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¿Sólo un momento?

Los fenómenos sociales, políticos o económicos nunca son monocausales. Cada actor político busca poner como explicación preponderante aquella de las causas que menos responsabilidad le otorga. Cuando el gobierno elige a la suba de tasas de la FED como la variable que explica por sí el momento económico que atraviesa no miente ni dice la verdad: encuentra en una de esas variables un relato que se adapta a su conveniencia política. Como los gobiernos solían hacer, suelen hacer y posiblemente sigan haciendo durante los próximos siglos.

Incluso sobre esa primera explicación hay quienes podrían ofrecer otras interpretaciones. Virtud también es prepararse para la mala fortuna, sostiene Maquiavelo: “no permanecer inactivo nunca en los tiempos de paz, sino, por el contrario, hacer acopio de enseñanzas para valerse de ellas en la adversidad, a fin de que, si la fortuna cambia, lo halle preparado para resistirle”. Hay quien podría hacer esta interpretación: una suba de la tasa, más que parte de la volatilidad internacional, era un hecho que parecía por lo menos dentro de las posibilidades. La pregunta es qué cosas cambiaron desde que eso apareció como posible para que “la mala fortuna” no nos golpee tanto. Maquiavelo ponía el clásico ejemplo del río que se rebalsa: “y aunque esto sea inevitable, no obsta para que los hombres, en las épocas en que no hay nada que temer, tomen sus precauciones con diques y reparos de manera que si el río crece otra vez, o tenga que deslizarse por un canal o su fuerza no sea tan desenfrenada ni tan perjudicial. Así sucede con la fortuna que se manifiesta con todo su poder allí donde no hay virtud preparada para resistirle”. El mismo hecho podría hacernos preguntar si la política del gobierno hacia la volatilidad internacional fue la de construir diques o la de dejarlos abiertos.

Pero también resulta necesario observar las demás variables que explican el momento. Ese río que aparece desbordado necesita encontrar más causas y una de ellas es la acumulación. La suma de otros momentos, decisiones y discursos que nos trajeron hasta acá. Algunos de ellos queremos listar e invitar a pensar y sumar otros.

Las elecciones de 2017. En octubre pasado el gobierno obtuvo un saldo electoral positivo: aumentó su número de legisladores, ganó en quince provincias y en las cinco más importantes del país. El candidato de la alianza electoral venció en la provincia de Buenos Aires a la ex presidenta Cristina Kirchner. Si alguien ponía en duda la gobernabilidad o la estabilidad del proyecto político, las elecciones dieron un mensaje claro en ese sentido. Esas elecciones comenzaron un ciclo nuevo: más que una ratificación de esos dos primeros años parecieron un punto inicial. La pregunta, entonces, viene a ser: cuánto, qué y cómo cambió el oficialismo luego desde ese día.

El discurso de Macri en el CCK. La respuesta estuvo a la vista apenas cinco días después de las elecciones: el presidente Macri dio lo que Elisa Carrió denominó “su discurso de Parque Norte”. Los lineamientos básicos de un gobierno que entendía que ahora sí podía llevar adelante su agenda, desatándose del peso que le imponía el gradualismo. Resultó un sobregiro en la interpretación del resultado electoral combinado con un nuevo escenario: uno donde el oficialismo era (y es) el ocupante exclusivo del centro del escenario. Con todas las ventajas que eso significa pero también con todas las responsabilidades. Lo que había legitimado hasta entonces el discurso oficial – un otro amenazante que dejó una herencia que había que torcer –  dejó de ser tan efectivo (o redujo considerablemente su capacidad exculpatoria).

Se presentó un desafío de cambiar el cambio y el gobierno eligió, entre varias interpretaciones posibles, la que ratificaba lo que su ADN político lo convocaba a hacer. Lo dejó trascender el propio Macri: estoy dispuesto a perder capital político. Y así lo hizo.

Esa lectura dejó algunos datos huérfanos de interpretación: si era cierto que había un respaldo casi hegemónico, ¿cómo podía ser que los opositores más cercanos al oficialismo no hubieran obtenido mejores resultados? ¿Qué estaban reclamando los que votaban una oposición más dura? Y, en segundo lugar, los problemas del “mandato negativo”. Una fuerza política que electoralmente crece cuando logra una fuerte contraposición respecto de otro actor (como es el caso de Cambiemos con el kirchnerismo) tiene a su interior un electorado con demandas divergentes. Un electorado construido al calor de terminar con algo necesita luego ser reconstruido en torno a ejes positivos. Ningún gobierno construye consensos a largo plazo asumiendo como único mandato “no ser el pasado”, como si la política pública pudiera ser solamente un discurso sobre las épocas. La frustración que empieza a aparecer en algunos estudios entre los sentimientos de votantes de Cambiemos puede tener dos patas: una donde efectivamente esos votantes no vean resueltas las promesas del mandato negativo (las cosas con las que “había que terminar”) pero tampoco aparecen muy claros los horizontes del mandato positivo. Marcos Peña dijo en el Coloquio de IDEA de 2017 sobre la victoria de Cambiemos que “muchas veces en la Argentina, hasta las elecciones de 2017, pensaron que era una casualidad, un mandato negativo: ´no había otro, ganaron estos´. Sin embargo, en el mundo se lo mira creo mucho más acertadamente como un proceso de profunda innovación en materia de representación política”. Quizás eso que el mundo comprendió más acertadamente aún sigue generando interpretaciones diversas ya no en la Argentina sino incluso al interior del electorado de Cambiemos.

La reforma previsional. La primera reforma, la tributaria, pudo haber dado la sensación de que nada iba a tener costos. La segunda, la previsional, demostró que los escenarios no son permanentes sino dinámicos. Que pueden cambiar incluso en horas, tal como demostró ese día agitado de la sesión en Diputados. Con una primera movilización entre la mañana y la tarde que culminó con episodios de violencia y un relato casi único sobre lo que había pasado. Pero con una segunda, horas después, despejando dudas sobre lo que parte de la sociedad había querido decir: un cacerolazo pacífico en muchos puntos de la ciudad, en el idioma de la semilla que terminó con Macri en la presidencia de la Nación. Desde entonces, algo cambio. Se rompió, para empezar, el difícil consenso sobre el reparto equitativo de los costos de un ajuste. “La fiesta que había que pagar” la empezaban a pagar los jubilados. Cuando otros sectores todavía no habían arrancado a poner el hombro y ya recibían los beneficios del nuevo modelo.

La conferencia de prensa. Unos días después de sancionada la reforma previsional, el 28 de diciembre, el gobierno decidió modificar las metas de inflación. Lo comunicó en conferencia de prensa con el titular del Banco Central sentado ¿al lado? del jefe de Gabinete. Si en anteriores oportunidades la corrección de una política o de un paso en falso se había leído como parte del estilo del gobierno, de una forma de “ensayo y error” que se contraponía a estilos anteriores, esta vez no alcanzó. No habían cambiado los actores, ni las palabras, ni los colores: había cambiado el espacio y el tiempo. Era ahora el gobierno en el centro del escenario, dos años después de empezar a gobernar. El mensaje fue uno solo pero decía varias cosas: entre ellas, que la política económica se decidía en la Jefatura de Gabinete de Ministros y que la inflación no había sido un tema tan fácil de resolver. El gobierno que había prometido un cambio cultural de “ir siempre con la verdad” arrancaba incumpliendo el corazón de su proyecto económico.

Todos esos factores, sumados a muchos que faltan listar, generaron un nuevo clima. Los aumentos de tarifas, algunos repartidos en cuotas para no recibir el golpe entero durante la campaña 2017, encendieron la chispa de ese nuevo escenario. Un escenario que puso al gobierno en el centro y hacia donde todos dirigen sus demandas y problemas: incluso, los propios miembros de la coalición gobernante. El radicalismo y su exigencia de más espacios de decisión y el “ala política” (como se conoce a cierta parte del gobierno más alejada del entorno del presidente) dejando expuestas ciertas diferencias públicas con algunas estrategias.

Todo con su consiguiente repercusión en el clima de opinión pública. Los ya famosos “cantitos en la cancha” contra la figura presidencial no crearon ningún clima, no fueron una fórmula electoral ni constituyeron una identidad política nueva. Pero entre eso y caracterizarlos como simples enojos contra fallos arbitrales quizás debió haber habido algo. Y, sobre todo, pudieron haber sido una señal de alerta.

El nuevo clima de opinión apareció plasmado en las encuestas. Un año antes, el gobierno de Macri había tomado medidas de ajuste y sus cifras de aprobación se mantuvieron, como sostuvo sorprendido el propio consultor Jaime Durán Barba. El reinicio de nuevas medidas de ese estilo, con el reciente respaldo electoral de las elecciones de medio término, chocó contra algo nuevo que no permitió avanzar en el ritmo ni en el sentido previsto.

Si las señales no terminaban de indicar que algo así podía pasar – por lo menos no indicaban tan claramente que un problema como el que vive el gobierno podía venir de este lugar, donde se supone que el gobierno tiene “su saber” – en cambio sí había alertas en el camino. Alertas que, al menos, ponían al oficialismo en la necesidad de reinventar algunos de sus discursos y ejes, de poner a cambiar el cambio.

Porque desde octubre en adelante no cambiaron los actores, ni los discursos ni los objetivos: cambió el clima. El río de Maquiavelo desbordó por el lugar menos pensado y los diques, lejos de haber sido construidos, se encuentran abiertos al mundo.

¿Cómo estamos hoy, eh?

Qué pasó ayer: más o menos lo sabemos todos y cada uno lo interpreta a su manera. Qué puede pasar mañana: casi todo. Pero, ¿cómo estamos hoy? En la respuesta está también la posibilidad de pensar lo que pasó hasta hoy y, aún más importante, qué podemos esperar de acá en adelante. Si los datos y el razonamiento nos acompañan para tratar de pensar si es posible empezar a ver unas grietas en el clima de victoria asegurada para el oficialismo en 2019.

El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella cayó 13,2% respecto al mismo mes del año pasado y 8,5% respecto al mes anterior. La caída la explica el interior del país y principalmente el Gran Buenos Aires: 8,5 de caída en el interior y 11,6 en GBA, mientras que aumenta 1,2 en Capital Federal. Si bien cae de manera transversal a todos los sectores sociales, cae más mientras menores ingresos tiene el encuestado. El trabajo puede consultarse aquí.

 

Uno de los puntos centrales de la legitimidad del gobierno de Mauricio Macri son las expectativas. Si miramos el gráfico podemos adherir intuitivamente a la idea de que expectativas y condiciones materiales presentes aparecen disociadas. En ese espacio blanco entre la línea naranja y la gris existiría algo así como la posibilidad de creer que va a mejorar, la esperanza en el cambio o, quién sabe, la ideología. Pero una segunda lectura también nos puede hacer ver otra cosa: la correlación entre ambas variables podría querer decir (habría que probarlo empírica y teóricamente) que las expectativas sobre el futuro y las condiciones materiales están vinculadas. Para decirlo más claro: que a medida que empeoran las condiciones materiales empeoran las expectativas porque unas dependen de otras. La tesis de que no importa el presente sino las expectativas no es falsa ni dejó de funcionar: simplemente se le sumó la variable tiempo. El tiempo – elecciones de octubre 2017 de por medio – puso a las expectativas a rendir cuentas.

