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Un día como hoy pero el domingo pasado Los Autores lo llaman al compañero y amigo Mariano Recalde para pedirle un favor. Nos cita a una esquina cercana a la Facultad de Derecho, en una pizzería en la que Los Autores ya lo han frecuentado. Lo notamos tenso y nervioso. Uno de nosotros expresa finalmente el deseo de ambos: que se escriba unas palabras para UDP al respecto de la defunción del sistema de AFJP. Se relaja subitamente, se saca la cámara oculta de la corbata, el disco rígido que tiene pegado con cinta americana en la espalada, y pide una de muza y birra. Escatima al principio sus servicios, en una actitud que denota más bien humildad que falta de interés. Finalmente, como todo lo peronista, cumple y nos dignifica. En exclusiva, para Un Día Peronista:
El esperado regreso a la Constitución y a la Justicia Social
El sistema constitucional
La Constitución Nacional ordena que el Estado otorgue “los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. Además aclara que “en especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica administradas por los interesados con participación del Estado”.
Sobre la base de esta lógica rigió, desde 1954 hasta la aprobación de la ley 24.241, un sistema previsional basado en la solidaridad y con un norte bien determinado: hacia la justicia social. El régimen estableciá que el haber jubilatorio debía representar un porcentaje de entre el 70 y el 82 por ciento del salario mensual promedio de los tres años de mayores remuneraciones dentro de los últimos 10 años de aportes. Además se disponía que el haber sería móvil a través de un coeficiente vinculado con el nivel general de las remuneraciones.
Las contradicciones de ley de solidaridad previsional
En 1994 comenzó a tener vigencia la mal llamada “ley de solidaridad previsional” que creó, promovió, fomentó e incluso impuso[1] a los trabajadores, un sistema de capitalización individual, inspirado en el modelo previsional promovido fundamentalmente por el Banco Mundial para los países del tercer mundo.
Desde su título, la ley hizo todo lo contrario de lo que prometía. A través de la ley de “solidaridad” se impuso un sistema de ahorro “individual”.
Luego, en el marco del neoliberalismo, la desregulación y la libertad de mercado, se impuso un sistema rígido, compulsivo y con una alta concentración del mercado, con una alta tendencia hacia la oligopolización.
Además, se decía que los objetivos principales de esta reforma apuntaban a resolver el déficit e ineficiencia del sistema previsional, incrementar el haber jubilatorio y evitar que los aportes fueran utilizados por el Estado o sus funcionarios con otro destino que no fuera el mantenimiento del sistema. Pero la realidad demostró, luego de 14 años, que este sistema: intensificó el déficit, generó haberes jubilatorios más pobres y permitió que agentes privados (las AFJP) dilapidaran los ahorros de los trabajadores mediante la colocación de los fondos en inversiones que no sólo no han sido rentables sino que han generado pérdidas. Todo ello sin tener en cuenta los abusos permitidos por el sistema como las altísimas comisiones (cercanas al 30% del aporte!) y la posibilidad de cobrar comisión incluso cuando el afiliado no tuvo aportes nuevos.
En efecto, el déficit del sistema público, producto de la rebaja de las contribuciones patronales, se intensificó con la creación de las AFJP. La privatización de este sistema provocó una transferencia de fondos del Estado hacia el sistema financiero; una real “sangría”. La rentabilidad de nuestros ahorros en manos privadas ha sido de -10% (menos diez por ciento) para agosto de 2008.
Los recursos que recibe el sistema de capitalización, anualmente rondan los $13.000 millones mientras que los beneficios que otorga se acercan apenas a los $1.000 millones.
Claro está, es el Estado quien asume el costo de la Prestación Básica Universal (PBU).
Los 12.000 millones resultantes, en manos del Estado consolidarían definitivamente el supéravit de la Seguridad Social y del Estado Nacional y evitaría el trillado recurso al endeudamiento público.
Esto también es claro, la “sangría” de fondos, muchos de los cuales se perdieron ya en comisiones, especulación financiera y “otros”, provocó un déficit fiscal crónico y el agigantamiento de la deuda.
Ningún estado desarrollado del mundo tiene un sistema de capitalización, aunque sea remotamente similar al nuestro. Es una idea descabellada.
La actual administración Bush, la misma que intervino en defensa del sistema financiero, cuando pretendió privatizar el sistema de la seguridad social estadounidense obtuvo como fuerte contestación la respuesta de numerosos sectores; pero recordaré los dichos en particular de dos premios Nobel, porque basaron su repudio en la “enseñanza” argentina.
