueron en declive hasta acabar en la testimonialidad raquítica del 20 de diciembre último en que media Plaza de Mayo le quedó enorme al ex secretario general de la CGT.
Lejos del encabezado clarinista, la presidenta CFK dijo, textualmente, no ser eterna ni querer serlo, lo que resulta de una obviedad tal que la aclaración estaría de más de no ser porque el teatro soporífero que monta a diario el sector del duopolio informativo que conduce el contador Héctor Magnetto logra enrarecer la marcha del debate público, por cierto que ayudado de declaraciones imprudentes surgidas de las bocazas de algunos de los exponentes de menor densidad del oficialismo, que procesadas por el tamiz de la mala intención de quienes las difunden masticadas terminan por hacer no otra cosa que dar pasto a las fieras, que lo necesitan, habida cuenta de la esterilidad de quienes los expresan institucionalmente.
La primera mandataria, muy por el contrario, ofreció demasiadas señales durante su discurso en sentido diametralmente opuesto al de su propia continuidad en la jefatura del Estado nacional más allá del 10 de diciembre de 2015, que sólo a partir de la deliberada intención de intervenir políticamente a través del periodismo pueden leerse de otro modo. A la desautorización expresa del lema de la eternidad agregó el llamado a su militancia a organizarse en función de defender ninguna otra cosa que lo que el partido de gobierno entiende que han sido las mejores producciones de su programa en diez años de mandato.
Cambio de gobierno no necesariamente debería equivaler a fin de ciclo histórico, expresó Cristina Fernández, y con ello pateó inteligentemente el balón hacia campo contrario: si la cosa discurriera con un nivel de honestidad intelectual distinto al actual, la discusión política exigiría, por parte de quienes pretenden demostrar independencia de acción respecto de la línea política de los exponentes del poder real, definiciones concretas acerca de cuestiones básicas del proceso inaugurado hace una década.
Asignación Universal por Hijo, nacionalización de la administración del sistema previsional, juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, desendeudamiento, por sólo referir algunas. Ninguna de ellas, por mucho que se quiera insistir en lo contrario, ha recogido unanimidad al interior del arco dirigencial; y todas involucran intereses concretos de vastos sectores sociales que merecerían otro tipo de certezas de quienes se quieren sus futuros representantes. Por fuera de expresiones minoritarias, y que además no han superado el rango de la generalidad, los términos de la casi totalidad de esos expedientes ingresan a zona de nebulosa por fuera de la propuesta del Frente para la Victoria.
El diario La Nación, que cada tanto parece ofrecer reflejos de sana práctica periodística, reaccionó de modo distinto el domingo 26.
Más allá de ser ése el día en que se publican las columnas de delirantes escleróticos como Joaquín Morales Solá y Mariano Grondona, quienes militan la burla que Lula Da Silva dedicó a la prensa durante su última visita a nuestro país –cuando irónicamente se mostró extrañado de personajes que parecen escribir desde un inverosímil exilio interno–, en principio, no escondieron el éxito de la concentración, a lo que se sumó un reconocimiento a que el clientelismo es una variable muy secundaria cuando de movilizaciones a favor de CFK se trata (“Una fiesta que incluyó a los no partidarios. Muchos manifestantes sin banderas ni pecheras se acercaron al acto; varios eran familias y jóvenes que tienen afinidad con el Gobierno y deseaban manifestar su apoyo a Cristina Kirchner”, escribieron).
La intención, de todos modos, es clara: bajarles el precio a los elementos más dinámicos de la coalición oficialista, depositarios de la tarea de trascender a la conducción.
Ello no obstante, no dejaba de ser un ejercicio de rigurosidad celebrable, que, sin embargo, duró lo que un suspiro: con el correr de la semana siguiente a la concentración oficialista recobraron su habitual nivel de desvarío, y por medio de sus tradicionales editoriales sin firma acusaron al kirchnerismo de estar emulando el proceso que a partir de 1933 en Alemania derivó en el nazismo, lo que se viene a sumar a otras recurrentes e igual de desorientadas comparaciones que a propósito sufre La Cámpora, en las últimas semanas en razón de las iniciativas para llevar a cabo el control de los precios acordados. (Lo que no deja de sorprender en los socios del matutino fundado por un confeso fascista como fue Roberto Noble.)
La magnitud de los disparates, que suceden a maniobras previas de desestabilización desinfladas en torno del dólar ilegal o el supuesto proyecto de intervención del Grupo Clarín –”por ahora suspendido”, dicen–, permite elaborar dos conclusiones: ante todo, que la situación política del oficialismo, por fuera de lo que engaña de tanto en tanto la humareda cacerolera, es sólida.
De cara a una elección en la que no juega demasiado, porque tanto la posibilidad de conseguir el marco necesario que pudiera habilitar la segunda reelección de CFK como la pérdida total del control del Congreso dependen de resultados de proporciones atípicas para elecciones legislativas; y frente a un escenario por lejos superador del de su única derrota (2009, cuando llegó a las urnas a caballo de una destrucción de un punto de empleo y una caída del PBI de 3% que hoy no se verifican), las construcciones opositoras, con toda lógica, demoran en definirse frente a lo poco edificante que resulta enfrentar en ese contexto a una formación consolidada como es el FpV.
Pero, sobre todo, conviene entender que, a caballo de distraer con ese tipo de ridiculeces, nadie recoge el guante del desafío que sobre definiciones programáticas planteó Cristina Fernández el 25 de mayo cuando interrogó a qué referiría la finalización del kirchnerismo, más allá del mero recambio en el Poder Ejecutivo estipulado constitucionalmente. Indagar a qué se debe tal elusión, qué trazo proyectivo subyace tras ese silencio.
Para el oficialismo, así las cosas, se trata de no más que evitar sumar demasiadas abolladuras a la calesita, para lo que es mandado a hacer cuando no se ve amenazado con fuerza.
Argentina ha resuelto darse gobierno por diez años
Néstor Kirchner asumía como presidente de la Nación hace diez años bajo amenaza de durar apenas 365 días en el poder. Diez días antes del traspaso de mando el doctor Carlos Menem renunció al balotaje que debería haberlo enfrentado con el entonces gobernador santacruceño el día 18 de mayo de 2003, consagrando así a su oponente. Los integrantes del bloque de clases dominantes, el poder extra institucional, respondieron al día siguiente en tapa del diario La Nación a través de una editorial firmada –y sólo eso– por el vicedirector del diario, el doctor José Claudio Escribano, como quien dice, un gorila de pelo en pecho.
“Argentina ha resuelto darse gobierno por un año. (…) el problema de la gobernabilidad argentina es anterior al espectáculo ofrecido por el doctor Menem (…)”, anotaba Escribano.
Algunos días antes de conocerse, y a sabiendas de que Kirchner triunfaría en la segunda vuelta con holgura, Escribano lo visitó con la pretensión de imponerle un pliego de condiciones, en cuya defensa, agregó, “seremos inflexibles”. Se recuerda: subordinación respecto de EEUU en materia de política exterior, finalización de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad que se habían reavivado desde la confesión de culpas de Adolfo Scilingo en 1994 y reivindicación de aquella actuación de las FFAA, privilegio para el empresariado en cuanto a contactos directos con el futuro presidente, repudiar a Cuba y dar rienda suelta a las fuerzas de seguridad en cuanto a la lucha contra el delito.
Kirchner desechó en su totalidad el planteo demencial de Escribano. Que lo era no sólo por su contenido: hoy día parece inverosímil que un presidente debiera aceptar semejantes pretensiones verbalizadas por un periodista, hasta entonces era moneda corriente. Sólo se gobernaba, desde recuperada la democracia formal a la salida del Proceso, si era en acuerdo con determinados elementos del establishment. Ése es ya de entrada un mérito que corresponde anotar en el haber del kirchnerismo: recuperar el poder de fijar la agenda pública, tarea que pareciera nunca acabar.
La jugada era clara: la renuncia de Menem, que había formado parte del pacto de gobernabilidad de dos décadas de duración, intentó amputar a Kirchner el respaldo masivo que le darían las urnas según era unánimemente reconocido, a fin de sostener el esquema de la democracia de la derrota, ciclo durante el cual se elegían administraciones pero no programa. Frente a un candidato cuyos gestos de campaña generaban dudas, asomaba una disputa de poder.
“No puede ser que no haya recibido a los empresarios”, le reprochó Escribano en el encuentro; además de las referencias a Kirchner respecto de su rechazo a que la economía la manejasen economistas, invariablemente representantes del llamado poder económico con escasa o nula pertenencia partidaria desde 1983. Diez años después cosas de todos los días, entonces implicaban frases altamente disruptivas para lo que se consideraba debían ser las relaciones entre las instituciones y los elementos del capital.
Por otro lado, la escena argentina de 2001/2003 era idéntica a la que había experimentado Venezuela alrededor de diez años antes con el Caracazo y posterior ascenso del comandante Hugo Chávez al poder por las urnas –y que por entonces también eran el paisaje ecuatoriano, que se prolongarían durante un par de años más aún, hasta la llegada de Rafael Correa a la presidencia–. El pliego era, pues, curarse en salud, ante la posibilidad de que alguien intentara capitalizar el margen para un quiebre sistémico. Al menos en lo que hizo a pronóstico no se equivocaron.
Kirchner no se limitó a la respuesta en privado del desayuno con el periodista operador. Durante su discurso inaugural llamó nada menos que a reconfigurar los paradigmas desde lo que se mide el éxito o el fracaso de un gobierno.
Con ello ofrecía pruebas de haber comprendido el agotamiento del ciclo durante el cual parecía que bastaba con que los gobiernos durasen mientras se sostenían los pilares básicos del proceso de acumulación de capital elaborado desde la última dictadura, intocado por veinte años y que le significó al país estallar por los aires el 19 y 20 de diciembre de 2001 con los peores indicadores sociales de su historia, al cabo de una recesión que destruyó un cuarto de la economía y la totalidad del tejido social que durante el primer peronismo lo había hecho ejemplo regional.
En el discurso embistió directamente, además, contra la epistemología de gobierno hegemónica hasta su asunción, que no iba más allá de “la mera administración de las decisiones de los núcleos de poder económico con amplio eco mediático”. El drama argentino hasta 2003 se fundaba en la dualidad que implicaba que el poder efectivo no radicase en las instituciones de la república, según la acertada definición de Lucas Carrasco. Néstor Kirchner construyó poder, así las cosas, a partir de la novedad –hace diez años lo fue– de que la reconfiguración de paradigmas citada implicó la consagración de las personas como variable central de las decisiones de gobierno.
El bloque social que intenta ser la refutación histórica del kirchnerismo tiene poco que ver con lo que se conoce, con una expresión que nos desagrada pero a la que se debe apelar para que se nos comprenda, gente de a pie. Al estar el Estado, hasta Kirchner, dedicado al gerenciamiento de las necesidades del bloque de clases dominantes y no de la ciudadanía, la política había caído en el descrédito, merecidamente. Fue la resultante del programa enunciado por José Alfredo Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976, previstas con brillantez por la carta abierta de Rodolfo Walsh.
Néstor Kircher puso en crisis aquella historia que parecía interminable. No era retórica ni épica la convocatoria a un sueño que formuló hace ya una década. Tenía la dimensión de la tarea a encarar. Tan inmensa que no ha terminado, y de ahí que siempre parezca que se está inaugurando el asunto. No es menor la tarea, habida cuenta de que se trata de ir contra una matriz que anduvo intacta durante más de un cuarto de siglo. Insistimos en lo dicho en el último post, más que de las conquistas, ya sobradamente enunciadas, se trata de entender a partir de qué fue posible sustentar unas decisiones en vez de otras. Y sortear las amenazas con que amaneció este nuevo tiempo.
Es en la capacidad de expresar demandas populares lo que permite eludir las embestidas de lo viejo que se resiste a morir. Y en la voluntad de sostener esa tensión que se encontrará el mejor combustible para reinventarse como articulador de lo nuevo que quiere consolidarse.
Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, como quien dijera.
Extraños conservadores
Hace poco dijimos que la frecuencia de posteo había disminuido considerablemente en la blogósfera. Que costaba encontrar planteos originales sobre la coyuntura actual, también por los canales tradicionales. Cabe repetir, acá y ahora, aquel diagnóstico, creemos.
El gobierno nacional rehúsa con fiereza y, todo debe decirse, también mediante la ingesta de batracios varios –en muchos casos de porte grueso, como ser el famoso nuevo blanqueo de capitales–, afrontar los desafíos que suponen las limitaciones que experimenta el programa económico inaugurado en 2003 –conforme recorre sucesivas etapas en su despliegue– a partir de recetas ortodoxas que supongan como variable de ajuste única el bolsillo asalariado, cuyos resultados nos son históricamente familiares. La heterodoxia consentida tampoco ofrece rutas alternativas aceptables.
Que a diez años vista de iniciado un proyecto político se avisten fronteras tales no debería extrañar, así es esto, menos aún cuando la mayoría de ellas son resultante de las conquistas sociales que se elaboraron durante una década.
Ya se ha dicho hasta el cansancio, las encrucijadas, otras, que amenazaban en 2003 no permitían un margen de acción amplio; se hizo, así, más lo que se pudo que lo que se querría en situaciones ideales, que aquella no lo era. Las inconsistencias que se arrastran desde aquello, pues, son un precio menor a las opciones de pretendida sensatez académica desde las que se reprocha al kirchnerismo “por su deriva populista”. Que haya tenido y aún tenga que ver en todo esto una ciertamente inexplicable apuesta oficial al intento de recrear una burguesía nacional no obsta a la idea organizadora dominante aquí enunciada.
El litigio central de la hora se expresa en toda su dimensión en pocos lugares mejor que en la participación de Guillermo Moreno y Axel Kicillof en la asamblea de accionistas del Grupo Clarín. La información es un combustible esencial a la hora de la toma de decisiones de gobierno, y el kirchnerismo cuenta con un bagaje interesante de ello desde que en 2011 concretó su participación en los directorios de varias empresas privadas de las que heredó tenencias accionarias en virtud de la re nacionalización del sistema previsional de 2008.
Y sobre todo, a partir de semejante movida, que implican una sana sofisticación de la caja de herramientas de intervención estatal, las perspectivas para operar el programa económico son muy otras.
Decía nuestro amigo Mariano Grimoldi cuando se anunció esta innovación: “El kirchnerismo nunca ha puesto en cuestión los mecanismos de acumulación sobre los que se asienta el sistema capitalista. (…) Sin embargo, la postura mencionada (tema directorios-ANSeS) se inscribe en algo para lo cual el kirchnerismo mostró un atisbo de posicionamiento ideológico y estratégico, que es la disputa por la libre disponibilidad de las utilidades empresariales. Todo el esquema económico está asentado sobre este pilar, que es ideológico y que no puede entenderse sin aceptar la existencia real del sistema capitalista como dominante en el ámbito de la generación de riquezas.”
Y cerraba así: “(…) el tema adquiere volumen cuando se trata de ver quiénes y con qué criterio y en qué marco de libertad pueden disponer de los excedentes de la economía. (…) la imposibilidad de ver el cuadro completo está dada en la aceptación de un dato real pero no todo lo significativo que se cree: el crecimiento de la facturación de las grandes empresas. Pero no dice nada eso, si no sabemos qué se puede hacer con esa facturación (…) En fin, una serie de cuestiones que complejizan mucho los pormenores de la disponibilidad de excedentes y los usos públicos y privados de los mismos, que hacen del kirchnerismo un elemento revulsivo más por factores reales que simbólicos.”
Guillermo Moreno preguntando en Clarín por los honorarios que percibe el canciller del holding, Jorge Rendo, significa una cuestión inaceptable para los más encumbrados elementos del capitalismo argentino, que se acostumbraron durante demasiado tiempo a operar en el secretismo y a desestimar la variable de la responsabilidad social del capital en la ecuación de sus respectivos giros comerciales.
Desde iniciado 2013, el gobierno nacional encara la corrección del nivel de inflación de la economía nacional. La novedad, esta vez, pasa por el dato de que ya no son los salarios y las transferencias de ingresos desde el Estado los que, en exclusiva, cargan sobre sus espaldas con las cuentas del asunto, como otrora era descontado. Eso son el congelamiento y la vigilancia de precios, la revisión de la estructura de costos empresariales (como hacía Moreno en la asamblea del Grupo Clarín), la Moreno Card , las intervenciones en las opciones de ahorro e inversión privados.
Ciertas plumas desencantadas con el oficialismo no dudan en tratarlo, desde hace un tiempo, de conservador porque, dicen, ya no va más allá de repetir la cita de logros de años pasados. Conviene entender, frente a eso, que la condición material de posibilidad del sostenimiento y la profundización de ellas, las razones que supusieron el éxito electoral oficialista, se cifra en el antecedente ineludible de la relación que elaboró el gobierno nacional con el establishment: si bien no rupturista, sí distinta de lo antes conocido, esto es, la mera convalidación indiscutida de negocios privados sin beneficio de inventario por parte del Estado.
Es cierto, entonces: la cuestión principal no pasa por la enumeración de mejoras como las que la presidenta CFK anunció para la Asignación Universal por Hijo y otras similares. Sí que cuesta expandir la reinvención de metas cuando ya se parte desde la concreción de beneficios. Antes bien se trata de discutir qué es lo que permite que no se deba recurrir a recortes en esas áreas, o directamente a eliminarlas, al tiempo que además el país se desendeuda con recursos propios –por citar razones que hacen a un país serio, y no sólo las que caracterizan a los regímenes demagógicos–, cuando se requiere de reconsiderar ciertos aspectos del rumbo general de la marcha.
Y luego de ello, observar a los competidores. Indagar en cuál de ellos logrará sostener esta tensión, por capacidad y voluntad. Así se podrá, quizás, revisar mejor la calificación de conservadora que ha merecido la actual experiencia de gobierno.
Tiene razón Lanata: todavía queda mucho de Videla
El jefe de operaciones del grupo de tareas del Partido Clarín, Jorge Lanata, dice que Cristina es igual a Videla. Y que, entonces, aunque haya muerto, aún queda mucho del genocida presidente de facto entre 1976 y 1981.
Tiene razón, debemos admitirlo aunque nos duele hacerlo, Lanata: todavía cargamos con varios residuos del paso de Videla por la presidencia de la Nación.
Según el precario texto que firmó Lanata para el diario propiedad de empresarios que en su momento estamparon sus nombres en gigantescos negociados con el dictador fallecido, el kirchnerismo es lo mismo que Videla porque conduce el proyecto nacional y popular y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, sigue diciendo, se pensaba anterior a la nación. Ocurre que, para desgracia del fundador y quebrador del diario Crítica de la Argentina, a la hora de hablar de historia y de establecer comparaciones en dicha materia interesan menos las cuestiones formales y los plazos institucionales que la composición social de intereses en nombre de los que se gobierna.
Que la política, en última instancia, es representación institucional de intereses: sociales, económicos, culturales, etc.
La asimilación histórica que se intentó en Argentina entre el nazifascismo y el peronismo nunca superó el rango de la precariedad. El fascismo gusta de los grandes actos de masas, el peronismo también; ergo, el peronismo es fascismo, fue lo más elaborado que alguna vez haya podido leerse al respecto.
Alguien que no proviene del peronismo como es Alejandro Horowicz (de filiación marxista) rebatió aquella estupidez mejor que nadie en el clásico Los cuatro peronismos.
Muy resumidamente, Horowicz explica allí que el nazismo y el fascismo fueron fenómenos de clases medias sustentados por las burguesías nacionales de sus respectivos países, que, al no tener representación política/electoral –pues a diferencia de las burguesías revolucionarias francesa e inglesa pactaron con la vieja clase dirigente italiana y alemana en vez de apoderarse de los canales institucionales–, desdibujaron los contornos del republicanismo liberal. Nada de eso pasó con el peronismo, un instrumento de clases bajas combatido por la burguesía argentina que jamás abandonó en lo sustancial el esquema constitucional clásico de 1853.
A caballo de una epistemología similar, entonces, podemos discutir nosotros el paralelismo que intentó el ex actor del Maipo entre la presidenta CFK y el ex general presidente al que sus patrones insisten en aludir como ex dictador.
Y resulta que el bloque social que se benefició con la política del mal llamado Proceso es hoy el antagonista principal del gobierno de la presidenta CFK. Aquella dictadura tuvo víctimas y beneficiarios. A estos últimos, sistemáticamente ocultados –a partir de la teoría de los dos demonios– se los encuentra más claramente que en ningún otro lado en la nómina de AEA (Asociación de Empresarios Argentinos), cuya vicepresidencia ejerce el Grupo Clarín. Ese entramado de clases dominantes fue impulsor del diseño económico que Martínez de Hoz impuso a sangre y fuego a partir de 1976, el de la valorización financiera que los articula casi como un todo único e imposible de ser disociado, y que se mantuvo inalterado hasta 2003.
A partir de la asunción de Néstor Kirchner como presidente ese ciclo histórico ingresa en crisis: con éxito en algunos casos, como ser la ley de medios o la nueva carta orgánica del BCRA; y sin tanto en otros, pues la ley de entidades financieras permanece intocada. Y otro tanto sucede con Papel Prensa, negociado arquetípico de la alianza que vertebró al ciclo histórico que se consolidó desde el desplazamiento de Isabel Martínez de Perón de la presidencia de la Nación.
La web de Clarín titulaba, a minutos del deceso, con mucho de cinismo, que había fallecido, en la persona de Videla, “el ideólogo de la dictadura”. La realidad indica que Videla ejecutóun programa cuyos topes estaban ubicados por fuera de su voluntad personal. Fue expresión de un colectivo sintetizado por la presencia de Martínez de Hoz en el gobierno procesista, para el cual el ejército aportó la condición de posibilidad, el genocidio de 30 mil personas, de un programa que hasta entonces había sido bloqueado por la dinámica combativa de las clases populares a partir del primer peronismo.
Más adelante en su columna Lanata se pregunta “¿El sueño de Onganía de gobernar veinte años difiere en sustancia de la reelección indefinida?”. En el voto de la ciudadanía que convalidara las hipotéticas reelecciones; a diferencia de Onganía, que no fue nunca sustentado en las urnas por nadie. Pero es cierto que lo electoral es para quien denunciara a Clarín por lavado de dinero una cuestión menor: en el panfleto propagandístico que le hizo escribir Luis Majul, el conductor de PPT dice que a su entender la democracia es “el sistema con que el Estado incide para que las mayorías no le pasen por encima a las minorías”.
“De ahí a los regímenes ‘democráticos’ dónde las minorías pasan por encima de las mayorías no parece haber una distancia insalvable.”, replicó a esa definición el periodista Juan Salinas, quien fuera compañero de Lanata, en su blog.
Es, la definición de Lanata sobre democracia, el tipo de afirmaciones que prueban que “la cultura autoritaria del Partido Militar aún sobrevive y atraviesa la historia argentina del siglo XX y el actual”. Y que “Falta que pase mucha agua bajo el puente hasta que Videla esté definitivamente muerto.”, según cierra su columna el empleado principal de Héctor Magnetto. Bien que de una inteligencia tal se nutrió cuanta interrupción del sistema democrático hubo en Argentina.
Un buen paso adelante sería que Clarín finalmente decidiera acatar las leyes de la república. Difícil: se hizo lo que es a través de la arquitectura jurídica procesista.