Pero, ¿las condiciones materiales están empeorando? En verdad, el punto que nos interesa para intentar dar una respuesta a lo anterior es: ¿hay una percepción de que las cosas están empeorando?

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, realizada por la Universidad de San Andrés, nos aporta algún dato. El primero de ellos: que en la percepción general sobre la marcha de las cosas vienen empeorando desde octubre de 2017 y que tocó su punto más bajo de la serie. Como puede verse además en el estudio (que se publica aquí) la tendencia es transversal a las clases sociales.

 

El estudio también nos da algún dato sobre la idea de expectativas, e incluso de retrospectivas. Más que mirar los valores nos interesa remarcar la tendencia: la percepción de que las cosas están peores que antes crece sostenidamente desde las elecciones de octubre, mientras que las expectativas sobre que la cosa mejore va en camino inverso. Por primera vez, vemos en el segundo cuadro, llega al punto de que más personas creen que va a empeorar que a mejorar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras investigaciones concuerdan sobre la caída de expectativas. La agencia de investigación Kantar presentó en su último informe una caída del 2% de su índice. Según la consultora, un 53% de los encuestados sostiene que no le alcanza el dinero para vivir según sus expectativas y necesidades. La misma tendencia registra el Centro de Estudios Metropolitanos sobre la caída de las variables (el informe se puede consultar acá) y el Índice de Optimismo que elabora la consultora Management&Fit para el diario Clarín, que puede leerse aquí.

La caída en los índices de confianza sobre el presente y sobre el futuro parecerían afectar de manera directa al presidente Mauricio Macri. Así lo muestran algunos números: la encuestadora Query registra caídas en imagen presidencial y evaluación de la gestión. El trabajo de la Universidad de San Andrés anteriormente citado y la encuestadora Grupo de Opinión Pública reflejan lo mismo.

Se puede establecer entonces que desde octubre a la fecha hay un descenso en la consideración pública del gobierno de Mauricio Macri. Podemos encontrar varias explicaciones: el escenario post-electoral que lo ubicó como actor principal del sistema político, la reforma jubilatoria de fin de año, los primeros problemas al interior del gobierno como el caso Triaca y la imposibilidad de comenzar a demostrar los resultados que avalen las buenas expectativas.

¿Ese es el escenario? Parecen, más bien, las condiciones sobre las cuales al escenario hay que construirlo. Una caída en la imagen del gobierno, de su referente o de su gestión, es un hecho pero es un hecho social. Necesita interpretaciones, formas de decir qué quiere decir.

Para construir esa interpretación es necesario contradecir lo dicho en el primer párrafo de este texto: la forma en la que llegamos a este momento también forma parte de la construcción hacia adelante. Sobre esa forma hay muchísimas interpretaciones a la que podríamos agregar una: entendiendo este momento político a la luz del Mauricio Macri del 30 de octubre de 2017, en su discurso en el CCK. Acertadamente descripto por Elisa Carrió como “el discurso de Parque Norte de Macri”, allí se puede ver el programa ideológico del gobierno de Mauricio Macri en plenitud: las directivas sociales, económicas, políticas y culturales que lo guían. Visto desde allí hay mucho para mirar: cómo fueron las reformas que fueron exitosas, cómo las que no, en cuáles todavía hay problemas y cuáles, ni siquiera, pudieron aún ponerse en agenda.

Si eso podemos decir sobre el presente visto a la luz del pasado reciente más difícil es lo que hay para decir sobre el futuro. Como punto de partida notar un dato para nada menor: la idea de que son posibles varios escenarios y no uno solo de derrota asegurada. Entre el optimismo ciego y el derrotismo que autocumple su profecía apareció un camino para andar. Que no es todo tanto como no es poco.

¿Cómo puede ser ese escenario que hay que construir? Quizás lo primero que puede hacer ese descenso en la imagen del Presidente sea romper una suerte de espiral del silencio que parece más dirigencial que social. El concepto de espiral del silencio tiene sus discusiones teóricas pero interesa contar acá cómo nació. Noelle Neumann relata que lo descubre cuando, haciendo investigación electoral para la elección de la República Federal de Alemania en 1972, encuentra un desfasaje muy amplio entre lo que los electores decían que iban a votar y lo que creían que iba a suceder en la elección. “¿Cómo podían cambiar tan radicalmente las expectativas sobre el partido ganador, mientras las intenciones de voto de los electores permanecían constantes?”, se pregunta cuando empieza a ver que el efecto se incrementa a medida que se llega al día de la elección. Descubre entonces que hay una disposición de los individuos a percibir lo que hoy conocemos como clima de opinión. Y de ahí deriva toda su teoría.

Pero lo que nos interesa ver de ahí es si no existe la posibilidad de que empiecen las primeras grietas al interior de un clima que hace apenas unos meses parecía de inevitabilidad. Un derrotismo que no hacía sino multiplicar el clima de derrota asegurada. Las expresiones de algunos dirigentes, la formación de alianzas pasajeras en el Congreso, las tensiones internas ya no sólo dentro de la coalición Cambiemos sino incluso adentro del PRO permiten arrancar la construcción de un escenario distinto. En el que todavía es posible perder, ganar, llegar bien o llegar mal.

Pero que no es, pareciera, el escenario anterior.

 

Trímboli: “hay una rehabilitación de clase furiosa con el macrismo”

Javier Trímboli es historiador, docente y escritor. En septiembre publicó el libro “Sublunar”, un intento por pensar la década kirchnerista al calor de procesos anteriores, como el 2001, y conceptos más viejos, como la idea de revolución. Julia Rosemberg y Tomás Aguerre lo entrevistan a propósito del libro, el kirchnerismo y el presente de la Argentina.

¿Por qué este libro?

Coincide con el final de la experiencia tan fundamental del kirchnerismo en el Estado. No lo había pensado antes de diciembre de 2015. De haberse escrito antes, por algunos de los temas que propone, seguramente hubiera tenido una utilidad política práctica en relación directa con el gobierno y el Estado. Se me ocurre algo muy básico que hace a la vida intelectual y política que es esa diferencia entre los tiempos que uno está tomado por la práctica y por la acción y el tiempo del pensamiento. También se suele decir: uno solo puede empezar a pensar el sentido de un proceso cuando ese proceso está acabado. Cuando Cristina se encuentra con los intelectuales en el Foro por la Segunda Independencia, en 2015, plantea: “nos falta teoría”. Es una formulación fenomenal, efectivamente fue así. Además, alguien que desde el peronismo plantee falta teoría, cuando el peronismo ha tenido siempre una tendencia hacia una resolución pragmática de determinados problemas.

¿Y por qué te parece que faltó teoría?

Este libro no viene a reponer esa falta. Pero con ese intento de nombrar y colocar la palabra revolución en el centro del problema lo que estoy intentando es que pensemos sobre eso. Incluso una genealogía del kirchnerismo, una historización, casi con una forma teórica hasta precaria pero necesaria. Me parece que la falta de teoría tiene que ver con que hubo un efecto de lo que fue 1989, la crisis y agonía del marxismo, la crisis de los movimientos nacional-populares, el menemismo que parecía llevarse puesto el peronismo. El 2001 parece encontrarnos en una suerte de grado cero de la teoría y ante esa situación estamos casi como obligados a pensar en los hechos sin muchos más horizontes.

El 2001.

Traés bastante el 2001 al centro en el libro. ¿Qué significó el 2001 y por qué necesitás traerlo para hablar sobre el kirchnerismo?

Era uno de los temas que me resultaban más difíciles de entender durante estos años. Muchos compañeros que veníamos de la universidad, de la historia, veíamos cierta tensión entre aquellos que habían visto en el 2001 el quiebre y el entusiasmo y los que la vieron después, en 2003 o 2008. Tres fechas distantes que interpelaban generacionalmente de manera distinta pero que tenían que ver con ciertas sensibilidades. Algo más “anarca” si se quiere lo del 2001, más de izquierda autonomista; más estatista lo del 2003 y lo del 2008 definitivamente otra cosa. El 2008 vuelve a narrativas fuertes, clásicas, nacional populares y de lucha de clases.

¿Y cómo encajaba en eso el 2001?

Quedaba como un capítulo extraño. Parte de la indagación que yo venía haciendo – y que me pongo a hacer para el libro – tiene que ver con algo que dice muy bien el autor boliviano Raúl Prada en 2009: lo que podemos hacer ahora en Bolivia es por la acumulación de fuerzas entre el 2000 y el 2005. Ahí obtienen el combustible para volver maleable un territorio social que de otra forma estaría totalmente fijo. Lo del 2001 hay que entenderlo así, como un proceso de acumulación de fuerzas que comienza en los ´90. Un proceso que, a diferencia de Bolivia, no tenía lectura política. Sin que haya habido una lectura política o teórica, un acompañamiento intelectual y político de ese proceso, me da la impresió n de que Néstor Kirchner sí entendió eso.

¿Qué pasa con Duhalde ahí?

Creo que Duhalde – es algo que tiene que ver con el artículo de Martín Rodríguez –  entiende la gravedad de la situación del 2001 y que no hay otra forma de resolverla sino, devaluación mediante, tocando intereses agropecuarios. Esto es algo que después estuvo en el centro de la construcción política pero lo que no puede hacer Duhalde, porque es una persona de otro momento histórico, es construir un bloque histórico en donde se enlace esa posibilidad de tocar intereses de sectores dominantes, por ejemplo del campo, con políticas de derechos humanos, de reparación. Algo que sí pudo hacer el kirchnerismo.

 

Diez años del conflicto con el campo.

Se cumplen diez años del conflicto del campo. En el libro hay una hipótesis de que ese momento puede leerse como una especie de cristalización de la lucha de clases. Este número redondo y habiendo pasado dos años de macrismo, ¿te lleva a mirarlo de otra manera?

Uno de los mitos constitutivos de la post dictadura, de carácter reaccionario, era aquél que decía la sociedad argentina es una sola. Es algo que se puede ver en Silvia Schwarzbock (Los espantos, 2016) donde propone pensar toda esta cuestión de la pos dictadura, una imagen que para Lewkowicz y el Colectivo Situaciones termina en 2001. Esa idea de una sociedad engañada por los militares, después por el menemismo, por los bancos. Una sociedad pura y sin fisuras a su interior, la idea de piquete y cacerola la lucha es una sola.

¿2008 viene a romper con eso?

Absolutamente. El 2008 es tan interesante porque mucho de la crisis de 2001 finalmente en 2008 se transforma en una crisis que ya no es de una sociedad pura contra los políticos sino que está al interior de la sociedad. Eso me parece que se sigue expresando en 2018. El 2008 nos encontró en marchas con Moyano y, raramente, el 2018 va por ese camino también. Ahí hay alguna novedad para la Argentina post dictatorial, una sociedad que se reconoce no como una sin fisuras, integrada, sino una con tensión en su interior.

El kirchnerismo en perspectiva histórica.

¿Cuánto hay de revolución en el sentido clásico en estos procesos latinoamericanos?

