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Esto no es una ideología

El gobierno de Mauricio Macri pareciera moverse entre dos bandas discursivas, entendiendo los discursos como algo más que las intervenciones orales o escritas e incluyendo aquí sus prácticas institucionales, políticas y todas aquellas que construyan significados políticos a partir de hechos sociales.

Esas dos bandas son hijas de la estrategia de campaña, un momento en el cual el macrismo había logrado amalgamar dos posturas aparentemente antagónicas de una manera ingeniosa. Una vez definida la experiencia kirchnerista como una en donde “sólo había relato” y a cuyas costas se cargaba una “falta de administración”, el discurso de la campaña propuso entonces un proyecto que venía a quitar del gobierno el “exceso de batalla cultural” y los grandes relatos en pos de un gobierno encargado, apenas, de la administración de las cosas. Paradójicamente, de esa política de las cosas el actual gobierno supo construir esa segunda banda, su épica.

Una vez en el Gobierno, el proyecto político que encabeza Mauricio Macri comenzó la construcción de su propio mito de gobierno, tal como lo define Mario Riorda. Quizás porque los resultados no fueron los previamente esperados, quizás porque la administración de las cosas resultó insuficiente como legitimador del cambio cultural que el macrismo le propone a la sociedad argentina, lo cierto es que en su primer año de gobierno debió agregarle a ese ejercicio narrativo otros componentes: desde el hincapié en la herencia recibida por el anterior gobierno hasta un elogio permanente y sistemático del sacrificio, algo similar a lo que el historiador Marcos Schiavi vaticinaba como posible en esta columna de diciembre de 2015: “¿y si Cambiemos, como expresión de una transformación fundacional (idea muy presente en el nuevo relato) busca quebrar esta tendencia? ¿Y si buscan `adecuar el consumo` a la producción argentina para desde allí `desarrollar` el país? Eso sí sería construir una nueva hegemonía”.

A pesar de ese primer intento por legitimarse como administrador, lejos ha quedado el macrismo de abandonar la posibilidad de un relato más épico y poco a poco comienza a construir su propia visión de qué es y cómo debe ser una sociedad gobernada por sí mismo. El más fiel exponente público de esa idea es el asesor presidencial, Alejandro Rozitchner, encargado de una difícil tarea: presentar como nueva una vieja idea de la política mundial. Un gobierno como simple “administrador de las cosas” puede aparecer como ideario nuevo o renovador; pero a la luz de las experiencias del siglo XX es cualquier cosa menos una idea nueva.

En una entrevista publicada en Infobae, Rozitchner sostiene, entre otras definiciones similares, que “hacemos política de otra manera. Una política del mundo de hoy, que tiene que ver con ayudar a vivir a la gente y no con insertarse en el gran fresco histórico ideológico de las grandes causas”. No es la única expresión en ese sentido ni el único actor dentro del gobierno – el propio Presidente lo ha manifestado en el mismo sentido – pero sí quien con más énfasis representa este postulado. Un reintento pos campaña de amalgamar la simple administración de las cosas con la visión ideológica propia del gobierno.

Puede ser ingenioso, incluso hasta efectivo en el tiempo: lo único que no puede ser es novedoso. El mito del fin de las ideologías, la distinción entre pragmatismo e ideología e incluso entre “realidad” y “relato” nos llevan en primer lugar a Francis Fukuyama y su “El fin de la historia y el último hombre”. Pero incluso ese libro – y, en especial, esa postura – tiene antecedentes.

Si la ideología del fin de las ideologías tuvo su momento de oro tras la caída del Muro, lo cierto es que con el Muro en pie ya había comenzado a construir sus antecedentes. Fue durante las décadas del 50 y el 60 cuando empezaron a surgir trabajos que apuntaban hacia el fin de la historia. A pesar de la vigencia de la Unión Soviética, la sociedad post industrial y la democracia liberal habían triunfado luego de la Segunda Guerra Mundial y tras la muerte de Stalin.

La tesis central de los autores del fin de la ideología fue que varios de los elementos centrales del marxismo fueron incorporados de hecho en las sociedades democráticas occidentales y que entonces la disputa ideológica se volvía cada vez menos necesaria. El mecanismo obraría en cuatro pasos, algunos simultáneos, otros consecuentes: las sociedades industriales más avanzadas resuelven los conflictos cada vez de maneras menos violentas; los partidos de los extremos se identifican cada vez más con el orden democrático-liberal; las actitudes centristas ganan más terreno y los partidos se diferencian menos entre sí; luego, se incrementa la apatía política de la ciudadanía: el gobierno de los asuntos políticos profundos es sustituido por el de la administración de las cosas.

En 1960, el sociólogo Daniel Bell publicó “El final de la ideología”, un libro que sería editado y reeditado hasta su versión definitiva en el año 2000, en el que mantendría sus postulados básicos y respondería a sus críticos. Bell plantea el fin de las ideologías decimonónicas, comenzando por el supuesto del materialismo histórico respecto a lo material como determinante de la conciencia: “un orden moral, para que exista sin coacción o engaño, ha de trascender el particularismo de los intereses y cerner los apetitos de las pasiones. Y eso es la derrota de la ideología”, dice Bell en uno de los pasajes. El autor identifica la ideología con el radicalismo político para decir que, en verdad, es eso lo que ha llegado a su final. Las ideologías, como tales, habían perdido su capacidad de inspirar la acción colectiva.

A principios de esa década, Seymour Lipset publicaba “Political man”, un libro en el que sostenía que “los problemas políticos fundamentales de la Revolución Industrial han sido resueltos: los trabajadores han conseguido la ciudadanía política e industrial y los conservadores han aceptado el Estado de Bienestar”. (Como dato de color: la tesis de Lipset sostiene que a mayor desarrollo económico mayores niveles de democracia. La causa de la correlación la ubica en que la existencia de amplias masas empobrecidas deviene en dos formas desviadas de gobierno: un gobierno oligárquico, en tanto que dictadura de los estratos altos, o una tiranía, cuando los que gobiernan son las propias masas empobrecidas. A estas dos etiquetas aristotélicas Lipset les pone nombre y apellido: “la cara de la tiranía es hoy el comunismo o el peronismo, mientras la oligarquía aparece en las dictaduras tradicionales en varias partes de Latinoamérica, Tailandia, España o Portugal”).

Publicado originalmente en 1957, Raymond Aron sostuvo en “The end of ideological age?” la tesis del fin de la ideología bajo el supuesto teórico de que izquierdas y derechas comenzaban a diferenciarse cada vez menos y, por tanto, a significar cada vez menos. Las sociedades capitalistas de Occidente, sostiene Aron, comprenden una serie de instituciones propias del socialismo que han logrado consensos. En el mismo sentido, Edward Shils expresó en “The end of ideology?” que las aspiraciones más humanitarias del marxismo fueron absorbidas y cumplidas dentro de los países capitalistas. En 1954, el mismo autor había calificado en “Authoritarianism: ´right´ and ´left´” a la distinción entre izquierda y derecha como “antigua, espúrea y obsoleta”.

Incluso autores no necesariamente conservadores pero no estructuralistas llegaron a conclusiones similares sobre la ideología en el mundo posmoderno, alguna décadas más tarde. El filósofo francés  Francois Lyotard, autor de “La condición posmoderna”, sostiene que “el universo tecnocientífico en el que vivimos y que caracteriza a la sociedad posmoderna ha demostrado que el único valor vigente está en aquello que sea capaz de ofrecer un resultado. Ello nos obliga a cuestionar la propia utilidad del pensamiento, que es una disciplina que lleva tiempo, no puede garantizar sus resultados y, además, no suele ser muy operativa”. En esa corriente de pensamiento se podría incluir a Gianni Vattimo, autor de “El fin de la modernidad: nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna”, quien teoriza sobre el paso del “pensamiento fuerte” al “pensamiento débil”, como consecuencia del camino hacia la posmodernidad: “el nihilismo no se debe combatir como un enemigo, mas debe ser asumido como nuestra única posibilidad”, sostiene en su reelectura posmoderna de Nietzsche.

La reacción de los autores del fin de las ideologías, que discutieron principalmente con los autores del marxismo, obtuvo su respuesta: el fin de las ideologías no era sino una más de las ideologías. Dejando de lado la interesante discusión acerca del fin de la historia en la conceptualización marxista, la respuesta de Poulantzas, por ejemplo, señaló: “las ideologías jurídico-políticas burguesas ocultan su aspecto de clase de un modo particular. Ello lleva un carácter muy notable: esta ocultación se da a través del hecho de que tales ideologías se presentan explícitamente como una ciencia. A pesar de análisis superficiales en este campo, se puede ver que, de hecho, el tema del ´fin de las ideologías´ – expresión actual – es el terreno teórico de todas estas ideologías”. Adorno dice, en el mismo sentido y haciendo referencia a esas “instituciones del socialismo” absorbidas por el capitalismo que serían síntoma y causa de ese fin de la historia: “cuando, tomando como origen el intervencionismo estatal y la planificación del Estado, se dice que el capitalismo tardío ha evitado la anarquía en la producción y, en ese sentido, ya no es capitalismo, se debe contestar que el destino social del individuo sigue siendo tan importante como siempre”.

El devenir de los acontecimientos posteriores a la década del 60 puso en duda algunos de aquellos postulados: el propio estado de bienestar, responsable teórico de haber amalgamado lo mejor del comunismo y el capitalismo construyendo un consenso universal y para siempre, también se derrumbó.

Paradójicamente, a ese derrumbe – acompañado nada menos que por el de la Unión Soviética – no le sobrevino una revalorización de la contingencia sino, más bien, una nueva oleada de fin de la historia cuyo exponente, ahora sí, se cristalizó en Francis Fukuyama y su ya infinitamente citado “El fin de la historia”: “puede que estemos asistiendo al final de la historia como tal: esto es,  al punto final de la evolución ideológica del género humano y a la universalización de la democracia liberal occidental como forma de gobierno humano definitiva”.

Hay un dato llamativo pero quizás sintomático en los dos exponentes más reconocidos de las tesis del fin de la historia: tanto Fukuyama como Bell actualizaron y reeditaron sus libros. En ambos casos, para notar que el devenir de los acontecimientos no había sino validado sus hipótesis (hipótesis a esta altura tan resistente a los eventos que se parecen bastante a un dogma) iniciales. Dice Fukuyama, diez años después de su primer libro: “aquellos que intentaron encontrar la falla clave del Fin de la Historia en los acontecimientos políticos y económicos de la década pasada erraban el tiro. No hay nada, como ya he dicho, que haya ocurrido en la política mundial desde el verano de 1989 que invalide el argumento original: la democracia liberal y el mercado hoy en día siguen siendo las únicas alternativas realistas para cualquier sociedad que quiera formar parte del mundo moderno”.

Entonces tenemos unas primeras características comunes a la aparición de teorías del fin de la ideología: en primer lugar, que aparecen luego de algún derrumbe y sobre el terreno más bien de la incertidumbre. En segundo lugar, que suelen proponerse como ideologías tan totalizadoras como aquellas que dicen denunciar. Más: con una operación incluso tan peligrosa como la que señalan. La ideología del fin de las ideologías se niega a sí misma, se presenta como natural allí donde (casi todas) las demás se suponen, al menos, una visión del mundo. La ideología del fin de la historia ni siquiera es liberal: mal podría cualquiera que plantee un orden determinado del mundo como natural y necesario percibirse como liberal.

El derrumbe de los proyectos progresistas en América Latina puede suponer el agotamiento de un modelo económico, político o social determinado. Puede suponer la necesidad de reconfigurar los límites del campo popular o el desafío de construir nuevas formas de representación. Pero cualquiera de esas operaciones que sean necesarias suponen, antes que nada, reconocer el carácter contingente de la política, la paradójica certeza de que lo que hoy es así pudo haber sido de otra manera y probablemente mañana lo sea. “Abandonar” la ideología en pos de un campo de las cosas concretas es el primer movimiento de una dinámica que busca naturalizar algo que es pero que bien podría ser de otra forma. Señalarlo como contingente es un ejercicio que permite historizarlo y reconocerlo como parte de una tradición que está tan lejos de ser lo nuevo como cerca de una vieja historia conservadora.

Imagen: “La trahison des images“, de René Magritte.

Voto electrónico: el Santo Grial del respaldo en papel

En muchas de las discusiones que se están dando alrededor de la posible instalación del voto electrónico en la Argentina, se escucha un argumento sobre el que creo vale la pena profundizar. Me refiero a aquello de que la seguridad del voto, independientemente del tipo de sistema electrónico que se termine usando, está garantizada por la inclusión de un respaldo de papel obligatorio para que el votante controle que lo que eligió. En el marco de esta discusión, incluso, se llegó a decir que ese respaldo en papel convierte al sistema en un híbrido que no es totalmente voto electrónico.

 

Lo primero que cabe decir es que fueron muchos los países del mundo que, con el voto electrónico instalado y en desarrollo, recibieron de instancias judiciales o parlamentarias la recomendación de adosarle al sistema de voto electrónico un respaldo en papel para incrementar la seguridad y confiabilidad del voto. Lo notable es que países como Alemania, Finlandia o Gran Bretaña, entre muchos otros, optaron por regresar directamente al sistema de boleta única de papel sin previa escala en el voto electrónico con respaldo de papel, lo que podría constituir un primer indicio de que el respaldo de papel puede ser condición necesaria para garantizar la fiabilidad del voto pero no condición suficiente. Y que las condiciones suficientes, en todo caso, son menos costosas y están garantizadas por los sistemas que usan la boleta de papel en sus diversas formas.

 

Un trabajo de tres organizaciones (The Verified Voting Foundation, The Constitutional Litigation Clinic at Rutgers School of Law y The Common Cause Education Fund) revisó los sistemas de votación en las elecciones de Estados Unidos de 2012, a partir de parámetros e indicadores construidos en elecciones anteriores por el Brennan Center. Este análisis permite observar hasta qué punto la confiabilidad del voto electrónico se garantiza con la posibilidad de contrastar el respaldo de papel contra la máquina, tal como establece el proyecto que se está discutiendo en nuestro país.

 

En primer lugar, el informe divide los sistemas de votación que se usan en Estados Unidos en dos tipos: los sistemas de boleta de papel en los que el elector marca su voto (ya sea de forma manual o con un asistente tecnológico, el lápiz óptico) y los sistemas de voto electrónico, tengan o no un respaldo en papel. En consonancia con los fallos e informes de otros países, el trabajo también adhiere a la noción de que la impresión del voto cuando se procesa a través de un dispositivo tecnológico no modifica el carácter electrónico del voto. 

 

La consideración puede parecer de simple orden académico pero tiene consecuencias concretas: en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2015, esta noción de que el respaldo de papel volvía al sistema algo distinto al voto electrónico le permitió al Gobierno de la Ciudad implementarlo sin pasar por la Legislatura, donde hubiera necesitado una mayoría calificada (el artículo 25 del anexo II de la ordenanza 4894 de la Ciudad establecía que “para el único caso que se decidiera la implementación del voto electrónico, la autoridad de aplicación debe comunicar fehacientemente el sistema adoptado a la Legislatura de CABA para su consideración y aprobación con las mayorías establecidas para materia electoral”, es decir, los ⅔ que establece la constitución de CABA en esa materia).

 

En los Estados Unidos conviven varios tipos de sistemas de emisión del voto, no sólo de un estado a otro si no incluso entre condados.

 

Inadequate (blanco): mayoría voto electrónico sin respaldo de papel.

VVPAT DRE (gris claro): mayoría voto electrónico con respaldo de papel.

Combination (violeta): combinación de ambos sistemas al interior de los condados.

Paper ballots (gris oscuro): mayoría voto con boleta de papel (con o sin ayuda tecnológica para marcar el voto).

Tras analizar la implementación de los sistemas en todo el país, los autores se manifiestan abiertamente en favor del sistema de boleta de papel por sobre cualquiera de los dos tipos de voto electrónico: el que imprime y el que no imprime un respaldo en papel. Dice el informe: “los autores creen que la boleta de papel y los sistemas ópticos de escrutinio, acompañados por sistemas de marcado de boletas accesibles para cualquiera, deben reemplazar a los sistemas de voto electrónico, con o sin respaldo de papel”.

 

Al igual que otros países en donde finalmente se optó por los sistemas de papel, el informe de estas tres organizaciones también sostiene que, ante la posibilidad de que se continúe con sistemas de voto electrónico, el sistema se puede hacer progresivamente más fiable y seguro si: 1) se garantiza la impresión del voto; 2) se asegura que el votante chequee su voto contra la máquina y 3) si se implementan suficientes boletas de papel para los casos de emergencia en los que no funcione la máquina. Asimismo, sostiene, “las boletas marcadas o impresas por las máquinas deben ser consideradas como el voto oficial en todos los escrutinios y las auditorías posteriores”.

 

Según los autores, “el actual sistema de papel, acompañado por dispositivos para marcar, presentan ventajas sobre los sistemas de voto electrónico en áreas fundamentales de nuestro sistema electoral”. Los autores destacan algunas de esas ventajas:

• La boleta de papel permite mejor auditoría y recuento posterior. Aunque ningún sistema es perfecto, los autores creen que la boleta de papel crea mejores registros para posteriores auditorías. Cuando un votante marca manualmente la boleta, ya está controlando su propio proceso de elección. Cuando un votante usa una máquina para elegir su voto, el “voto verificado” se produce sólo si el votante sabe – y se toma el tiempo – para verificarlo reinsertándolo en la máquina.
• El respaldo en papel no es un sistema de seguridad. Como notó el Brennan Center en junio de 2006, en su amplio estudio sobre seguridad de los sistemas de voto electrónico (The machinery of democracy: protecting elections in an electronic world) el respaldo del papel en sí mismo “es cuestionable como sistema de seguridad”. La impresión del registro del voto “no previene errores de programación, bugs en el software o instalación de software malicioso en la máquina”.

• Los riesgos de fallas con el sistema de papel no interrumpen el proceso electoral. Cuando el sistema de marcado óptico de boleta de papel falla se puede continuar con la elección marcando normalmente y contando luego de manera manual, mientras que cualquier falla que se produzca en una máquina de voto electrónico, con o sin respaldo de papel, detiene y retrasa todo el proceso electoral.

Por estas razones – y algunas otras vinculadas a la cuestión del voto para quienes necesitan ayuda especial para hacerlo –  sostienen que la boleta de papel y el sistema de scanneo óptico debe reemplazar los sistemas de voto electrónico, con o sin respaldo de papel. Las tres organizaciones acuerdan que, de continuarse utilizando el sistema electrónico, el mismo debe contar con respaldo de papel, una guía que reasegure que el votante chequee su voto contra la máquina y un sistema de emergencia con boletas de papel en caso de que las máquinas fallen.

 

Entre otras cosas, el informe lista una serie de fallas que ocurrieron en elecciones anteriores en sistemas que presentaban boleta de papel de respaldo y sistemas que no: principalmente, se hace referencia a “problemas de calibrado” en las máquinas, es decir, una mala configuración inicial de las máquinas que produjo retrasos en los centros de votación. Para esos casos, el sistema de respaldo de papel provocó dos escenarios: o el votante olvidó de contrastar su voto y registró un voto equivocado o lo contrastó, dio aviso a las autoridades y se frenó el proceso electoral para que se vuelvan a calibrar las máquinas. Cualquiera de ambos escenarios representa un perjuicio que el sistema de papel no tiene: en el primer caso, el votante con papel está chequeando su voto en el momento en que lo elige (no hay necesidad de doble instancia); en el segundo, con máquinas caídas y la necesidad de compartirlas entre todas las mesas no sólo para votar si no para escrutar, se termina con el único beneficio que el voto electrónico presenta frente al sistema de papel referido a la celeridad.