Paul Krguman escribió en diciembre de 2004 en el New York Times: Una de las mayores razones que explican el rápido ascenso de la deuda en Argentina en los 90 fue una reforma de las pensiones que incluía el redireccionamiento de las mismas a cuentas individuales, un redireccionamiento que el presidente Carlos Menem al igual que el presidente Bush decidió financiar con endeudamiento en vez de impuestos. Por lo tanto, el Sr. Bush intenta emular un plan que sirvió para montar el escenario de la crisis económica Argentina.
Por su parte, el otro premio Nobel, me refiero a Joseph Stiglitz, escribió en abril de 2005 en The Guardian: Los Estados Unidos y el Mundo deben recordar: la privatización en Argentina de sus sistema de pensión estuvo en el centro de sus recientes calamidades fiscales. Si la Argentina no hubiera privatizado, su presupuesto habría estado básicamente balanceado.
Pero como se señaló al inicio, esta reforma no sólo perjudicaba los intereses de los trabajadores activos y pasivos, sino que contradecía expresas disposiciones constitucionales.
Es más, en torno a los derechos fundamentales, el célebre constitucionalista G. Bidart Campos sostenía que la Constitución se vulnera no solamente cuando se hace lo que ella prohíbe, sino también cuando se deja de hacer lo que ella manda que se haga.
El regreso al estado de derecho y un sistema de seguridad social
La reestatización del sistema de jubilaciones significa, entonces, además de una reivindicación histórica de gran magnitud, la adecuación de la conducta del Estado a los mandatos de la Constitución que regula sus actos.
No caben dudas de que debe reverse el modo en que todas estas inmensas transferencias fueron llevadas a cabo, pero sobre todo deben implementarse los mecanismos para revertir el dramático escenario en que quedamos insertos.
El sistema de la Seguridad Social cuyo principio fundante es la solidaridad, que hace al bienestar general, que pone en juego los ahorros del pueblo, no puede estar en manos privadas cuyo ánimo es el lucro.
Estas medidas de recuperación, lejos de resultar abruptas e inesperadas son la consecuencia de la continuidad de un camino emprendido desde el año 2003.
Luego de las épocas en las que, para mantener las cuentas del Estado, se reducían los haberes de los jubilados o se recortaban las asignaciones familiares básicas, comenzó una nueva etapa con varias medidas que se fueron dando progresivamente en el marco de los principios de solidaridad, integralidad y universalidad:
a) la recuperación de los haberes (fueron 13 los aumentos sucesivos en el valor del haber mínimo desde mayo de 2003);
b) la inclusión de más de un millón y medio de nuevos beneficiarios que no podían acceder al sistema por falta de aportes;
c) la libre opción jubilatoria entre los dos sistemas vigentes; y
d) la implementación de la movilidad de los haberes previsionales.
Todas estas medidas implicaron una mayor erogación por parte del Estado, en beneficio de los jubilados. Entonces, la recuperación de los aportes de los trabajadores que estaban en manos privadas no puede verse como un recurso para hacer caja sin caer en una simplificación injusta, mal intencionada y, en el mejor de los casos, equivocada: porque la ley que se sancionará tendrá los mecanismos necesarios para controlar que la plata de los trabajadores tenga el destino que debe tener.
No tengo dudas al respecto, es el Estado, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, quien debe retomar su rol dinámico y protector de los ciudadanos, más aún cuando lo que se encuentra en jugo es el futuro de los argentinos.
Mariano Recalde
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[1] En efecto, la mayor parte de los trabajadores incorporados al sistema de capitalización individual, proviene de los denominados “indecisos”, aquellos que al conseguir un empleo no optaron por ningún sistema y fueron derivados compulsivamente e irreversiblemente (hasta la reforma producida en 2007) a una AFJP.
Un día como hoy pero de 1980, suponéte, que yo heredé una fábrica de consoladores. Durante 20 años la pude mantener de pedo. Hacía consoladores para la Argentina porque mis costos eran muy altos y mi fábrica no era competitiva para exportarlos. Los consoladores taiwaneses y los de India eran mucho más baratos. En fin, suponéte que mi problema era que por cada peso que yo ponía, mi fabrica podía producir solamente 5 ctvs. más. Esto en las mejores épocas. En otras, suponéte, que directamente perdía plata. Ahora, los taiwaneses, por cada peso invertido ganaban 40 ctvs., con lo cual, ellos podían bajar el precio de venta de sus consoladores para competir con los míos y es así que ellos vendían más consoladores que yo.