Hay algo que leí en un autor venezolano, chavista, que se llama José Roberto Duque, que dice algo así como que quizás estos no eran los procesos que queríamos idealmente pero son los que nos tocaron. Quizás no eran la política ideal que deseábamos pero fue esta. Post 89 están puestos en crisis los paradigmas clásicos de lo que era la revolución en la lógica del marxismo y entonces se habilitó que nosotros, que veníamos de esa idea, nos sintiéramos plenamente atraídos por esto. Hay algo interesante que yo había leído en Sarmiento pero nunca le había prestado atención: que la revolución de 1810 termina degenerando. Me empezó a interesar mucho esta idea de revolución como desvío. No como aceleración teleológica hacia un punto sino desvío del curso normativizado de la vida social. Lo que dice François Fouret, que la mayor parte de la revolución francesa fue innecesaria. Y a uno lo que más le interesa es cuando en la historia se producen momentos innecesarios.

¿Con qué otras interpretaciones te parece que discute tu libro?

Más que con una posición me interesaba discutir con una confusión. Con la idea de no poder leer al kirchnerismo más allá de su propio presente y con las dificultades para colocarlo en una línea histórica. Cuando Cristina dice lo de “no fue magia”, algo con lo que jugó mucho incluso en el discurso del 9 de diciembre, pareciera como que el proceso tiene algo de ininterpretable. A mi me interesaba discutir con eso. No fue magia, estamos de acuerdo, ¿pero qué fue entonces? Fue decisión, militancia pero también fue el 2001, el 2003, el 2008. Fue una voluntad de reconstruir el Estado y desviarlo de sus caminos usuales en la historia argentina, que se asemeja tantísimo más con lo que está volviendo ahora que con el camino que le hicimos tomar durante doce años.

Es una interpretación la del libro que no usa los parámetros tradicionales de la academia.

El libro discute contra la asepsia académica a la hora de narrar la vida política argentina. Asepsia que permite que uno lea desde la exterioridad y sin tener un grado de implicación en la vida política. Se pueden hacer análisis fenomenales desde ese punto de vista pero se los hace con exterioridad. En ese sentido me parece interesante la idea del Colectivo Situaciones del investigador militante, ellos lo planteaban así en 2001-2. Yo no estoy narrando como un analista o historiador distante.

Siguiendo en la academia, en el mundo de la historia es como un pecado mechar historia y política. Sin embargo vos proponés una relación distinta en el libro, más bien parece difícil discernir cuándo es una y cuándo otra. ¿Por qué te parece que hay momentos históricos donde esa relación parece entramarse y otros donde parece no importar tanto?

Me interesa la idea clásica del infierno como confusión. Un ratito de confusión es fenomenal pero si eso es perpetuo es el infierno. Hay algo de los tiempos posmodernos y de la derrota tremenda de los movimientos populares en los 70, 80 que nos despojó de tal manera de teoría que también nos despojó de historia. Si algo caracteriza a los 90 es que fue una época en la que no entendíamos nada. Habíamos perdido las claves para volver inteligible la vida social. Por eso todo era errático. Fue un equívoco, después de las derrotas de los 70, del 89 con la caída del Muro, creer que historia y teoría no servían para nada. En buena medida, esta situación de invalidación de la historia fue de la mano con la construcción de un campo académico e historiográfico que tan solo se preocupara de la historia como un objeto neutro, distante, que nada tenía que ver con nuestro presente.

La historia se hace muy presente en tu análisis cuando abordás el 2008, decís: “la política nos enseñaba de historia”. ¿Qué significa eso?

En 2008, con el accionar de la Sociedad Rural, de grandes medios, de una parte de la sociedad, de repente nos reencuentra y redescubrimos que había una larga historia argentina que tantísimas veces había dado lugar a que escenas sino similares, parecidas se produjeran. Pequeñas cosas: vuelvo a ver el documental “Juan, como si nada hubiera sucedido”, de Carlos Echeverría, en junio de 2008. Es una película que te estremece por lo que puede hacer una sociedad con aquellos que disuenan, que buscan otras cosas. Ante esos días recuerdo compañeros que tenían peleas en la calle, la impresión de que estabas en minoría y que la sociedad te quería echar. Eso es un momento alucinante. Claro, cuando lo contemporáneo es llano, de un triunfo rotundo de las clases dominantes la historia pasa a ser chata. Ahora, cuando hay algo en el presente que se vuelve tenso permite que uno lea de otra forma el pasado. Hay una entrevista a Beatriz Sarlo en La Nación en agosto de 2008 cuyo título es: “la democracia es gris”. La parte más interesante es cuando ella dice: es un equívoco feroz asociar a esta Sociedad Rural con la de la dictadura. Es genial porque toda la postura moderna ha sido la de pensar a todos los actores del presente en relación con el pasado. Me da la impresión de que lo que está pasando hoy sigue siendo una situación de contemporaneidad e invita a seguir pensando la historia de esa forma.

El presente: ¿qué es esto?  

En el libro aparece una primera persona del plural que va cambiando, que a veces es más colectiva otras más individual. ¿Ese nosotros es el mismo durante el kirchnerismo que durante el macrismo?

Dudé sobre cómo escribirlo, en qué persona. Primero pensé en un nosotros más definido, cerrarlo más fuertemente: un nosotros que fuera tan solo generacional e incluso más, de aquellos que compartimos un espacio de militancia en el Estado, en la universidad. Lo cierto es que no me convencía tampoco. Si hay algo extraño que tuvo el período kirchnerista fue que, aún habiendo sido muchos y todavía los somos, no hubo un nosotros que se constituyó como tal al interior. A mi me interesa jugar con ese nosotros amplio que es el que estuvo alguna vez bajo “el signo de la revolución”, metejoneado con la posibilidad de encontrar alguna vez la revolución. Con la particularidad de que, como eso quedó de lado, se mezcló con un montón de otras cosas.

En un texto que escribiste en Lobo Suelto, hay una idea de que hay un nosotros durante el macrismo y un planteo de qué hacer con ese nosotros: la idea de partido.

Creo que intenta ser una provocación. En Bolivia, en 2009, Raúl Prada dice que lo que falta es posición-partido para saber para dónde estamos yendo, para que esto no sea sólo una aceleración del capitalismo desarrollista con alta inclusión, que sea otra cosa. Me parece más interesante pensar en la idea de posición-partido, más que el partido tal como lo pensaba Lenin o como se pensó acá en los 70. No quiero decir “armar un partido”. La posición-partido no tiene que ver con el partido tal como se lo pensó en el siglo XX o desde Marx en adelante.

La forma en la que el macrismo señala al kirchnerismo como un Otro, ¿te parece que puede volver a construir un nosotros en torno al kirchnerismo? ¿Dejó alguna marca el kirchnerismo como colectivo?

Me parece que dejó una marca. Y que la voluntad del macrismo de desmontar el país que el kirchnerismo había ayudado a producir hace que exista algo de la marca que el kirchnerismo provocó que resalte esa experiencia. Ahora, me parece que hay que encontrar las formas que vehiculicen que esa experiencia sea colectiva y que anude lazos, inteligencias colectivas. Me da la impresión que ahí hay un problema enorme. El partido fue una forma que se encontró para que la experiencia de la lucha de clases terminara depurándose en una inteligencia colectiva y a la vez contribuyera a esa lucha. Es iluso suponer que eso existe de por sí o que va a surgir naturalmente, ahí se trata de que haya decisiones. Por eso fue tan importante y a mi me gusta tanto trabajar con las revistas. Las revistas, en el período de la derrota fueron fundamentales porque nucleaban. Cuando Lenin se pregunta qué hacer se responde: un periódico. Que ponga en circulación pública la palabra del partido, que llegue a la clase obrera. No estoy diciendo que se tenga que trasladar una respuesta a otra, pasó de todo en el medio, pero sí me parece que se necesita de dispositivos, de formas.

Mencionabas la idea de que el macrismo viene a desmontar algo del país que construyó el kirchnerismo. Anotamos estas dos frases que citás en tu libro. Una de Sarmiento que dice: “rehabilitación de las clases acomodadas, resueltas en adelante a hacerse respetar por quien quiera que fuese”. Y otra de Martínez Estrada sobre el peronismo: “Perón ha encendido en la chusma un orgullo de clase dominante”. ¿Te parece que algo de lo que viene a restaurar el macrismo es la idea de jerarquías sociales?

La decisión del macrismo en ese sentido es furiosa. Es un gobierno muy fácil de caracterizar por las decisiones que ha tomado en términos económicos pero también por una gestualidad. Hay algo del reposicionamiento de esa parte de la sociedad que son sus clases dominantes pero que son sus clases respetables, sus buenos vecinos. Que tienen además sus buenos y fluidos contactos con las empresas de comunicación y que miran a través de ellos. Hay algo de esa rehabilitación que me parece que es contundente. Me parece que se ve en situaciones como la de Chocobar, que además pertenece a las clases populares pero a la vez a un organismo del Estado ligado a la represión, a los que se habilita de esa forma, contra un pibe al que parece que se lo puede matar sin ningún tipo de problema.

El problema es que pensar la rehabilitación de las clases acomodadas no se lo puede leer tan solo como las clases dominantes. Lo que horadó al kirchnerismo fue mucho más que eso. En 2016 nos invitaron con Hernán Brienza a José C. Paz por el tema del Bicentenario, unos pibes de la universidad. Se armó una discusión bárbara y algunos empezaron a decir que estaban enojados con el kirchnerismo porque había favorecido a los que estaban más abajo de ellos. Probablemente en ese sentir había algo de rehabilitación, se sentía incluido en esa rehabilitación de clases acomodadas. ¿En relación con quién? Con otros.

¿Qué otros ejemplos ves de eso?

Lo de Jujuy me parece que es algo así. Ahí hubo un poder dual con la Tupac como nunca antes en la historia había habido. Eso tenía que ser puesto en orden. Pienso en cosas más pequeñas. En 2015, en el Museo de Bellas Artes, en el centro de las clases acomodadas argentinas, se inaugura una muestra de arte paraguayo que se llama Tekoporá, en guaraní. Eso tenía que ser acomodado. Que la Presidenta no vaya a consultar a Luis Alberto Romero, como le pide Sarlo, para ver cómo va a narrar históricamente el Bicentenario, también.  Ahí también uno podría pensarlo en la lógica de clases ya no tan solo ligado a los más pobres de los pobres sino a todo aquello que se había desviado de la Argentina conservadora-liberal.

 

La fiesta que tenía que terminar.

Hay algo en “Sublunar” que vos citás, de Prada, respecto de si estos gobiernos populares tienen o no que proponer una subjetividad alternativa que no sea simplemente una redistribución del consumo. En Bolivia quizás es más posible pero pensando en Argentina del siglo XXI nos parece más difícil pensarlo. El libro no tiene una postura única sobre este tema, como que vas y venís. ¿Qué te pasa con eso?