 

Aún cuando el voto electrónico tenga respaldo de papel, coinciden las tres organizaciones, la posible falla en una o más máquinas debe ser tomada en cuenta. Como se dijo en el debate en comisión, el proyecto de voto electrónico en la Argentina no tiene “plan B”. Cualquier inconveniente que presente una máquina significa frenar el proceso electoral y/0 ralentizarlo. Estas tres organizaciones de Estados Unidos presentan como un requerimiento necesario contar con un sistema de respaldo: boleta única de papel para casos de emergencia que sean tratados como votos oficiales y no se cuenten aparte. Esto presenta dos nuevos problemas: por un lado, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo argentino no prevé ese segundo respaldo y tampoco podría, una vez sancionada la ley, agregarle este respaldo de boleta única porque significaría legislar por decreto sobre el sistema de emisión del voto. Por otra parte, uno de los argumentos contra la boleta única de papel por parte del oficialismo sostiene que, en circunscripciones grandes y con oferta electoral variada, el tamaño de la boleta sería imposible de diseñar. La alternativa a esos dos problemas sería entonces no contar con ningún sistema de respaldo ante cualquier inconveniente.

 

El voto electrónico con respaldo en papel no es un descubrimiento argentino, un Santo Grial que encontramos para solucionar un sistema que en el resto de los países del mundo no funcionó: el respaldo en papel es apenas un resguardo – insuficiente en sí mismo – para evitar inconvenientes graves del voto electrónico.

 

Todo lo cual lleva a preguntarse si la Argentina no está comprando un sistema de emisión del voto que sólo funciona emparchado y que exige soluciones ad hoc para las múltiples posibilidades de fallas, sean o no intencionales. Sostener que “modernizar” el sistema de emisión del voto significa ir hacia un sistema de triple parches resulta, cuanto menos, paradójico.

Como sabemos que parte de la discusion se gana y se pierde en los términos en los que se da, quizás es hora de dejar de decir que “se avanza” hacia un sistema de voto electrónico para decir que, en verdad, en el camino hacia un sistema electoral confiable y transparente, el voto electrónico significa un paso al costado que no sirve demasiado. Si hay que elegir un Santo Grial, nos enseñó Indiana Jones, no hay que dejarse llevar por el que brilla.

La rebelión contra las máquinas

En el medio del debate por la reforma política que supone la introducción del voto electrónico en la Argentina para el año que viene, encontramos que hay una serie de casos que se mencionan – algunos más, otros menos – y que nos parece bien traer para la discusión. Son muchos los países que durante años intentaron modificar sus sistemas de emisión de voto y algunos, con más o menos éxito, lo han hecho.

Elegimos seis casos particulares (Alemania, Polonia, Estonia, Holanda, Australia e Irlanda) para dar un panorama general de cuáles fueron los argumentos más fuertes en contra de la incorporación de tecnología en el proceso electoral y que llevaron a que muchos países, incluso con el sistema ya implementado, hayan decidido volver a sistemas de papel. El listado no es exhaustivo ni definitivo y tiene como único criterio buscar patrones comunes que permitan sacar algunas conclusiones sobre cómo son, en general, los procesos de implementación de un nuevo sistema de emisión de voto que incorpora tecnología.

Dejamos afuera el caso de Estados Unidos por la cantidad de diferencias al interior de los sistemas por estado.

– Alemania.

El caso alemán es uno de los más citados como país que probó y no le gustó el voto electrónico. El fallo del Tribunal Constitucional de marzo de 2009 declara la incompatibilidad de la ley de Ordenamiento Federal de Aparatos Electorales del 3 de septiembre de 1975 (y sus sucesivas modificaciones) específicamente para su aplicación para la 16° elección al parlamento alemán.

El sistema que se utilizó entonces guardaba los votos exclusivamente en una memoria electrónica y luego se escrutaba por medio del aparato que imprimía los resultados. Los demandantes sostuvieron, entre otras cosas, que la confiabilidad del software instalado en los aparatos electorales (provistos por la empresa holandesa Nedap) no fueron controlables por el público, que el examen que realizó el Ejecutivo no fue público y que no se permitieron pruebas independientes. El código fuente del software no estuvo abierto al público y no hubo garantía técnica de que las copias del software utilizado en las máquinas fueran concordantes con los modelos testeados.

La respuesta del Ministerio del Interior fue que la publicidad del acto electoral estuvo garantizada porque el público pudo controlar la impresión del resultado electoral al finalizar el acto y el observador y la junta electoral pudieron cotejar los resultados. Respecto a las auditorías, aseguró que el Instituto Federal Físico-Técnico de Alemania examinó en detalle la máquina electoral y se realizaron controles por parte de las administraciones comunales y las juntas electorales.

La sentencia del tribunal alemán está fundada en dos principios que surgen de su Constitución:

1) el principio de la publicidad de la elección que ordena que todos los pasos esenciales de la elección estén sujetas a control público y 2) en la utilización de aparatos electorales electrónicos, el ciudadano debe poder controlar los pasos esenciales del acto electoral y la determinación del resultado de manera fiable y sin conocimientos técnicos especiales.

La Corte no prohibió cualquier forma de voto electrónico sino que declaró inconstitucional el marco jurídico que no garantizó el mandato constitucional de publicidad del acto electoral.

“La utilización de aparatos electorales que pueden registrar el voto electrónicamente y pueden determinar el resultado electoral de manera electrónica es, según ello, sólo compatible con la la ley fundamental bajo estrictas condiciones”, sostuvo el Tribunal.

En cuanto al control del proceso electoral, el tribunal sostiene que, de implementarse este tipo de sistemas de emisión de voto, es recomendable el respaldo en papel para el votante. Ahora bien, el control del proceso no termina ni empieza en ese momento. La sentencia sostiene que una de las irregularidades en la implementación del voto electrónico fue que el propio ministerio del Interior alemán “emitió las homologaciones para las máquinas que se iban a usar. El 15 de agosto de 2005, anunció la autorización definitiva del sistema que iban a usar las computadoras fabricado por Nedap, el hardware, los módulos de storage y el software. Invocando secretos comerciales de Nedap, el ministro se negó a hacer públicos los documentos que Nedap entregó al Ministerio para la fiscalización del sistema y los resultados de los testeos”. En ese sentido, el fallo asegura que “los procedimientos para examinar el sistema y la aprobación por parte del Ministerio deben ser públicos. Cualquier interés de los fabricantes de proteger su secreto comercial debe estar subordinado al principio de la democracia (…). Para que exista la posibilidad de testear el aparato de manera independiente, la publicación de los documentos y reportes del Physikalisch-Technische Bundesanstalt y del código del software de las máquinas es la única forma de fiscalizar realmente el proceso electoral”.

La idea de control y auditoría es mucho más amplia que el momento de chequear el voto contra la máquina y por eso la Corte sostuvo que no es suficiente el control de las instituciones públicas. Todos los procesos que estaban previstos en el Ordenamiento Federal de Aparatos Electorales (una legislación en la que Alemania trabaja desde los años ´70) resultaron insuficientes como garantía de los principios constitucionales sobre emisión del voto: “ni una participación del público interesado en en el proceso de evaluación o del permiso de aparatos electorales, ni la publicación de los informes de evaluación o caracteres de construcción (incluyendo los códigos fuente del software en el caso de aparatos electorales guiados por ordenador) contribuyen decisivamente en asegurar el nivel exigido constitucionalmente de controlabilidad y comprensión del proceso electoral (…). La participación del público necesita por ello, para lograr la exigida supervisión fiable, medidas complementarias ulteriores”.

Aunque en la última enmienda a la ley federal electoral en 2013 no se eliminó la posibilidad de voto electrónico (pero sí se dejó establecido que si se hiciera debe contar con respaldo en papel) desde el fallo de la Corte no se volvieron a usar sistemas de voto electrónico en Alemania a nivel federal.

– Polonia.

Polonia se planteó durante muchos años la posibilidad de pasar a algún sistema de voto electrónico, especialmente por dos factores: los bajos niveles de participación y los votantes polacos en el extranjero. Las propuestas fueron siempre más bien discursivas y no se presentaron proyectos destinados a modificar la legislación electoral para permitir la inclusión del voto electrónico. En general, los debates se plantearon alrededor de la posibilidad de avanzar hacia sistemas de i-voting (voto por internet) como método para incrementar los niveles de participación.

Entre 1989 y el 2011, se usaron máquinas de votación en algunos centros de votación pero más orientado a una utilización “mediática” que con fines prácticos: en 2003 para el referéndum sobre el ingreso a la Unión Europea y en 2005 en Varsovia y Sopot (sólo en dos centros de votación) para las presidenciales.

Las primeras expresiones fueron más bien contrarias por parte de las autoridades electorales. Wojciech Łączkowski, director de la Comisión Electoral Nacional entre el 94 y el 97, sostuvo que “el acercamiento al uso de tecnología que ayude al escrutinio debe hacerse con mucho cuidado, haciendo énfasis en que si bien el uso de la técnica es indispensable en tiempos modernos, saca la responsabilidad de la accountability de las personas a las máquinas, las computadoras y los operadores”. Su sucesor del 98 al 2010, Rymarz Ferdinand, se expresó en el mismo sentido, apuntando a la necesidad de discutir el tema con especialistas.

La Comisión Nacional Electoral organizó entonces una serie de conferencias, incluyendo una internacional de voto electrónico (Varsovia, 14-16 de junio de 2000) a partir de la cual salieron análisis sobre la posibilidad de instaurar ese sistema en el país evaluando fortalezas y debilidades. Los ciclos de conferencias continuaron y la última se realizó en 2013 donde se expusieron algunas de las conclusiones sobre el estado de la situación y una serie de principios para un posible avance:

– el e-voting y el usos de máquinas de votación se ha discutido ampliamente durante las últimas décadas pero el uso de tecnologías de la información en los procesos electorales es un tema mucho más amplio: en la actualidad, el trabajo de organización electoral es inconcebible sin la informatización de los sistemas en distintos niveles del proceso (delimitación de distritos, planificación financiera, confección de padrones, etc.). En cuanto a la utilización de tecnologías en el sistema de emisión del voto, se presentan preguntas sobre los métodos de implementación y las formas de contratación y adquisición de los sistemas;

– a la hora de implementar tecnologías de la información y la comunicación en el proceso electoral es vital construir las medidas de seguridad en los sistemas para garantizar la integridad del proceso y evitar la posibilidad de manipulación de información con fines maliciosos.

– cuando los organismos adquieren sistemas de TICs y equipos es fundamental que los procedimientos de contratación sean competitivos y abiertos para garantizar la transparencia y asegurar que los sistemas cumplen con el objetivo de mejorar el proceso electoral;

– cuando se considera el potencial de los sistemas de votación, los organismos electorales deben involucrar en la planificación a todos los actores para asegurar que hay suficiente aceptación pública de la incorporación de tecnología en el sistema de votación;

– un elemento clave para la introducción de sistemas de voto electrónico es tener suficientes instancias de testeo independientes, certificaciones y auditorías que garanticen una total transparencia del sistema.

Más allá de las declaraciones y las diversas publicaciones, no se presentó ninguna iniciativa específica tendiente a modificar la legislación electoral para la introducción de alguna forma de voto electrónico. Al día de hoy Polonia sigue utilizando el sistema de boleta de papel.

Para las elecciones locales de 2014, se contrató con poca anticipación un sistema informático para el momento del escrutinio. Al finalizar las elecciones se registraron problemas en algunas circunscripciones en donde falló el sistema y hubo que contar los votos a mano, lo que derivó en una semana de incertidumbres y marchas en las calles que pusieron en duda la legitimidad del sistema.

– Irlanda.

La primera propuesta de voto electrónico en Irlanda se realizó en 1998. En 1999 adquirieron las máquinas (de la empresa Nedap, la holandesa que también las proveyó para Alemania). En el año 2000 se introdujo la legislación que permitió el voto electrónico y en el 2002 se hicieron dos pruebas piloto con el objetivo de extenderlo al resto del país: el 17 de mayo en las elecciones generales (en 42 distritos) y en octubre en el referéndum por el tratado de Niza que reformó la estructura de la Unión Europea, el voto electrónico cubrió el 18% del electorado.

Unos meses después, un informe confidencial aseguró que la integridad del proceso electoral no podía estar garantizada con el tipo de máquinas que se implementaron en la elección. Entre otras fallas, el informe encontró la posibilidad de generar una pantalla falsa en la máquina para hacer votar incorrectamente al elector.

A pesar del informe negativo, el gobierno avanzó con el plan de implementación de voto electrónico para las elecciones locales y europeas de 2004. Entonces creó la Comisión Independiente de Votación y Escrutinio Electrónico para que examine el sistema propuesto.

La comisión presentó un informe en el que sostiene que puede recomendar la utilización del sistema de voto electrónico pero que, así como estaba reglamentado, no podía garantizar la seguridad del voto y la rigurosidad del escrutinio. Para dar esa garantía, realizó una serie de consideraciones que debía tener un nuevo proyecto de implementación del voto electrónico que tuviera en cuenta varias fallas en el software, la seguridad física e informática de la transmisión de los datos, la cantidad insuficiente de auditorías y testeos independientes, entre otras.

Finalmente, las elecciones de 2004 no se realizaron con el sistema electrónico. Sin embargo, el gobierno insistió en la postura de mejorar el sistema para continuar en el camino del voto electrónico. Uno de los argumentos principales fue la inversión que el gobierno ya había realizado con la firma holandesa Nedap: a los 52 millones de libras iniciales que se pagaron por las máquinas, se agregaba el costo anual por mantenerlas seguras (según la ONG irlandesa ICTE, el costo era de 700 mil euros anuales) y el costo por seguir actualizando el software para encontrar vulnerabilidades en el sistema (con un costo estimado por ICTE de 20 millones de euros más), con el objetivo de volver a implementarlo en 2009.  

Finalmente, el 23 de abril de 2009 el ministro John Gormley anunció que se desechaba el sistema de voto electrónico, debido al incremento de los costos y la insatisfacción del público con él.  

– Estonia.

En las municipales del 2005, Estonia se convirtió en el primer país del mundo en probar el voto por internet desde un lugar remoto, es decir, sin tener que acercarse hasta una mesa de votación, luego de un debate legislativo que comenzó en 2002.

El sistema funciona así: se puede optativamente votar por internet desde un lugar remoto (la instancia de acercarse al centro de votación sigue vigente y es de hecho la que más se utiliza); la identificación se hace a través del documento nacional de identidad que es una tarjeta inteligente; el voto por internet es previo al día de la votación y se puede modificar considerándose el último voto como el válido (algo que terminó definiendo la Corte, tras una serie de presentaciones que hacían referencia a las ventajas que tenía un votante que podía cambiar su voto respecto a uno que no).

En 2005 casi el 2% utilizó el mecanismo de voto por internet y fue creciendo en las sucesivas elecciones hasta llegar al 30% de la población eligiendo ese sistema en 2015. En el medio hubo discusiones sobre los riesgos en la implementación y en la ejecución. En el 2011 el Center Party y candidatos independientes presentaron una queja por fallas en el sistema que se resolvió de una manera bastante peculiar.

El código electoral de Estonia prevé que las quejas sobre el proceso electoral se pueden presentar hasta tres días después del día de las elecciones. Como la queja se presentó sobre el voto por internet desde accesos remotos (que se hace antes) y no por el sistema de votación del día de la elección sólo se tomó como válida la presentación de un estudiante universitario y no la de los partidos, que presentaron en el término de tres días pero posteriores al día de la elección. La queja del estudiante – que pedía suspender los resultados de la elección – fue rechazada ya que la Comisión Nacional Electoral del país aduciendo que los mecanismos para garantizar que no habían ocurrido manipulaciones funcionaron, sin aclarar cuáles habían sido esos mecanismos. La presentación se elevó hasta la Corte Suprema que rechazó la queja rápidamente considerando que un votante sólo puede presentar un recurso de queja cuando sus derechos propios fueron violados.

En base al informe de la OSCE/ODIHR (Organization for Security and Cooperation in Europe/Office for Democratic Institutions and Human Rights) la especialista en seguridad informática, Barbara Simons, sacó las siguientes conclusiones sobre el proceso electoral de 2011 en Estonia: el sistema de emisión del voto tiene numerosos problemas críticos; el secreto del voto es vulnerable; los dispositivos de los votantes son vulnerables; hay una amenaza interna; los servidores son vulnerables al ataque de cualquiera; el sistema no es abierto ni transparente y no hubo ninguna evaluación de seguridad por parte de técnicos en seguridad informática independientes.

Las pocas garantías que ofrece sobre el carácter secreto del voto es una de las principales críticas que recibe el sistema de Estonia. En el análisis del especialista Sven Heiberg sobre las elecciones de 2011, establece que “la única garantía posible de que el voto sea verdaderamente anónimo sería en presencia de, por lo menos, dos oficiales electorales, auditores y posibles observadores. Todos los procedimientos están previamente definidos y escritos pero incluso sin violar ninguno de esos procedimientos, el dueño del sistema puede manipular el resultado de la elección a gran escala sin ser detectado”.

En el 2014, el gobierno creó una comisión de investigadores independientes que realizó un informe muy crítico con el sistema. La comisión analizó el sistema que se utilizó en 2013, la documentación del sistema, el código fuente, el software y realizó experimentos en un laboratorio de recreación de voto por internet. Según la comisión, “el sistema tiene varios problemas de seguridad: usa una arquitectura de seguridad que pudo haber sido adecuada cuando el sistema se introdujo hace una década pero que hoy está peligrosamente desactualizada. Desde que se diseñó el sistema, los ciber ataques se volvieron una amenaza real y concreta. El sistema delega una extrema confianza en los servidores y las computadoras personales, el lugar más vulnerable para un ataque. El informe demuestra múltiples maneras en las cuales se puede modificar votos ya emitidos, comprometer el secreto del voto, interrumpir el proceso electoral o sembrar dudas sobre la legitimidad del resultado”. Los expertos consideraron que se debía suspender la aplicación de esta forma de votación, pero las quejas fueron rechazadas por el Comité de Voto por Internet del país.

En 2015, Estonia celebró sus elecciones con el sistema de voto por internet.

– Holanda.

El 16 de mayo de 2008, el gobierno holandés decidió dar marcha atrás con la implementación del sistema de voto electrónico que venía usando y volvió al sistema de boleta única de papel.

La decisión se tomó a partir de que, un año antes, un juez consideró que el sistema electrónico provisto por Nedap (la empresa holandesa que desarrolló el sistema en Alemania e Irlanda también) era ilegal. Entonces el gobierno envió a revisión el sistema aduciendo que la mayor falla era la falta de un respaldo en papel, pero finalmente terminó por abandonarlo completamente en 2008.