El DNU de Macrì en contexto
El jurista Gustavo Arballo advertía sobre la ley de medios, en un post de su blog, el 25 de septiembre de 2009, que los actores grandes del mercado de medios audiovisuales iban “a iniciar una guerra de guerrillas contra la Administración, litigando en sede administrativa y luego en sede judicial los mecanismos de transición. Cosa muy complicada, la cirugía bucomaxilofacial de la hidra de mil cabezas va a llevar tiempo y un pallet de anestesias y cautelares. (…) El cronograma y las bazas de esa transición no la puede controlar absolutamente el gobierno, no porque no pueda ser mayoría en la autoridad de aplicación, sino porque hay algo que se llama ‘control judicial’, que va a ser aquí persistentemente requerido y monitoreado, y uno piensa, prestamente ejercido.”
Y concluía: “Esto ocurrirá así con independencia del plazo nominal que use el legislador para ‘apurar’ el proceso” (énfasis del original).
Estas citas resultan ser, a casi cuatro años vista de escrito aquello, la mejor guía conceptual para entender el movimiento que intenta desde hace algunas horas Maurizio Macrì, el jefe del desgobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en derredor del expediente, en vías a tornarse batalla y eterna, por el cumplimiento efectivo y completo de lo dispuesto por la ley de servicios de comunicación audiovisual (LdSCA), en el que ha intervenido por medio de un DNU local que se pretende “en defensa de la libertad de expresión”.
El operador del diario La Nación Joaquín Morales Solá puso blanco sobre negro al día siguiente del mamarracho firmado por el intendente porteño: “(…) el trasiego de planteos por la jurisdicción será largo y seguramente terminará en la Corte Suprema de Justicia” (énfasis nuestro).
En efecto, habida cuenta de la muy probable –y, sobre todo, próxima– convalidación que de la LdSCA puede llegar a establecer la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín, cuyos intereses gerencia cabalmente el ex presidente de Boca Juniors como fiel exponente del bloque de clases dominantes que nunca ha dejado de ser, apuesta, ahora por medio del DNU porteño, a aferrarse de la que ha sido su táctica predilecta desde siempre: el paso del tiempo, a expensas del cual pueda operar políticamente una modificación de escenario en el que le sea posible esterilizar las pretensiones reguladoras de las instituciones de la república.
Dicho de un tirón: en la hipótesis de que la LdSCA fuera declarada constitucional en su totalidad –y no por partes como ocurrió con el fallo que a estos respectos firmó en abril último la Cámara Cautelar de Apelaciones en lo Clarín y Rural–, la sucesión de trámites que se harán necesarios a efectos de disponer la concreta aplicación de lo dispuesto en su articulado será de todo menos sencilla. Y cada nuevo acto administrativo en tal sentido abriría una numerosa cantidad de posibles litigios que operasen en función de insistir en la paralización de la actividad del órgano administrador del Estado (esto es, el Poder Ejecutivo).
Lo antedicho fue parcialmente solucionado por el Estado a través de una de las seis leyes que integraron el primer paquete de la reforma judicial, por medio de la cual se corrigió el abuso de medidas cautelares de que se servían los distintos elementos del establishment. Bloqueada esa posibilidad, Clarín podrá ahora acudir al salvavidas de la sobrejudicialización que a partir del conflicto de competencias generó Macrì con el DNU local que acaba de presentar, de evidentes pretensiones electorales y que presta enorme atención de las vicisitudes que alega el multimedios conducido por el contador Héctor Magnetto.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como cualquiera de las 23 provincias de la organización federal establecida por la Constitución Nacional, conserva para sí la competencia regulatoria en materia de libertad de imprenta. Ello es así desde la reforma constitucional de 1860, fue una de las condiciones que puso el entonces Estado de Buenos Aires para aceptar la reunificación nacional con la Confederación. Temerosos los dueños de los diarios porteños del siglo pasado de posibles represalias que pudiera querer cobrarse con ellos el general Justo José de Urquiza, líder de la Confederación, por el trato denigrante que recibía en sus páginas.
La definición, entonces, rastreada en su sentido histórico, está clara: es sobre prensa escrita que no puede establecerse la jurisdicción federal. Así y todo, las estipulaciones de la ley de medios no requieren de ser abordadas a través de analogía ninguna, tienen regulación específica en la CN artículo 75, inciso 19, párrafo cuarto, que establece como atribución del Congreso, entre muchísimas otras enumeradas en el mismo artículo, la de “Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.”
Doctrina, por otro lado, compartida también por una serie de fallos de Corte Suprema de Justicia, el último de los cuales es del año 2012, en un caso en que la provincia de San Luis demandó contra las potestades del Estado nacional en materia audiovisual.
El DNU PRO-Clarín, así las cosas, confunde –por supuesto que de manera intencional– las competencias entre el orden federal y el local, por un lado, además de, en virtud de la excesiva cantidad de facultades que se auto atribuye en su articulado, pasar abiertamente por encima de otra legislación nacional (la ley de quiebras, por caso, con una prohibición al desapoderamiento de bienes, y también el derecho de huelga de los trabajadores de prensa) y aún constitucional (exceptuando a un tipo particular de empresas, las de medios, de la posibilidad de expropiación, lo que a su vez conlleva problemas en términos de igualdad).
Y nunca estará de más recordar la voluntad desesperada de Macrì por colocarse a resguardo de sus propias desventuras judiciales, está procesado en doble instancia por los tribunales federales en la causa por escuchas ilegales. Ésta será una de tantas bengalas que a que pueda acudir como excusa si ese asunto se le complica cuando le llegue la hora de victimizarse mintiendo persecuciones que atribuirá a su condición de opositor al kirchnerismo.
De todas formas, interesa poco adentrarse en la especificidad de la amplia gama de cuestionamientos legales que es posible señalar del esperpento jurídico firmado por Macrì. El bloque que integra el jefe del desgobierno porteño ya ha reconocido expresamente que es secundario para ellos el territorio argumentativo, tan es así que se está en medio de una suerte de psicosis social a partir de la especie de una hipotética intención por parte del gobierno nacional de intervenir el Grupo Clarín, que a esta hora no ha superado el rango de las formas verbales condicionales.
A pocas horas de anunciado el blanqueo de capitales por el equipo económico de la presidenta CFK, fracasó un nuevo intento de corrida bancaria, tanto que ahora el precio de la divisa ilegal desciende raudamente. Se hacía necesario generar una nueva línea de condicionamiento al oficialismo: el cuidado de la salud de Clarín, teóricamente en riesgo, es la respuesta. En momentos en que la confrontación del grupo dominante del mercado infocomunicacional argentino con la legalidad ha ingresado en tiempo de descuento y con pronóstico reservado.
Justo en la semana en la que se cumplieron 10 años de la amenaza de José Claudio Escribano en tapa de La Nación al entonces recién consagrado presidente Néstor Kirchner. El pliego de condiciones al que debía someterse si no quería que su gobierno durase apenas un año. Que así, después de todo, se había manejado siempre el establishment con los gobiernos consagrados desde 1983: sólo se gobernaba si era en acuerdo con el bloque de clases dominantes, al que los diarios Clarín y La Nación expresan y organizan; y si no, no. Por ese pliegue intenta ahora Macrì erigirse antagonista refutatorio del presente ciclo histórico: que la política vuelva a ser mera instancia de convalidación de negocios privados.
A la luz de lo sucedido en estos 10 años, cada cual podrá sacar sus conclusiones respecto de si finalmente Kirchner accedió o no a las amenazas que le formularon. No fue uno, como pronosticó Escribano. Ya van 10, serán 12 y quién sabe si no más. Hoy el pliego de condiciones se denomina “cotización del dólar blue” y “amenazas contra la libertad de expresión”. A partir de lo aprendido en una experiencia de la que fue protagonista principalísima, sabrá la Presidenta cómo responder a las bravuconadas de los mafiosos de 2013, según Néstor lo hiciera con los de 2003.
Sabe cuál fue el camino que permitió a su espacio dejar en ridículo por decuplicado a quienes creyeron que podrían maniatarlo. Se trata no más que de reincidir en lo que ya ha sido exitoso.
Lo que oculta la desmesura
Cuesta por estas semanas encontrar planteos analíticos originales acerca del escenario político actual. Cada vez se tarda menos en leer los diarios, por cuanto toda nueva edición parece una repetición de la anterior. Ésto, independientemente de la línea editorial que se quiera considerar. Las diferencias no van más allá de la exageración con que cada medio procede, en lo que lleva la delantera, y claramente, el Grupo Clarín, cuya confrontación con la legalidad ha ingresado en tiempo de descuento y con pronóstico reservado.
La desmesura comentada responde a las carencias argumentativas, o bien a la imposibilidad de asumir en su completa dimensión las razones con que se cuenta.
La ausencia de novedades, por su parte, puede que indique que las líneas dominantes que organizan el cuadro de relaciones de fuerzas no se han alterado significativamente desde octubre de 2011, última referencia disponible, dato –por cierto– no menor: las posibilidades de que ocurran alteraciones considerables en la composición parlamentaria en una elección en la que el kirchnerismo jugará lo obtenido cuando su peor desempeño (2009) son escasas. En un contexto, aquél, además, y de lejos, peor, por la previa que lo rodeó y por el resultado final, el oficialismo elaboró el 54,11% de la reelección de la presidenta CFK.
En ese marco, la foto que agrupó a Hugo Moyano, José Manuel De La Sota , Francisco De Narváez, Roberto Lavagna y otros levanta expectativas desmedidas, habida cuenta del escaso anclaje que en términos de poder político pueden exponer los mencionados.
Moyano ha perdido peso de manera alarmante hasta en la que fuera, otrora, su cancha natural, la calle, pasando de convocar 500 mil personas en la 9 de Julio para pedir la reelección de la Presidenta –en nombre, recordemos, del descanso en paz de Perón, Evita y Néstor Kirchner–, hace dos años, a la testimonialidad raquítica de un pellizco de Plaza de Mayo el 20 de diciembre del año pasado y otro tanto de Plaza Congreso para repudiar la reforma judicial hace pocas semanas.
De La Sota cabalga con habilidad sobre la fractura política post 2001: juega sus fichas a la hipótesis de un armado nacional para el año 2015, que por el momento no supera ese rango, en medio de un juego en el que, a excepción del Frente para la Victoria, sólo existen confederaciones de armados provinciales. Requiere, sí, de algún impulso extra para conservar la primacía en su territorio, toda vez que, como ya hemos dicho aquí, le ha costado el triunfo cuando no fue a las urnas acompañado del kirchnerismo. Pero no juega mucho (Córdoba elige diputados, no senadores, en 2013; se gana más fácil), no pondrá el cuerpo él mismo (lo hará alguien de su riñón, Schiaretti, figura también fuerte de la política local) y, lo más importante de todo, tiene reelección como gobernador a mano ante cualquier improvisto.
De Narváez sólo fue depositario del clima anti K de 2009, y Lavagna aspira al voto porteño, que lo es de por sí (opositor acérrimo al kirchnerismo), independientemente de coyunturas. Una elección de tamaño consorcio y sin contrincantes en la interna del PJ Santa Cruz fue presentada como derrota abrumadora de La Cámpora y la Presidenta.
El oficialismo carga con las dificultades propias de todo expediente sucesorio, pero a la hora de rastrear la posición y alineamiento políticos del PJ nacional, el peronismo que gobierna realmente, se encuentra con que la Presidenta consigue que se mueven gabinetes provinciales durante algunas horas a los fines de consagrar en el Congreso nacional el acuerdo con Irán, y que el partido documenta, de puño y letra, su adhesión a la figura presidencial y a sus lecturas situacionales, aún la provincia de Buenos Aires y a, apenas, dos años vista del fin de un mandato sin reelección.
Entonces, ¿qué es lo que subyace detrás de tanta humareda?