A mi me pasaba en mi militancia durante el kirchnerismo que estaba todo bien pero no estábamos cambiando la forma de vida, nuestra cabeza sigue siendo capitalista. Nicolás Casullo en ese libro fenomenal que es Las cuestiones cuando piensa la idea de revolución que parece un lema que quedó en el pasado y punto, está pensando en eso. Fue redistribución del consumo de la riqueza, seguramente, pero para mi la palabra clave que no alcanza para constituir de por sí otra forma de vida pero que sin embargo tiene una potencia impresionante es: fiesta. El kirchnerismo fue algo de eso, hasta Pagni decía “fiesta del consumo”. Porque tiene algo de derroche, que es lo que se dice.

Ahí está parte del discurso del macrismo también: hay una fiesta que hay que pagar. Y un doble ejercicio que es cargar la responsabilidad en los ciudadanos y a la vez negativizar la idea de fiesta.

Es alucinante. Porque tampoco fue: “guau, qué fiesta descontrolada”. Al revés, dejamos la casa ordenadísima, lo suficiente como para que ellos, por ejemplo, se puedan endeudar como lo están haciendo. Y hay algo para pensar que es: cuánto de la radicalización política, de las marchas y contramarchas que la Argentina vive desde el 2008 en adelante, esa altísima movilización que fue in crescendo desde el 96 al 2001 y que después se reconstituye a partir del 2008, cuánto de eso, sin manual, no empieza a producir otras formas de vida. Que no alcanza para ser otra forma alternativa de vida. Como eso que cito de Kaufmann de la revista Confines en 2002 donde critica a la clase media y rescata el gesto de Francisco de Asís despojándose de todas sus pertenencias. Entonces: si uno lo compara con Francisco de Asís, no alcanza. No obstante, es un estado de ánimo interesante. Como el de la chusma que dice Ezequiel Martínez Estrada.

Todas estas lecturas en clave latinoamericanistas, ¿para qué te sirven? ¿Nos cuesta pensar en términos regionales?

Hay una forma de darle inteligibilidad a lo que ocurre entre nosotros que si se priva de mirarse en los espejos que no siempre le devuelven la misma imagen propia está en problemas. Mirarse en esos espejos nos ayuda a entender lo que pasa acá, no para decir “es igual” sino para entender el problema de coordenadas. Halperín Donghi decía que a Argentina solamente le gustaba mirarse en el mapa latinoamericano y se sentía latinoamericano en momentos de crisis. Pero rápidamente salía de la crisis y se olvidaba. Además, a diferencia de los estados de bienestar que, de alguna manera, fueron de la mano en todo el mundo a mediados del siglo XX, esto que pasó en estos años de finales del siglo XX fue exclusivamente latinoamericano.

Viéndolo así en perspectiva regional, ¿qué pensás viendo la deriva de todos esos proyectos con la especificidad de cada caso? Pareciera que comparten destinos los casos de Lula, Cristina, Correa.

Me genera expectativa. Porque ni lo de Cristina, ni lo de Lula ni lo de Correa son derrotas a lo Cartago. No se echó sal para que no vuelva a crecer nada más: sigue vivo algo ahí. Por lo tanto va a impedir que lo que continúe sea tan solo la negación lisa y llana fácil. Va a ser otra cosa. Eso me genera un entusiasmo. En el libro está mucho la idea de estado de ánimo. Está eso de Kant que escribe antes de la revolución francesa, diciendo que una revolución no serviría de nada, pero cuando finalmente ocurre dice: lo más importante de la revolución francesa es el entusiasmo. A mi me parece que hay algo del entusiasmo que produjo en una porción importante de nuestro continente, fundamentalmente en aquellos que quedaban desacomodados en la lógica neoliberal. Ese entusiasmo estuvo y sigue estando. No está del todo averiado incluso cuando ya no está en el gobierno. Creo que abre una situación que vale la pena. El tema es cómo se canaliza, se vehiculiza, se alimenta.

Otro factor central del libro es el Estado. Vos decís en el libro que durante el kirchnerismo lo sentimos como un lugar de trinchera pero una trinchera incómoda. Y después de la derrota del 2015 el Estado vuelve a tomar su lugar más natural, más cómodo. ¿Creés que siempre es así, siempre va a ser un lugar incómodo para aquellos que tratan de torcerlo un poco? ¿En el caso boliviano lo ves así también? Y finalmente, ¿se puede pensar un nosotros por afuera del Estado?

Para quienes habíamos estado entusiasmados con la idea de revolución, sufriendo con la imposibilidad de que ocurra, el Estado siempre tuvo un grado de incomodidad. Quizás incluso porque hay una marca igualitarista. Y a la vez porque heredamos un Estado que en buena parte había sido abandonado por las clases dominantes, no es el mismo caso el de Bolivia o el de Uruguay. Acá fue otra cosa. Yo empecé a trabajar en el ministerio de Educación en el 2003, entrábamos al ministerio y no había nadie. El palacio Pizzurno estaba vacío, porque la ley federal de educación del menemismo le había quitado sentido al ministerio nacional y después la Alianza había echado cantidad de gente. Pasaba gente vendiendo facturas, era territorio abandonado. Ahí uno empezó con la impresión equívoca de que estaba construyendo ese Estado con un instrumento que no tenía ningún tipo de ancla con el pasado. Finalmente el ancla con el pasado empezó a aparecer. Y a la vez con una compleja relación con sus trabajadores estatales. Los que estuvimos en la gestión kirchnerista lo sabemos. Trabajadores que la pasaron muy mal durante mucho tiempo y que temían seguir pasándola mal. Equívocos larguísimos con relación al rol del Estado. Y me parece que acá también faltó teoría. En relación con los medios, por ejemplo. No le dimos una clave explicativa, un argumento del todo sólido a por qué esas maneras. Por qué 678. Siempre se dice: fue una buena idea hasta tal año, un problema desde tal año. Pero hacía falta algo parecido a eso, sino eso otra cosa, pero hacían falta cosas así, ni qué decirlo. Mirá lo que pasa en Encuentro hoy. Hizo falta mucho más, ahora, para eso necesitabas más teoría. En estas sociedades neoliberales, post fordistas, qué lugar asignarle al Estado en un proceso que quiere ser reparador y redistributivo. Eso necesitaba más texto.

El libro se publicó en septiembre de 2015, ¿qué discusiones te parece que generó?

Lo que se aprecia del libro creo que es la intención de colocar una pieza que ayude a narrar lo que hicimos e impedir que tan solo nos narren los que nos detestan. Que sabemos que nos van a narrar como una manga de irresponsables y corruptos. Hay algo del autoestima y del estado de ánimo, para decirlo con Clausewitz y el Indio Solari, que tantísimo tiene que ver con la posibilidad de narrarnos, de criticarnos, por lo que hicimos y por lo que estamos haciendo. Por un lado, eso se valoró mucho. También la posibilidad de producir reuniones y pensamiento colectivo. Mi impresión es que todo esto se tiene que reproducir. La correspondencia Perón-Cooke apareció mucho después, era entre ellos dos solos. Pero empieza a haber una escritura, el número de Contorno que yo cito, Jauretche desde el vamos, una cierta reflexión. Hay que producir una inteligencia que acompañe no solamente lo que está ocurriendo ahora – aparte es inevitable vincular el ahora con el anteayer de hace dos años – con algo que de cuenta de lo que ocurrió.

¿Por qué lo votan los que lo votan?

Cumplido un año de mandato de Donald Trump, Vice News realizó un programa especial intentando responder una pregunta: ¿por qué la base de votantes de Donald Trump sigue tan fuerte?

Según encuestas nacionales, el 82% de los votantes de Trump lo volvería a votar. Vice News llamó al consultor republicano, Frank Luntz, para que dirija un focus group en Pennsylvania, un distrito tradicionalmente demócrata en el que sin embargo ganó Trump en 2016. Fue el lugar en donde ganó por la menor diferencia de todos los estados, es decir que intuitivamente podrían haberse encontrado allí más cantidad de “arrepentidos”.

El focus group en estudios de opinión pública tienen sus ventajas y desventajas, que exceden este artículo. Lo que es necesario recalcar es que no se trata de un estudio que permita cuantificar opiniones: es decir, si bien la muestra tiene que ser representativa no puede extrapolarse de manera directa al universo, como en el caso de las técnicas cuantitativas de análisis de opinión pública.

Pero, en tanto técnica cualitativa, sí sirve para identificar percepciones, sentimientos, ideas y actitudes de determinados grupos. El video a continuación es un editado y subtitulado del programa entero, dejando sólo la parte del focus group.

Get the bike

“Chavs: la demonización de la clase trabajadora” es un libro de Owen Jones que analiza la construcción del discurso hacia un sector de la clase trabajadora. “Chavs” es un estereotipo: jóvenes de la clase obrera “que visten ropa deportiva e informal, suelen estar desempleados y habitan viviendas sociales”. En ese estereotipo está el síntoma de un fenómeno más profundo: el del proceso de demonización de los sectores menos privilegiados que comenzó durante el thatcherismo y que modela la política y la sociedad hasta nuestros días.

Jones aborda la forma en la que el gobierno de Margaret Thatcher transformó la cultura política de Inglaterra a partir del desmantelamiento del aparato productivo para pasar a “una economía de servicios”. El aporte del thatcherismo a esa batalla fue contundente: la derrota de la huelga de los mineros significó una de esas victorias políticas que adquieren la dimensión suficiente como para remarcar el terreno de juego para las siguientes generaciones. Así como hasta Thatcher los gobiernos conservadores habían tenido que construirse sobre las conquistas del Estado de bienestar, luego de ella la política británica se hizo desde el universo de sentido que implantó.

Hay una primera pregunta que puede servir para pensar lacoyuntura de nuestro país y de la región: ¿por qué alguna parte de la clase trabajadora vota o sostiene un proyecto que, a priori, parecería ir contra su propio interés? ¿Es un fenómeno nuevo o existió desde siempre?

El análisis de Jones desmitifica en parte la idea del apoyo popular a las políticas de Thatcher: “llegó al poder en 1979 con un porcentaje de voto menor que el de cualquier partido vencedor desde la Segunda Guerra Mundial, exceptuando las dos elecciones generales de 1974. Más gente votó a los laboristas en 1979 (cuando perdieron) que en 1974 (cuando ganaron). Fue la deserción de votantes liberales al bando conservador lo que había permitido la victoria de Thatcher”.

Fruto de la victoria de Thatcher, el Partido Laborista se partió y uno de esos fragmentos hizo una alianza con los liberales, lo que llevó al laborismo a perder medio millón de votos de una elección a la otra. Malvinas puso al país en un nuevo fervor patriótico, aunque no fue la única explicación de la aplastante victoria de Thatcher en 1983, cuando obtuvo la diferencia más amplia sobre el Partido Laborista. Pero incluso entonces, argumenta Jones, el laborismo siguió siendo hegemónico entre trabajadores cualificados y semicualificados de la clase obrera. La explicación puede encontrarse en que esa ventaja sobre los tories se expresó en dos partidos y no la recuperó hasta 1992 “cuando casi todos los que votaron a la Alianza volvieron a su partido de siempre. Si Thatcher siguió ganando fue principalmente porque el 60% de los trabajadores cualificados y semicualificados que votaron contra ella estaban completamente divididos”.

Es decir que la división del laborismo no sólo provocó las sucesivas victorias de Thatcher sino que hizo posible una victoria mayor de los conservadores que fue haber transformado al laborismo hasta hacerlo jugar en sus reglas. “El verdadero triunfo fue haber transformado no sólo un partido, sino dos”, dijo Geoffrey Howe, ministro de Thatcher.