En septiembre de 2007 la comisión creada para analizar la seguridad del voto electrónico emitió el informe “Voting with confidence” en el que estableció, entre otras cosas: “el voto con boleta de papel en centros de votación (NdA: se analizaba también la posibilidad de voto remoto) es la opción preferida en términos de transparencia y verificabilidad. En la práctica, sin embargo, hubo algunos problemas con el recuento de votos de papel; un método de voto electrónico en centros de votación que le otorgue un respaldo en papel al votante es más seguro y posible de realizar; en ese caso, las máquinas deben estar protegidas contra la radiación allí donde sea factible y económicamente posible”.

Esta última consideración no es caprichosa. La cara visible de la batalla contra el voto electrónico en Holanda fue el grupo de activistas informáticos “We don´t trust voting computers”. Además de presentaciones judiciales que terminaron con el voto electrónico en su país, el grupo saltó a la fama en 2006 cuando hicieron una demostración pública de que las urnas electrónicas podían ser interferidas a una distancia de 30 metros y los votos de los electores manipulados.

Inmediatamente después del informe “Voting with confidence”, la Secretaría de Estado Interior anunció que la regulación que aprobó el voto electrónico en 1997 quedaba en suspenso hasta introducir las modificaciones que exigía la comisión para avanzar con el voto electrónico.

Holanda volvió al sistema de voto con boleta única de papel.

– Australia.

La boleta única de papel lleva el nombre de boleta australiana por haber sido allí donde se implementó por primera vez, que tiene un complejo sistema de representación que se explica bien acá.

En las elecciones del año 2013 se produjo una pérdida masiva de boletas electorales luego de la votación que arrojó dudas sobre el sistema. Entonces el gobierno australiano encargó a una comisión del Congreso que estudie la posibilidad de introducir tecnología en el sistema de votación y almacenamiento.

El informe de la comisión sostuvo, entre varias cosas, que “incluso los más ardientes defensores (del voto electrónico) deben reconocer que en términos logísticos sería imposible para nuestras autoridades electorales implementarlo para las próximas elecciones que son en menos de dos años”. Luego de escuchar a expertos y examinar casos internacionales, la comisión concluyó que “es claro para nosotros que Australia no está en posición de introducir ningún sistema de voto electrónico a gran escala sin comprometer catastróficamente la integridad del sistema electoral”.

Respecto a las diversas modalidades de voto electrónico, la comisión australiana aseguró que “las máquinas son vulnerables al hackeo en algún nivel. Eso puede ser mitigado por un sistema que no sólo grabe el voto electrónicamente sino que también imprima un respaldo físico para el recuento posterior. En otras palabras, demasiados gastos para igual tener que acercarse al centro de votación y aún así votar a través de una máquina en vez de una boleta de papel”.

El reporte concluyó que “independientemente de las posturas filosóficas sobre el voto electrónico no es posible introducir el sistema en el corto plazo sin enormes y costos e inaceptables riesgos para la seguridad”.

En 2015, Australia continuó votando con el sistema de boleta única de papel.

Algunas conclusiones provisorias y patrones comunes a todos los casos:

– cualquiera haya sido el resultado final, en todos los procesos de implementación de tecnología se realizaron pruebas piloto que duraron varios años, probando primero en circunscripciones más pequeñas para luego avanzar sobre el resto;

– en todos los casos se crearon, antes, durante o después de su implementación, comisiones evaluadoras independientes conformadas por especialistas en la materia. En todos esos informes se hace referencia explícita a la vulnerabilidad de los sistemas y la necesidad de trabajar en marcos regulatorios concretos que no deleguen en los poderes ejecutivos y, aún peor, en las empresas, todo el proceso de implementación del nuevo sistema. Las novedades acerca de que el Poder Ejecutivo de la Argentina avanza en la contratación antes de que salga la ley están lejos de ser alentadoras;

– si bien muchos de los casos tienen que ver con sistemas de voto electrónico que no contaban con respaldo en papel, es realmente llamativo que una vez advertida esa falencia ninguno de esos países optó por incorporar la impresión de la boleta si no que regresaron al sistema anterior de papel. Esto es una evidencia importante para el caso del proyecto que el Poder Ejecutivo de la Argentina envió al Congreso, ya que en sus fundamentos plantea que el respaldo en papel resuelve todos los problemas de vulnerabilidad del sistema. El hecho de que los países que lo han intentado y abandonaron no hayan explorado la posibilidad de incorporar la impresión del papel tiene que ver con que los problemas de vulnerabilidad no comienzan ni terminan en el momento de emisión del voto si no que son previos y posteriores;

– es una constante en todos los informes de comisiones que realizan países muy distintos entre sí la falta de controles verdaderamente efectivos sobre las empresas y los sistemas que desarrollan para el voto electrónico, lo cual pone en evidencia que no se trata solamente de establecer regulaciones más fuertes sino que hay una tensión entre los principios democráticos de publicidad del acto electoral y el derecho de las empresas a resguardar sus derechos sobre la patente comercial del producto;

– en todos los debates públicos al respecto se hace una incesante referencia a los elevados costos de la implementación del sistema y, especialmente, al costo que significa mantener a los equipos en el intermedio entre elecciones además de la necesidad de actualizarlos. Toda esta cuestión está absolutamente ausente en el debate por la implementación del voto electrónico en la Argentina. En los argumentos de quienes están a favor de ese sistema se argumenta que es muy caro al principio pero que luego el costo va bajando porque se dejan de imprimir boletas, lo cual sería cierto sólo para el caso de sistemas de voto electrónico sin respaldo en papel.

¿Quién le mueve la mano al llanero solitario?

 

La política de aumentos del precio del gas está fundamentada en el siguiente argumento (resumido en una línea): la tarifa anterior no alcanzaba a cubrir el costo de producción real y ese saldo lo cubría el Estado vía subsidios.

Independientemente de la letra chica, el argumento funcionó y funciona. Sin embargo, la cuestión no acaba ahí y el devenir de la implementación del aumento así lo demuestra. En un programa de televisión, un economista lo describía: “el gobierno tenía el arco vacío y le pegó afuera”. Quería decir: tenía la convicción de hacerlo y, más difícil, el terreno social fértil para ejecutarlo. Cualquier encuesta arrojaría hoy un índice alto de “se pagaba poco”. Lo único que restaba era empujar la pelota al arco. Es cierto que la metáfora del arco distorsiona un poco el verdadero proceso, en especial cuando se trata de establecer algo tan difuso como un precio justo” a un bien o servicio. Si antes se “pagaba poco”, ¿cuánto era pagar “lo justo”? Quizás había tantas respuestas a eso como usuarios de gas.

Una lectura podría ser, entonces, que el Gobierno erró el tiro porque no supo calibrar la fuerza,  porque aumento “de más”. Pero otra lectura podría ser que no erró tanto la fuerza como la dirección del tiro: que no sólo fue importante el cuánto del aumento sino que en el medio se cambió el para qué (y que ambas variables se sobredeterminan todo el tiempo).

El resultado concreto del aumento del gas, sea cual termine siendo en términos nominales, no fue una reducción significativa del déficit que le provocaba al estado. De hecho, el estado se apropia apenas de un tercio del aumento a usuarios privados, comerciales e industriales, según un informe del Estudio Bein.  Los dos tercios restantes fueron una transferencia directa del usuario a la empresa. Tomando el primer aumento anunciado, de los 3.500 millones de dólares “nuevos” que iban a pagar los usuarios, 2.000 iban directo del usuario a la empresa y sólo el tercio restante a “terminar con la fiesta”.

Roberto Aguirre, del diario de Río Negro, hacía un cálculo similar: “de ese monto sólo 1.100 millones serán en subsidios, mientras que el resto es por la baja del precio del precio de importación. Esos 1.100 millones representan una rebaja de 0,2 puntos en el déficit fiscal del 7,3 del PBI que aduce el gobierno nacional como ´pesada herencia´”. Sin entrar en detalle, a ese cálculo habría que sumarle la heterodoxa forma en la que el gobierno llegó a decir que se encontró con un 7,3 de déficit.

“Alguien, en el momento del disparo, le tocó la mano al llanero solitario”, describió el informe Bein. Si el objetivo declamado era “terminar con la fiesta”, en el camino algo lo distorsionó hasta que el resultado final se transformó en reconstruir la rentabilidad de las empresas del sector.

Claudio Scaletta sostiene que uno de los puntos claves está en el establecimiento del nuevo precio para el gas en boca de pozo: “las petroleras ya recibían 7,5 dólares el millón de BTU (Unidad Térmica Británica) por el ´gas nuevo´, un estímulo para promover la producción y sustituir importaciones. El problema fue el nuevo valor establecido para el ´gas viejo´, el que ya se producía, y que fue llevado de 2,6 dólares por millón de BTU – valor por encima de la cotización de referencia internacional, el Henry Hub, que hoy ronda los 2 dólares el millón de BTU – a 5 dólares, bastante más que el nuevo valor de importación de Bolivia de 3 dólares y similar al de regasificación”. ¿Habrá sido ese reclamo el que le movió la mano al llanero solitario?

El segundo tiempo de la política pública fue la administración de sus efectos. Previo a la última corrección de esta semana, si el incremento residencial promedio en el país fue de 200%, en la Patagonia, según el Centro de Estudios Patagonia, llegó a 540% de promedio. Para comercios e industrias, aún peor: 700% en el país y 1250% para la Patagonia. Las reacciones terminaron con la ya famosa reunión entre gobernadores y los ministros del Interior y Energía y las posteriores modificaciones, que seguramente no hayan puesto un punto final sino, apenas, un paréntesis.

El “retroceso” en la medida puso en evidencia una cuestión natural para una política pública. La diputada Graciela Camaño se preguntaba en un programa de televisión: ¿“por qué 400% y no 300 o, incluso, por qué no 1000%?” No era una pregunta inocente: buscaba evidenciar el carácter naturalmente político de una decisión que lejos estaba de ser, tal como fue argumentada, meramente técnica.

Acercarle la lupa al proceso de implementación de una política pública a veces puede decir más sobre la naturaleza de un gobierno que enumerar las políticas que continúa o discontinúa. En este caso: presentar un aumento en una tarifa como una necesidad del estado de distribuir mejor los costos de ese gasto podría ser considerada, así enunciada, una medida de carácter progresista.

Ahora bien, si en la aplicación de esa política alguien le mueve la mano al llanero solitario y el disparo que iba “a redistribuir el costo” se convierte en un disparo para reconstruir la rentabilidad de las empresas, la lectura tiene que ser necesariamente otra. No se trata de una “victoria de la comunicación” que logró presentar un objetivo cuando “el verdadero” era otro, si no más bien la exposición natural (y más sana y más honesta) de que en la implementación de las políticas se juega también el carácter ideológico que todo gobierno tiene y del que este no es la excepción.

Y es en la mirada sobre ese proceso donde se puede desarticular el carácter “necesario” de una política pública (no necesario en cuanto a que “había que hacerlo” sino en cuanto a que no puede sino ser de ese modo). La esencia de la política es exactamente la contraria. Para ver en este caso cómo las pequeñas decisiones ideológicas moldean la política pública final: hay una apuesta concreta por recomponer los márgenes de rentabilidad sostenida en el presupuesto ideológico de que es la condición necesaria para que “se realicen las inversiones”. Eso no tiene “necesariamente” que ser así: es así por una decisión en el marco de otra serie de decisiones posibles, por mencionar sólo una: la que señala Aguirre acerca de atar los aumentos a un plan de inversión auditado por los organismos de regulación.

Toda esa suma de pequeñas decisiones moldean la ideología de un gobierno y a la vez la explican: independientemente del orden de los factores, lo importante es que esa ideología lo describe. Acercando la lupa al proceso de implementación, a lo mejor, se puede ver quién le mueve la mano al llanero solitario.

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LOS SUCIOS SECRETOS DE LA ONU: la historia no contada de Anders Kompass y las fuerzas de paz en los abusos sexuales de la República Centroafricana

La organización internacional “AIDS free world” fue la encargada de la campaña “Code Blue”, destinada a alertar y concientizar sobre casos de abuso sexual por parte de fuerzas de paz de la ONU (Cascos Azules y aliados en territorios ocupados por fuerzas de paz).

Uno de los casos más resonantes salió a la luz en abril de 2015, cuando The Guardian publicó un informe interno de la ONU sobre abusos sexuales contra niños de la República Centroafricana cometidos por soldados dentro del territorio de paz. Es decir, en territorio controlado por la ONU. A pesar de que había pasado un año del informe, la ONU no había tomado ninguna decisión, ni acción al respecto, excepto una: a partir de ahí acusaron al funcionario de la ONU, Anders Kompass, de haber otorgado información de este tipo al gobierno francés (porque la mayoría de los soldados pertenecían al ejército de ese país).

Este es el relato de los hechos que AIDS free world denunció para exigirle a la ONU una investigación independiente. Se puede leer el original y consultar los documentos pertinentes acá.

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LOS SUCIOS SECRETOS DE LA ONU: la historia no contada de Anders Kompass y las fuerzas de paz en los abusos sexuales de la República Centroafricana.

El 29 de abril de 2015 el mundo conoció los abusos sexuales cometidos contra niños por parte de tropas francesas, de Chad y de Guinea Ecuatorial que actuaban como fuerzas de paz en un campo de desplazados, en la República Centroafricana (de aquí en más CAR, por sus siglas en inglés). Las entrevistas a los niños, que fueron conducidas por miembros de la ONU y UNICEF, fueron filtradas al diario The Guardian por AIDS-Free World. El artículo también detalla el devenir de Anders Kompass, un funcionario sueco de larga carrera en derechos humanos de la ONU, que fue suspendido y estuvo investigado por la ONU debido a su rol en comunicarle al gobierno francés lo que estaba sucediendo en CAR.

El mes pasado, Anders Kompass permaneció en silencio sobre su rol en el tema, incluso cuando la ONU públicamente salió a denunciarlo por filtrar el informe. AIDS-Free World desde entonces obtuvo material interno que incrimina a la ONU como mails y memos – incluyendo los del propio Kompass – que demuestran la inacción de la ONU. También demuestran los esfuerzos de funcionarios de alto nivel del organismo para silenciar a trabajadores que podrían sacar el caso a la luz si se prendían las alarmas sobre el tema.

Esta es la historia que no se contó.

 

A principios de mayo de 2014, una ONG internacional requirió ayuda de MINUSCA, la misión de paz de la ONU en la República Centroafricana: una gran cantidad de niños en la capital, Bangui, reportaron que ellos y sus amigos habían sido violados por fuerzas internacionales a cambio de comida.

El 19 de mayo de 2014, una oficial de derechos humanos de la OHCHR – Oficina del Alto Comisionado de la ONU – asignada temporalmente a MINUSCA y un miembro de UNICEF entrevistaron a un niño de 11 años. El niño relató que un soldado francés le prometió comida a cambio de sexo oral, negoció con un guardia y lo llevó a la base, lo violó y luego le dio galletas y dinero en efectivo. El niño dio la descripción del soldado y aseguró que podía identificarlo en una fotografía.

El oficial de la OHCHR transfirió las notas de la entrevista a su supervisor inmediato, un oficial de MINUSCA en la República Centroafricana. El oficial, Renner Onana, Jefe de Derechos Humanos y Justicia, no hizo nada: no advirtió a los soldados, no informó a ninguna autoridad (ni francesa ni ninguna otra), no se hizo nada para prevenir futuros abusos, no se alertó a los cientos de miles de refugiados internos en los campamentos de que había predadores sexuales que actuaban como supuestos protectores contra sus niños. No quedó registro ni siquiera de que el niño que brindó su testimonio en mayo de 2014 haya tenido protección alguna.

En las siguientes cinco semanas, la oficial de OHCHR y los miembros de UNICEF entrevistaron a más niños traídos por el voluntario de la ONG que solicitó la ayuda de la ONU. Muchas de las víctimas que el voluntario conocía no podían ser localizadas. Luego de cada entrevista (el 19 y 20 de mayo y el 5, 17, 18 y 24 de junio) el oficial de OHCHR entregaba sus notas a MINUSCA. Los miembros de UNICEF tomaban sus propias notas sobre abusos sexuales a niños de entre 8 y 15 años. Y todavía no se tomaba ninguna acción al respecto.

En la entrevista del 18 de junio, un niño de 13 años relató que no podía contar la cantidad de veces que fue obligado a prácticas sexuales con soldados, pero que las más recientes habían sido entre el 8 y el 12 de junio de ese año: muchas semanas después de la primera entrevista con la ONU. Aún con sólida evidencia de que los crímenes seguían ocurriendo mientras seguían recogiendo testimonios, MINUSCA, OHCHR y UNICEF no tomaron ninguna medida. (UNICEF es citada en uno de los reportes como haciendo planes para atender a las necesidades educativas, psico sociales y familiares de las víctimas. Voceros de UNICEF aseguraron que esos planes se llevaron adelante. No hay registros específicos sobre qué niños los recibieron o cuántos en total).

Los documentos filtrados demostraron que oficiales de MINUSCA, es decir de la ONU, en Génova y Nueva York recibieron el reporte oficial de las entrevistas antes que el oficial de ONU se retirar de la República Centroafricana, el 14 de julio de 2014. Se desconoce cuando recibieron los reportes oficiales las autoridades de UNICEF. En total, las entrevistas a niños abusados sexualmente fueron 13 y los soldados de las fuerzas de paz que participaron activamente fueron 16: 11 franceses, 3 de Chad y 2 de Guinea Ecuatorial. Otros 7 soldados solicitaron encuentros con niños o actuaron como cómplices. El reporte implica a un total de 23 soldados.

Al aceptar ser entrevistados por la ONU, los niños esperaban que el abuso se detuviera y los perpetradores fueran arrestados. Cuando un niño denuncia un abuso sexual, los adultos tienen la obligación de reportarlo a las autoridades. Un niño necesita protección y, por definición, no tienen la capacidad de presentar cargos por sí mismos. Merecen la protección que, asumieron, habrían recibido por parte de la ONU cuando se enterara de los abusos. En cambio, las investigaciones comenzaron un año después y sólo cuando la historia salió a la luz.

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A mediados de julio de 2014, al menos 12 autoridades de la ONU habían recibido el reporte del oficial de OHCHR. Todos estaban al tanto de que ninguna medida había sido tomada, ninguna autoridad alertada y que los abusos seguían ocurriendo. Uno de esos doce, Roberto Ricci, llevó el reporte directo a su supervisor en Génova, Anders Kompass. Fue entonces cuando Kompass informó a las autoridades diplomáticas francesas, que requirieron una copia del reporte para comenzar una investigación. Kompass envió el reporte en julio con una nota firmada y recibió el agradecimiento del gobierno francés ese 30 de julio, cuando le informaron que la investigación ya estaba en marcha. Esa carta de agradecimiento ingresó como recibida el 5 de agosto como correspondencia oficial de la OHCHR, es decir, de la ONU.

Los investigadores franceses llegaron a la capital de CAR, Bangui, el 1ro de agosto e interrogaron a Renner Onana, el jefe de Derechos Humanos y Justicia de MINUSCA, quien había recibido un informe luego de cada entrevista.

Los investigadores fueron remitidos por MINUSCA a la oficial de derechos humanos, que pidió consejo primero a Renner Onana y luego a Cecile Aptel, la abogada de OHCHR, acerca de si hablar con la policía. Luego de consultarlo con la oficina de Legales de Nueva York, Aptel le aconsejó que le pidiera a las autoridades francesas que remitieran sus preguntas por escrito a través de los abogados de la ONU; la oficina legal transmitiría las respuestas por escrito.