El kirchnerismo ha sintetizado la posibilidad de que la política sea otra cosa que la convalidación institucional de la expansión de la rentabilidad empresaria sin límites y a cualquier costo. No se han reconfigurado las estructuras de propiedad de modo decisivo, sí se ha discutido la captación de rentas por parte del Estado con mucha mayor fortaleza; esto es, ha existido un programa de modificación de las decisiones políticas –siempre arbitrarias, y también modificables– que convalidan la transformación a privado del dinero para mutarlos en públicos y operar una redistribución en función social, que arroja –a la fecha– saldos, de lejos, mejores que los existentes al año 2003.
Apenas eso, podrán reprochar desde los extremos del imposibilismo épico; lo cierto es que para Argentina ha sido bastante, considerando el pasado más inmediato y las ronchas que eso acusado de escaso levanta en sectores de privilegio. Las principales variables tarifarias y otras de distintos mercados a posteriori de la megadevaluación de 2002, libradas al dictat “natural” de la oferta y la demanda habrían implicado una herida social aún peor que la muy grave que por entonces ya se vivía. Y allí estuvieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para repartir las cargas de un ajuste que no habían elaborado ni compartido (Kirchner se negó a ser jefe de gabinete de Duhalde porque no acordaba con la pesificación asimétrica).
Cuando se observan las manifestaciones de AEA, el bloque de clases dominantes nacional, hace muy poquito a propósito de la discusión sobre los tribunales –su refugio último contra las pulsiones del populismo reformista–, la disputa queda clara.
Clarín recorre otras rutas epistemológicas: la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial sentenció que quedan a cargo de la libertad de expresión los elementos más potentes del negocio comunicacional, al disponer que no cabe la regulación estatal en mercados potencialmente ilimitados en su tamaño, lo que en concreto equivale a la posibilidad del actor dominante (Clarín) de expandirse ad infinitum; y que prensa independiente y autosustentación económica son sinónimos. De esa inteligencia penden hoy sus relajados topes.
Mario Wainfeld dijo este último domingo en Página 12 que la expresión programática alternativa no es condición sine qua non del triunfo electoral para ninguna oposición. Ése es el hilo invisible que sostiene la unidad entre armados partidarios adversos al de la presidenta CFK y poder real. El PRO lo hace más sencillo: promete explícitamente una devaluación de 40%, mete tiros y palos en el Borda y a otra cosa. Por eso es también que Maurizio Macrì no logra salir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no se lo invita a las fotos de familia, algunos de cuyos integrantes se le despegan sutilmente.
La imposibilidad de asumir electoralmente un relato como el de la lógica que vertebra el fallo Clarín en una sociedad transformada en profundidad en cuanto a la conciencia de sus derechos en 10 años y las múltiples posibilidades de presentar una derrota de Cristina Fernández que permite una elección legislativa de medio término hacen el resto. Al margen de lo que dispongan las urnas en términos institucionales, lo que urge a Clarín es comprar el tiempo que frene la dinámica cuestionadora de que el rumbo los negocios privados funcione como eje rector de la sociedad (el Congreso ’09/’11 no logró sancionar ni una sola ley); el empate del establishment del que hablábamos en el último post.
Y dos años son demasiado tiempo para que una república democrática los pierda en función de la vigencia de la estructura de negocios de nadie.
Una disputa política por detrás del debate jurídico
Las inundaciones en La Plata y Ciudad de Buenos Aires expusieron dramáticamente el estatuto de posibilidades de la política argentina. Gobernado el país con el lucro privado y la libertad de comercio, en vez de con el bienestar ciudadano en sí, como epistemologías fundamentales, es ocioso reclamar otras respuestas del arco parlamentario que la carrera detrás de los desastres, en tanto que el orden material que transita la vida política y socioeconómica no permite más nada. Las tragedias son consecuencia de la contemplación de no otra cosa que la expansión sin límites de los negocios. Y frente a eso, el impacto social colateral no goza de rango alguno.
Aunque el kirchnerismo denuncia y muchas veces combate la trama arriba enunciada, lo cierto es que no ha terminado todavía de sustituirla por un nuevo y completo esquema de gobernabilidad. Ése es el drama del posneoliberalismo que atraviesa a todo el espacio sudamericano, en el que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo se resiste a morir.
Son las contradicciones que pusieron, así las cosas, en duda la victoria en las presidenciales 2013 de Venezuela del heredero del recién fallecido comandante Chávez frente a un candidato de bajísimo espesor pero que se benefició de las profundas dificultades que cada tanto acosan a la Revolución Bolivariana, todavía a la espera de perfilarse por completo como nuevo orden histórico. Y eso que son los que más lejos han ido en la tarea. Con una propuesta apenas conservadora –y no más allá del nivel de lo promisorio–, no tocar lo que el chavismo conceden que logró hasta acá, Capriles casi logra una hazaña.
Expresión cabal del establishment venezolano que añora el Punto Fijo –matriz a partir de la cual se edificaron espacio de privilegio en el país de Bolívar–, antes de desatar la violencia como consecuencia de su capricho en no aceptar su derrota –incuestionada por nadie más que por él mismo–, Capriles sintetizó perfectamente la voluntad del poder real: la apuesta a por el empate, clavar el freno a la dinámica reivindicatoria de las sectores desposeídos.
Allá tanto como acá, ése es el programa opositor. Y es cualquier cosa menos casualidad que las manifestaciones de disgusto procedan al son del batir de cacerolas. Lo definió de modo brillante Alejandro Horowicz para explicar las protestas del 18A argentino, ocurre que no es objetivo compartido ni aceptado por amplias franjas sociales el de cambiar las estructuras del poder real, lo contrario genera malestares profundos, pese a que tampoco el gobierno argentino haya pisado el acelerador todo lo aconsejable en tal sentido. Completa Lucas Carrasco, el malestar remite a lo simbólico, no se constata materialmente con dramatismo.
Cuando el impacto, agrega ya Segundas Lecturas, sí es verificable, se insiste, las exigencias de soluciones son inabarcables para el menú de opciones disponibles en el plano de lo real, tal lo enunciado en el primer párrafo. Y resulta ser que el perro se muerde la cola, llegados a este punto, pues las quejas por disgustos que por supuesto se pueden compartir perfectamente, requieren, para ser satisfechas, de que se operen cambios que al instante siguiente se denuncian como inaceptables, en tanto prologuistas de hipotéticos porvenires dictatoriales. El ciclo insatisfacción/repudio se retroalimenta con virulencia creciente.
En medio de lo que es, como repetidamente hemos venido señalando, la ausencia de voluntad opositora para interpelar a los sectores refractarios para con el oficialismo, lo que lleva a tales a las calles a tomar las riendas de sus reclamaciones por sí mismos, el juego deviene de suma cero, en tanto no se logra canalizar la tramitación de las demandas a través de ningún carril de resolución institucional. En la misma cuerda, que la matriz de intereses adversada por el kirchnerismo cuente con el plantel opositor a su disposición colabora con la elaboración de un clima social que sea capaz de fracturar o esterilizar al gobierno nacional allí donde ahora se encuentra. Justo igual que lo enunciado sobre Venezuela.
Como hemos dicho, el Poder Judicial, el menos intervenido por el ciclo post 2001, por ende el de mayores afinidades con la lógica que organiza los comportamientos del bloque de clases dominantes beneficiario del esquema de la democracia de la derrota –durante el cual el único interés contemplado era el de los negocios privados–, es el escenario de disputa más apto para reflejar los tiempos históricos que se confrontan. El Grupo Clarín obtuvo de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial un fallo consagratorio de los axiomas a los que canta serenatas incansablemente, en torno de la ley de medios audiovisuales.
Resulta notable observar cómo conforme avanzó el expediente quedó claro que se discuten, ante todo, intereses patrimoniales, a través de los cuales la prensa comercial opositora consigue determinarse como portadora esencial de valores enunciados como superiores, pero subalternados en la práctica, tal es el caso de la libertad de expresión. Cuya guarda queda conferida a quienes logran procurarse el dinero que otorga tal potestad. De otro modo, deberá resignarse a ser actor de reparto en el mercado info comunicacional. Y esa moraleja puede proyectarse a incontable cantidad de otros ámbitos de la vida nacional.
Los tribunales avalaron esta elaboración conceptual, puede asegurarse que compartida por la mayoría de sus distintos integrantes.
La posibilidad de abrir al interior del Poder Judicial espacios a la soberanía popular directa supondría una reconfiguración epistemológica estructural que inicie un camino opuesto en términos de consideración superior de los intereses ciudadanos. Frente a ello, las presiones empresariales no se han hecho esperar. Las embestidas a partir de denuncias periodísticas de sustento cuasi nulo tuvieron como corolario dos mensajes de fuerte contenido político: la voluntad explícita de atribuir en exclusivo a la corrupción dirigencial las inundaciones y de presionar pública y explícitamente a legisladores nacionales indefinidos en su voto respecto de los proyectos de reforma judicial.
En ese contexto votará el Congreso la democratización de la justicia. Decíamos la primera vez que nos referimos a las propuestas que sobre los tribunales argentinos auspicia la presidenta CFK, que implican un desafío a poner en cuestión lo conocido, la ausencia de voluntad más que para administrar lo dado, con las derivaciones que en varios sentidos de la vida pública ello supondrá.
Se trata de que la clase política defina si va a pelear por remover varios de los topes que entorpecen su capacidad de acción.
Lanata (más que nunca) sin filtro
Finalmente, el operador político principal del Partido Clarín, Jorge Lanata, decidió blanquearse y asumir explícitamente el rol que ya ocupaba en el debate político nacional. Por medio del editorial de apertura de la emisión de su programa de radio del pasado día lunes 25 de marzo, pidió a su audiencia “cambiar” al gobierno nacional, porque “no podemos seguir así, este país tiene que cambiar. Este país tiene que recuperarse.”
Casi inmediatamente, sintió la necesidad de aclarar que con sus palabras no estaba llamando “ni a un golpe, ni a una rebelión, ni nada”. Y cerró prometiendo “hacer todo lo posible para que pierdan ese inmenso poder que nos está haciendo mierda, y les pido a ustedes que hagan lo posible también. Tenemos que sacar a esta gente votando a otra gente. Pero esta historia no da para más.” Los términos utilizados son inequívocos.
Hay algo curioso, sin embargo, en el llamado a votar contra el kirchnerismo que hizo Lanata a caballo de una legitimidad desconocida. Elaboró el mensaje a partir de una pregunta que supuestamente le habría hecho un hombre hace unos día a la salida de la radio del Grupo Clarín, Mitre, donde presta servicios. Incomprobable, pero le sirvió como disparador. La frase de cabecera de Lanata para el año pasado en su programa de TV fue “hay que perder el miedo” –que vaya uno a saber quién tenía o tiene–, y su imaginario interlocutor quería saber cuál será la de este año.
Entonces, la sentencia que elige Lanata es “este año tenemos que cambiar”. Pero resulta ser que la convocatoria es para el año 2013. Se trataría de “sacar al gobierno en las urnas” en 2013, pues. Pero lo cierto es que en 2013… no se vota presidente de la Nación, sino que se trata apenas de una renovación legislativa.
¿Cómo se lograría, entonces, sacar al kirchnerismo en 2013, que es para cuando difunde Lanata su nueva prédica, si en 2013 no se vota jefe de Estado? ¿Acto fallido, acaso?
Otro dato sobresaliente del llamamiento del infotainer de Canal 13 es que La Nación y Clarín no levantaron sus dichos: ni en sus portales web ni en sus ediciones de papel, lo que no deja de sorprender, toda vez que cualquier comentario que sobre cualquier tema haga Lanata –capaz de opinar acerca del sistema de elección del presidente de AFA, a pesar de que él mismo reconoce no saber nada de fútbol– rebota y se multiplica inmediatamente a través de sus inmensas redes de difusión comunicacional.