Todo eso no significa que el thatcherismo no haya tenido una política hacia los sectores populares o que no haya sido efectiva. Por el contrario, todo proyecto hegemónico – y este ciertamente lo fue – supone la primacía de un sector sobre otros y para ello necesita adoptar algunos de los intereses de los subordinados, como todos conocemos desde Gramsci.

Jones encuentra que esa estrategia fue la de negar el conflicto de clase en términos colectivos para trasladarlo al plano de la individualidad. Si había pobres y ricos no era resultado del sistema sino, por ejemplo, de la falta de capacidad emprendedora: “en solo una década el thatcherismo había cambiado completamente el modo en que se veía la clase. Se adulaba a los ricos. Ahora se animaba a todos a ascender socialmente y a definirse por cuánto poseían. Los pobres o desempleados solo podían culparse a sí mismos. Los pilares tradicionales de la clase obrera británica se habían hecho añicos. Ser de clase obrera ya no era algo de lo que enorgullecerse, ni mucho que celebrar. Los viejos valores de la clase trabajadora, como la solidaridad, fueron sustituidos por un feroz individualismo. La gente de clase obrera ya no podía contar con los políticos para que defendieran sus intereses. El nuevo británico creado por el thatcherismo era un individuo de clase media y propietario de una casa que miraba por sí mismo, por su familia y por nadie más. La aspiración significaba anhelar un coche o una casa más grandes”.

Sobre este último punto vale detenerse. Primero para decir que la movilidad social es, en verdad, un “aspiracional” al que también apelan los proyectos nacional populares de nuestra región. Que, en todo caso, la diferencia es si esa apelación lleva consigo un cuestionamiento sistémico o una interpelación al plano individual, si exige que el Estado se meta más o se meta menos para que esa movilidad ocurra. Pero, en segundo lugar, para abordar una idea que ronda algunos análisis sobre nuestra coyuntura: que proyectos como el macrismo encarnan discursivamente mejor una serie de aspiraciones individuales de la época. Es lo que sostienen, por ejemplo, los estrategas de comunicación del propio gobierno de Mauricio Macri: que vienen a mejorar “el primer metro cuadrado”, es decir, los temas que afectan a la vida cotidiana y que quedan lejos de “la política y los dirigentes”. Lo que asegura uno de los consultores, Durán Barba: “hoy en día los jóvenes buscan, hedonistas, ejercer sus intereses individuales, consumir, expresar su identidad en el seno de una sociedad civil tajantemente escindida del Estado, matriz de pura imposición forzosa. Lo que ahora los jóvenes quieren es que lo político se ponga al servicio de su vida, de su hedonismo, de su placer. No quieren dar la vida por un ideal. Su ideal es que su vida sea hermosa”*.

Este libro sirve para confirmar, primero, que la idea de una sociedad formada por individuos con aspiraciones propias no trae nada novedoso ni mucho menos pre ideológico. Incluso proyectos políticos distintos como el peronismo han trabajado sobre esas aspiraciones. De lo que se trata es de mirar la manera en la que se politizan. Sostiene Jones que “la aspiración social ha sido otro fructífero reclamo electoral, así como un medio de minar la identidad de la clase obrera. Había espacio arriba, prometían: uno podía mejorar su suerte ascendiendo en la escala social. En áreas carentes de sólida clase media —Escocia, Gales y casi todo el norte de Inglaterra— esto tenía un atractivo limitado. Pero allí donde había una fuerte clase media, siempre era más probable que la gente de clase obrera optara por los tories. Era una forma de no ser menos que el vecino, e incluso, pensaban, de unirse a él”.

Que los proyectos políticos conservadores den cuenta de aspiraciones de los sectores populares no cambia la esencia de lo que significa un proyecto político conservador. “Lo que debéis comprender sobre el Partido Conservador es que es una coalición de intereses privilegiados. Su principal propósito es defender ese privilegio. Y el modo en que gana elecciones es dando solo lo justo al número justo de personas», cita Jones a un diputado torie.

¿De qué manera dan cuenta los proyectos políticos conservadores de las aspiraciones de sectores a los que buscan interpelar? Los dos ejemplo que pone Jones en su libro sirven para encontrar alguna dinámica en común. Se refiere allí a dos cuestiones: por un lado, la política de vivienda. Por el otro, la reivindicación de la riqueza y de los ricos como sujetos exitosos.

La política de vivienda durante el gobierno de Thatcher funcionó como el símbolo de lo que ese gobierno pretendía para su modelo de sociedad. La vivienda social era uno de los pilares del Estado de bienestar. El gobierno de Thatcher introdujo cambios en la legislación para habilitar lo que se conoció como el “derecho a compra”: que los inquilinos de esas viviendas pudieran comprarlas. Se consideró a la política de vivienda como un medio para operar sobre la identidad de clase, provocando una ruptura entre trabajadores propietarios y no propietarios. Keith Joseph definió el objetivo de la política: “reanudar el avance del embourgeoisement (aburguesamiento) que tan lejos llegó en época victoriana”. De ahí no se deriva como conclusión – el libro no lo hace tampoco – que la contracara necesaria de una política de vivienda que haga propietarios a los sectores menos privilegiados signifique un retroceso; en cambio, aparece como un buen ejemplo de tres cosas a la vez: que la política pública nunca es neutral, que nunca puede ser analizada fuera de contexto y que el diablo está en la implementación.

El derecho a compra vino a desarmar la política de alquileres a precios bajos para sectores postergados, a costa de bajar la oferta de vivienda social disponible para alquiler mientras frenaba construcción de viviendas nuevas por recortes al Estado. El resultado: “el desmantelamiento de la vivienda municipal ayudó a que los precios de las casas se dispararan, creando una burbuja inmobiliaria que está explotando ahora e inyectando niveles de deuda sin precedentes en la economía. El aplastamiento de los sindicatos contribuyó al estancamiento salarial en la primera década de este siglo, lo que ha llevado a muchos a complementar sus ingresos con créditos y; haciéndolo, a agudizar un boom alimentado por la deuda. (…) Los niveles de vida de algunas personas de clase trabajadora son más bajos que si estuvieran pagando alquileres subvencionados baratos en vez de hipotecas a menudo muy altas. De hecho, más de la mitad de las personas que viven en situación de pobreza son propietarios de una vivienda. En realidad, hay más propietarios en el 10% más bajo que en cada uno de los dos décimos que están por encima. Como sabemos, animar a tanta gente a asumir niveles de deuda tan inasequibles fue un detonante de la crisis del crédito”.

Pero lo interesante, más allá de la política pública particular, es la manera en la que una de las políticas que escoge un gobierno se vuelve símbolo, condensa la serie de valores y actitudes que ese gobierno pretende para sí y para la sociedad a la que aspira.

La meritocracia es otro de los legados del thatcherismo que moldeó la cultura política británica hasta para el laborismo. “La nueva Gran Bretaña es una meritocracia”, dijo Tony Blair en 1997. De la misma manera que la idea de las aspiraciones, el significante vacío del ascenso por mérito es un valor compartido por la mayoría de la sociedad. De lo que se trata, aquí también, es de ver cómo se llena ese vacío: cómo alguno de los bandos en disputa lo apropia y lo carga de sentido. Sostiene Jones: “en una meritocracia, los que poseen más «talento» ascenderán de forma natural hasta la cúspide. La jerarquía social se conformará así en función del «mérito». La sociedad seguirá siendo desigual, pero esas desigualdades reflejarían diferencias de capacidad. Matthew Taylor entiende los riesgos, pero cree que es el mejor modelo que puede ofrecerse. «Creo que la meritocracia no es un mal reclamo porque estamos muy lejos de ella, ¿no? Para tener una verdadera meritocracia tendríamos que abolir la riqueza heredada, los colegios privados… Así que cuando la gente me dice: “Pero ¿la meritocracia no es un concepto reaccionario, y no deberíamos abogar por algo mejor?” Yo puedo decir: “Bueno, sí, muy bien, pero estamos muy lejos de tener incluso eso”».

Es decir, la forma de darle sentido a la idea de meritocracia expresa una idea previa acerca del modelo de sociedad: una ideología, vamos a llamarle. Advierte Jones: “la meritocracia puede acabar siendo utilizada para sostener que los de arriba están ahí porque lo merecen, mientras que los de abajo simplemente no tienen el talento suficiente y por lo tanto merecen su suerte. Se usa en la educación para descartar asignaturas vocacionales en favor de las académicas. Todo esto aun antes de examinar los criterios de lo que cuenta como «mérito»: por ejemplo, ¿merece un asesor publicitario multimillonario estar por encima de un limpiador de hospital en la jerarquía social?”

El objeto del análisis político no puede ser la meritocracia como idea abstracta sino la forma en la que un proyecto político la carga de sentido, la politiza y la apropia para sí como fuente de legitimación. En ese sentido, en el reverso de la forma en la que la politizó el thatcherismo estuvo el individualismo. Su esencia se resume en la idea de que no existe la sociedad sino los individuos que la componen. A ese corazón tributan todas las partes: la meritocracia, como el individuo que fruto de su esfuerzo progresa; la aspiración, como el medio de salvación individual; la riqueza – y la admiración a los ricos – como prueba de que que el éxito es posible y sólo fruto del esfuerzo individual.

El individualismo como nueva religión frente a “las antiguas formas” de lo colectivo tuvo su propio “meme”, es decir, su forma resumida de transmitirse de manera sencilla. Fue en el discurso de Norman Tebbit, en el congreso del Partido Conservador de 1981, cuando contó que su padre se había quedado sin trabajo, entonces “no fue a provocar desmanes: tomó su moto y siguió buscando hasta que lo encontró”. “Get the bike” se convirtió desde ahí en un símbolo capaz de transmitir esa idea: el desempleo es, antes que un fenómeno social o el resultado de un sistema que no funciona, una responsabilidad individual. Los parecidos con nuestro criollo “agarrá la pala” – un concepto paradójicamente vertido principalmente contra quienes han perdido el trabajo – quedan a cargo del lector.

Si aspiración, meritocracia e individualismo conforman tres patas de una mesa, la cuarta está compuesta por el otro excluido, el que no es capaz de integrarse de manera individual al sistema. En el libro de Jones, los “chavs”. Estos fueron construidos a partir de la ruptura que el discurso que va de Thatcher hasta el neolaborismo de Blair provocó al interior de la clase obrera: la distinción entre los trabajadores con aspiraciones y los que no. Dice Jones: “la noción `con aspiraciones´ frente a sin aspiraciones solo era uno de los modos como el nuevo laborismo intentó explotar las fisuras surgidas en la clase trabajadora durante el thatcherismo. Otro fue ganar el apoyo de lo que los políticos neolaboristas llamaban ´familias que trabajan duro, oponiéndolas a las millones de personas supuestamente ociosas que se beneficiaban deshonestamente de las prestaciones sociales”.