Para fines de los ´90 mi fábrica estaba fundida y yo debía mucha plata al banco.
Ahora, suponéte que un día el gobierno decide devaluar la moneda. En el gobierno piensan que si se devalúa la moneda se favorece a la producción porque se achican los costos nacionales en relación al precio internacional. A mí me re conviene porque puedo empezar a ganar más plata por cada peso invertido y así puedo competir con los consoladores taiwaneses. Para devaluar la moneda la sociedad entera tiene que pagar el costo: luego de una devaluación los sueldos de toda la gente valen menos que antes, aunque en números sea lo mismo, pueden comprar muchas menos cosas. Igualmente la sociedad decide hacer ese esfuerzo porque sirve para reactivar la producción y generar trabajo para todos.
El gobierno, en su decisión de favorecer a la producción, me refinancia mi deuda con el banco, me da una tasa de interés muy barata y yo puedo quedarme con mi fábrica. Además, para mantener el precio de la moneda devaluada sale a comprar dólares todo el tiempo, miles de millones de dólares para que los consoladores argentinos sean competitivos. Encima, como yo para hacer consoladores necesito goma y la goma es un derivado del petróleo y como el petróleo tiene precio internacional y está en dólares y cada vez más caro, el gobierno me rebaja el costo de la goma, subsidiándola. Tanto la plata para pagar mi deuda con el banco, como la plata para mantener alto el dólar, como la plata para financiarme la goma, sale de las arcas nacionales, del Estado. Es así que, entonces, todos los argentinos ayudan a pagar mis deudas y a financiarme los costos de mi producción.
En fin, ahora yo tengo mi fábrica con una rentabilidad bárbara de 35 por ciento por cada peso que invierto. Encima, se reactivaron todas las fábricas del país, creció el trabajo y los salarios. Ya van 5 años seguidos en que la situación mejora cada día. Mi actividad está tan subvencionada que prácticamente no tengo riesgo empresario, es decir, tengo que hacer fuerza para que me vaya mal.
¿Y entonces qué pasa? Pasa que de golpe en China hay una revolución sexual. Todas las chinas se revelan, se cansan de que los chinitos no se pongan las pilas en la catrera y salen como locas a comprar consoladores de goma. Miles de millones de chinas -desesperadas- haciendo cola para comprar artefactos que satisfagan sus necesidades. En China, el gobierno declara la Emergencia Sexual y saca una Ley de Seguridad Consolante: abre las fronteras, sin impuestos, para todos los consoladores del mundo que quieran entrar en la China. El precio internacional de los consoladores se dispara, un consolador sale dos, tres, hasta cuatro veces lo que salía antes.
A mí me viene al pelo. Suponéte que, de pronto y por una cuestión ajena, por cada peso invertido puedo sacar hasta dos pesos con treinta centavos, ¡una rentabilidad del 130 por ciento! De golpe, hacer consoladores no sólo es una actividad que me permite vivir bien, ahora me permite hacerme millonario. Y eso que sigo siendo un “pequeño productor de consoladores”, que no es lo mismo que “productor de pequeños consoladores”. Así y todo estoy ganando, suponéte, 40.000 pesos por mes. Chocho.
¿Pero qué pasa? Como hacer consoladores es tan rentable, muchos de los que hacen fideos, remeras, lapiceras, latas de comida, remedios o galletitas se vuelcan masivamente a la industria del consolador porque todos quieren hacer mucha plata, obviamente. Como consecuencia, en Argentina pasan tres cosas:
El gobierno, entonces, tiene que hacer algo. Porque la gente lo votó por haber reactivado la economía pero siempre y cuando los sueldos alcancen para vivir, lo cual es lógico. La gente aceptó pagar el costo de la deuda de los sectores productivos, pero a cambio de poder trabajar y comer, como mínimo y, por ahí, en el mejor de los casos, progresar.
Y lo que hace el gobierno es ponerme retenciones móviles a la exportación de consoladores, con lo cual, ahora mi rentabilidad vuelve a ser del 30 por ciento. Cuando aumenta mucho el precio del consolador, aumentan las retenciones; cuando baja el precio del consolador, baja la retención. Yo siempre gano lo mismo, o sea, mucho: 30 por ciento anual, que es seis veces más que lo que gana una fábrica de consoladores en cualquier lugar del mundo.