Es verdad, semejante giro de la principal estrella de su plantel coloca a las conducciones del duopolio en un aprieto, toda vez que reduce a cenizas la pretendida neutralidad respecto de la competencia política sobre la que mienten cabalgar, fuente de la que también bebió el fundador de Página/12 hasta que decidió sincerar lo que hace rato es una obviedad para cualquier observador que conserve una dosis mínima de honestidad intelectual. Y el apresuramiento que evidenció Lanata en cuanto a los plazos institucionales supone un apuro aún mayor cuando la necesidad de desmentir maniobras golpistas acose.
Lo cierto es que al cabo de las primeras cuarenta y ocho horas de los dichos, una búsqueda simple en Google (‘Jorge Lanata + tenemos que cambiar’) arrojaba que el rebote de la noticia no iba más allá de sitios marginales (MDZOl, Opi Santa Cruz, Contexto –de Tucumán–). Y al cierre de este post, durante el día domingo posterior al programa a que hacemos referencia, aún no se pudo encontrar una línea en las publicaciones principales del consorcio de accionistas privados de Papel Prensa.
La deriva en que ha degenerado el comportamiento de ciertos sectores sociales a partir de la renuncia de la oposición partidaria formal al cumplimiento de su rol constitucional de representación, lo que equivale a que las conductas no se enmarcan en códigos estatuidos, encuentra eco en expresiones antipolíticas como las de Jorge Lanata, quien indudablemente se convirtió en bandera mayoritaria de los sectores que se expresaron en los cacerolazos opositores de 2012. Es decir, existe un segmento electoral disponible a la espera de una conducción política que lo sintetice
También el año pasado, la nueva editorial de Luis Majul publicó, con la firma de su dueño, una biografía, aunque bastante precaria, absolutamente apologética del conductor de PPT, casi en línea con la maniobra de autopostulación que emprendió Jorge Bergoglio cuando comenzó a comentarse que Joseph Ratzinger podía llegar a renunciar a su papado y el ahora obispo de Roma publicó casi en simultáneo una autobiografía muy elogiosa de sí mismo. Allí Lanata –claro que sin una pizca del talento político de Francisco– confesó al conductor de La Cornisaque aceptaría una candidatura “en condiciones extraordinarias: por ejemplo, si la Argentina estuviera en peligro de ingresar en una crisis parecida a la de 2001”.
No es un misterio para nadie que siga con un cachito de atención las coberturas mediáticas principales que la pretensión de construir en estos días un clima tipo final del mandato de De La Rúa es permanente.
Y que en los últimos tiempos ha cobrado especial virulencia contra elementos característicos significativos del elenco oficialista, en especial con los ataques delatorios contra La Cámpora, acusada de cuanto una mente perversa sea capaz de pergeñar, en el último de los casos de portación ilegal de armas a través de manejos oscuros del RENAR, a cuya conducción ha llegado la militancia juvenil kirchnerista, especie surgida de la pluma del propio Lanata a partir de las versiones del rigor documental que suponen desquiciados de la talla de Raúl Castels y Elisa Carrió.
Pero el raid se ha extendido bastante, con especial intensidad desde el masivo 8N, y toca extremos preocupantes como la tergiversación de unas declaraciones sobre las prácticas de las organizaciones revolucionarias actuantes durante los ’70 –expediente, este último, que ha recobrado especial relevancia en estas semanas, con la evidente pretensión de transpolar aquella situación a la actual–.
En cualquier caso, el activismo pendenciero de Clarín está funcionando a todo vapor. Sabiendo que le corre tiempo de descuento, con lo que más tarde o más temprano deberá adecuarse al Estado de Derecho en lo que hace a la ley de medios, apela a cuanto puede para intentar un reemplazo gubernamental que lo exima del sometimiento a la ley que le corresponde como a cualquier hijo de vecino. Están en la elaboración del contexto que justifique cualquier forma de reacción: desde la insistencia con el miedo a la censura de la prensa libre, la inminencia de un apocalipsis socioeconómico y las pulsiones nazifascistas del kirchnerismo, todo por supuesto en carácter de hipótesis.
Aún descartada la coordinación de movimientos a la hora de su más reciente invectiva, Lanata sabe que cuenta con terreno fértil para operar. En cualquier caso, ha decidido descorrer el velo detrás del cual escondía sus evidentes intervenciones. Está subido al ring y con los pantaloncitos cortos ya puestos.
Y ya se sabe, el ridículo es un viaje apenas de ida.
La crisis política de Clarín en torno a la democratización de la Justicia
Cuando Clarín elige el Poder Judicial como terreno esencial para el desarrollo de su respuesta a la interpelación que le es propuesta desde hace algunos años por el gobierno nacional, actúa con una racionalidad instrumental impecable.
Veamos. Hay un elemento que llamativamente se soslaya a la hora de la historización del diferendo entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. El circuito conducido por Héctor Magnetto se convirtió en actor político/económico de relevancia central en la vida institucional del país a partir de una práctica que hasta cierto punto se demostró implacable: Clarín presionaba a un gobierno constitucional para obtener un beneficio comercial bajo la amenaza de que, de no acceder aquél a la solicitud/exigencia, procedería en términos vengativos sobre la marcha de ese gobierno.
A caballo de dicha tesitura, Clarín, en línea con la operativa política de la totalidad del resto del bloque de clases dominantes, inventó que su propio éxito era a la vez el del país todo.
Ahora bien, cuando a partir de 2008, por las razones que fueren, el kirchnerismo decide quebrar el pacto de subordinación, que en el caso específico de Clarín sostuvo en línea con sus antecesores durante 5 años, del mismo modo que procedió con el resto del arco de beneficiarios del programa de Estado 1975/2001, Clarín se enfrenta a una situación inédita, y esto es lo novedoso: concretar las advertencias en los hechos.
Nunca, se insiste, hasta la ruptura con el kirchnerismo en el despertar del primer mandato de la presidenta CFK, Clarín había enfrentado semejante dilema, hacer realidad que equis cantidad de tapas del diario derrumban una presidencia, que supone un giro situacional copernicano, en tanto implica la necesidad de readecuar su lógica operativa. Esto es, cómo reconfigurar su táctica fachada, el periodismo, que en relación a su esquema de negocios observado en su completa dimensión es sólo un elemento aunque de rol principal, en función de su estrategia general, la política y comercial.
Sin que quede en evidencia su salida fronteras afuera de la ciudadela de la neutralidad, imparcialidad, independencia, objetividad, asepsia; en fin, de las pulsiones a que las referencias dominantes del oficio periodístico intentan hacer creer que debe aspirar esencialmente su práctica. Ése es su desafío; no menor, habida cuenta, se reitera, de lo novedoso del asunto.
La torpeza, entonces, de Clarín para conducirse según los nuevos términos del litigio –donde ya más de mil portadas, pese a la creencia de otrora, no han podido con Cristina Fernández–, se suma a la falta de comprensión por parte del gobierno nacional, por lo menos hasta inicios del presente año, del enfoque en que se refugió el multimedios para resistir la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual; es decir, para continuar a salvo en su insubordinación respecto del Estado de Derecho.
Esa ecuación ha dado como resultado el actual estado de insoportable indefinición situacional, de un trámite crecientemente empiojado en Tribunales.
No hace falta ser un experto en la materia para conocer que la enorme mayoría de los jueces actualmente en funciones se han formado durante el período de gobierno de la dictadura burguesa terrorista, o bien de la democracia de la derrota, que para el caso de la pertenencia sistémica ideológica conforman un mismo pack, al interior del cual no existen fisuras significativas a propósito de temáticas fundamentales, por caso el rol del Estado en materia de libertad comercial.
Y resulta ser que el sentido común dominante entiende acerca de la función judicial que debe reposar sobre valores idénticos a los referenciados ut supra para el periodismo, y no como lo que son: productos de una correlación de fuerzas concreta durante un período histórico determinado.
El teórico del Derecho Luigi Ferrajoli destruyó la zoncera con contundencia: “Los juristas –sostiene Ferrajjoli– no se limitan a describir su objeto de estudio, sino que contribuyen también a crearlo, a definirlo, a expandirlo o a restringirlo dependiendo de sus inclinaciones ideológicas e incluso de sus afinidades políticas. (…) Si esto es así, caerían de una vez y para siempre los mitos construidos alrededor de la tarea puramente ‘científica’ de los juristas, que presentan el trabajo de los teóricos como políticamente neutral.”
Así las cosas, no resulta imprescindible para Clarín, cuya mayor relevancia política fue construida en paralelo con el ciclo histórico de apogeo del neoliberalismo en Argentina, comprar las voluntades de los funcionarios judiciales que sostienen su statu quo actual, o de reincidir en la amenaza contra ellos, aunque de hecho una y otra cosa siguen ocurriendo: se trata de coincidencias filosóficas estructurales profundas entre las partes respecto de lo que deben ser el Estado y la política.
Lo que fue mientras Clarín recogió de aquello su otrora condición de prepotencia: la institucionalización del estado de cosas que surgen de la dinámica natural del mercado por parte de las instituciones republicanas, en vez de su interpelación, que es lo que correspondería si se coincide en que la democracia aspira al bienestar general, según reza el Preámbulo de la Constitución Nacional. Entonces, si el gobierno nacional aspira a equilibrar fuerzas en el único segmento institucional desvinculado de la soberanía popular, quizás se de vuelta la página en esta historia.Y más allá de las particularidades específicas de la causa Clarín, también en relación a lo que como epistemología política implica en cuanto a disputa de intereses materiales.
Las profundidades del 24 de marzo de 1976 y la muerte de Martínez de Hoz
Por distintos motivos, las últimas recordaciones del 24 de marzo de 1976 han sido especiales. Este año llega muy cerca del fallecimiento de José Alfredo Martínez de Hoz, símbolo máximo de las implicancias civiles en el Proceso de Reorganización Nacional, ocurrido apenas 8 días antes del 37º aniversario del inicio del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.
¿Cómo escribir sobre la dictadura burguesa terrorista abarcando acabadamente el recorrido que desembocó en el último golpe de Estado de la historia argentina?
Nuestros historiadores suelen atarse en demasía a criterios institucionales formales para designar ciclos históricos y políticos; esto es, el inicio o el fin de tal o cual gobierno. Si bien, desde luego, tales son elementos importantes a la hora de la clasificación categorial, pueden, sin embargo, llevar a equívocos importantes si no son debidamente cruzados con diversos auxilios de otro tipo.
Por caso, mal puede hablarse del peronismo si uno apenas considera lo acontecido a partir de la revolución del 4 de junio de 1943, o bien del 17 de octubre de 1945. Mejor se entenderá el asunto si uno rastrea las novedades producidas por el yrigoyenismo durante su tránsito desde el espacio revolucionario abstencionista que representó entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX hasta su integración al arco parlamentario en virtud de la ley Saénz Peña de 1914; y la primera construcción orgánica de herramientas de intervención estatal en la economía diseñada por el doctor Federico Pinedo durante el gobierno del general Agustín P. Justo.
Y conste que, arbitrariamente, elegimos en este tramo atender exclusivamente a los sucesos locales que circundaron el surgimiento del movimiento que conduciría el general Perón, dejando de lado lo aportado por el escenario mundial de entonces.
Del mismo modo, pretender la condensación absoluta de la totalidad de los golpes de Estado de nuestra historia en la fórmula de Partido Militar devendría en el error de englobar, sin matices –y he allí el equívoco–, en un mismo espacio al general Alejandro Agustín Lanusse con los integrantes de las distintas juntas militares que condujeron el gobierno del Proceso.
Con ello, quedarían asociados el presidente de facto durante cuyo mandato se esbozaran las primeras líneas del plan Gelbard, que acabaría siendo el programa del gobierno del doctor Héctor J. Cámpora, del interinato presidencial de Raúl Lastiri, del tercer período de Juan D. Perón y de la primera mitad del tramo de María Estela Martínez; junto a sus camaradas de armas que vinieron a completar la demolición de esa última versión del modelo de sustitución de importaciones iniciada, todavía con Isabelita en la presidencia, a partir de la designación del ingeniero Celestino Rodrigo en el Ministerio de Economía.