El camino más fácil sería buscar las coincidencias con algunos discursos e ideas que aparecen y moldean nuestras formas de pensar y actuar la realidad cotidiana. Ciertamente las hay. Es un ejercicio legítimo pero quizás no el más rico de todos. Un ejercicio más útil es quizás poder poner en perspectiva cuántas de las cosas que nos atraviesan hoy vienen pre moldeadas, de proyectos políticos anteriores que sedimentan los nuestros.

¿Cuántas de las actitudes sociales que vemos todos los días, que nos aparecen como novedosas, que parecían silenciadas, vienen de ese país que tan bien describe Guillermo O´Donnell en “¿A mi qué me importa?”? Partiendo desde ahí se puede pensar en cómo moldearon después los gobiernos sucesivos, qué cosas constituyeron reglas y cuáles fueron en verdad excepciones. Y entonces pensar cuáles son las que viene a modificar este gobierno, cuáles a reinstaurar y cuáles nuevas a crear.

Sirve plantearse también la cuestión de las concesiones a las demandas de los dominados: un gobierno se explica mucho a sí mismo por cuáles problematiza y cuáles no. Aquellas que descarta son la primera muestra de la ideología de un gobierno pero el ejercicio no termina ahí: hay que mirar también la manera en la que asume, problematiza y resuelve sus demandas. ¿Tener una política de vivienda dice algo sobre el carácter ideológico de un gobierno? ¿O es el significado que ese gobierno le da a esa política de vivienda lo que lo describe mejor?

La caracterización del proyecto político que gobierna no es un simple ejercicio intelectual, es lo que condiciona cualquier tipo de intervención política posterior. Por eso no es lo mismo enfocar en lo que un proyecto político está dispuesto a dar para sostener o incrementar unos privilegios que mirar cuál es la coalición de intereses que lo componen.

Finalmente, la idea de que el proyecto político gobernante simplemente “encaja mejor” con el clima de época no sólo es derrotista sino que inmoviliza. Primero, porque toma como dato de la realidad algo que es una construcción. Y, segundo y más importante, porque normaliza un determinado tipo de politización sobre la idea de ”aspiración”. Todo proyecto político trabaja sobre aquello a lo que los individuos aspiran, la diferencia está en cómo y para quién (y para quién no) son esas aspiraciones. Ese es el centro de algo que no es un escenario quieto sino una disputa. Y la oposición inteligente quizás no está tanto en tomar los mismos sentidos del adversario para intentar reproducirlos mejor sino en disputarlos en sus significados para cargarlos de otro sentido.

Para decirlo más simple: se puede “agarrar la bici” para salir a buscar empleo y resolver un problema de manera individual o se puede agarrar para problematizarlo como un fenómeno colectivo. La cuestión está en quién y para qué agarra la bici.

 

* Siempre es interesante señalar que el cientificismo del que Durán Barba suele hacer gala encuentra un límite en sus supuestos, que de manera sistemática carecen de estudios respaldatorios contundentes, por ejemplo, sobre qué es lo que buscan “los jóvenes hoy en día”.

Fuente de la foto.

Privación relativa

Christopher Federico es un profesor de ciencia política y psicología de la Universidad de Minnesotta, especialista en opinión pública. Escribe este artículo sobre la reforma impositiva que acaba de pasar el gobierno de Trump haciéndose esta pregunta: por qué consiguió tan bajo apoyo entre la opinión pública. Las encuestas muestran más desaprobación que aprobación y es una ley menos popular que leyes parecidas que se aprobaron durante los gobiernos de Reagan y Bush (h).

Además de factores coyunturales (Trump es menos popular, los demócratas no colaboraron y los medios de comunicación cubrieron el tema mayoritariamente de forma negativa) Federico agrega un factor más que considera clave para explicar la falta de apoyo a una ley que, en principio, recorta recorta impuestos (“y a los americanos no nos agrada pagar impuestos: tuvimos una revolución por ello”, sostiene): el hecho de que la opinión pública perciba que algunos grupos sociales van a tener más ventajas que otros del recorte. Aunque la ley ofrece ventajas a casi todos los contribuyentes en el corto plazo, algunos analistas aseguran que los beneficios a las grandes corporaciones y los sectores más ricos van a ser mayores en el largo plazo.

Pero aún siendo así: ¿no debería generar el recorte de impuestos al menos algún tipo de entusiasmo? La mayoría de las investigaciones sostienen que no. Que, en su mayoría, “los estudios indican que el interés individual (el bolsillo) importa mucho menos de lo que creemos en ese tipo de evaluación: los ciudadanos, sostiene, no se mueven a la acción política por la percepción de cambios en lo que les suceda como individuos aislados”. Lo que sí puede activarlos políticamente, en cambio, es el hecho de percibir que otros grupos van a tener más ventajas en comparación con los grupos de los que ellos se sienten parte. Este fenómeno se denomina en ciencias sociales “privación relativa”: la promesa de más beneficios puede resultar insuficiente en individuos si consideran que otros grupos consiguen más.

El fenómeno de privación relativa produce un efecto más fuerte cuando una política pública empeora la situación de un grupo en comparación con la de otro. Ese elemento de grupo, sostiene el autor, parece estar presente en la mente del público a la hora de evaluar el recorte de impuestos impulsado por Trump. Así lo revelan encuestas que muestran que la mayoría considera que los más ricos y las corporaciones se verán desproporcionadamente beneficiadas con la reforma en comparación con “ellos” (a saber, el ciudadano promedio).

El portavoz de los republicanos, Paul Ryan, dijo que los votantes iban a cambiar su mirada una vez que comprendan que los beneficiaba personalmente. “Posiblemente eso pueda ser cierto – sostiene el autor – pero la reforma impositiva aún así va a crear ganadores y perdedores. Y los perdedores tienden a expresar su descontento en voz alta, incluso si son numéricamente inferiores que los ganadores”.

¿Dicen algo todas estas consideraciones sobre lo que pasó con la ley de reforma previsional que envió el gobierno de Mauricio Macri al Congreso y resultó aprobada?

Sabemos de algunas encuestas que circularon que la reforma previsional es más desaprobada que aprobada por la opinión pública (tomemos el monitor de Unsam, que da 65,9 en desacuerdo contra 19,5 de acuerdo y 14,7 de desconocedores). Tenemos también que, según encuestas que maneja el propio gobierno nacional, “la imagen presidencial cayó todo lo que había subido después de las elecciones. Hubo una baja de 8 puntos hasta el viernes pasado. Esta semana bajó otro escalón: en total 12 puntos”. A las encuestas, sumamos el alto costo para los diputados que dieron quórum o votaron la ley, las movilizaciones, el tratamiento mediático y el cacerolazo posterior como indicadores que nos permiten afirmar que la reforma previsional fue, en principio, una reforma impopular.

La primera estrategia del gobierno había sido la de no sobre exponer el tema, limitarlo a las consideraciones de lo que denomina “el Círculo Rojo” – un grupo de ciudadanos sobre informados que crean y consumen opinión entre sus pares – y esperar a que la ley se apruebe. Esta vez la estrategia no dio resultado y el tema desbordó los límites de la circunferencia. Entonces comenzaron los problemas que, lejos de ser de comunicación como esbozaron algunos analistas, fueron de elección de estrategia y, por lo tanto, políticos. Muchos de ellos, explicados de manera contundente por Ignacio Ramírez en esta nota.

El gobierno abrazó el conflicto una vez este estuvo desbordado con todos los problemas que eso supone. El primero, tratar de construir el argumento sobre la marcha, lo cual exigía una tarea para la que no estuvo preparado: pasar de los argumentos circulo rojo friendly a unos nuevos que puedan ser más efectivos rápida y extensivamente. Se pudo ver la dificultad de los primeros días cuando la defensa de la reforma se sostenía en que era parte de un acuerdo fiscal pactado con los gobernadores. Un argumento tan bueno para la política, el círculo rojo y la gestión de los votos legislativos como ineficaz para dar la disputa en el ámbito de la opinión pública. Esto generó hasta la paradoja que cuenta Diego Reynoso en este artículo: la opinión pública valora el acuerdo con los gobernadores al mismo tiempo que rechaza las medidas que surgen de él.

El desorden argumentativo dejó al gobierno abriendo flancos discursivos entre los cuales encontró a los hechos de violencia que se produjeron en las manifestaciones. Pero, amén de ellos, buscó otras variantes previas: que el sistema tal como estaba no resultaba sustentable a largo plazo, que la fórmula mejoraba los ingresos de los jubilados o que los jubilados habían perdido en dos ocasiones con la fórmula actual. Algunos de ellos son contradictorios entre sí y otros se fueron contradiciendo en las propias acciones de gobierno: dar un bono compensatorio a una ley que se pretendía superadora del statu quo resultó algo difícil de explicar.

La primera aproximación podría decir que el rechazo a la reforma previsional está fundada en la imposibilidad del gobierno de dar un mensaje contundente respecto de si representaba una mejora o no para los jubilados respecto de la actual fórmula.

Pero qué pasaría si, en verdad, no es tanto la discusión sobre la fórmula en sí lo que perdió el gobierno en el terreno de la discusión pública, sino más bien sobre qué lugar se descargan los costos de lo que el propio gobierno ha denominado “la fiesta que hay que pagar”. Es decir, otro tipo de medidas ciertamente impopulares a priori, que afectaron directamente el poder adquisitivo de sectores mayoritarios de la población, pasaron más cómodamente para el gobierno, sin costos o con menos. Pero en esta oportunidad encontró un límite.

Cabe preguntarse entonces si lo que ocurrió con el proyecto de reforma previsional tiene que ver con alguna forma de privación relativa: es decir, si independientemente del debate por la fórmula lo que estuvo en discusión por detrás es quién paga los costos del ajuste. Y que en esa discusión la opinión pública consideró un límite que sea la caja del sistema previsional la que ceda una parte.

Eso podría tener dos explicaciones posibles: o el sujeto “jubilados” despierta una sensibilidad diferente en amplias mayorías de la sociedad, que le impide apoyar un recorte a ese sector; o bien la opinión pública considera que hay otros sectores sobre los cuales podría descansar el coste del ajuste. En el idioma del gobierno, se trata del debate sobre quién “va a ceder un poco”. Algunos argumentos al respecto se han escuchado: la idea de que es el propio gobierno que recortó retenciones a la minería, a la soja, que condonó deudas a empresas eléctricas sea el que descargue esos costos sobre la caja previsional parecieran haber tenido algún grado de efectividad. Como sostiene Alejandro Bercovich, la pregunta que sobrevoló el debate al congreso es cómo vender políticamente la transferencia de ingresos: “con menos de 12 horas de intervalo, los diputados aprobaron una ley que quitará de los bolsillos de los jubilados, desocupados y trabajadores de bajos ingresos unos 100.000 millones de pesos durante 2018 y dieron media sanción a otra que eximirá en el mismo lapso a las empresas de oblar unos 200.000 millones en contribuciones patronales”.

A ese problema se le agrega nada menos que la única impresión que el gobierno no pudo hacer fluctuar en las encuestas desde que es gobierno: la noción de que es “un gobierno para los ricos” (una percepción del 70% en GBA, por ejemplo, en junio de este año).