La ONU invocó la inmunidad legal de su Oficina de Derechos Humanos, de donde dependía la oficial. Los miembros de UNICEF que participaron de las entrevistas tomaron actitudes similares. También enviaron a los investigadores a remitirse a las áreas legales.

La investigación francesa fracasó.

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El 7 de agosto de 2014, Anders Kompass informó sobre la situación a la sub Comisionada de la OHCHR, Flavia Pansieri y le envió el informe vía mail. Su asistente personal dio el recibido el mismo día e informó por ese misma vía que la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU había sido informada del tema.

A pesar de ese mail que aportó Kompass, Pansieri testificó en su versión de los hechos – en la investigación acerca de la actitud de Kompass – que tomó conocimiento de la situación “en algún momento a principios de otoño, probablemente en septiembre de 2014 (lamentablemente no recuerdo la fecha exacta” a través de Cecile Aptel, en el contexto de la filtración de la información. Pansieri manifestó tener remordimientos por no haber hecho un seguimiento más cercano de los casos de abuso en CAR (citando un período muy intenso en la oficina debido a las tensiones por el recorte de presupuesto) y aseguró que sólo pudo centrar su atención en el tema unos meses después, a principios de marzo de 2015.

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En su declaración ante la Oficina de Asuntos Internos de la ONU (OIOS), el Alto Comisionado por los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad al-Hussein también aseguró haber tomado conocimiento de las denuncias por abuso sexual en CAR en “otoño de 2014, poco tiempo después de haber asumido el cargo. Alrededor de ese mismo período, la OHCHR formalmente le pidió a la OIOS – Asuntos Internos de la ONU – que comience a investigar a Anders Kompass por una supuesta filtración de cables en un incidente en el Sahara Occidental.

El 22 de diciembre de 2014, justo antes que las oficinas de la ONU cerraran por las vacaciones de verano, el Secretario General presentó el informe final de la Comisión Internacional de Investigación de la República Centroafricana. Aunque la comisión no hizo ninguna referencia a los reportes de abusos de MINUSCA/OHCHR/UNICEF, incluyó una recomendación muy específica: “los reportes periódicos de las operaciones de las fuerzas de paz en CAR al Secretario general deben incluir un análisis de cualquier tipo de incidente cometido por fuerzas de paz tanto de la ONU como aquellas autorizadas por el Consejo de Seguridad”.

Tres meses después, el Secretario General presentó su informe anual acerca de las respuestas de la ONU a los casos de explotación y abuso sexual del 2014, en el que no se mencionó ningún caso de abuso sexual en la República Centroafricana.

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A principios de marzo de 2015, el Alto Comisionado Zeid tomó conocimiento informalmente a través de la Jefa de Gabinete de la ONU, Susana Malcorra, que la investigación sobre Anders Kompass en los sucesos de Sahara Occidental había finalizado sin que se hubiera podido demostrar ninguna responsabilidad concreta por parte del funcionario.

El 6 de marzo, ocho meses después de la última vez que había escuchado novedades sobre el caso, la oficial de Derechos Humanos que había entrevistado a las víctimas habló con dos abogados de la OHCHR. Le preguntaron sobre su reporte y su asignación a CAR y luego informaron a Zeid y a Flavia Pansieri al respecto.

El 12 de marzo, por orden de Zeid y a pedido del jefe de las fuerzas de paz de la ONU, Hervé Ladsous, Falvia Pansieri le pidió la renuncia a Anders Kompass.

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Al pedir la renuncia de Kompass, la ONU cometió un grave error táctico: oficial de carrera en los derechos humanos de Suecia, Kompass era tan confiable que había sido puesto a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) apenas unas semanas antes de su abrupta partida, cuando los dos jefes de esa área se encontraban de vacaciones. La movida repentina sorprendió a Kompass: las razones lo indignaron. Fue acusado de alertar inapropiadamente al gobierno de Francia, un año atrás, del descubrimiento por parte de personal de la OHCHR y UNICEF de casos de abuso sexual por parte de soldados franceses que debían proteger a los refugiados civiles en CAR. Kompass se rehusó a renunciar y amenazó con ir a la prensa.

El 13 de marzo Pansieri informó a Zeid sobre su intercambio con Kompass. Zied decidió que la situación se estaba tornando grave y que debía informar a la Jefa de Gabinete, Susana Malcorra, y a otros colegas en persona.

La semana siguiente, entre el 19 y 20 de 2015, la Jefa de Gabinete de la ONU, Susana Malcorra, organizó una reunión en Turín, Italia, entre Zeid, Flavia Pansiere, el subsecretario de OIOS, Carman Lapointe y el Director de Ética de la ONU, Joan Dubinsky, para discutir el caso Ander Kompass.

En la reunión, los oficiales de la ONU decidieron abrir una investigación sobre Kompass.

Todos los oficiales involucrados en esa reunión sabían que sólo gracias a que Kompass envió esa información al gobierno de Francia que ese país había reaccionado inmediatamente y comenzado una investigación en CAR.

Con el pedido de renuncia y el rechazo de Kompass a hacerlo, los oficiales de la ONU se vieron forzados a pagar el costo de atraer la atención hacia los documentos que acusaban a Kompass de filtrar. Eso fue suficiente para instalar el pánico: claramente, todos habían ignorado y negado la crisis que sobrevendría. Si la negligencia en el manejo se hacía pública, la ONU enfrentaría una serie de cuestionamientos para los cuales no había respuestas.

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En la reunión de Turín, se decidió que Zeid y Pansieri recogerían testimonios de un selecto grupo y los enviarían como requerimiento formal para la investigación a través de OIOS. Pansieri le pidió a Kompass que escribiera su rol en el paso de documentos a Francia y le sugirió que se lo enviase a su cuenta personal, en vez de a su cuenta de mail de la ONU. Cuando Kompass realizó su descargo, no había sido informado que eso sería utilizado en una investigación contra sí mismo.

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El 7 de abril, el embajador sueco antes la ONU llamó a la Jefa de Gabinete, Susana Malcorra. Incapaz de conseguir hablar con ella, llamó a Joan Dubinsky, Director de la Oficina de Ética de la ONU. Le dijo que había sido informado acerca de un reporte de la OHCHR sobre pedofilia por parte de soldados franceses en MINUSCA. Enojado porque habían hecho renunciar a Kompass sin derecho a defensa o con una investigación, le advirtió que “no sería algo bueno que el Alto Comisionado de OHCHR le pida la renuncia a Kompass. Si eso ocurriera, se haría público y ocurriría un feo e incómodo debate”.

Luego de la reunión inicial en Turin, el grupo continuó enviándose mails sobre la investigación a Kompass. Dos semanas después, el 9 de abril de 2015, Zeid requirió formalmente la investigación a OIOS por su “filtración” del reporte de abuso sexual en CAR.

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Junto al pedido de investigación por parte del Alto Comisionado, Zeid, se enviaron seis declaraciones: una del propio Kompass, objeto de la investigación; una de la Oficina de Derechos Humanos que condujo las entrevistas; una del Alto Comisionado Zeid Ra´Ad al-Hussein; una de su número dos, Flavia Pansieri y una declaración conjunta de dos abogados de la OHCHR reconstruyendo su conversación con la oficial de Derechos Humanos respecto de las preguntas requeridas por los investigadores franceses. El pedido de investigación y las declaraciones fueron enviadas en conjunto, como parte de un paquete, primero al Director de Ética y luego a la OIOS.

Las declaraciones se contradecían dramáticamente con una sola excepción: durante el período en el que los abusos a niños africanos tomaron la atención de los oficiales de la ONU, los altos funcionarios que fueron informados parecían no tener registro de reuniones o discusiones entre sí. Las víctimas no recibieron una mención en las declaraciones, ni siquiera por curiosidad sobre sus estados de salud. Ninguno que proveyó testimonio asegura haber indagado sobre el estatus de alguna investigación, de alguna medida de protección, de prevención o de apoyo para las víctimas. Esas omisiones no fueron notadas ni explicadas. El foco estuvo sólo puesto en “la filtración” de Anders Kompass.

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Durante la semana del 13 de abril de 2015, un mes después de haberse negado a renunciar, Kompass fue suspendido y escoltado hacia fuera de su oficina. Desafió la presentación de la OHCHR contra su persona en el Tribunal de Disputa de la ONU; un juez falló a su favor y demandó su reposición en el cargo, con una investigación sobre los hechos que continúa pendiente.

La Directora de la Unidad de Investigaciones de la OIOS, que normalmente hubiera estado al frente de un caso así, se recusó de formar parte de la investigación. Envió una nota de protesta a su supervisor en la OIOS, Carman Lapointe, denunciando que había una intención desde los más altos niveles de investigar a Kompass, que los requisitos previos para comenzar una investigación habían sido violados y que cualquier resultado que surgiera de esa investigación resultaría nulo. Su jefe le respondió que, si bien estaba de acuerdo en que no eran los procesos usuales, la dirección del organismo había decidido pasar por encima de los mismos, y que el Director de la Unidad debía seguir lo requerido por los funcionarios del organismo. La Directora respondió: “de acuerdo; sin embargo en este caso ya he decidido”.

Cuestionado a mitad de mayo de ese año por los estados miembros acerca de por qué su Directora de Investigación se había recusado de la investigación de Kompass, Lapointe respondió que no lo sabía.

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Desde que The Guardina publicó la información suministrada por AIDS-Free World, el Alto Comisionado, su vocero, el vocero de UNICEF, el vocero del Secretario General y los oficiales de las fuerzas de paz hablaron con los distintos medios. Hay amplias razones para que los estados miembro cuestionen las respuestas otorgadas.

Las declaraciones de UNICEF sobre su involucramiento atrae graves cuestionamientos sobre los protocoles que regulan a UNICEF en el trato directo con niños en general y con niños víctimas de abuso sexual en particular. El hecho de que un niño víctima de abuso sexual por parte de un soldado de las fuerzas de paz sea entrevistado en una oficina de MINUSCA, donde podrían haber estado amigos, cómplices o incluso perpetradores de los crímenes – deja algunas preguntas importantes sobre la capacidad de quienes estuvieron involucrados en las entrevistas.

También es preocupante el hecho de que no parecen haber guías de comportamiento para los miembros de OHCHR o de UNICEF, dejando en claro la obligación de reportar de inmediato sobre cualquier caso de abuso sexual a las autoridades. Las entrevistas también plantean preguntas acerca de la existencia de protocolos para este tipo de entrevistas con menores sin compañía de adultos responsables o parientes que consientan las mismas.

La investigación continúa en marcha para averiguar si Kompass es culpable. Susana Malcorra, que ocupa uno de las posiciones de mayor poder dentro de la ONU como Jefa de Gabinete del Secretario General, señala públicamente ante los medios y gobiernos miembros que Kompass está siendo investigado porque es culpable del delito que se lo acusa. Esto sugiere un resultado pre acordado de la investigación y pone en cuestionamiento las declaraciones públicas de la Jefa de Gabinete. Más grave aún, provoca cuestionamientos de los estados miembro sobre el sistema de justicia al interior de la ONU.

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Lo relatado anterioremente, los documentos filtrados que lo respaldan y las fuertes implicaciones de graves comportamientos e impunidad en los más altos niveles de la ONU pueden resultar sorprendentes para muchos lectores. La realidad es que para aquellos con algo de experiencia en el sistema ONU no hay demasiadas sorpresas. Saben que no es un caso inusual; es simplemente uno que, parcialmente, salió a la luz. Para aquellos de nosotros que creímos en los ideales de la ONU este caso es profundamente trágico porque no es el único. Es parte de un continuo patrón del sistema de la ONU. Ese patrón no estuvo nunca tan claro como en este caso en el que la ONU debe manejar una problemática de abuso sexual. Un caso de la más descarnada injusticia y desprecio por las víctimas de abuso sexual por parte de soldados dentro de las operaciones de la ONU de mantenimiento de paz.

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El secretariado de la ONU existe para servir a los intereses colectivos de los gobiernos del mundo, para elevar los estándares y para implementar acciones conjuntas.

Hoy, los estados miembros se balancean en el precipicio, en el inminente peligro de perder el control del secretariado que actúa sin que los gobiernos conozcan lo que hace, sin supervisión y con altos niveles de impunidad.

Los estados miembros deben crear una comisión externa de investigación sobre todo el sistema de la ONU, a todo nivel, en la oficina central y en las delegaciones, para reveer todos los componentes relacionados a explotación sexual en los territorios donde actúan fuerzas de paz de ONU. Investigar el caso de CAR es críticamente importante pero insuficiente: la investigación externa debe hacer foco en el manejo del sistema de la ONU en estos casos de abuso. Esa investigación debe estar hecha por expertos externos, totalmente independientes, imparciales, sin conflictos de interés pasados o presentes y ningún interés futuro que pueda condicionar su capacidad de demandar, criticar y hasta recomendar sanciones si fuera necesario.

Este caso es el de una innumerable cantidad de niños en la República Centroafricana que viven su vida con el fantasma del abuso sexual. Fueron traicionados cuando confiaron en la ONU y esta falló en protegerlos. De los 9 a los 12 años, un año esperando por protección frente a un abusador es una eternidad. En la vida de un violador, un año provee de incontables oportunidades para el abuso y la explotación sexual.

Los eventos y su manejo hicieron un tremendo daño a los civiles, a la reputación de la ONU y a su credibilidad. Ponen en entredicho a la dirigencia mientras expanden una sombra oscura sobre los miles de trabajadores de la ONU que trabajan por principios y reportan a ellos.

Si estas revelaciones no son suficientes para que los estados miembro inicien una investigación externa y logren recuperar el control de las Naciones Unidas, nada lo será.

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Posdata: El 3 de junio de 2015, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon anunció planes para comenzar una investigación externa independiente que examine los eventos ocurridos luego de los abusos en CAR. AIDS-Free World saluda la respuesta de la ONU y emitió el siguiente comunicado:

El anuncio del Secretario General de abrir una investigación externa e independiente es bienvenido. Responde a una demanda urgente que AIDS-Free World viene haciendo las últimas semanas y desde que lanzamos la campaña Code Blue.

El Secretario General tiene tres desafíos.

Primero, la investigación debe ser realmente externa e independiente. Ningún miembro de la ONU debe estar involucrado en el proceso de investigación.

Segundo, debe entenderse que altos miembros de la Secretaría General deben ser investigados. Nadie puede ser excluido, desde el Director de la Oficina de Ética, el director de la IOSO y la Jefa de Gabinete del Secretario General. Aparentemente todos ellos y algunos más actuaron inapropiadamente en respuesta a los eventos de CAR.

Tercero, la referencia del Secretario General a la revisión de todo el sistema de respuesta ante estos caso es crucial. Lo que pasó en CAR fue una atrocidad, pero el hecho de que la ONU haya permanecido por casi un año desde el descubrimiento del hecho en silencio es en sí misma una de las cuestiones que no parecen tomar como referencia la política de tolerancia cero que declaró el Secretario General.

Si Ban Ki-moon y los estados miembro quieren promover la política de tolerancia cero, deben limpiar el sistema de la ONU de la neglicencia y la mala conducta de sus funcionarios de una vez por todas.

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Nota del autor: finalmente este es el resultado del informe que se publicó.

Una visión politológica a los ataques en París

Tradujimos el artículo “Fundamentalist wrath” publicado en el Washington Post, del politólogo Ron Hassner, co-director del programa Religión, Política y Globalización de Berkeley.  Aquí el original que es conveniente leer, en una discusión que a veces también es semántica.

Furia fundamentalista 

Las respuestas a los ataques terroristas en París corrieron en dos sentidos, tal como lo hicieran luego del 9/11, alrededor de la pregunta “¿tiene que ver esto con el Islam?”

 

Mientras algunos analistas de un lado del debate identificaron al Islam como la causa principal de la violencia, sus interlocutores ofrecen un análisis en el cual el cálculo político es el factor que movilizó a los atacantes. Ninguna de las dos posturas termina de convencerme. La violencia religiosa combina las lógicas religiosas y políticas y no se pueden comprender una sin la otra.

 

Es cierto que, en el siglo 21, el Islam ha ejercido el monopolio de las respuestas violentas a la publicación de imágenes blasfemas. Pero tales respuestas han sido la excepción, no la regla, lo cual exige una explicación acerca de cuándo y cómo dichas publicaciones terminan en actos violentos. No menos importante, como argumentaré luego, resulta que como grupo los musulmanes son verdaderamente insignificantes en cuanto a respuestas violentas contra ofensas religiosas. Puede ser también cierto que los atacantes de París hayan tenido relación con organizaciones terroristas que tienen objetivos pragmáticos de escalar un conflicto de este tipo en Europa, pero eso tampoco explica los incentivos de los atacantes y sus partidarios, ni sus propias motivaciones.

 

Un precedente puede echar luz sobre el debate. Esta no es la primera ronda de violencia política en respuesta a una caricatura que se burla de Mahoma. El antecedente más significativo ocurrió en enero y febrero de 2006, en respuesta a la publicación de caricaturas de ese estilo por un periódico de Dinamarca. Esas imágenes condujeron a protestas y disturbios en todo el mundo que terminaron en 200 muertes y cerca de 1000 heridos. Hubo incendios en las embajadas danesas en Siria, El Líbano e Irán, ataques a las embajadas de Noruega y Austria en Damasco, oficinas de la EU en Gaza, el consulado italiano en Benghazi, Libia. En Nigeria, Pakistán, Libia, Indonesia y Afganistán, las manifestaciones anti danesas se enfrentaron con fuerzas policiales.

 

La gama de respuestas a las caricaturas danesas ofrecen una oportunidad única para el análisis comparativo en torno a una simple pregunta: ¿por qué estas imágenes provocaron violencia en nueve estados de mayoría musulmana pero no en otros 43 estados que también tienen mayoría musulmana?

 

Traté esta pregunta en un artículo que apareció en el International Studies Quarterly en 2011. Encontré que esas protestas fueron movilizadas por movimientos islamistas radicales que vieron a las caricaturas como una amenaza directa a sus identidades. Los regímenes autoritarios capitalizaron las protestas si políticamente les convenía o las suprimieron. Pero los estados de mayoría musulmana con libertades políticas y civiles permitieron las protestas en contra de los dibujos y estas terminaron en disturbios violentos. La religión ofreció el motor de agitación: los musulmanes radicales concibieron los dibujos como una transgresión peligrosa. La política le dio la forma: la violencia ocurrió en un ambiente político que permitió las protestas pero falló en proteger la sensibilidad religiosa de aquellos extremistas.

 

Aunque lo ocurrido en 2006 tuvo amenazas de muerte, intentos de asesinato y amenazas terroristas en Europa, no terminó en un ataque como el que sufrió la revista Charlie Hebdo. Sin embargo, puede ofrecer algunas ideas respecto a los ataques en París.