Es mejor consejera para la confección de definiciones la observación respecto de la composición social de intereses representados que la consideración de los plazos constitucionales.
A caballo de dicha epistemología, por caso, es fácil rebatir la asimilación que se pretende entre fascismo y nazismo, por un lado, y peronismo, por el otro: los primeros fueron fenómenos de clases medias sustentadas por las burguesías nacionales de sus respectivos países, que, al no tener representación política electoral, pues a diferencia de las burguesías revolucionarias francesa e inglesa pactaron con la vieja clase dirigente y no se apoderaron de los canales políticos/institucionales, desdibujaron los contornos del republicanismo liberal. Nada de eso pasó con el peronismo, un instrumento de clases bajas combatido por la burguesía argentina que jamás abandonó el esquema constitucional liberal.
Y nos acercamos, de ese modo, a nuestro propósito: la comprensión de las profundas y complejas significaciones de la interrupción del orden constitucional sucedido hace hoy exactos 37 años a partir de la figura de José Alfredo Martínez de Hoz.
Se reitera, entonces: el peronismo constituyó tanto otro capítulo del ciclo de industrialización nacional que comenzara con el plan Pinedo, aunque con distintas características operativas –así como sería diferente a los dos también la versión desarrollista del dúo Arturo Frondizi/Rogelio Frigerio–, como el ingreso de los sectores desposeídos a la ciudadanía a través de la resolución de la cuestión social argentina que se generara como consecuencia del modelo agroexportador, cuyo drama consta en el informe encargado por el general Julio A. Roca al doctor Bialet Massé durante su segundo gobierno.
En derredor del expediente social circuló el drama político argentino desde que Perón fuera derrocado de la presidencia el 16 de septiembre de 1955. Se inició entonces un ciclo de 18 años de inestabilidad institucional al que se caracterizó como el del empate hegemónico entre una clase dominante que era incapaz de imponerse electoralmente tanto como de revertir las transformaciones producidas y aceleradas por el peronismo, y una amplia masa de sectores populares despojada de herramientas materiales de intervención e impedida de expresarse en las urnas.
En el año 1971 se plantea la opción del acuerdo entre un sector del bloque de clases dominantes y el movimiento obrero organizado en la CGT, que fue inicialmente rechazado por las estructuras políticas mayoritarias del empresariado –porque era, decían, “socializante y estatizante”– y también por el espectro social peronista, que no aceptaba conciliar por debajo del levantamiento de la prohibición electoral –dispuesta desde el inicio de la Revolución Fusiladora y nunca levantada hasta 1973– y el retorno de Perón al país.
Concretado que fuera esto último, y luego de la victoria de Cámpora en las elecciones presidenciales, se acercaron posiciones entre los antes refractarios y se decidió la puesta en marcha del programa del ministro de Economía de los gobiernos del tercer peronismo, José Ber Gelbard; el acuerdo CGT/CGE, que se proponía definir la conversión de la economía nacional a un sistema con eje en la industrialización.
La dinámica confrontativa en que derivaron los contratantes desde el fallecimiento del general Perón en 1974, entre sí y al interior de sus propias organizaciones, definió el fracaso del plan Gelbard, y abrió espacio para que en el bloque de clases dominantes ganaran posiciones los sectores que postulaban la necesidad de clausurar lo inaugurado por Federico Pinedo en la década del ’30; “el desarrollismo fracasó”, decía el referente de la línea, José Alfredo Martínez de Hoz, desde ACIEL, único segmento industrial que no se sumó al Pacto Social gelbardiano y que capitanearía APEGE, la reconfiguración de las clases propietarias que edificó las condiciones necesarias para el clima de golpe con el lock out del verano de 1976.
El bloque social que impulso, impuso y sostuvo al gobierno del general Videla fue también el que participó en rol protagónico de la elaboración del plan del ingeniero Celestino Rodrigo (el famoso Rodrigazo), ministro de Economía de Isabel Perón durante un par de meses en 1975 –tras el despido de Gelbard–, de corte sustancialmente idéntico –e iguales beneficiarios– a los programas económicos gobernantes hasta 2001: Martínez de Hoz, Primavera, Austral, Cavallo I y II, Blindaje, López Murphy y demás.
Los días 7 y 8 de julio de 1975 se produjo un paro general contra las consecuencias del Rodrigazo, presionado desde las bases obreras y al que la conducción de la CGT de entonces debió adherir forzosamente una vez demostrada la irreversibilidad y magnitud de dicho movimiento, que ponía en cuestión su liderazgo sectorial, aunque aclararon que no lo dirigían contra Isabel sino sólo contra el ministro de Economía y su par de Desarrollo Social y protector, José López Rega. Fue el desencadenante de la toma de conciencia de la necesidad del genocidio para hacer posible el desarrollo del proyecto económico finalmente anunciado el 2 de abril de 1976.
Es conocido que ante la advertencia del entonces referente cegetista Herminio Iglesias respecto de la inminencia de un golpe, la presidenta Isabelita contestó que no había de que preocuparse, pues, según entendía, “ya les hemos dado todo lo que quieren”. Lo que habla a las claras de las continuidades esenciales que acá pretendemos establecer.
El Cordobazo ya había significado un cimbronazo importante en el bloque de clases dominantes respecto de la capacidad reivindicatoria de la sociedad, tanto que hizo reconsiderar a ciertos sectores de la Iglesia Católica sus posturas respecto de la revisión crítica al apoyo que habían dado al antiperonismo, que la alejaban de los sectores oprimidos de la ciudadanía, y su participación en el proceso histórico de resistencia a la dictadura gorila y promoción del retorno al país del general Perón.
Por razones ajenas a los paupérrimos resultados que arrojaba el plan Martínez de Hoz ya para el año 1983, la vía militar cedió lugar a la democracia de la derrota: hasta diciembre de 2001 hubo, sí, gobiernos elegidos democráticamente, pero no fue sino hasta la consagración de Néstor Kirchner que la ciudadanía votó, además de gobierno, programa –y en realidad debería decirse que ello sucedió con mayor claridad cuando la primera victoria de Cristina Fernández, en el año 2007–.
La trama de intereses vertebrada en siete de años de dictadura condicionó de tal forma al Estado que ninguno de los presidentes que se turnaron en el poder hasta 2003, Alfonsín, Menem y De La Rúa, alteraron el curso dibujado por Martínez de Hoz siquiera en lo más mínimo. No casualmente varios actores del elenco dictatorial desfilaron por los gabinetes de la democracia de la derrota, indistinta e independientemente del color político del partido de gobierno de turno, durante casi 20 años.
Todo lo cual fue graficado a las claras en la columna de José Claudio Escribano con que La Nación editorializó la victoria presidencial de Kirchner en 2003, a través de la cual respondió a la negativa del entonces candidato a someterse al pliego de condiciones que, en tanto representación del establishment, Escribano, director del diario, pretendió imponerle días antes de conocerse el retiro de Carlos Menem de la segunda vuelta electoral a la que debía someterse frente al santacruceño, lo que definió la contienda.
La decisión de detener la investigación judicial que desembocó en el juicio a las juntas militares en el día 24 de marzo de 1976 obedeció a la necesidad –e imposibilidad, dada la correlación de fuerzas señalada– de ocultar el devenir histórico previo al desplazamiento del gobierno de Isabel Perón, recorrido en este post, que implica un entramado sinuoso de sucesos que resultan imposibles de ser metabolizados por medio de la linealidad de la teoría de los dos demonios, todavía incapaz de explicar la amplitud del espectro represivo, que excedió y en mucho a los integrantes de las organizaciones revolucionarias que caracterizaron el retorno del peronismo al poder en 1973.
Quien quiera oír que oiga. Por las 30 mil almas caídas durante el Proceso, y por otras tantas que murieron a manos de la miserabilización planificada como política de Estado en dicho período, impecable y premonitoriamente advertida por Rodolfo Walsh en la carta abierta a la Junta que le costó la vida, y que sintetiza a la perfección el ciclo histórico que se inició en 1975 y se extendió hasta el 20 de diciembre de 2001, cuando estalló por, sencillamente, imposibilidad material de prolongación.
Y por que Martínez de Hoz nunca descanse en paz.
¿Ella o Francisco?
Una gran cuestión de la política local por estas horas, créase o no, pasa por el interrogante respecto de la medida en que el papa Francisco podrá intervenir, en el supuesto caso que decidiera hacerlo, en el devenir de la competencia institucional interna. Más allá de que el sólo planteo de algo semejante revela por parte de quienes lo exponen –a contrario sensu de lo que pregonan– escaso o nulo apego al Estado de Derecho, el asunto ofrece aristas interesantes.
La discusión en Argentina discurre entre lo que se denomina primera minoría, el kirchnerismo, sólida, compacta, decidida y con capacidad de acción, por un lado; y por el otro una masa inorgánica, invertebrada y por tanto estéril a la hora del debate por las decisiones de gobierno.
El dato por lejos más relevante de este escenario es que si los primeros no otorgan su concurso a la reformulación del actual contrato electoral, el sistema es incapaz de rodar.
Ese pliegue es un dato no menor, incluye a su interior las dudas en torno a un hipotético escenario poskirchnerista. En su momento, eso fue advertido por la que quizás sea la cabeza más lúcida de la oposición, Carlos Pagni, quien en su momento llamó la atención sobre el, por ponerlo así, peso relativo del piso de 35% oficialista (2009) si resultara quedar huérfano de representación cuando muchos exigían la salida de los Kirchner de la escena pública.
No casualmente el principal expediente opositor circula alrededor de escritorios del armado del Frente para la Victoria. No se trata de la mera necesidad de quebrar una ecuación matemática, por cierto: se requiere de algún acuerdo con al menos parte de esa fracción si se pretende alterar el rumbo actual en un sentido tal que dicho segmento, insístase que con capacidad de decisiva al menos de veto, no está dispuesto a convalidar. No a la vista hoy, al menos.
Por la contraria, lo certero de la tesis del operador de La Nación puede comprobarse en el derrotero de quienes se ubican en la vereda de enfrente al gobierno nacional.
Ante una oposición que festejó que la excluyesen del famoso 8N (“¡qué bueno que no hay política metida en esto!”, dijeron al respecto) y se coloca por fuera de la disputa representativa por voluntad propia (‘ella o vos’, dice un dirigente, sin aclarar de qué juega él en ese baile), que es lo más grave, pues renuncian al rol que constitucionalmente tienen asignado, no sorprenden las reacciones caceroleras para con el periodismo que no le hace el coro, la deriva del sindicalismo desde hace poco opositor o un ataque patotero como el que sufrió Axel Kicillof.
Se trata de la salida fronteras afuera del pacto de convivencia social.
En este último sentido, entonces sí, no resulta inesperado que se intente capitalizar en clave doméstica la coronación de Jorge Bergoglio, cuya pertenencia opositora durante su desempeño en la iglesia argentina no fue un misterio para nadie. Ahora bien: ¿qué se supone que debería o que podrá hacer para auxiliar a la derrota del oficialismo, y cómo? ¿Cómo lograría que el voto opositor disperso se uniera en derredor de un trazo proyectivo común que lo sintetice?
Las preguntas sin respuestas evocan la magnitud del dilema que tienen ante sí los restos de lo que fuera el Grupo A, al tiempo que reproduce, renueva la ausencia de voluntad de la dirigencia local para actuar en función de producir de algún hecho que pueda alterar el curso histórico.
Incluso ahora, con el advenimiento del nuevo obispo de Roma, se han sentado a esperar que llueva. Excepción hecha, claro está, y como de costumbre, de los cuadros mediáticos, que organizan el antagonismo real en Argentina, en reemplazo de la incapacidad del resto del arco parlamentario, y que por estas horas editorializan cualquier mínimo gesto del Papa como si se tratasen, cada uno de ellos, de ejercicios de antikirchnerismo militante. Entretanto, la presidenta CFK –igual que el resto de los presidentes de la región–, sin perder tiempo, ya ha iniciado el tirado de líneas de entendimiento con Francisco.