Durante dos años, el Gobierno se sorprendió a sí mismo por su capacidad para tomar medidas que perjudicaron a algunos sectores con el apoyo, a veces, de esos sectores. Fue visto por muchos como una rareza, la llegada de una nueva era en la política donde las sensaciones o las expectativas priman sobre otras consideraciones. Fue hasta descripto por su estratega de comunicación como “el único gobierno en muchos años que tomó medidas económicas de ajuste sin sufrir una crisis de popularidad”.

Es probable que este gobierno no sea tan raro, ni tan nuevo ni tan único. O que, en todo caso, todavía nos falten pruebas para asegurarlo. Es que, tal como muestran algunos de los estudios citados, los individuos están dispuestos no sólo a tolerar perjuicios sino incluso a desvalorizar beneficios si, y sólo si, consideran que los costos están repartidos equitativamente y que ningún grupo social se beneficia exageradamente de su derrota.

Al costo político de haber pasado esta ley debe agregársele entonces la ruptura de ese equilibrio que había ayudado al Gobierno hasta acá. De aquí en adelante la percepción de que “la fiesta que hay que pagar” se está pagando de manera equitativa comenzó a dañarse. Y habrá que ver si es un equilibrio que se puede reconstruir.

Buscando el mensaje de las urnas

Es una tarea compleja escribir algo que aporte a todo lo interesante que ya se ha escrito, así que buscamos juntar aquí los debates que nos parecen centrales luego de las últimas elecciones del 23 de octubre. 

Alejandro Grimson, en Página/12, sostiene que: “a mi juicio, no ganó porque pudo resolver los problemas sociales y económicos que se agudizaron en los últimos años. Ganó porque pudo resolver la interpretación de la causa de esos problemas y, para sus electores, consiguió quedar fuera de la responsabilidad. Una gran parte de los votantes de Cambiemos no considera que está mejor que antes. Pero piensa que los problemas actuales no son culpa de Cambiemos. Y sigue teniendo una expectativa alta de que las cosas mejoren en el futuro”.

Esta interpretación va a contrario de lo que el macrismo piensa de sí mismo. Antes de las elecciones, Marcos Peña dijo en el Coloquio de Idea: “había muchas personas que pensaban hasta la PASO y ahora también que esta experiencia política era una casualidad, un mandato negativo: no había otro y ganaron estos. Sin embargo en el mundo se lo mira, creo que más acertadamente, como un proceso de profunda innovación en materia de representación política, particularmente a partir del liderazgo de Mauricio Macri”.

 

 

Entre todas las interesantes charlas que se realizaron en UDESA sobre el nuevo escenario político, Natalia Del Cogliano se refiere a un dato poco advertido: la disposición del “voto agropecuario” no como la explicación única del resultado, pero sí como un sujeto disponible desde el conflicto de 2008 que el macrismo supo interpelar: “lo novedoso sí es que Cambiemos vino, entre otras cosas a representar y a politizar finalmente, un clivaje que estaba presente en esta zona, un clivaje de vieja data que no teníamos mucha idea de qué se trataba (…). Lo que vemos en 2015 y vamos a ver nuevamente en 2017, o por lo menos vimos con las PASO, veremos qué pasa aunque seguramente se agudizará en las generales, es que esta zona núcleo agroproductiva, agroganadera del país, donde se implanta fundamentalmente el voto macrista estaba disponible desde hace tiempo. Era una zona que estaba disponible y que solo necesitaba ser dotada de sentido, interpretada, y Macri pudo hacer esto. Cambiemos pudo, efectivamente, interpretar y expresarla”.

Otra hipótesis sostiene a la división del peronismo como la variable que explica la victoria de Cambiemos. Dice Ariel Basile, en Ámbito: “la victoria nacional de Cambiemos en las legislativas dejó al peronismo con un sinfín de dudas de cara al futuro, pero también con algunas certezas: los mandatarios que buscaron en este tiempo una estrategia dialoguista con la Casa Rosada sufrieron derrotas que los debilitaron para los próximos dos años de gestión. El PJ, además, no logró superar sus propias cuitas y en algunos casos el factor Cristina de Kirchner restó votos a las listas impulsadas por los gobernadores. En contrapartida, los frentes peronistas que partieron con el kirchnerismo del lado de adentro salieron victoriosos, por buen margen en distritos puntuales”.

La idea es compartida por Martín Soria, intendente de General Roca, una provincia que mantuvo la unidad del peronismo dentro del Frente Para la Victoria: “seríamos necios si pensáramos que este tipo de gobierno y su ‘revolución de la alegría’ ganan las elecciones por el cariño y acompañamiento del pueblo argentino. No confundamos, ganan por la capacidad de dividir y fragmentar a la oposición”.  

Sobre la unidad o división del peronismo, resurge un debate que viene a partir de la revisión del trabajo de Juan Carlos Torre, “Los huérfanos de la política de partidos”, cuya tesis central podemos resumir en este párrafo (aunque por supuesto vale la pena leerlo completo): “en la puja de candidaturas creo ver la expresión de un efecto social retardado de la crisis del 2001. Dicha crisis no fue sólo política con un efecto inmediato en la desafección partidaria que pulverizó al polo no peronista. Ella también exhibió en la ola de saqueos en el Gran Buenos Aires la magnitud de la fisura abierta en el cuerpo social del país. Y como tal, puso de manifiesto también la magnitud del quiebre de la columna vertebral del peronismo: el mundo del trabajo. Para resumir el argumento que quiero explorar anticipo una conjetura: la candidatura de Cristina y la candidatura de Massa son la expresión bastante representativa de dos fragmentos en los que están divididas las bases populares del peronismo”.

La tesis supone que lo que está roto no son los puentes entre las élites del peronismo sino la base social de representación, un argumento seguido luego por Rodrigo Zarazaga en este artículo. Así, la división del peronismo no es fruto de una disputa dirigencial sino un reflejo de la ruptura en el mundo del trabajo: son bases sociales diferentes que derivan en representaciones distintas.

A esa idea respondió Marcos Novaro con el articulo “El peronismo está herido pero no de muerte”. Sostiene Novaro: “es cierto que, como dice Torre, la sociedad salarial abarcaba a muchos más que ahora entre los años 40 y los 70. Pero también entonces había marcadas diferencias entre los viejos y nuevos asalariados, entre los de distintas regiones del país, entre empleados de cuello blanco y trabajadores de overol, y el peronismo siempre se las ingenió para ser el puente entre todos ellos”. Y, se pregunta: “¿hay alguna evidencia de que, por ejemplo, los sindicalizados votan más a Massa y los informales y desocupados a Cristina? No”.

Esa respuesta negativa se puede observar en los datos electorales. El trabajo de Juan Pablo Pilorget, (“La estructura sociodemográfica del voto metropolitano. Una aproximación a partir de las PASO a Senador Nacional 2017”, presentado en UMET) permite observar una asociación entre voto y variables sociodemográficas en la provincia de Buenos Aires para Cambiemos y Unidad Ciudadana, mientras no se ve una asociación fuerte para el massismo, que adquiere un voto más transversal.  

En el análisis de los datos electorales nos encontramos también (porque existe cada vez más o porque empezamos a mirarlo ahora, aún no lo sabemos) con la grieta generacional, un fenómeno que se vio también en el Brexit y en la elección de Trump.

Martín Schuster y Agustín Cesio hacen una observación relevante al respecto: “el PRO se mueve en el mundo millennial como pez en el agua, mientras el peronismo es un gigante avejentado y anacrónico, que entre el vértigo de los algoritmos sigue cantando la nostalgia de la vieja sociedad salarial. Cuando miramos votos, sin embargo, vemos otra cosa: el PRO crece en apoyos entre las viejas generaciones y el peronismo es más fuerte entre los jóvenes. Un partido para millennials con electorado senior y un partido tradicional que gana entre los millennials”.

En un texto publicado en El Estadista, Victoria Murillo sostiene que “el único liderazgo peronista que emergió a nivel nacional este domingo es el de Cristina Kirchner ya que pudo congregar casi tres millones y medio de votos, pese a su derrota en la provincia de Buenos Aires por 4 puntos.  Y ella ya ha anunciado que Unidad Ciudadana, y no el peronismo, será la base de la coalición opositora al gobierno de Cambiemos que pretende liderar”.

Lo que podría decirse una especie de crisis orgánica sólo al interior de la oposición: ninguno terminó de nacer, ninguno terminó de morir. Agrega Murillo que “la derrota (de CFK) erosionó su capacidad de imponerse al interior del peronismo (como lo hacen patente la búsqueda de alternativas por parte de los gobernadores y los anuncios de Pichetto respecto a que ella no formaría parte del bloque peronista en el Senado). Pero al mismo tiempo, el apoyo electoral que obtuvo hace más ardua la renovación del Peronismo y el fin de su fragmentación, debilitando a este movimiento de cara a las elecciones presidenciales de 2019”.

A esto yo le agregaría una pregunta: ¿fue la derrota frente a Bullrich lo que erosionó la capacidad de imponerse al interior del peronismo o hay, también, motivos de otra especie (personales, ideológicos, sistémicos)? Parece un buen punto a explorar por textos y análisis subsiguientes. Como punto de partida puede pensarse en contrafáctico: ¿hubiera garantizado una victoria de CFK sobre Bullrich su propia imposición al interior del peronismo?

Por otra parte, la estrategia de jugar afuera para disciplinar hacia adentro del peronismo no es novedosa: es la descripta por Matilde Ollier para los casos de Cafiero en 1985 y de Kirchner en 2005. La situación pareciera a priori más parecida a 1985: el peronismo en la oposición, dividido y sin capacidad de organizarse en torno a un liderazgo. Los resultados de 1985, además, son llamativamente “similares”. 

 

Por supuesto que ningún resultado está puesto de antemano, al menos no en política, pero una última hipótesis que podríamos explorar es la idea de que ganó “porque tenía que ganar”. Sin volvernos teleológicos, sí podemos pensar la victoria del macrismo no como una anomalía sino como el resultado más posible entre una serie de posibilidades. Que el macrismo ganó el 2017 porque ganó el 2015. 

Es parte del análisis que propone Julio Burdman, quien le otorga valor explicativo al sistema político: democracia, presidencialismo, un tipo particular de federalismo y elecciones concurrentes dan un combo de recursos que, sin determinar, favorecen las oportunidades del oficialismo. Algún análisis similar realizamos hace unos meses en este post de Artepolítica: los recursos de poder de un presidente, mucho más frente a su primera elección legislativa, cuentan. Facundo Cruz le agrega datos y un elemento más a esta hipótesis: las PASO como factor ordenador que favorece a los oficialismos.

Que el primer desafío electoral de un oficialismo resulte un condicionante favorable a los oficialismos es una variable difícil de operacionalizar en datos. Más allá de la experiencia histórica (Alfonsín, Menem y Kirchner ganaron sus primeras legislativas) traemos aquí un elemento cualitativo y para nada ortodoxo de análisis.

Si fuera este un trabajo de investigación cualitativa que intentara descifrar el “mensaje promedio de las urnas”, apostaríamos como herramienta por la conversación que se mantuvo en un programa de televisión de la tarde los pasados días y que transcribimos con cierta edición:

– ¿Qué hubiera votado Lucía?

– A Cambiemos, claro. (…) Lo queremos a Macri.