 

1. La ofensa religiosa de la que se trata no es profanación (maltrato a una persona u objeto sagrado) sino blasfemia (hablar mal de un objeto sagrado o persona). Hay una fuerte norma contra representar a Mahoma en muchas (aunque no todas) tradiciones musulmanas, pero no hay una prohibición explícita en el Corán. La blasfemia, sin embargo, es un pecado grave, particularmente cuando se dirige al Profeta. Esa sensibilidad puede rastrearse en las primeras experiencias de hostilidad contra el mensaje del Corán por los opositores a Mahoma, a quien ridiculizaron y acusaron de lunático. El tabú que transgredió la caricatura danesa, así como los que transgredieron los “versos satánicos” de Rushdie, fue la prohibición de insultar al Profeta, no la de representarlo. Las caricaturas despertaron indignación porque eran irreverentes, no porque eran dibujos.

 

2. La reacción del mundo musulmán frente a las caricaturas es una reacción desesperada a lo que se percibe como un ataque a los fundamentos morales de una sociedad. Como muchos sociólogos de la religión argumentan, las normas y tabúes religiosos apuntalan el orden social y moral. Su función es darle sentido a la experiencia humana, clasificar y organizar la vida social y establecer sus límites. Las acciones creadas para prevenir o castigar la profanación sirven para aclarar y afianzar esas reglas. Los grupos seculares tienen esas mismas reglas: rechazan el incesto o el canibalismo porque ofenden los principios fundamentales de su orden social. El rechazo que provocan ese tipo de crímenes es similar al aborrecimiento con el que los fundamentalistas musulmanes ven los dibujos de Mahoma. En ambos casos, los grupos ven esas transgresiones como ataques al cuerpo social perpetrados por bárbaros que desean aniquilar los valores civilizados.

 

3. La reacción musulmana en respuesta a la blasfemia no representa ningún desafío a los regímenes que pueden suprimir la protesta islámica (como Egipto o Sudán en 2006) o aquellos que la pueden usar con fines políticos (como Irán o Siria en 2006). Representa un verdadero desafío para regímenes democráticos o en proceso de democratización (como El Líbano, Indonesia o Nigeria) que permiten las expresiones públicas de descontento y también la libertad de expresión y prensa. Ahí es donde los islamistas se sienten más amenazados: el mismo gobierno que se encarga de defender sus valores en vez de defender los derechos de los que blasfemaron. Eso lleva al planteo del el filósofo John Kekes en Disgust and Moral Taboos, sobre el temor a que un horror no pueda ser mantenido a raya e invada la vida privada.

 

4. La trayectoria histórica de un movimiento fundamentalista determina a qué tipo de provocaciones se va a ver más sensible. Pero si va a actuar o no contra eso depende no sólo de sus valores religiosos sino también de sus supuestos sobre el rol del gobierno, la naturaleza de la sociedad y su lugar en esa sociedad.

 

5. Por lo tanto, lo que es desconcertante acerca de la ira fundamentalista es no sólo por qué algunos fundamentalistas musulmanes y no otros deciden recurrir al terrorismo contra los dibujantes sino también por qué no hay ese mismo tipo de terrorismo islámico contra clínicas de aborto, por ejemplo, una preocupación primordial de los fundamentalistas protestantes. Por razones ancladas en la teología, la historia y la política, esos cristianos nunca considerarían reaccionar por la fuerza contra una caricatura que se burle de Jesús así como un dibujo burlándose de Moisés provocaría sólo indiferencia en un fundamentalista judío. Pero quizás sí provocarían revueltas violentas en el fundamentalismo judío si se profanara el Sabbat o restos arqueológicos de esa tradición, dos temas en los cuales ni musulmanes ni cristianos tienen mucho interés.

 

6. El rompecabezas de la ira fundamentalista es, entonces, de dos partes. Primero, ¿por qué algunos movimientos fundamentalistas desarrollan una preocupación especial sobre algunas ofensas religiosas y no sobre otras? Y segundo, ¿por qué lo hacen en determinadas condiciones políticas pero no en otras? ¿Por qué fundamentalistas judíos en Jerusalén arrojan piedras a los autos que manejan durante el Sabbat pero fundamentalistas judíos en Brooklyn o Golders Green no lo hacen? ¿Por qué no han habido disturbios en respuesta a los dibujos blasfemos en Estados Unidos?

 

No podemos explicar por qué el fundamentalismo ataca sin estudiar la religión y no podemos explicar cuando y por qué atacan sin estudiar la política. Este punto se pierde tanto en las voces anti-musulmanas como, que buscan forjar un vínculo esencial entre Islam y violencia, como en las visiiones postcoloniales que se esfuerzan por poner la responsabilidad de la violencia en cualquier lugar excepto sobre los hombres de los atacantes. (Una reciente “contra-caricatura” supuestamente apuntando a provocar a los no musulmanes se pierde ese punto dos veces: falla en identificar y transgredir los tabúes apropiados pero además falla en admitir que simplemente las caricaturas no son el gatillo que dispara la violencia para esas audiencias. Dado que hay una gran diferencia entre discriminación y transgresión, y dado que esa postura no representa ningún riesgo para la vida del caricaturista, esas “contra caricaturas” son simplemente cobardía, no provocación.

 

Deberíamos tener cuidado en aplicar las lecciones de 2006 a los ataques del miércoles pasado. Aquellas fueron en su mayoría motines, levantamientos populares, no ataques orquestados profesionalmente. Mi argumento también arroja luz en una de las principales características de los ataques en París, su naturaleza antisemita, la culminación de una serie de crímenes sobre objetivos judíos en París en las últimas semanas.
El derramamiento de sangre en ambos períodos obliga a reforzar el conocimiento para encontrar respuestas al rompecabezas de la violencia religiosa ahí donde el estudio de la religión se encuentra con el estudio de la política.

 

 

Réquiem

Primer movimiento.

Hace algún tiempo ocurrió una paradoja espacio-temporal de dimensiones frankesteineanas: el propio Laclau se convirtió, él mismo, en un significante vacío. Es decir, su teoría perdió pedazos de identidad y hasta se tergiversó para pasar a representar algo más amplio. El monstruo se devoraba a su creador. Laclau se convirtió en el símbolo del demasiado conflicto, de los generadores voluntarios e innecesarios de grietas sociales. Era (¿es?) una época de hastío de una supuesta “batalla cultural” (otro significante vacío) que atrapaba todo o demasiado. Entonces el reclamo venía a decir que menos política para la sociedad, más política para los políticos y sobre todo más “gestión”, así a secas. Laclau no había escrito – tal vez lo haya dicho en alguna entrevista, quién sabe – que toda política es conflicto. Sí que el conflicto es inherente a la política; sí que dejaron de existir las luchas económicas o sociales carentes de lo político en el sentido de su propia definición; y sí que toda política supone el establecimiento de una identidad que excluye a otras. ¿Hay lugar en Laclau para una política que no fuera populista? Es cierto que la respuesta es compleja y hay párrafos para decir lo uno y lo otro, que lo hay y que no lo hay (que hay lugar, porque las construcciones populistas privilegian la lógica de la equivalencia entre demandas, luego, hay una lógica que no las privilegia; que no la hay, ahí donde entiende que toda forma de la política implica, aunque con grados, la formación de “un pueblo”). Pero eso al menos exige una lectura crítica del texto que levante la discusión hacia algo más que aprovechar a Laclau como un hombre de paja contra el cual la nueva política venía a combatir. Adentro del paquete “Laclau” entró todo: el ideólogo de denostar a la clase media (como si populismo fuera el contenido de una ruptura y no la descripción de la misma), el teórico de La Grieta, el Maquiavelo que rompió las mesas familiares y puso a la política en el lugar en el que antes había otra cosa, algo más sano. Como todo significante vacío, claro, el pensamiento teórico de Laclau perdió en esa reconversión algunas particularidades, y quizás las más valiosas: su aporte era más rico ahí donde daba una serie de herramientas para el análisis de algunos fenómenos que donde describía (o direccionaba, llegaron a decir) fenómenos sucedidos y por suceder.

Segundo movimiento.

Hecho el primer paso, reducir el concepto de populismo a dos frases hechas, se produce el segundo movimiento. Si Laclau le estuviera hablando un príncipe (o, supongamos, si fuese cierta la fantasía periodística de que Néstor y Cristina se sentaron a la luz de la chimenea a hojear La razón populista como recetario para inventar el kirchnerismo), lejos estaría ese príncipe en condiciones de decir: visto Laclau, lo que hay que hacer es trazar una línea que ponga a la clase media allí y al pueblo acá. Y no (sólo) por la imposibilidad de ubicar qué es, en cada lugar, en cada momento, “la clase media” o “el pueblo”. Fundamentalmente, esa inferencia es falsa toda vez que lo que Laclau entendió, en ese libro al menos, como populismo, es antes una forma de construcción política (a veces la única) que el contenido de esa construcción. Si tuviéramos que tuitear la tesis de Laclau sobre cadenas equivalenciales y significantes vacíos, diríamos: existe una demanda que articula al resto y la política se articula sobre ella. Esa demanda no pertenece a una clase social, definamos clase social como la definamos. Esa demanda no se puede conocer previamente sino hasta que se articula. Esa demanda no se “construye”, en el sentido de una voluntad de un actor social por imponerla al resto. Y ahí está uno de los aportes más importantes de Laclau al debate: en la reivindicación de esa contingencia. Es uno de los pocos puntos de ruptura de Laclau con lo que considera un resabio esencialista gramsciano, lo que lo hace más post estructuralista que gramsciano: “para Gramsci la esencia última de la instancia articuladora – o la voluntad colectiva – es siempre lo que él llama una clase fundamental de la sociedad, y la identidad de esta clase no es considerada como el resultado de las prácticas articulatorias”. Es decir, no hay una clase que esté destinada, previamente, a ser la portadora de la demanda que va a ganar, que va a lograr articular. Claro que donde rechaza el esencialismo, ahí, parece tenerlo luego en decir que no hay política sino en la forma de construcción del populismo (el error está, me parece y a grandes rasgos en algo que exige extenderse más, en esencializar la palabra populismo hasta volverla sinónimo de política, para que signifique todo y, entonces, lo mismo que política, sin dejarle un diferencial como concepto que define algo). Algo que, sí, merece una lectura bastante más crítica.

Una pequeña digresión ahí: me tocó entrevistarlo una vez y poder preguntarle por la posibilidad de que, pendularmente, la región se fuera luego de años de populismos de centro/izquierda o como sea, hacia populismos de carácter más conservador. Ahí contestó Laclau que “siempre es posible en términos puramente teóricos, pero es muy poco probable”. Y es verdad que salva su teoría diciendo que siempre es probable, por aquello de la contingencia. Sin embargo, esa idea de que es poco probable entra en contradicción o ciertamente en una práctica equivocada, creo, del análisis político, que consiste en negar un fenómeno cuando el concepto elegido no encaja con lo que se quiere describir. Es cierto que la época era otra, era 2011, pero el concepto de populismo se enriquece justamente cuando permite explicar más de un fenómeno por sus características, por sus formas de construcción, por su apelación, que por el contenido ideológico.

Laclau no inventó los movimientos que están gobernando América Latina hace algunos años; describió algunas formas de ellos, antes que inspirarlos; no fue el teórico de romper con ninguna clase, al menos no lo dicen su obra, que es mucho más valiosa que sus entrevistas; produjo dos o tres conceptos que, si no explican cabalmente una serie de procesos, contribuyen a entenderlos de otra forma. ¿Es eso mucho o poco?, se preguntaban acá. Quizás una forma de dimensionarlo es contar cuántos otros teóricos argentinos (¿O´Donnell, Oszlak?) instalaron dos o tres conceptos en la ciencia política mundial.

Fuente de la foto.

Declaración de Edward Snowden ante el Parlamento Europeo

Hace algunos días, Edward Snowden presentó por escrito una serie de respuestas a unas preguntas formuladas por una comisión designada específicamente para entrevistarlos sobre programas de vigilancia masiva en la Unión Europea.

El documento original puede descargarse acá, y ponemos a disposición una traducción al español (que puede contener algunos errores, pueden corregir abajo). Los links en el texto son originales, excepto los links a las biografías de los parlamentarios que preguntaron:

Quiero agradecer al Parlamento Europeo la invitación a dar testimonio sobre los programas de vigilancia masiva sobre ciudadanos europeos. Esos programas de la NSA, el GCHQ y otros tantos sobre los que fuimos aprendiendo, ponen en riesgo una serie de derechos básicos sobre los cuales se fundan las sociedades liberales.

En primer lugar, hay que remarcar que a pesar de la enorme presión política por demostrarlo, ningún gobierno pudo hasta ahora mostrar evidencia que demuestre que dichos programas son necesarios. En Estados Unidos, los jefes de esos programas de espionaje aseguraron que 54 ataques terroristas fueron frenados a tiempo por la vigilancia masiva, pero dos revisiones independientes de la Casa Blanca con acceso a evidencia clasificada demostraron que esa conclusión es falsa, de la misma forma que lo informó una Corte Federal.

La investigación más reciente, de la White House’s Privacy and Civil Liberties Oversight Board, determinó que el programa de vigilancia masiva no sólo era ineficaz – nunca logró frenar un solo intento de ataque terrorista – sino que no tenía bases legales. En un lenguaje menos diplomático, comprobaron que Estados Unidos estaba operando un programa ilegal de vigilancia masiva, cuyo mayor éxito había sido el descubrimiento de un taxista que desde EEUU transfirió 8.500 dólares a Somalia en 2007.

Después de señalar incluso que este éxito impresionante – descubrir una transacción bancaria ilegal – no se podría haber logrado sin el programa de vigilancia masiva, la comisión recomendó que se lo de por finalizado. Desafortunadamente, sabemos por la prensa que el programa sigue operando al día de hoy.

Creo que la vigilancia masiva no sólo falla en garantizar más seguridad, sino que actualmente nos vuelve menos seguros. Por el grado de derroche de recursos que significa un programa de vigilancia masiva que “recoge todo”, terminamos con más analistas tratando de darle sentido a pequeñas disidencias políticas y menos investigadores siguiendo pistas verdaderas. Creo que hacer vigilancia masiva en desmedro de los métodos tradicionales de espionaje puede costar vidas, y así lo demuestra la historia.

A pesar de la extraordinaria intromisión de la NSA y los gobiernos de la UE en las comunicaciones privadas alrededor del mundo, Umar Farouk Abdulmutallab, el “Underwear Bomber”, fue capaz de abordar un avión desde Europa a EEUU en 2009. Las 290 personas a bordo no fueron salvadas por la vigilancia masiva, sino por la incapacidad de quien llevaba la bomba de hacerla explotar. Aunque el padre de Mutallab advirtió al gobierno norteamericano que su hijo era peligroso en noviembre de 2009, nuestros recursos estaban ocupados monitoreando a gente que jugaba juegos en línea o grabando a ministros alemanes. Esa pista extraordinaria no significó que el gobierno le asignara un investigador. Todo lo que le dimos fue una visa de entrada al país.

Tampoco este programa permitió frenar las bombas de Boston. A pesar de las específicas alertas rusas sobre Tamerlan Tsarnaev, el FBI no pudo más que hacer una investigación de rutina – aunque hicieron un montón de investigaciones inútiles basadas en búsquedas en computadoras. 264 personas terminaron heridas y 3 murieron. Los recursos que podrían haber estado destinados a una investigación seria fueron destinados al monitoreo de todas las llamadas en EEUU.

Esto no debió haber pasado. Yo trabajé para la CIA. Para la NSA. Para Defensa. Amo a mi país y creo que el espionaje sirve a un propósito fundamental y debe continuar. Arriesgué mi vida, mi familia y mi libertad para contarles la verdad.

La NSA me dio la autoridad para monitorear comunicaciones alrededor del mundo usando sistemas de vigilancia masiva, incluso dentro de los Estados Unidos. Personalmente monitoreé objetivos individuales usando ese sistema, bajo la orden 12333 del Presidente de los EEUU y bajo la ley FAA 702 del Congreso. Conozco lo bueno y lo malo de ese sistema, lo que pueden y lo que no pueden hacer, y les puedo decir que sin moverme de mi silla, podría haber leído las comunicaciones privadas de cualquier miembro de este comité, así como de cualquier ciudadano común. Puedo jurar que esto es verdad.

Estas no son las herramientas en las que las sociedades libres invierten. La vigilancia masiva viola nuestros derechos, pone en riesgo nuestra seguridad y amenaza nuestra forma de vida.

Si el gobierno de US, luego de determinar que la vigilancia masiva es ilegal e innecesaria, continúa con el programa estamos ante un problema. Considero al gobierno como el responsable general y espero que estén de acuerdo conmigo. Esto plantea una cuestión que muchos cuerpos legislativos implicados en vigilancia masiva trataron de evitar: si aún conscientemente Estados Unidos está violando el derecho de miles de millones de inocentes – y digo miles de millones sin exagerar – por nada más sustancial que la potencial ventaja en inteligencia que nunca se comprobó, ¿qué van a hacer los otros gobiernos del mundo?

Nos guste o no, las reglas internacionales del mañana se están construyendo hoy, ahora, por el trabajo de espacios como este comité. Si los estados liberales deciden que el espionaje es más importante que los derechos de sus ciudadanos, el resultado inevitable va a ser estados menos liberales y menos seguros a la vez.

Muchas gracias.

Ahora responderé a las preguntas, por favor tengan en cuenta que no revelaré nueva información sobre los programas de vigilancia. Me limitaré a informar acerca de aquello que los medios de comunicación han expuesto a conocimiento público. Repito mi voluntad de dar testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos si deciden tratar el tema de la vigilancia masiva inconstitucional.

Rapporteur Claude Moraes MEP, S&D Group.

Dado el amplio impacto que ha tenido la revelación sobre vigilancia masiva a ciudadanos de la Unión Europea, ¿puede informarnos sobre el grado de colaboración existente entre la NSA y los estados miembros de la UE en términos de recolección de datos sobre ciudadanos europeos?

Un gran número de memos de la dirección de Asuntos Extranjeros de la NSA fueron publicados por la prensa. Una de las principales actividades de la FAD (Foreign Affairs Division) de la NSA es presionar o incentivar a los miembros de la UE para que cambien su legislación de manera que se permita la vigilancia masiva. Abogados de la NSA, así como del servicio británico GCHQ, trabajan muy duro para encontrar vacíos legales en las leyes y constituciones que permitan programas de vigilancia masiva. Esos esfuerzos por encontrar vacíos legales y nuevas interpretaciones son una estrategia intencional para evitar que la oposición pública y los legisladores insistan en la necesidad de que haya límites a respetar, un efecto que el propio GCHQ internamente describió en un documento como “un debate público perjudicial”.

Hemos visto que estas operaciones legales de la FAD ocurrieron tanto en Suecia como en Holanda, así como también en Nueva Zelanda. Alemania estuvo bajo presión para modificar la ley G-10 en beneficio de la NSA, y en perjuicio de los derechos de los ciudadanos alemanes amparados en su constitución. Todos estos países reciben instrucciones de la NSA, a veces bajo el amparo del Departamento de Defensa de US y sus cuerpos, sobre como degradar la protección legal de las comunicaciones en sus propios países. El resultado final de la NSA en ese sentido es que el derecho de los ciudadanos a comunicarse libremente sin interferencias ha sido quebrado, y los sistemas de vigilancia masiva están siendo construidos en secreto incluso en estados liberales, y a menudo sin la plena conciencia de la opinión pública.