Al mismo tiempo, el episodio expone la falsedad de algunos de los términos sobre los que cabalga la marcha de nuestro sistema político/partidario. Porque no se entiende a cuento de qué estaría haciendo falta la mano nada menos que de un papa para competir contra un gobierno cuyo futuro, nos cuentan, hace rato ingresó en zona de jaque mate.
Muy por el contrario, lo que se observa con nitidez, y sin necesidad de efectuar demasiado esfuerzo, es la primacía del liderazgo de la Presidenta al interior del peronismo, siendo que es la única dirigente del movimiento capaz de convocar fuerzas con poder institucional y territorial concreto, como lo demuestran las cumbres de gobernadores e intendentes que le vienen renovando adhesión seguido en los últimos meses.
Así las cosas, no es de extrañar que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, no quiebre sus actuales pertenencias. Hacerlo implicaría saltar hacia un vacío de ecos constatado por la totalidad de los datos computados en este texto. De La Sota es un caso aparte: está habilitado constitucionalmente a una reelección que le permita aguantar en su provincia.
Y eso que acá se ha elegido dejar de lado que Francisco tendrá, en el Vaticano, cosas bastante más embrolladas de qué ocuparse que la esterilidad del otrora Grupo A. En cualquier caso, la historia de la política universal no enseña mucho sobre milagros, sí de construcciones metódicas, pacientes, trabajosas. En definitiva, de voluntad.
Y ése es un vacío que todavía no encuentra, ni parece que vaya a encontrar en lo cercano, respuestas.
Pensar distinto
De repente, entre la innumerable cantidad de expedientes que echó a rodar la designación de Jorge Bergoglio como nuevo obispo de Roma, ingresó en zona de crisis el relato que describe al kirchnerismo como una especie de secta homogénea y lineal al interior de la cual nadie está autorizado a contradecir el dictat del liderazgo personalista, que en este caso vendrían a ser lo que llaman los caprichos de la presidenta CFK. Y sin embargo, se han encontrado con que ‘el’ oficialismo, así considerado, no reaccionó de ‘una’ forma.
Amplísimo en sus dimensiones como es, por definición también implica un fenómeno complejo que contiene diagonales y contradicciones; sintetizadas, sí, por el liderazgo de Cristina Fernández, pero no a propósito de todo asunto de la agenda pública. Desde la Presidenta hasta Horacio Verbitsky, pasando por Gabriel Mariotto, Daniel Scioli, Guillermo Moreno, Estela de Carlotto –esta vez mucho más dura que Hebe de Bonafini– y Carta Abierta, resulta imposible condensar en una fórmula única la línea política del oficialismo a este respecto.
No fue posible conciliar una misma posición frente a la designación de Francisco ni al interior de La Cámpora tan siquiera, incluso dentro de la conducción nacional colegiada que la guía.
Por fuera, claro está, en razón de las obligaciones que le incumben como jefa del Estado argentino, a Cristina le resultó bastante simple saltar por encima de las divergencias que naturalmente se desarrollan puertas adentro de la fuerza que conduce y construir una posición de poder. A la oposición partidaria, entretanto, se le escurrió otro Mesías como agua entre los dedos a partir de su enésima siesta –que le llaman otorgar reportajes a la prensa, en lo único que les va la vida mientras CFK no frena su ritmo, capitalizando también esto–.
La política es, si se quiere tener capacidad real de intervención a partir de ella, así, y va de suyo que nadie está obligado a admitir las lógicas en que dicha práctica se sostiene. La ideología es parte de esto, quizá la fundamental, pero no la exclusiva. Supone topes que la mayoría de las veces es necesario matizar, sobre todo cuando a una situación determinada la interpelan responsabilidades institucionales, como es el caso.
Enhorabuena, entonces, que el kirchnerismo alimente con discusión interna su vitalidad. Ese clima revulsivo es el combustible que requieren los censores de la producción de novedades.
Por fuera de las lunáticas aspiraciones de Joaquín Morales Solá, quien en una columna de quince párrafos que La Nación publicó el último martes bajo su firma solicitó dos veces a la Presidenta que ejerciera la censura sobre quienes repudiaron a la figura de Jorge Bergoglio, la primera que no ha entendido como nocivo el litigio abierto dentro del FpV a propósito del nuevo papa es la propia Cristina Fernández. Lo contrario hablaría muy mal de ella: acerca de sus calidades republicanas tanto como de sus habilidades como conductora política. Y pone en claro dónde es que en verdad se alojan las pulsiones autoritarias y restrictivas del la libertad de pensamiento, lejos de las ficciones del Partido Clarín.
Por supuesto, las miras estuvieron apuntadas sobre todo contra Horacio Verbitsky, lo que no debería sorprender, no sólo desde que se conoce que ése es el destino que espera a cualquiera que funcione a contramano del discurso hegemónico del Partido Clarín y asociados. Cuando se cabalga sobre premisas falsas, no sólo los razonamientos resultarán equivocados: también provocarán sorpresa o estupor cuestiones que deberían resultar absolutamente normales.
Si Cristina, pues, actúa distinto de Verbitsky, ello no se debe más que a que se trata de dos personas distintas: no sólo una católica practicante pero que respeta y quiere hacer respetar el laicismo estatal y un judío no sólo laico, sino que probablemente también ateo, que es lo menos rico, en este caso. Sobre todo, ocurre que una es funcionaria de gobierno, presidenta de la Nación para más, y el otro un periodista. Alguien que haya comprado el cuento del ministro sin cartera dibujado por imbéciles a los que últimamente les da por posar en producciones fotográficas pretendiendo impostar rostro sexy, fácil es advertirlo, estará desorientado por estas horas.
Quien, en cambio, haya prestado atención al recorrido de la tensión entre política y medios durante los últimos años en que ésta se profundizó, lo toma como algo más: Verbitsky ha lanzado invectivas contra los gobernadores Carlos Soria, José Manuel De La Sota y Daniel Scioli, con la totalidad de los cuales CFK ha tenido o aún tiene acuerdos electorales; también denunció a funcionarios nacionales en torno a asuntos como el manejo de la limpieza del Riachuelo, el dictado de cursos de capacitación en el Ministerio de Defensa por parte de expertos en seguridad interior por enviados norteamericanos y el episodio de la Fragata Libertad.
Sin que nada de ello tenga por qué impedir que declare y sostenga su apoyo al actual partido de gobierno.
Pero, fundamentalmente, interesa a propósito del presente hacer hincapié en cuanto hace a la postura asumida porPerro en relación a decisiones tácticas de la conducción del FpV frente a instancias electorales. En su caso en específico, así como ejemplo de administración del resto de las disidencias que se registraron entre distintos integrantes del oficialismo.
En estos negocios se impone la necesidad de atender, ante todo, al marco general de relación de fuerzas. Lo cual impone pliegues sinuosos. La capacidad para sostenerse en rumbo a través de ellos, de operar la realidad en función del fortalecimiento de las posibilidades propias de definir un escenario determinado, diferencia a un dirigente, que debe lidiar en medio de tales complicaciones por fuera de sus meros deseos, de quien apenas tiene la obligación de informar o el berretín de opinar, sin las urgencias que supone la toma de decisiones de Estado.
En las medidas del escritorio que se ocupa se puede encontrar también la respuesta sobre la libertad de movimiento con que se cuenta para operar.
Habemus dilemma
Alejandro Horowicz sintetizó de forma bastante acabada, en Tiempo Argentino, el drama que sacude lo más profundo de las estructuras del catolicismo institucionalizado: la crisis socioeconómica y política de Europa circula por el mismo carril que la que corroe al Vaticano, los episodios de pedofilia que recorren el mundo en cantidades industriales corporativamente encubiertos, entre otros. Que el banco vaticano no supere los estándares internacionales normativos en materia de lavado de dinero habla por sí sólo.
Quien escribe conoce nada de política eclesiástica, apenas intenta razonar con algo de, por así decirlo, conocimiento de lo que es la lógica de una organización, cualquiera ella sea. Y hay un dato clave: la conformación de cardenales que lo ungió fue elaborada por Juan Pablo II y por Benedicto XVI.
Es decir, durante el proceso de corrupción que consta, no en las notas de Horacio Verbitsky en Página/12, sino en el informe que encargó el papa saliente a varios de sus subalternos.
Habida cuenta de lo hasta aquí expuesto, discutir el pasado de Bergoglio, tanto el elogioso como el condenatorio, aporta poco y nada, y más de lo segundo que de lo primero. Y es que aún teniendo por cierta su inocencia respecto de todo cuanto se lo acusa en referencia al período de gobierno del Proceso de Reorganización Nacional tanto como de su militancia pastoral, sobre la que han dado fe incluso referentes –y no menores, por cierto– del oficialismo, suponer que sólo a caballo de su ética individual podrá interpelar una estructura que luce putrefacta por donde se la mire, es bastante ilusorio.
Si la banca vaticana está atravesada por una densidad de sombras como la que actualmente lo tiene en jaque, no hace falta haberse atosigado de encíclicas para entender que la trama de limitantes que regirá el estatuto de posibilidades de Francisco lo excede en forma determinante como para soñar con que logre alterar un curso guiado por fuera de sus potestades decisorias.
Es muy legítimo, entonces –aunque remita a un imposible, como bien explicó Hernán Brienza en una columna muy sólida que firmó al día siguiente de la elección de Bergoglio–, reclamar que su lugar lo hubieran ocupado modernos émulos de Camilo Torres o Carlos Mugica. Pero en ese caso, no debe perderse de vista, estaríamos saltando fronteras afuera del campo de la política, olvidando matizar los topes que dibuja la ideología.
Y no se debe renunciar a la posibilidad de intervenir en los procesos históricos sino intentar recoger de ellos en la medida de lo que ofrezca el menú de opciones de lo real, entendiendo por esto último que deben computarse en la coctelera aún los ingredientes que están por fuera de la voluntad y las preferencias personales cuando la correlación de fuerzas así lo indica.
En última instancia, y aún aceptando que Bergoglio sea lo menos malo que podía emanar del cónclave, nada obliga a que uno participe de la institucionalidad cristiana. Más aún, no somos pocos los que debemos sentirnos expulsados de ella en nuestro país por el nuevo sumo pontífice desde 2010 por habernos pronunciado a favor de la extensión del derecho al matrimonio para personas del mismo sexo bajo el cargo de formar parte de la supuesta maquinación que opera en función de la destrucción del plan de Dios.
Así y todo, conviene no eludir que la Iglesia Católica, y en Argentina muy especialmente, es un factor de relevancia en el juego político. En criollo: habrá que buscarle la vuelta al nuevo escenario. Quedarse en el berrinche ya no aportará. Y en ese entendimiento, las primeras reacciones de la presidenta CFK son alentadoras, en tanto eligió no embestir de frente contra lo que en verdad no lo requiere, por el momento, lo que coincide al mismo tiempo con la importante dosis de legítima alegría ciudadana que se registró a partir del acontecimiento.
La pertenencia sistémica de Bergoglio, además, no hace falta rastrearla en los crímenes de la última dictadura militar: en junio del año 2010 fue la estrella principal de la presentación en sociedad de un bosquejo de programa de gobierno que aspiraba a pensar lo que entonces nadie dudaba que sería el poskirchnerismo –no había fallecido Néstor Kirchner aún–, elaborado por el reparto estable de la democracia de la derrota que recorrió de forma indistinta los elencos ministeriales de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De La Rúa y Eduardo Duhalde.
El documento era, aparte de la promoción de un retorno liso y llano a la melodía que sonara en nuestra patria sin solución de continuidad entre junio de 1975 y diciembre de 2001, un adefesio jurídico que se auto instituía de carácter supralegal, “sólo modificable o derogable al cabo de diez años”, generador de “derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades de carácter absoluto, irretractable e irrenunciable”, sobre el que nadie excepto la Corte Suprema de Justicia podría intervenir y “sólo en caso de ilegalidad absoluta y manifiesta, pero no por su oportunidad, mérito y conveniencia”.