Suponéte que, entonces, yo soy un tipo muy irracional y egoísta. Suponéte que además no tengo memoria, no me acuerdo de lo mal que me iba antes y me olvido, además, de los esfuerzos que hizo toda la sociedad para que a mí me vaya bien. De golpe me junto con todos los productores de consoladores y me pongo a armar un gran quilombo. Corto las rutas y no permito el paso de ningún otro producto. Genero desabastecimiento, suben los precios, la gente pierde aún más poder adquisitivo, etc.
Para justificarme, me dedico junto a mis compañeros fabricantes de consoladores a diseñar un discurso que me exculpe de mis acciones antipopulares y desestabilizadoras: “Consoladores=Patria”, “Paja o Muerte”, “Todos somos Consoladores”, “No al Aborto, Sí al Consolador”, “Con los Consoladores estábamos mejor”, “K tirame la goma”.
La oposición y los medios me apoyan, aunque lo hagan solamente porque están en contra del gobierno y se aprovechan de la situación. Suponéte que a mí no me importa y me aprovecho también de ese apoyo.
El gobierno no me reprime, es sumamente racional al respecto del manejo del conflicto, entonces yo me aprovecho de esa situación y radicalizo mi protesta. Los medios y la clase alta, que siempre habían condenado los cortes y el uso de la fuerza en la protesta, ahora lo apoyan, con lo cual todo me sale redondo.
Hasta acá la historia es igual a la del campo. Pero suponéte que en vez de pasar lo mismo que pasa con el campo, en el conflicto de los consoladores pase otra cosa. Suponéte que de golpe, el gobierno dice: “Bueno, tenés razón. Te voy a sacar las retenciones móviles.” Yo me pongo re contento, hago un acto en Rosario y salto de alegría por haber ganado la batalla junto a todos mis amigos de la Sociedad Consoladora Argentina, el Pro y la Carrió que apoya cuanto consolador se le cruza. Gané la batalla.
Al otro día, el gobierno dice: “Te saqué las retenciones, pero también se las saqué al petróleo y además dejé de comprar dólares para mantener el tipo de cambio y, además, ¿sabés qué?, voy a dejar de financiarte tus deudas con el banco y voy a liberar las paritarias para que los trabajadores exijan los sueldos que quieran y voy a dejar de hacer rutas para transportar consoladores y voy a mandar esa guita para hacer hoteles de alojamiento populares y además voy a lanzar un montón de medidas para fiscalizar a la producción de consoladores porque ese sector es el que más evade impuestos en nuestro país.”
Entonces, aumenta la goma en dólares. Y el costo del trabajo aumenta a valores europeos. Y encima tengo más presión fiscal y se me va un 33 por ciento de la ganancia que antes no pagaba porque me hacia el dolobu. Para colmo, se revalúa la moneda porque ya el gobierno no sale a comprar dólares, con lo cual la diferencia que hacía antes en el mercado internacional se achica. Ahora no tengo retenciones y, aunque sigo ganando plata, gano inclusive menos que cuando tenía retenciones.
Un día se acaba la fiesta sexual en China. Las minitas vuelven todas al lecho masculino porque los chinitos se pusieron a estudiar tantra como locos y ahora pueden mantener una erección durante 48 horas seguidas. El sexo adquiere la calidad de “Actividad Protegida por la República Popular China”. Por efecto de la transnacionalización de la cultura oriental, se abren escuelas de tantra en todo el mundo. Los consoladores pasan de moda. El pene, viejo y peludo nomás, vuelve a ser el mejor amigo entre las chinitas de todo el mundo. Los hombres readquieren su seguridad, pues se habían visto reemplazados por simples pedazos de goma. Al haber volcado sus esfuerzos en hacer la vida de sus compañeras más placenteras, abandonando el egoísmo sexual que los caracterizaba, la humanidad entera se encamina hacia una época más feliz.
Suponéte que en Argentina ahora nos tapan los consoladores. No nos sirven para nada. Encima perdimos la capacidad de producir cualquier otra cosa. No nos tecnificamos, no nos modernizamos, no diversificamos nuestra producción, en fin, se nos pasó el tren.
Ahora mi actividad no tiene ni renta extraordinaria ni el apoyo del estado. Suponéte que tengo miles de cajas llenas de penes de goma y que me los tengo que meter en el culo.
Suponéte.
Un Dia Peronista
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