Una vez que la NSA logra superar o ayuda a sobrepasar las restricciones legales para la vigilancia masiva inconstitucional en otros estados, alienta a sus aliados a realizar “operaciones de acceso”. Las operaciones de acceso son esfuerzos en conjunto para obtener acceso total a todos los proveedores de telecomunicaciones en sus jurisdicciones, normalmente comenzando por los que manejan mayor volumen de comunicaciones. A veces la NSA provee consultoría, tecnología y hasta hardware físico propio a sus aliados para la ingesta de esta cantidad enorme de datos de manera que les permita procesarlo, ya que no toma demasiado tiempo acceder a todo ese tipo de información. Incluso en un país del tamaño de US, el acceso a tres grandes compañías pueden proveer acceso total a la mayoría de las comunicaciones de todos los ciudadanos. En Gran Bretaña, Verizon, British Telecommunications, Vodafone, Global Crossing, Level 3, Viatel e Interoute cooperaron con el GCHQ, incluyendo cooperación que estaba más allá de lo legalmente requerido.

En el momento en que esto ocurre, es muy difícil para los ciudadanos de un país proteger la privacidad de sus comunicaciones, y es muy fácil para los servicios de inteligencia de un país hacer que esas comunicaciones estén disponibles para la NSA, incluso sin explicitar que se comparte la información. Cuando se combina con el que hecho de que los memorándums de acuerdos entre la NSA y los servicios de inteligencia de otros países tienen una cláusula estándar que asegura que no se proveen derechos “exigibles”, termina en que la NSA vigila a los ciudadanos de sus servicios de inteligencia aliados sin que éstos lo sepan, y permite que éstos nieguen esa situación.

El resultado es un “bazar” europeo, donde un estado miembro de la UE como Dinamarca puede darle a la NSA acceso a su centro de monitoreo bajo la (“no exigible”) condición de que la NSA no monitoree a ciudadanos daneses, y Alemania le da a la NSA acceso a otro centro en la condición de que no espíe ciudadanos alemanes. Sin embargo, los dos sitios de accesos pueden ser dos puntos del mismo cable, entonces la NSA simplemente captura las comunicaciones de los ciudadanos alemanes cuando esas comunicaciones pasan por Dinamarca, y las comunicaciones danesas cuando pasan por Alemania, todo bajo el marco de los acuerdos obtenidos. En definitiva, cada servicio de inteligencia de UE dio acceso a su sistema de inteligencia interno a la NSA, el GCHQ, FRA, sin tomar conciencia acerca de cómo esa acción individual contribuyó a crear un sistema de vigilancia masiva contra todos los ciudadanos del mundo.

Este Parlamento debería pedirle a la NSA y el GCHQ que nieguen que están monitoreando las comunicaciones de los ciudadanos de la UE, y ante la ausencia de una respuesta seria, yo sugiero que estamos ante una situación que es el resultado de subordinar el derecho de los ciudadanos a elegir frente a las prerrogativas de los servicios de inteligencia del mundo. El camino más seguro de una nación para convertirse en objeto de un sistema innecesario de vigilancia masiva es permitir que la inteligencia dicte sus políticas.

El derecho a ser libres de intromisiones en nuestras privacidad – nuestras vidas y nuestras propiedades, nuestros pensamientos y nuestras comunicaciones – es un derecho humano. No está garantizado por gobiernos y no puede ser revocado por ellos según la conveniencia. Así como no permitimos que la policía entre en cualquier casa a buscar evidencia por crímenes sin solución, no debemos permitir que los servicios de inteligencia intervengan en nuestras comunicaciones en búsqueda de indicios de actividades peligrosas.

– ¿Podría informar acerca de la actividad de los servicios de inteligencia de estados de la UE en este tipo de operaciones y cómo están de avanzadas sus capacidades de vigilancia en comparación con la NSA?

El mejor testimonio que puedo dar sin interferir en el trabajo que están haciendo los periodistas que cuentan con esta información es señalar que la NSA no sólo provee recomendaciones y guías sino que comparte sistemas y tecnologías de vigilancia masiva con agencias de inteligencia de estados de la UE. En lo específicamente referido a vigilancia masiva, la diferencia entre, por ejemplo, la NSA y la FRA no es de tecnología sino de fondos y de mano de obra. La tecnología es agnóstica de nacionalidad, y la bandera que uno coloque afuera del edificio no hace al sistema de vigilancia masiva más o menos efectivo.

– ¿Qué proporción de programas de vigilancia masiva han sido ya revelados por la prensa?, ¿hay otros programas, aún no revelados, que puedan impactar sobre los derechos de los ciudadanos de la UE?

Hay todavía otros programas que podrían impactar en los derechos de los ciudadanos de la UE, pero dejaré a los periodistas responsables a cargo de esa información que determinen cuáles son los de mayor interés.

Shadow Rapporteur Sophie Int’Veld MEP, ALDE Group

¿Hay procedimientos adecuados en la NSA para que sus empleados puedan advertir cuando se producen este tipo de situaciones?

Desafortunadamente, no. La cultura corporativa dentro de la inteligencia de US es tal que reportar cualquier tipo de duda sobre la legalidad o la necesidad de algún programa termina resultando en una advertencia sobre quien lo señala antes que en cualquier reforma. Debemos recordar que todos estos programas resultaron problemáticos para las oficinas legales de agencias como la GCHQ u otras. De acuerdo a sus propios documentos, la prioridad de esas supervisiones no era asegurar el estricto cumplimiento de la ley o marcar cualquier violación, sino evitar, y cito, “cualquier debate público peligroso”, y evitar cualquier tipo de revisión legal en una corte abierta.

En mi experiencia personal, en repetidas ocasiones expresé mis dudas sobre la legalidad y la pertinencia de estos programas, con mis compañeros y con mis superiores, obteniendo dos tipos de respuestas.

La primera fue la advertencia de no “mover el bote”, para no sufrir el mismo tipo de castigo que sufrieron otros denunciantes como Wiebe, Binney o Drake. Estas tres personas reportaron sus dudas a través de los canales oficiales y los tres sufrieron operaciones armadas del FBI y amenazas de sanciones criminales. Todos en la comunidad de inteligencia saben lo que ocurre con quienes reportaron cuestionamientos sobre operaciones ilegales.

El segundo tipo de respuesta era la sugerencia, típica de los superiores, de que dejemos que ese sea el problema de alguien más. Incluso a los oficiales de mayor rango a los que llevé mis cuestionamientos, nadie en la NSA pudo siquiera recordar una instancia en la que la queja de un oficial resulte en la finalización de un programa ilegal, pero había un deseo unánime de evitar quedar asociado a ese tipo de denuncias.

¿Agotó todas las instancias internas antes de la decisión de hacerlo público?

Sí. Reporté a más de diez oficiales distintos sobre lo problemático de estos programas, y ninguno de ellos hizo nada al respecto. Como empleado de una empresa privada, antes que empleado directo del gobierno, no estaba protegido por las leyes que protegen a los denunciantes y no hubiese estado protegido de represalias y sanciones legales por revelar información clasificada.

Hay que recordar que este dilema legal no ocurre por error. La reforma de las leyes que protegen al denunciante recién se aprobó en 2012, con la US Whistleblower

Protection Enhancement Act, pero específicamente decidieron que queden excluidas las agencias de inteligencia. Obama también reformó una orden ejecutiva que regulaba la protección a denunciantes, con la 2012 Presidential Policy Directive 19, y también dejó afuera a contratistas de los servicios de inteligencia, como era mi caso. El resultado es que personas como yo quedaron sin ningún canal oficial para este tipo de cuestionamientos..

¿Cree que esos procedimientos para denuncias han mejorado?

No. No hubo hasta ahora ninguna reforma sustancial al respecto, y desafortunadamente mi gobierno está tomando un número desproporcionado de acciones en mi contra. El gobierno norteamericano me declaró culpable de un crimen antes que empiece cualquier juicio, llamaron públicamente a que se me ejecute, revocaron mi pasaporte y me dejaron varado en una zona de tránsito por seis semanas y hasta usaron a la OTAN para hacer aterrizar el avión presidencial de Evo Morales, presidente de Bolivia, por el rumor de que yo me encontraba en él rumbo al asilo en América Latina.

¿Cuál es su relación con las autoridades rusas y chinas, y cuáles son los términos en los que se le permitió establecerse originalmente en Hong Kong y ahora en Rusia?

No tengo relación con ninguno de esos dos gobiernos.

Shadow Rapporteur Jan Philipp Albrecht MEP, Greens Group.

¿Podemos ayudarlo de alguna manera?, ¿ha pedido asilo en la Unión Europea?

Si quieren ayudarme, ayúdenme ayudando a todos: declaren que la vigilancia indiscriminada, la recolección masiva de datos privados de parte de los gobiernos es una violación a nuestros derechos y debe terminar. Lo que me pase a mi como persona es menos importante que lo que le pase a nuestros derechos.

Respecto del asilo, sí pedí a la UE, pero aún no recibí respuestas positivas. Legisladores de los gobiernos me han dicho que Estados Unidos, y cito, “no permitiría” que aliados de la UE me ofrezcan asilo político. Recibiría cualquier oferta de asilo permanente o de una visita segura, pero reconozco que se requeriría un acto de extraordinario coraje político.

¿Puede confirmar ciber ataques de la NSA u otros servicios de inteligencia contra instituciones de la UE, proveedores de servicios como Belgacom o SWIFT u otra compañía establecida en la UE?

Sí. No quiero opacar el trabajo de los periodistas, pero puedo confirmar que los documentos aparecidos que muestran operaciones contra Belgacom, SWIFT, la Unión Europea, Naciones Unidas, Unicef y otras, revelan ataques que efectivamente ocurrieron. Y es posible que operaciones similares que afectan mucho más a ciudadanos comunes serán reveladas en el futuro.

Shadow Rapporteur Cornelia Ernst MEP, GUE Group.

Desde su punto de vista, ¿qué tanto pueden estar justificadas por cuestiones de seguridad nacional las medidas de vigilancia que usted reveló? De acuerdo a su experiencia, ¿esta información está siendo utilizada para espionaje económico?, y ¿qué puede hacerse para resolver esto?

La vigilancia contra objetivos específicos, por motivos de seguridad nacional y respetando los derechos humanos, es irreprochable. Desafortunadamente, hemos visto el crecimiento de vigilancia sobre objetivos extremadamente cuestionables por razones que nada tienen que ver con la seguridad nacional. Recientemente, el Primer Ministro de Australia, encontrado in fraganti participando en actos de espionaje económico, trató de argumentar que el precio de los camarones y cigarrillos en Indonesia era una cuestión de seguridad nacional. Esto es un indicador del creciente desinterés de los gobiernos por asegurar que las actividades de inteligencia sean justificadas, proporcionales al objetivo y estén bajo algún control. Debería preocuparnos por el precedente que sientan este conjunto de acciones.

El GCHQ, de Gran Bretaña, es el primer ejemplo de esto, ya que se refieren al tema como “un ligero descuido”, que es la manera burocrática de decir que sus actividades de espionaje son menos restringidas que adecuadas. Desde que comenzaron estas revelaciones, aprendimos que el GCHQ interceptó y guardó una cantidad sin precedentes de comunicaciones entre ciudadanos comunes, creando una base de datos dentro y fuera de la UE. No hay argumento capaz de convencer a una corte que esas actividades son necesarias y proporcionales, y es por eso que esas actividades permanecen ocultas a la revisión de una corte.

En Estados Unidos, usamos una corte secreta, la Foreign Intelligencia Surveillance Court (FISC), que sólo escucha argumentos del gobierno. De aproximadamente 34.000 pedidos que hizo el gobierno a lo largo de 33 años, la FISC sólo rechazó 11 pedidos. Debería ser tomado en serio por este comité, y por la sociedad, el hecho de que los abogados de la GCHQ se consideren afortunados por evitar el tipo de supervisión de una corte como la FISC que sólo rechazó 11 solicitudes de las 34.000 pedidas por el gobierno.

Aprendimos unos días atrás que el GCHQ colectaba imágenes del popular servicio de Yahoo de cámaras web adentro de las casas de los ciudadanos, y alrededor del 10% de esas imágenes tenían que ver con situaciones íntimas y/o de desnudez. En el mismo informe, los periodistas revelaron que este tipo información de webcam podía buscarse a través del sistema XKEYSCORE de la NSA, lo cual significa que el pequeño descuido de la GCHQ no sólo era utilizado para recolectar información que está vedada por las leyes de la UE, sino para luego intercambiar esos datos con servicios de inteligencia extranjera, sin el conocimiento o el consentimiento de la opinión pública.

También aprendimos el año pasado que algunos de los aliados con los que el GCHQ estaba compartiendo información, por ejemplo la NSA, utilizó ese tipo de material para desacreditar a ciertas organizaciones religiosas, con la difusión de contenido sexual explícito. Este reporte, de 2012, reveló que el gobierno británico estaba al tanto de la intención de la NSA de usar la información de esa manera. Ninguno de los miembros de ese grupo religioso estaba sospechado o envuelto en ningún intento terrorirsta: eran objetivos a perseguir por sus creencias políticas, como parte de una clasificación de la NSA que los consideró “radicalizados”.

¿Alguno de los miembros de este comité no sostuvo alguna vez una posición que la NSA, el GCHQ o algún servicio de inteligencia de la UE podría haber considerado “radical”?, ¿si fueras un objetivo por tus creencias políticas, ¿lo sabrías? Si los desacreditaran usando tus conversaciones privadas, ¿podrían demostrar que fueron ellos?, ¿qué recursos les quedarían contra eso? Y ustedes son parlamentarios. Imaginen el impacto del trabajo de esas agencias contra un ciudadano común sin poder, sin privilegios, sin recursos. ¿Son estas actividades necesarias, proporcionales y un incuestionable asunto de seguridad nacional?

Unas semanas atrás, nos enteramos que el GCHQ contrató científicos para estudiar cómo crear divisiones entre activistas y agrupaciones políticas, cómo actuar para desacreditar empresas privadas y cómo plantar información falsa para desviar la discusión pública.

Para responder directamente a su pregunta: sí, las capacidades de vigilancia masiva y global están siendo usadas en una base de datos con propósitos de espionaje económico. Que uno de los principales objetivos de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos es producir inteligencia económica es uno de los máximos secretos en Washington.

En septiembre, descubrimos que la NSA había logrado la colaboración de los mayores facilitadores de transacciones financieras, como Visa y SWIFT, con la publicación de documentos que hablaban de ellos como proveedores de “información personal muy importante”, aún de datos que no tenían que ver con objetivos de inteligencia. Nuevamente, son documentos auténticos y sin modificaciones, un hecho que la propia NSA nunca puso en duda.

En agosto descubrimos que la NSA espió a Petrobras, una empresa de energía que sería la primera de una larga lista de empresas de energía que Estados Unidos espió.

Pero debemos dejar en claro que estas actividades no son propias sólo de la NSA o el GCHQ. El DSD de Australia espió a Sri Mulyani Indrawati, el ministro de finanzas y Director del Banco Mundial. Informes posteriores revelaron espionaje en las cumbres del G-8 y el G-20. Incluso hubo vigilancia masiva contra la cumbre del cambio climático.

Recientemente, los gobiernos cambiaron su discurso, pasando del argumento de que sólo usan vigilancia masiva “por motivos de seguridad nacional” al más nebuloso “propósitos de inteligencia extranjera”. Sugiero que este comité considere que ese cambio retórico es un reconocimiento tácito de los gobiernos de que pasaron el límite de lo justificable. Todos los países creen que sus objetivos de inteligencia extranjera son válidos, pero eso no los vuelve justificables. Si estamos preparados para condenar el espionaje económico de nuestros competidores, debemos hacerlo con nuestros aliados.

La comunidad internacional debe ponerse de acuerdo en estándares comunes de comportamiento, e invertir en el desarrollo de nuevas técnicas de defensa contra la vigilancia masiva. Todos dependemos de sistemas comunes, entrelazados, y los franceses no estarán a salvo de la vigilancia masiva hasta que los americanos, argentinos o chinos no lo estén.

La buena noticia es que hay soluciones. La debilidad de la vigilancia masiva es que resulta muy sencillo volverla más cara: el tráfico de información encriptada de punto a punto hace que la vigilancia masiva resulte ineficiente en términos de costo/beneficio. El resultado es que el gobierno debe volver a los tradicionales métodos de vigilancia, en objetivos específicos basados en pruebas concretas. Los gobiernos no podrían correr el riesgo de lanzarse contra toda terminal de conexión entre dos puntos en el mundo. La posibilidad de la vigilancia masiva y pasiva está basada en comunicaciones sin encriptar o con encriptamiento débil alrededor del mundo.

Si hubiera mejor información pública sobre las agencias de inteligencia, ¿cree que se hubiera evitado la existencia de este tipo de programas?, ¿qué condiciones deben cumplirse para que eso pase, a nivel nacional e internacional?

Sí, más información podría haber prevenido de estos errores que nos trajeron hasta este punto, entendiendo que la defensa siempre es más importante que el ataque cuando se trata de temas de inteligencia nacional. El intencional debilitamiento de los estándares de seguridad de los cuales todos dependemos es una acción contra ese bien público.

La supervisión de las agencias de inteligencia siempre debe estar en manos de los partidos de la oposición, ya que siempre son los que tienen más para perder en cuanto a vigilancia estatal. Además, necesitamos mejores leyes que protejan a los que denuncian estas cuestiones, y un nuevo compromiso sobre la importancia del asilo internacional. Estas son cosas importantes que protegen nuestros derechos humanos cuando las leyes nacionales fallan.

Los gobierno europeos, que tienen una larga tradición en derechos humanos, no deberían estar intimidados por defender el asilo por motivos políticos, de los cuales el espionaje siempre ha sido un motivo. El periodismo no es un crimen, es el fundamento de una sociedad libre e informada.

Shadow Rapporteur Axel Voss MEP, EPP Group.

¿Por qué decidió hacer pública esta información?

Las leyes y las cortes secretas no pueden autorizar actividades inconstitucionales, ni se puede justificar la violación al derecho humano al accountability democrático sobre esas actividades. Si la vigilancia masiva sobre el público inocente tiene que ocurrir, que sea autorizado como resultado de un debate informado con la opinión pública, bajo una serie de reglas que los ciudadanos puedan discutir en las cortes si es necesario.

Que los gobiernos estén aún hoy dispuestos a permitir una revisión independiente de esas políticas secretas de vigilancia masiva de inocentes demuestra la falta de fe de esos gobiernos en que estos programas son legales y útiles, y dan un testimonio más fuerte en favor de la justicia de mis actos que cualquier palabra que pueda escribir.

¿Agotó todas las instancias internas posibles antes de hacerlo público?

Sí. Reporté a más de diez oficiales distintos sobre lo problemático de estos programas, y ninguno de ellos hizo nada al respecto. Como empleado de una empresa privada, antes que empleado directo del gobierno, no estaba protegido por las leyes que protegen a los denunciantes y no hubiese estado protegido de represalias y sanciones legales por revelar información clasificada.

Hay que recordar que este dilema legal no ocurre por error. La reforma de las leyes que protegen al denunciante recién se aprobó en 2012, con la US Whistleblower

Protection Enhancement Act, pero específicamente decidieron que queden excluidas las agencias de inteligencia. Obama también reformó una orden ejecutiva que regulaba la protección a denunciantes, con la 2012 Presidential Policy Directive 19, y también dejó afuera a contratistas de los servicios de inteligencia, como era mi caso. El resultado es que personas como yo quedaron sin ningún canal oficial para este tipo de cuestionamientos.