En el blog de Gerardo Fernández se pudo leer que la elección de Bergoglio responde a la decisión de la Iglesia de intervenir en los recorridos de los gobiernos posneoliberales de la región sudamericana, muchos de ellos fuertemente inscriptos en una práctica católica militante.
Quizás no sea tan absoluta la centralidad que otorgan a nuestra región, y haya que matizar ese razonamiento: pero no sería sensato tampoco descartar de plano que la Iglesia va a intentar operar sobre procesos que no se resignan a que para la pobreza haya apenas la promesa de redención en la eterna posteridad celestial; es decir, operan en lógica diametralmente opuesta a la epistemología histórica del catolicismo en la materia, con riesgos de disputarle adhesiones. Nadie que siga con un cachito de atención la cuestión podrá negar con honestidad el esmero que han dedicado al denuesto de figuras como la del comandante Hugo Chávez desde la vieja Europa.
Que se entienda: intentamos aventurar que la Iglesia pueda planificar una fuga hacia delante explorando nuevos andariveles de vinculación, no conspiraciones.
La imagen de Bergoglio, así las cosas, es la una renovación, de cara lavada, conocimiento del paño y muñeca para la rosca. Ofrece la distracción de la novedad que representa el primer papa no europeo, de gestos ciertamente novedosos para lo acostumbrado –aunque no resuelven lo básico del asunto– y con renovada autoridad para interpelar a experiencias que le pegan en los tobillos a bases lógicas de sustentación conceptual católica de importancia crítica para la institución.
Es decir: el elemento de una novedad respecto de la cual se pueda hablar como tal mientras se elude indefinidamente el abordaje de lo esencial. Pero que abre, al mismo tiempo, un atajo posible para rearmar un diferendo programático.
Ahora bien, y a propósito de algunas cuestiones que se han podido oír y leer en las últimas horas por estas latitudes, el episodio no constituirá un punto de posible recomposición opositora si ésta no se decide a mover un dedo en orden a la capitalización del mismo en algún sentido, si insiste en eludir el rol que le compete en la película del devenir histórico y político nacional y continua a la espera, nunca mejor dicho, de un milagro que compense su irrelevancia e ineptitud.
De cualquier manera, la pregunta central principal por el litigio que implica el episodio para Argentina tiene su respuesta al alcance de la mano.
Aquí, allá y en todas partes
El fallecimiento del comandante Hugo Chávez puso en el centro de la escena varias de las cuestiones que hacen al punto central del debate político argentino y sudamericano. Desde su irrupción, Chávez, tanto como los Kirchner en Argentina (o como Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y el PT en Brasil), fue en Venezuela el eje organizador alrededor del cual gira la construcción del posicionamiento ideológico de la sociedad.
La gigantesca movilización que lo despidió durante más de una semana revela, también, como varios otros episodios que tuvieron lugar en la región durante la casi última década y media, que la sustentabilidad de los actuales proyectos gobernantes radica en la capacidad de convocatoria y movilización de quienes los conducen.
Chávez asomó a las grandes ligas de la política venezolana como ruptura de la unidimensionalidad que había impuesto el llamado Pacto de Punto Fijo, el estatuto programático inconmovible, común a todas las formaciones partidarias, que sustentó la traza del liberalismo venezolano durante 40 años (1958/1998), y que terminó volando por los aires.
Asimismo conocimos en Argentina la invariabilidad a que fuera sometida nuestra democracia en el ciclo histórico que fuera desde la llegada del ingeniero Celestino Rodrigo al Ministerio de Economía, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, hasta que finalizó el gobierno del doctor Fernando De La Rúa por su impotencia para hacer frente a una reacción popular de dimensiones similares a lo que fuera el Caracazo venezolano de 1989.
Al cabo de 14 años de gobierno, a nuestro criterio con éxito sin precedentes, lo que se observa en Venezuela es la obstinada pertinacia de la oposición al chavismo en no incorporar a sus respectivos bagajes lo operado por el posneolineralismo.
En esos términos, la oferta que defienden es el recetario clásico de lo que fuera el marco consentido que se quebró a partir de los sucesos que tuvieron lugar durante el lapso de casi diez años que transcurrieron entre el Caracazo y el primer triunfo presidencial de Chávez. Más allá o más acá de la asombrosa incapacidad retórica e intelectual de que hace gala Henrique Capriles, el mascarón de proa del armado opositor, golpista en 2002 y exponente de baja intensidad conceptual y significancia en general, bien a la medida de quien pedalea sobre un programa cuyos lineamientos están por fuera de su capacidad decisoria.
En resumidas cuentas, la única posibilidad ciudadana de disponer decisiones de gobierno y no apenas sus conductores pasa, en Venezuela, por la revolución bolivariana. El cuadro de situación se replica transversalmente a lo largo de toda América del Sur, las líneas de fuerza que guían los comportamientos recorren el territorio subcontinental desatendiendo fronteras geográficas.
Así las cosas, en Argentina el opositor que en las últimas elecciones presidenciales escoltara, a casi 40 puntos de distancia, a Cristina Fernández, el doctor Hermes Binner, sostuvo que de haber tenido oportunidad de sufragar en Venezuela lo habría hecho por Capriles. También en nuestro país la disyuntiva política principal discurre alrededor de la determinación de retroceder, o no, a las lógicas de gobierno vigentes hasta 2001.
La pertenencia sistémica de Binner, que su declaración apenas confirmó, no debería sorprender. Así lo percibió su base electoral en 2011, por eso fue ejemplo de lo que se conoce como ‘voto cruzado’, en su caso –que por entonces alarmó a desprevenidos– en tándem con el diputado PRO Federico Pinedo –hombre de derechas si los habrá en el arco parlamentario nacional–, en el escrutinio de la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que fue el receptor de la fuga masiva de votos que emigraron del duhaldismo entre las PASO y los comicios generales.
Por lo demás, quienes al interior del FAP discutieron la declaración del pésimo ex gobernador santafesino no salen mejor parados cuando ponderan a Chávez al mismo tiempo que denigran a la presidenta a la que el jefe de la revolución bolivariana no se cansaba de elogiar en vida.
El reclamo hereditario que ensayan desde su pretendida autenticidad chavista en detrimento de la supuesta impostura oficial, luce lunáticamente desubicado, no sólo desde que carecen de uno de los principales insumos que alimentan al socialismo del siglo XXI: el sello de calidad que otorgan las urnas; sino y sobre todo porque el derrotero que han recorrido frente a cada capítulo abierto por la experiencia que conduce Argentina desde 2003 los situó invariablemente en la vereda de enfrente a la que ocupara el coronel de paracaidistas.
La nueva epistemología de Estado construida por los gobiernos posneoliberales de la región a partir del sencillo expediente de la reconfiguración de los términos en que se organiza el reparto de la renta nacional en cada uno de esos países –con las derivaciones que en un sinnúmero de sentidos ello supone–, tanto como –esto no en todos los casos– del edificio institucional de aparatos que eran incapaces de interpelar a las sociedades de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, ha abierto una grieta gigantesca entre las matrices beneficiarias del statu quo anterior y las fuerzas que pretenden nacer a lo nuevo.
Lo seguro es que nada de esto responde a caprichos personales de caudillajes que se pretenden fundacionales. Era un clima de época histórico que demandaba ser atendido, algunos simplemente prefirieron comprender que no se trataba de un turno constitucional más. Y si las impugnaciones circulan en torno de quienes atendieron a ese llamado es sólo en función de ocultar las líneas principales subyacentes del diferendo que motivó la nueva era.
Aquí tanto como en Venezuela, más allá de las especificidades propias de cada proceso, el litigio abierto contiene en su interior la pregunta de la opción por el retorno al pasado conocido o la conservación del presente que se ha revelado, bien que no perfecto –más vale–, superador. La partida de Chávez sólo lo ha refrescado. El resto es decorado mediático de ocasión.
Será cuestión de discernir correctamente la contradicción esencial para poder vertebrar la respuesta con éxito.
La cuestión del liderazgo regional
Alfredo Leuco se preguntó, en una columna que le encargaron esta semana para Radio Continental, si el lugar de líder político de la región sudamericana que, según mintió, ocupaba Chávez, pasaría, ahora que falleció el comandante de paracaidistas, a ocuparlo la presidenta argentina Cristina Fernández.
Semejante pavada sólo puede surgir de una pluma rentada que escribe a la carta sin razonar sino con el objetivo predefinido del daño. Así trabaja Leuco, y no sólo él; pero el suyo es el caso más paradigmático, diríase. (Fue capaz de decir, en 2011, que Ernesto Sanz era presidenciable, calculen ustedes: sólo que te paguen.)
Venezuela nunca condujo la región, más allá de la retórica de Chávez, ni podría hacerlo, habida cuenta de lo insuficiente de su peso económico y geoestratégico; y es, sí, Argentina –los que respetamos las instituciones en serio, Leuco, hablamos de países, no de personas– quien ocupa ese sitio, pero no desde ahora, sino desde que en 2002/3, entre las llegadas al poder de Lula y Kirchner, se definió la aceleración del proceso de integración sudamericana.
No se trata de preferencias personales, que las hay por supuesto; es matemática pura y dura: la cabecera subcontinental debería corresponder a Brasil, por obvias razones: su PBI supera en 4 veces el argentino (segunda economía sudamericana), en 6 veces el venezolano (tercera) y en 80 veces el boliviano (última, el país más pobre de Unasur).
Pero Brasil, justamente debido a semejantes disparidades, nunca va a poder ejercer el rol que merece según los números, que menos que pocas veces definen la marcha de la política. La desconfianza de sus vecinos hacia un país de dimensiones imperiales, que tiene pasado de tal y al que cuya historia, caracteres e idiosincrasia lo separan del pasado común tan evidente que comparten las restantes nueve repúblicas sudamericanas, es bastante entendible.
Por otro lado, Brasil, entre las diez economías más grandes del mundo, siempre quiso jugar en otras ligas y desatendió por ello su propio espacio de pertenencia, entendiendo que está para dimensiones superiores –rigurosa realidad– y que no tenía afinidades de ningún tipo allí. Cuando, a partir de Lula, comprendieron que no podrían proyectarse globalmente si antes no cooperaban en ordenar su propio espacio, la cuestión cambió de rango.
Los términos de esa ecuación definieron que Brasil impulsara a Argentina en su reemplazo como eje organizador subcontinental: sencillamente, porque es el punto medio, nuestra nación, entre Brasil y el resto de los vecinos: ostenta el grado superior de desarrollo de Sudamérica sin tener en cuenta al país gobernado actualmente por Dilma Rousseff, pero en una diferencia no desproporcionada ni generadora de asimetrías desequilibrantes.
No por nada el primer secretario general de Unasur fue, por impulso de Lula principalmente, Néstor Kirchner, y cualquier situación complicada –los varios golpes que se intentaron contra presidentes populistas sudamericanos durante la última década– se tramita generalmente en sede argentina.
Es cuestión de analizar los datos con apenas algo de racionalidad, aún sin necesidad de caer en la pretensa –e inexistente e imposible—objetividad (o neutralidad o imparcialidad). Pero, claro, para Leuco y compañía, tanto como para quienes se forman con sus enseñanzas –mejor dicho: se deforman con ellas–, siempre será más fácil hablar de corrupción y autoritarismo. Es mucho menos trabajo para el cerebro.
Fíjense, si no: ¿cuántos renglones ocupa decir “son todos chorros” o “son una dictadura”, cosas por el estilo; y cuántos, en el otro andarivel, todo este razonamiento?
Abogado laboralista. Apasionado por la historia y la economía, en especial, desde luego, la de la República Argentina.
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