¿Es consciente de que sus revelaciones pueden potencialmente poner en riesgo la vida de inocentes y afectar los esfuerzos de la lucha global contra el terrorismo?

De hecho, no hay evidencia específica, de ningún gobierno, acerca de alguna vida que haya sido puesta en riesgo por los motivos que esta pregunta parece querer implicar. Si usted puede demostrar que alguno de los gobiernos consultados en esta historia eligió no impedir la publicación de información que pusiera en peligro a alguien, lo invito a hacerlo. La primera plana de cualquier diario del mundo está disponible para usted.

¿El servicio secreto ruso se acercó a usted?

Claro. Hasta el servicio secreto de Andorra se hubiera acercado a mi si hubiese tenido la chance: es su trabajo.

Pero no traje los documentos conmigo a Hong Kong, y estoy seguro de que se desilusionaron, y los servicios de inteligencia no tardan mucho tiempo en darse cuenta de eso. Y estoy acompañado constantemente con una cantidad enorme de periodistas, lo cual equivale a la kriptonita de los espías. En consecuencia, pasamos 40 días atrapados en un aeropuerto en vez de estar durmiendo en una pila de dinero esperando a la siguiente parada. Pero salimos con la cabeza en alto.

Quiero agregar que el gobierno de Estados Unidos repitió en varias ocasiones que no hay evidencia de ningún tipo de relación entre el servicio de inteligencia ruso y yo.

¿Quién financia su vida?

Yo.

Shadow Rapporteur Timothy Kirkhope MEP, ECR Group.

Comenzó diciendo que quería mayor control de los ciudadanos sobre las agencias de inteligencia, sin embargo, ¿cómo se siente con que ese control no se aplique sobre usted?, ¿planea en algún momento regresar a Estados Unidos o Europa para enfrentar cargos criminales, responder preguntas ante un oficial y seguir el camino de alguien que filtra información?

Con todo respeto, le recuerdo que la accountability no puede existir sin el debido proceso, y hasta Deustche Welle ha escrito sobre la brecha que existe en la ley norteamericana que me privó de la protección vital como denunciante por mi condición de empleado de una compañía privada en lugar de empleado del gobierno federal. Seguramente nadie en ese comité cree que la medida de los derechos políticos de cada persona debe estar determinada por quién es su empleador.

Afortunadamente, vivimos en un mundo global, interconectado, y cuando las leyes nacionales fallan como es este caso, las normas internacionales nos proveen de otros niveles de accountability así como el proceso de asilo nos permite un medio de debido proceso a personas que de otra manera seríamos erróneamente privadas de nuestra libertad.

Ante la extraordinaria campaña de persecución en mi contra por el gobierno de los Estados Unidos por mis creencias políticas, que le recuerdo que incluyó hacer aterrizar el avión del presidente de Bolivia, un gran número de naciones estuvo de acuerdo en que era necesario y justo concederme el asilo político.

Las encuestas de opinión en Europa indican que no estoy solo en la esperanza de ver que los gobiernos de la UE acuerden en que es necesarios proteger con nuevas normas a quienes filtran información de este tipo.

¿Planea desclasificar más información?, ¿se le ha requerido que desclasifique algún tipo de información referida a autoridades rusas o chinas?

Como dije anteriormente, hay una cantidad de información clasificada sobre programas que afectan los derechos de los ciudadanos de la UE, pero dejaré que el interés público de esas informaciones lo decidan los periodistas que están trabajando con esas informaciones, en coordinación con miembros del gobierno. No he desclasificado ninguna información a nadie más que la que publicaron los periodistas.

Muchas gracias.

El FMI revisará las cuentas de la Argentina compulsivamente

Cristina Kirchner y Christine Lagarde.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió revisar en forma compulsiva el estado de las cuentas públicas de la Argentina ante la decisión del Gobierno de seguir negándose a cumplir con el intercambio del artículo IV desde 2006.
Fuentes del organismo que lidera Christine Lagarde confirmaron la decisión a LA NACION y aclararon que el primer examen será este año.
El staff informará en forma periódica sobre la situación de la Argentina y de otros países que se demoraron en forma excesiva en el cumplimiento de esta obligación, que el resto de los miembros del G-20 lleva a cabo en forma regular.
El mandato aprobado por el board es que los técnicos “informen en forma regular al board su opinión acerca del estado de la economía y las políticas del país miembro basados en la información que está disponible”, según el texto discutido por el directorio. Esto incluiría datos oficiales y del sector privado.
De este modo, el FMI hace una pirueta para eludir el cerco que le impuso el Gobierno desde 2006, cuando se desarrolló la última revisión de las cuentas públicas en el contexto del artículo IV en el gobierno de Néstor Kirchner.
Una vez que el Gobierno le pagó al FMI su deuda y que comenzó la distorsión de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), suspendió de facto este intercambio informativo, que implica el viaje de una misión técnica al país y la redacción de un informe, que cuenta también con la opinión del gobierno analizado.
En este caso, las fuentes del FMI aclararon que se haría una “consulta en rebeldía, ya que no viajarían al país sin el acuerdo de las autoridades”. El intento “es informar al directorio de lo que está pasando en el país”, precisaron.
LA NACION intentó conocer infructuosamente la opinión sobre este tema del Ministerio de Economía que lidera Hernán Lorenzino, quien a fines de la semana próxima tiene previsto participar en Washington de la asamblea semestral del Fondo y el Banco Mundial (ver aparte). En junio, el board decidirá si el país avanzó o no con las medidas que le impuso en enero para contar con estadísticas transparentes y adecuadas a los estándares internacionales en materia de inflación y crecimiento económico.
La decisión del organismo, adoptada a fines de la semana pasada, se basa en un informe de las áreas Legal, Estrategia y de Revisión de Políticas del Fondo y, al parecer, no fue objetada por ningún director (ni siquiera por el representante por la Argentina, Alfredo Mac Laughlin). “Propuestas para enfrentar las demoras excesivas en la terminación de las consultas del artículo IV” es el nombre de este reporte, monitoreado por Sean Hagan (director del departamento legal) y Siddharth Tiwari (secretario del FMI).
El texto arranca en forma tajante: “La vigilancia bilateral es obligatoria tanto para el FMI como para sus miembros, y todos los miembros tienen la obligación con el FMI por este objetivo”. En ese sentido, “la vigilancia necesita cubrir todas las economías con una razonable frecuencia”. Por esta razón, el staff propuso una serie de pasos: que el jefe del FMI informe por medio de una carta al presidente del país acerca de la “demora excesiva” en cumplir con el artículo IV, que se haga pública la lista de los países que no cumplen con este trámite y, finalmente, que el staff prepare un informe al board , que no contará con la opinión del país evaluado. El paper no hace mención a ningún caso en particular, pero la Argentina aparece como uno de los ejemplos anónimos para fundamentar esta polémica decisión; Ecuador y Venezuela son los otros países de la región que no cumplen con este requisito.
Si bien el Gobierno no tiene un plan de asistencia financiera del FMI, como miembro se ha beneficiado en 2009 del giro de US$ 2500 millones surgidos del proceso de recapitalización del organismo, que permitieron suavizar en ese crítico año la situación de las cuentas públicas.
El ex auditor regional del FMI Claudio Loser consideró que esta decisión “será peor para la Argentina que hacer el artículo IV, porque se expone a una sanción como no poder usar en el futuro los recursos del FMI”. En tanto, los ex secretarios de Finanzas Daniel Marx y Lisandro Barry señalaron que tendrá un impacto negativo, pero de bajo calibre.
“Esto lleva a discusiones más allá de lo técnico, en las que no habrá una corroboración directa del intercambio entre las partes”, sostuvo Marx.
“Va a tener una repercusión marginal negativa sobre la tasa de riesgo país, pero no demasiada mientras no haya emisiones de deuda por parte del Gobierno”, agregó Barry.

A 10 días de la asamblea del Banco Mundial en la que se decidirá al reemplazante del director Robert Zoellick, el gobierno argentino aún no decidió a quién apoyará entre los tres candidatos que hay, confesó una fuente oficial a La Nacion. Compiten el médico de origen coreano y ciudadano de EE.UU., Jim Yonk Kim; el economista colombiano José Ocampo y la ministra nigeriana de Hacienda, Ngozi Okonjo-Iweala. Un importante grupo de economistas latinoamericanos expresaron su apoyo a Ocampo, incluyendo a los argentinos Roberto Frenkel, Roberto Bouzas, Daniel Heymann, José Fanelli, Bernardo Kosacoff, Mario Damill, Jorge Gaggero y Diana Tussie. También lo hicieron José Sbatella (jefe de la UIF) y Jorge Carrera (analista del BCRA)..

Operación triunfo

“Me salta a las espaldas el siglo perro/lobo

pero yo no tengo sangre de lobo”

Ósip Mandelshtam.

Un par de factores, pero principalmente el resultado de las PASO y ningún candidato opositor con chances de polarizar la elección (por razones estructurales y no de capacidades individuales, creo), permiten afirmar que dentro de once días ocurrirá un hecho al que no le diremos histórico para no herir susceptibilidades: tendrá un lugar un hecho, entonces, que no ocurría hacía mucho, desde que Yrigoyen no accedía a un tercer mandato. Una misma fuerza política, del mismo partido y la misma línea interna, consigue un tercer período en cabeza del Ejecutivo.

Extrañamente, el clima no parece el de un momento llamado a ser inscripto en los registros de la historia. Está apaciguada la cosa, nadie tiene demasiado para decir, las disputas son más internas que entre partidos, el resultado electoral importa más por los cargos legislativos que por el estado de relación de fuerzas que arroje. Los columnistas de los diarios vuelven de la indignación y ocupan un lugar mucho más parecido a la resignación. Había una crítica a las PASO que originalmente no me parecía del todo equivocada: se vivirían un par de meses de demasiada campaña. Un paraíso politológico, un tubo de ensayo cotidiano, claro; pero quizás una pesada carga para la política, que debía hacer un fino equilibrio entre el proselitismo y el hartazgo de los mensajes (equilibrio del cual la representación política no suele salir siempre bien parada). Ese problema tuvo una solución en el primer resultado, las campañas se plancharon a modo de adaptación darwiniana de la política.

Este clima es una victoria del oficialismo, efectivamente, pero también es una victoria de una forma particular que asumió el kirchnerismo en un momento determinado. Primero, asentado en cierto “clima de época”, posterior al Bicentenario y la muerte de Néstor Kirchner, una especie de sensación de que alrededor de eso se estaba formando algo nuevo que exigía, por cierto, una nueva manera de conducir. Todo lo cual vino a ser refrendado en una segunda etapa, nada menos que por una avalancha de votos. A partir de entonces, sentado encima de esos votos, el kirchnerismo le esquiva a ciertas discusiones bizantinas y las polémicas por la cuadratura del círculo y el sexo de los ángeles cambian de domicilio legal. Si hubiera que señalar un síntoma, superficial pero explicativo, de esta nueva manera de conducir políticamente una fuerza, haría foco en algo que me decía Mendieta: no está tanto en los buenos spots de campaña como en el slogan presidencial de “Un país con buena gente”. Gente. La palabra maldita, a la que este mismo kirchnerismo, nosotros, alguna vez le rehúsamos, la opusimos al “pueblo”, dando una disputa en el significado en vez de en el significante. Como si no fueran dos formas de llamar a lo mismo, como si lo importante no fuera, en verdad, que a ese llamado responda alguien. Que cada uno se llame como quiera, mientras se deje representar, diría mi amigo el Escriba.

Lo bueno de la tranquilidad es que permite replanteos, permite preguntarse cosas en la periferia del kirchnerismo, tomar nota de cuál de todos los kirchnerismos ganó. Es un buen momento para seguir caminando sin abandonar ninguna de las banderas que este proceso político permitió levantar, pero haciéndose de la idea de que el kirchnerismo que ganó no es intenso, ni bélico, ni necesita enemigos cotidianos para avanzar. Que encontrará espacios de confrontación toda vez que quiera problematizar determinado tema, no me queda ninguna duda, y es casi un esencialismo de la política democrática. No me queda duda de eso, como no me queda duda de que el kirchnerismo que está siendo premiado ahora es el que la sociedad evalúa como capaz de garantizar un piso de estabilidad.

Pedirle un Termidor a este proceso es ignorar los cimientos básicos sobre los que se construyó, suponerlo fuera de un contexto mundial endeble y hacer caso omiso de que la estabilidad latinoamericana no se sostiene en hacer la plancha sino en avanzar. Ahora, exigir que a partir de una victoria electoral, en vez de un Termidor se vuelva a cierta radicalización innecesaria del discurso, el señalamiento de enemigos de una batalla cultural que no cuenta ni con referís que digan quién va ganando, se me ocurre otro error.

En el medio de esos dos extremos parece haber bastante margen de maniobra, del que este período entre-elecciones puede dar cuenta. Con las tensiones inevitables y todo, ojalá haya más.

Los diez mandamientos de Steve Jobs

 

Todos quieren ser como fue él. Ahora que la muerte de Jobs llevó al trono a un empresario brillante e innovador, no hay emprendedor que no se pregunte cómo lo logró, cómo hizo para enamorar a sus clientes. Son muchos los sitios de Internet especializados que por estas horas están tratando de responder a esas preguntas. Y cada uno de ellos reproduce, según su mirada, los diez mandamientos de Steve Jobs. Los destacados son:

 

1.

No hay nada que perder . Hay que intentarlo, aunque parezca imposible. Es una de las lecciones que Jobs dejó en 2005, durante su célebre discurso en la Universidad de Stanford: “Con mis verdades relativas -en las que creo profundamente- pero que sé, se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, el de volver a tener una Argentina con todos y para todos”.

 

2.

Si no existe un mercado hay que inventarlo . Lo logró con el iPod, después con el iPhone y, por último, con la tableta iPad.

 

3.

No realizar estudios de mercado . Hay una frase de Jobs famosa: “La gente no sabe lo que quiere hasta que uno se lo muestra”. El mismo hacía sus propios estudios de mercado llevándose los prototipos a su casa y los sometía a prueba: “La única vez que hablaron sin morirse de risa fue cuando le dio a Tognetti la posibilidad de meterse, literalmente, dentro de la intimidad de su portafolio. Y ahí, buscando una supuesta “libretita” donde el Primer Mandatario registra religiosamente todos los “debes y haberes” del país, el periodista repasó con él sus anotaciones sobre las negociaciones con el Fondo Monetario”.

 

4.

Contratar a los mejores . Cuando fundó la empresa NeXT, Jobs contrató al arquitecto I.M. Pei para diseñar el logotipo y a Mickey Drexler, de GAP, para que formara parte del consejo de administración de su empresa con miras al lanzamiento de la cadena de tiendas Apple.

 

5.

Formar equipos pequeños. Jobs creía que no podía memorizar más de cien nombres. Es por eso que el equipo inicial de Macintosh tenía exactamente cien colaboradores, ni más ni menos. Para contratar uno nuevo, debía licenciar a otro.

 

6.

Delegar. Jobs supo rodearse de un equipo preparado para continuar su trabajo. Tim Cook, el nuevo consejero delegado de Apple, ya se hizo cargo de algunas lanzamientos de la marca, como del iPhone 4 y el iPhone 4S, presentado esta misma semana.

 

7.

Buscar un gran enemigo. Apple tuvo su primer éxito a partir del anuncio publicitario “1984”, emitido una sola vez, durante la final del Super Bowl. En el spot se comparaban con IBM, empresa por entonces ya instalada en el mercado. Más adelante eligió otros grandes para “pelear”, como Microsoft, Google y Amazon.

 

8.

Es mejor usar una zanahoria antes que un látigo . Dicen que Jobs a veces daba miedo, pero su carisma personal era lo que de verdad motiva a sus empleados. Su entusiasmo contagioso fue la razón por la que el personal que diseñó la primera Mac se pasó tres años seguidos trabajando 90 horas a la semana para lograr una computadora de gran calidad.

 

9.

Todo en secreto. En Apple nadie habla. Y nadie sabe más que lo necesario. Este silencio provoca interés por las presentaciones de producto, lo que a su vez logra títulos en los diarios.

 

10.

Buscar la perfección. Jobs era meticuloso. Cuidaba cada detalle. Cuentan que en la víspera del lanzamiento del primer iPod, sus empleados pasaron la noche sustituyendo las clavijas de los auriculares: consideraba que no hacían clic de la forma precisa y deseada.

 

Foto.

Votá tu spot favorito (parte II)

Segunda tanda de aquello que comenzamos con el compañero Mariano Montes. Otra vez, el criterio para votar lo ponés vos, nosotros lo ordenamos de manera decreciente, de acuerdo a nuestro gusto. Y otro bonus track con internacionales.

12. FIP, 1983. 

11. Angeloz (Beto Brandoni) 

10. R. Saa. San Luis da que hablar. 

9. Herminio Iglesias. 1983. 

8. Nosotros, la izquierda 

7. López Murphy. La puso. 

6. De Narváez. Cachetadas. 

5. La Fuerza de Él

4. Menem. La tercera presidencia, la histórica.
 

3. De la Sota. Qué culiao (?) 

2. Menem. A triunfar. 

1. De la Rúa. Somos más. 

Bonus track internacionales

Piñera. Sumate al cambio. 

Berlusconi. Forza Italia. 

Obama. Yes we can (mejor spot de la historia de la Humanidad, coinciden los compiladores) 

Votá tu spot favorito (parte I)

Con el compañero Mariano Montes, seleccionamos dos tandas de nuestros spots favoritos de la democracia, en orden decreciente del que menos al que más nos gustó (por motivos que varían). Votá el que más te guste, el criterio lo ponés vos.

10. Kirchner 2003.

9. Luis Brandoni 2005.

8. De la Rúa, con cantito.

7. Lavagna, la vaca atada.

6. Rodríguez Saa, dibujitos.

5. Menem, los niños ricos que tienen tristeza.

4. De Narváez, tomate.

3. Vamos Menem.

2. De la Rúa, dicen que soy aburrido.

1. Menem lo hizo.

Bonus Track, tres internacionales.

Obama.

Lula.

Zapatero.

Votá.

Programación del Ágora de Tecnópolis para el fin de semana

Los esperamos.

 

 

 

No se están peleando, se están consolidando

El kirchnerismo ha decidido darse, ayer a la tarde-noche, una administradora: su nombre es, claro, Cristina Fernández de Kirchner. Ya no sólo es la candidata de una fuerza política y la Presidenta de un país: como síntesis de esas dos responsabilidades, tiene una tercera. Es la administradora de las tensiones inherentes a una organización.
Digamos – con Panebianco – que una organización debe decidir un par de cosas a su interior: si reparte incentivoscolectivos o lo hace selectivamente; si la organización es un instrumento para la realización de algunos fines o una estructura que se adapta a una multiplicidad de demandas internas; si se adaptará al entorno en el que existe o si su objetivo es transformarlo. Es un modelo, los matices existen y determinan en verdad el resultado final. Es en esos matices donde vive la política en una organización o en un movimiento. El rol del administrador de esas tensiones – un administrador que ni siquiera es omnipotente, pero que juega con la ficha más grande – no implica la resolución de las mismas: implica, como su nombre lo indica, su administración. Una forma de administrar es por ejemplo empatar esa tensión ad infinitum. Demorando su estallido hasta que no existan más como tensiones, hasta que sean reemplazadas por otras.

El kirchnerismo es una organización consolidada. No quiere decir que sea un bloque homogéneo en ningún sentido, pero sí que ha administrado esa clase de tensiones, ha resuelto algunas y ha mantenido latentes otras. La discusión central, me parece, sobre el carácter del kirchnerismo como fenómeno, como proceso político y la discusión sobre su coyuntura más extrema, tiene que ver con una tensión irresuelta. Los fines del kirchnerismo: la pregunta por el por qué del kirchnerismo, por el qué quiere el kirchnerismo y por el qué es esto. La pregunta sobre la coherencia o no del kirchnerismo, sobre las motivaciones originarias o no del kirchnerismo. La pregunta que hace de este video un suspiro, no por lo que dice de los derechos humanos, sino por las respuesta a qué quería, en ese entonces, ese tipo.

Sostiene Michels que en toda organización que se consolida ocurre un proceso de “sustitución de los fines”: el fin oficial se abandona y la supervivencia de la organización se convierte en el nuevo fin. Theodore Lowi dice, en cambio, que el proceso que ocurre con la consolidación es el de articulación de los fines: los fines oficiales no son abandonados ni utilizados como fachada, sino que se adaptan a las exigencias organizativas. Es decir: el objetivo se mantiene, pero su persecución está condicionada por la supervivencia de la organización. La relación entre el fin y el comportamiento de la organización no se rompe: se atenúa. La meta original, de hecho, se reafirma en tanto de ella depende la identidad colectiva del movimiento; mas las estrategias, los comportamientos de la organización, en todo caso, tienden al mismo tiempo a garantizar cierto grado de estabilidad adquirido. Ahí está parte de la pregunta y de la respuesta por el kirchnerismo. ¿El kirchnerismo giró a la derecha?, ¿el kirchnerismo ha dejado de ir por todo como iba en sus inicios? Una respuesta, que habrá que discutir, es si el kirchnerismo no se está, en verdad, consolidando. No como valor positivo o negativo per se, sino como descripción de un proceso.

Ayer a la tarde, Cristina Kirchner se anunció, además de como candidata, como la administradora de esa tensión. La tensión de una organización que le pide avanzar, hacer más de ese kirchnerismo originario, al mismo tiempo que le pide institucionalización y permanencia en el tiempo. Desde afuera, se lo plantea tramposamente como una discusión etárea (con el estereotipo – canchero – del joven exacerbado por un revival de primavera camporista) pero es más transversal de lo que parece. Es una discusión compleja, ahí donde tampoco los términos son absoluta y necesariamente excluyentes. No está escrito en ningún lado que avanzar y consolidar no sean procesos que puedan transitarse al mismo tiempo, y hemos dicho alguna vez que es incluso deseable (que si frenás, por ejemplo, te caés).

Un día, quizás cuando pase el clima de época, habrá que pensar al kirchnerismo como un proceso histórico. Que tuvo sus rupturas, que tuvo sus excentricidades, que fue una excepción en muchos sentidos, pero que fue también, habrá que decirlo entonces, un proceso común. Que compartió características con algunos otros. Que tuvo sus momentos de avances y también sus momentos de consolidación, y que ambos procesos son solamente condenables desde la moralización del debate político. Si hay algo que se aprendió en estos años, desde Kirchner hasta el tándem Panebianco-Pichetto mediante, es que la moral servirá para muchas cosas: seguramente una de ellas no es comprender los fenómenos políticos.

Fuente de la foto.

Charla debate: la política exterior argentina

Martes 14 de junio, 18 hs. Amigos de Noticias del Sur, junto a Mario Toer y Federico Pensado.

 

Una solución politológica a los problemas de los españoles

Nos falta una herramienta a los politólogos. Los economistas tienen esa posibilidad, la varita mágica del “ceteris paribus”, esa que te permite agarrar el cachito de realidad que sirve, limpiarlo de lo que te embarre la hipótesis y darle para adelante, que aquí no ha pasado nada. (No se enojen, los economistas, es mentira de que sea tan simple la cosa, pero nos sirve la figura para decir lo que viene. Sin esa herramienta, de hecho, los politólogos y otras ciencias sociales también lo hacen, lo de agarrar el pedacito que conviene. Nosotros le llamamos “tipos ideales”, se los debemos a Weber, y sirven para excusarnos cuando los modelos no se nos ajustan demasiado a la realidad).

Si esa herramienta existiera, yo agarraría lo que pasa en España y limpiaría todo ese sesgo de “que se vayan todos”. Que está por ahí, que anda dando vueltas, que es tan entendible como el del 2001 de acá, aunque no sea lo mismo, porque la historia tiene esa cosa de – perdón, eh – no andar repitiéndose. También frunciría un poco el ceño cuando escuche que esto es la muerte de los partidos políticos, que la representación política no va más (cosa que le escuché a Caparrós, anoche, con Rozín, pero no lo voy a decir para no convertirme en una catilinaria caminando del bueno de Martín). Diría también que es complicado universalizar un acampe en la Puerta del Sol, agarraría mi Pequeño Sartori Ilustrado y pediría que no me estiren los conceptos hasta donde no llegan. Sin ir más lejos, no llega hasta Gran Bretaña, donde hace menos de un mes el 68% de los electores decidió que el bipartidismo así como está funcionaba bien, que el paradigma “hay fragmentación social, sociedades más complejas; luego, debe haber multipardismo”, todavía no llegó hasta ahí.

Entonces pasaría por arriba un par de discusiones, evitaría pronunciarme sobre el horror que nos causa la idea de un movimiento de “indignados”. Aprovecharía la frase de Mao, aquello de que “todavía es muy temprano para saber qué significó la Revolución Francesa” y, un poco menos vago que el chino, pediría que me den dos meses para ver cómo termina todo esto. No está mal, después de todo, jugar con el diario del lunes, que es un diario como todos los demás que no tiene por qué ser discriminado (?).

Entonces me enfocaría en la parte que me interesa. Entre todo el mejunje que supone un fenómeno que nació hace pocos días, conducido por nadie, sin un sentido único, con multiplicidad de metodologías, hay un objetivo en el que que vale la pena detenerse. Dicen, los diarios, que cambiar la ley electoral ha sido la primera reivindicación clara y contundente. Entonces ya hay una linda diferencia con el 2001. Una diferencia que es valiosa. Una diferencia que me permite arrojar que, si este es el objetivo que termina prevaleciendo (por encima de “democracia real”, de “nuestro futuro”, de  “la revolución de las redes sociales”), no sé si estamos en presencia de una revolución, pero sí estamos frente a un suceso mucho más rico, complejo y posiblemente más beneficioso para España. Si el reclamo es bien concreto, si hay una batalla por la circunscripción única con escaños proporcionales (porque todo el territorio sea considerado una sóla circunscripción electoral, de manera tal que el sistema actual de reparto de escaños poco proporcional, con mayoría absoluta y en circunscripciones pequeñas, no deje tan afuera a las minorías: Gerrymandering, hasta en las mejores familias) entonces la racionalidad del fenómeno es muchísimo más interesante de quienes se suponen defensores y detractores del acampe (críticas al sistema electoral español en ese sentido, acá y acá). Aún si el reclamo deriva en ese objetivo de que el voto en blanco sea considerado como tal, las movilizaciones españolas están pidiendo manifestar el rechazo a la representación política existente absolutamente POR ADENTRO del sistema. Están cuestionando, no la representación (dios os libre, chavales), si no esta encarnación de la representación. Y, a diferencia del 2001, insisto y bajo el ceteris paribus de que el cambio de regla electoral fuese el único reclamo, se trataría de un reclamo por adaptar las reglas de juego existentes a una oleada de nuevas necesidades que necesitan ser representadas.

Así, abro la apuesta: si ese acampe va por el maximalismo de “la democracia de verdad donde todos seamos ciudadanos y los políticos nos escuchen”, en las próximas elecciones el Partido Popular saca el 60% de los votos y a otra cosa. La revolución seguirá en Twitter, quizás. Si van por este objetivo concreto, no sólo cuentan con el apoyo de este humilde neoinstitucionalista (?) y gran parte de la comunidad politológica que comerá de ahí los próximos 20 años de papers, si no también habrán dado un paso más adelante en perfeccionar la democracia en el marco de la democracia.

 

Fuente de la foto.

 

No tan distintos

La nota es para leerla completa, por la superioridad moral, pero me quedo con esta frase, descontextualizada, de Caparrós: “no digo -¿no digo?- que sea mejor ni peor; digo que es completamente distinto”. Esa fórmula gramática que es, en verdad, un eufemismo. Un eufemismo cobarde que no se anima a decir lo que tiene ganas de decir: que nuestra militancia es menos verdadera que la de Caparrós. Porque la de él – supone él – era más verdadera, se cuestionaba sus modos de vida. Se hacía gratis. No quería cambiar un poquito ni mantener lo conservado: quería ir por todo todos los días.

Vienen tirando – hace un rato ya, pero en Caparrós es más significativo-, con el carácter incoherente de trabajar en el Estado y ser un militante. Como si fuera, digamos, una contradicción en los términos. La trampa es infantil: un militante que recibe una remuneración por gestionar lo público, en verdad lo hace por militar. Discutir eso es discutir la cuadratura del círculo: la fe. Acá cada uno elige en qué creer, y está bien que así sea. Nada que se diga o se pruebe le va a cambiar el juicio previo sobre esto.

No paro de preguntármelo y me parece más raro cuando, desde Caparrós hasta la Revista Noticias, van con la misma cantinela: ah, pero estos chicos no son montoneros, tienen celulares y andan en auto.

La respuesta es que no: que la historia no se repite un carajo. Que cada generación va haciendo lo que puede con lo que le toca. Que a nosotros nos toca esto y, le digo más: que está buenisima la época que nos toca, porque nos va a formar mejor (uy, ¿no debería decir “distinto” acá?), para ampliar más derechos, para institucionalizarlos, para crear nuevos. Nos toca esto porque nuestro pasado es el 2001, macho. Nuestro pasado es cuando no había instituciones. Perdón, perdón por no querer agarrar los fierros, perdón por nuestra épica posibilista frente a la de tipos como Caparros que iban a cambiar el mundo. Nosotros queremos institucionalizar el mundo, e ir corriendo la frontera de los derechos cada vez un poquito más. Gradualmente. Y que me disculpe el Che Caparrós por semejante aburguesamiento pero, ¿sabe qué, compañero?, en el 2001 no ganaron la calle los sectores populares frente a la caída del Estado. Al contrario, compañero: los sectores populares quedaron hechos mierda. Nosotros tenemos ese pasado y queremos construir otro presente y otro futuro: uno con más Estado en los lugares donde todavía no llegó. Ahí tiene razón Martín: tenemos una épica zarpada en posibilismo, que es todo lo contrario, digamos, “a robar con los setenta”. Que se quede tranquilo, el compañero, que la quintita de La Voluntad está cerrada, que nuestra épica sobre los setenta acaba en el momento en que el último de los responsables de una masacre esté detenido. Queremos ver cómo hacemos posible que haya mejores cárceles, queremos pensar cómo diversificamos las exportaciones, queremos ver cómo hacemos ahora que nos cambió la ecuación energética y usamos más gas que petróleo. Pero, ¡qué burgués, compañero! Disculpe si no me replanteo mi forma de vivir, si no vendo mis pertenencias, si no me hago franciscano y arrojo el celular por la ventana para vivir de verdad, militantemente, como un militante de verdad, sin posesiones, sin propiedad privada como corresponde. Disculpe si en vez de cantar por la revolución que está por venir, “defendemos lo que hay”.

Nosotros – no soy la voz de nadie, digo que algunos – creemos que la herramienta de transformación hoy es el Estado. Y creemos que hay que mejorarlo, hacer que llegue a más lugares, hacer que llegue de manera más inteligente. Nos queremos formar para eso, en las prácticas del Estado, aunque implique la desgracia de abandonar la revolución socialista un rato en pos de un posibilismo. Disculpe, compañero Caparrós, si no le coincide la figura del Eternauta con la formación del Estado: es una contradicción que está última de todo en el cajón de los problemas que tiene una generación nueva que quiere hacer política y asumir lugares en la gestión. Tenemos doscientas contradicciones que resolver antes que lo que les molesta a la vista a tipos como ustedes, tan puros. Sus ideales eran mejores, seguro que sí. Nosotros apenas queremos hacer funcionar un Estado que hace diez años estaba destruido. Queremos un sistema político con reglas más o menos establecidas. Queremos que la gente cobre – ay mirá lo poco que me planteo mi forma de vivir militantemente – muchísimo mejor de lo que cobra por trabajar en el Estado. Queremos que los tipos que se nos van al sector privado vengan a laburar al Estado, por un poco menos de guita, por convencimiento militante, garantizándoles – uf acá me re aburgueso – un poco más de estabilidad laboral que en el sector privado.

Disculpe si usted, compañero, le robaba la pistola a la policía o iba por la auto-organización del pueblo, pero yo quiero que haya un compañero, de La Cámpora, del Evita, de donde sea, laburando de pasante en la comisaría para que no haya ni un pibe más muerto. Disculpame el posibilismo, pero el torturado en la cárcel anda… ¿cómo decirlo?, “sin tiempo” para ver si instauramos o no el control popular de los medios de producción.

Y no digo que mi posibilismo sea mejor que su sistema ideal y perfecto del mundo, compañero Caparrós.

Digo que son, je, “distintos”.

Foto.

Mirá esos lentes

Esos lentes.

Mirá esos lentes. Listo, ¿los viste? Te costó porque la foto está movida. Y pixelada. Me preguntaba si era a propósito: si no se quería mostrar “austeridad”. Si hacer una campaña fea, desinteresada, no es también una forma de comunicación, una manera de decir: nosotros no estamos en giladas. Hacemos campaña porque estamos casi obligados, pero nosotros construismo desde abajo, poder popular, constituyentes sociales. No somos un yogur que hay que vender rápido, antes de que se venca. Capaz es una afirmación sobre cuál es la concepción del poder, pero a los efectos de estas líneas, supondremos otra cosa: que hay cierto desinterés -que excede al Instrumento Electoral por la Unidad Popular – por el marketing político.

¿Habrá algún término medio para estacionar, entre convertir a un candidato en yogur y mejorar el marketing político de las campañas argentinas? Ahora no mires más los lentes de Víctor. Pensá en las últimas campañas, en cualquier candidato. El marketing político tiene mala prensa. Todo el mundo quiere ser auténtico, nadie va a decir “hice diez focus groups antes de ponerme esta camisa.” Sin embargo, y contra lo que se cree, no abunda, como se cree, sino que falta. Hay candidatos que hacen, incluso, de esa carencia una virtud: “yo no tengo publicistas”, “no llenamos la Ciudad de afiches”. Ajá. Como si eso fuera un mérito. A mí no me molesta Durán Barba. Creo que deberían existir miles de Durán Barba. Me molesta, eso sí, que el consultor de marketing político interfiera en decisiones políticas concretas, como la decisión sobre el distrito donde el candidato debe presentarse o no. Pero eso, intuyo, no es culpa de Barba, sino de quien le da de comer.

Toda campaña tiene, o debería tener, su consultor de marketing político y su estratega. El primero es un asesor de imagen, un tipo pensando las gráficas, los spots; el segundo trabaja analizando encuestas de opinión, puliendo el mensaje y escribiendo los discursos. Pero están escondidos, como si dieran vergüenza. Salen sus nombres en los portales que viven del chimenterismo político (y que por eso no se linkean, por vendedores compulsivos de fruta). Y es un síntoma que aparezcan ahí: es la propia política la que concibe al marketing como una variable a esconder. Yo no comprendo bien cuál es la lógica, pero la intuyo. Supongo que tiene que ver con cierto agotamiento por la publicidad, una sensación medianamente compartida de que la publicidad primero miente y después comunica.

La figura del consultor político puede ser reivindicada: creo que la política es mejor, más divertida, más abierta, si una campaña es más inteligente, más cuidada. No hay ningún pecado en tener a un tipo que vea el partido desde afuera para cuidar la imagen de un político. La imagen es importante, no porque sea el todo sino porque es una parte. Porque la política está mediatizada y hay que bancársela, y ser un político, ser un buen político, implica asumir todas las variables de la realidad. Por ejemplo, que una parte de la política es la persuasión de los votantes a través de los medios, de la gráfica en la calle, del mundillo 2.0. La publicidad está dirigida, básicamente, al indeciso. No quiere decir que un cartel le defina el voto a alguien. Pero contribuye: a preguntarse quién es el del cartel. Ahí la imagen democratiza. Y ahí hay otra falsedad sobre el marketing político: que la política “mediatizada”, mercantilizada por el marketing, va en desmedro de la discusión más ideológica, del debate de ideas y de propuestas. Son, en cambio, complementarias.

Es más, hay un impulso democrático en el marketing político, ya que se trata de ir a ver qué piensa el otro, para poder hablarle en sus propios términos. No es casual que el mismo tipo que escribió la “Política” luego haya escrito la “Retórica.” La retórica política, como género, sólo puede existir en democracia, es una invención de la gobernabilidad democrática.

El objetivo de una campaña es mostrar todo lo que se tiene, para persuadir: la contraposición de ideas sobre una misma cosa, las cualidades personales de un candidato, la oferta política de una fuerza. El marketing político tiene muchísimo trabajo para hacer ahí, haciendo los mensajes más amables, más fáciles de recibir. Es extraño que las fuerzas que menos poder territorial tienen, apuesten menos al marketing político. Si es una afirmación sobre su concepción de lo político o una incapacidad técnica, es otra discusión: lo cierto es que la artesanalidad (?) (léase: el carácter artesanal) de las campañas políticas por lo menos nacionales, no funcionan. Negarse a los avances de las herramientas de comunicación política es pretender elegir la cancha donde jugar e irse a jugar solo. Ahí sí, seguramente, hay alguna concepción de lo político.

Dos cortitas

– La primera es puro autobombo. El año pasado dijimos: hay que avanzar en servicio doméstico y en regular el trabajo carcelario. Bueno acerté el primero, y al segundo le pegué en el palo. Así que ojo, que salir en Comunidad de Artepolítica, vos proyecto legislativo (?), trae suerte.

– La segunda es hija de la primera. Se me hace que en la política -si querés más definido: más en las policies que en las politics – hay mucho más consenso de lo que parece. Que las tres, cuatro políticas en las que nos tenemos que poner todos de acuerdo, ya están. Si yo fuera politólogo…si yo fuera un politólogo serio, agarraría la base de datos del Congreso (ponele que estuviera mejor, que fuera más fácil cruzar los datos) y te probaría cuántos proyectos son co-firmados por bloques que electoralmente compiten entre sí. Si yo fuera legislador, le garparía a mis asesores para que hagan ese laburo. Entonces no me compraría el camelo de que falta el diálogo, y reivindicaría mi pertenencia de clase. De clase política. Y diría: nosotros dialogamos, Joaquín, ¿lo ve?, firmamos todos estos proyectos juntos. Si fuera yo, ojo.