– ¿Y a Cristina?

– Y… estábamos mejor con Cristina. (…) Pero bueno le vamos a dar un tiempo a Macri.

– Hay cosas que van a aumentar.

– ¿Y cómo hago? A mi se me fueron muchas cosas para abajo…

– Pero a vos te gusta el Gobierno, dijiste que…

– No. No es que me gusta. Le vamos a dar un poco de tiempo más.

 

Lejos de subestimar, el diálogo revela un discurso que, como tal, existe y es performativo de cosas que suceden en la realidad objetiva. Y que, por lo tanto, necesita ser aprehendido por los actores en disputa.

Presidencialismo, primera legislativa, oposición dividida y PASO: pareciera que, dada esa combinación, la anomalía para un oficialismo es perder.

Esto no es una ideología

El gobierno de Mauricio Macri pareciera moverse entre dos bandas discursivas, entendiendo los discursos como algo más que las intervenciones orales o escritas e incluyendo aquí sus prácticas institucionales, políticas y todas aquellas que construyan significados políticos a partir de hechos sociales.

Esas dos bandas son hijas de la estrategia de campaña, un momento en el cual el macrismo había logrado amalgamar dos posturas aparentemente antagónicas de una manera ingeniosa. Una vez definida la experiencia kirchnerista como una en donde “sólo había relato” y a cuyas costas se cargaba una “falta de administración”, el discurso de la campaña propuso entonces un proyecto que venía a quitar del gobierno el “exceso de batalla cultural” y los grandes relatos en pos de un gobierno encargado, apenas, de la administración de las cosas. Paradójicamente, de esa política de las cosas el actual gobierno supo construir esa segunda banda, su épica.

Una vez en el Gobierno, el proyecto político que encabeza Mauricio Macri comenzó la construcción de su propio mito de gobierno, tal como lo define Mario Riorda. Quizás porque los resultados no fueron los previamente esperados, quizás porque la administración de las cosas resultó insuficiente como legitimador del cambio cultural que el macrismo le propone a la sociedad argentina, lo cierto es que en su primer año de gobierno debió agregarle a ese ejercicio narrativo otros componentes: desde el hincapié en la herencia recibida por el anterior gobierno hasta un elogio permanente y sistemático del sacrificio, algo similar a lo que el historiador Marcos Schiavi vaticinaba como posible en esta columna de diciembre de 2015: “¿y si Cambiemos, como expresión de una transformación fundacional (idea muy presente en el nuevo relato) busca quebrar esta tendencia? ¿Y si buscan `adecuar el consumo` a la producción argentina para desde allí `desarrollar` el país? Eso sí sería construir una nueva hegemonía”.

A pesar de ese primer intento por legitimarse como administrador, lejos ha quedado el macrismo de abandonar la posibilidad de un relato más épico y poco a poco comienza a construir su propia visión de qué es y cómo debe ser una sociedad gobernada por sí mismo. El más fiel exponente público de esa idea es el asesor presidencial, Alejandro Rozitchner, encargado de una difícil tarea: presentar como nueva una vieja idea de la política mundial. Un gobierno como simple “administrador de las cosas” puede aparecer como ideario nuevo o renovador; pero a la luz de las experiencias del siglo XX es cualquier cosa menos una idea nueva.

En una entrevista publicada en Infobae, Rozitchner sostiene, entre otras definiciones similares, que “hacemos política de otra manera. Una política del mundo de hoy, que tiene que ver con ayudar a vivir a la gente y no con insertarse en el gran fresco histórico ideológico de las grandes causas”. No es la única expresión en ese sentido ni el único actor dentro del gobierno – el propio Presidente lo ha manifestado en el mismo sentido – pero sí quien con más énfasis representa este postulado. Un reintento pos campaña de amalgamar la simple administración de las cosas con la visión ideológica propia del gobierno.

Puede ser ingenioso, incluso hasta efectivo en el tiempo: lo único que no puede ser es novedoso. El mito del fin de las ideologías, la distinción entre pragmatismo e ideología e incluso entre “realidad” y “relato” nos llevan en primer lugar a Francis Fukuyama y su “El fin de la historia y el último hombre”. Pero incluso ese libro – y, en especial, esa postura – tiene antecedentes.

Si la ideología del fin de las ideologías tuvo su momento de oro tras la caída del Muro, lo cierto es que con el Muro en pie ya había comenzado a construir sus antecedentes. Fue durante las décadas del 50 y el 60 cuando empezaron a surgir trabajos que apuntaban hacia el fin de la historia. A pesar de la vigencia de la Unión Soviética, la sociedad post industrial y la democracia liberal habían triunfado luego de la Segunda Guerra Mundial y tras la muerte de Stalin.

La tesis central de los autores del fin de la ideología fue que varios de los elementos centrales del marxismo fueron incorporados de hecho en las sociedades democráticas occidentales y que entonces la disputa ideológica se volvía cada vez menos necesaria. El mecanismo obraría en cuatro pasos, algunos simultáneos, otros consecuentes: las sociedades industriales más avanzadas resuelven los conflictos cada vez de maneras menos violentas; los partidos de los extremos se identifican cada vez más con el orden democrático-liberal; las actitudes centristas ganan más terreno y los partidos se diferencian menos entre sí; luego, se incrementa la apatía política de la ciudadanía: el gobierno de los asuntos políticos profundos es sustituido por el de la administración de las cosas.

En 1960, el sociólogo Daniel Bell publicó “El final de la ideología”, un libro que sería editado y reeditado hasta su versión definitiva en el año 2000, en el que mantendría sus postulados básicos y respondería a sus críticos. Bell plantea el fin de las ideologías decimonónicas, comenzando por el supuesto del materialismo histórico respecto a lo material como determinante de la conciencia: “un orden moral, para que exista sin coacción o engaño, ha de trascender el particularismo de los intereses y cerner los apetitos de las pasiones. Y eso es la derrota de la ideología”, dice Bell en uno de los pasajes. El autor identifica la ideología con el radicalismo político para decir que, en verdad, es eso lo que ha llegado a su final. Las ideologías, como tales, habían perdido su capacidad de inspirar la acción colectiva.

A principios de esa década, Seymour Lipset publicaba “Political man”, un libro en el que sostenía que “los problemas políticos fundamentales de la Revolución Industrial han sido resueltos: los trabajadores han conseguido la ciudadanía política e industrial y los conservadores han aceptado el Estado de Bienestar”. (Como dato de color: la tesis de Lipset sostiene que a mayor desarrollo económico mayores niveles de democracia. La causa de la correlación la ubica en que la existencia de amplias masas empobrecidas deviene en dos formas desviadas de gobierno: un gobierno oligárquico, en tanto que dictadura de los estratos altos, o una tiranía, cuando los que gobiernan son las propias masas empobrecidas. A estas dos etiquetas aristotélicas Lipset les pone nombre y apellido: “la cara de la tiranía es hoy el comunismo o el peronismo, mientras la oligarquía aparece en las dictaduras tradicionales en varias partes de Latinoamérica, Tailandia, España o Portugal”).

Publicado originalmente en 1957, Raymond Aron sostuvo en “The end of ideological age?” la tesis del fin de la ideología bajo el supuesto teórico de que izquierdas y derechas comenzaban a diferenciarse cada vez menos y, por tanto, a significar cada vez menos. Las sociedades capitalistas de Occidente, sostiene Aron, comprenden una serie de instituciones propias del socialismo que han logrado consensos. En el mismo sentido, Edward Shils expresó en “The end of ideology?” que las aspiraciones más humanitarias del marxismo fueron absorbidas y cumplidas dentro de los países capitalistas. En 1954, el mismo autor había calificado en “Authoritarianism: ´right´ and ´left´” a la distinción entre izquierda y derecha como “antigua, espúrea y obsoleta”.

Incluso autores no necesariamente conservadores pero no estructuralistas llegaron a conclusiones similares sobre la ideología en el mundo posmoderno, alguna décadas más tarde. El filósofo francés  Francois Lyotard, autor de “La condición posmoderna”, sostiene que “el universo tecnocientífico en el que vivimos y que caracteriza a la sociedad posmoderna ha demostrado que el único valor vigente está en aquello que sea capaz de ofrecer un resultado. Ello nos obliga a cuestionar la propia utilidad del pensamiento, que es una disciplina que lleva tiempo, no puede garantizar sus resultados y, además, no suele ser muy operativa”. En esa corriente de pensamiento se podría incluir a Gianni Vattimo, autor de “El fin de la modernidad: nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna”, quien teoriza sobre el paso del “pensamiento fuerte” al “pensamiento débil”, como consecuencia del camino hacia la posmodernidad: “el nihilismo no se debe combatir como un enemigo, mas debe ser asumido como nuestra única posibilidad”, sostiene en su reelectura posmoderna de Nietzsche.

La reacción de los autores del fin de las ideologías, que discutieron principalmente con los autores del marxismo, obtuvo su respuesta: el fin de las ideologías no era sino una más de las ideologías. Dejando de lado la interesante discusión acerca del fin de la historia en la conceptualización marxista, la respuesta de Poulantzas, por ejemplo, señaló: “las ideologías jurídico-políticas burguesas ocultan su aspecto de clase de un modo particular. Ello lleva un carácter muy notable: esta ocultación se da a través del hecho de que tales ideologías se presentan explícitamente como una ciencia. A pesar de análisis superficiales en este campo, se puede ver que, de hecho, el tema del ´fin de las ideologías´ – expresión actual – es el terreno teórico de todas estas ideologías”. Adorno dice, en el mismo sentido y haciendo referencia a esas “instituciones del socialismo” absorbidas por el capitalismo que serían síntoma y causa de ese fin de la historia: “cuando, tomando como origen el intervencionismo estatal y la planificación del Estado, se dice que el capitalismo tardío ha evitado la anarquía en la producción y, en ese sentido, ya no es capitalismo, se debe contestar que el destino social del individuo sigue siendo tan importante como siempre”.

El devenir de los acontecimientos posteriores a la década del 60 puso en duda algunos de aquellos postulados: el propio estado de bienestar, responsable teórico de haber amalgamado lo mejor del comunismo y el capitalismo construyendo un consenso universal y para siempre, también se derrumbó.

Paradójicamente, a ese derrumbe – acompañado nada menos que por el de la Unión Soviética – no le sobrevino una revalorización de la contingencia sino, más bien, una nueva oleada de fin de la historia cuyo exponente, ahora sí, se cristalizó en Francis Fukuyama y su ya infinitamente citado “El fin de la historia”: “puede que estemos asistiendo al final de la historia como tal: esto es,  al punto final de la evolución ideológica del género humano y a la universalización de la democracia liberal occidental como forma de gobierno humano definitiva”.

Hay un dato llamativo pero quizás sintomático en los dos exponentes más reconocidos de las tesis del fin de la historia: tanto Fukuyama como Bell actualizaron y reeditaron sus libros. En ambos casos, para notar que el devenir de los acontecimientos no había sino validado sus hipótesis (hipótesis a esta altura tan resistente a los eventos que se parecen bastante a un dogma) iniciales. Dice Fukuyama, diez años después de su primer libro: “aquellos que intentaron encontrar la falla clave del Fin de la Historia en los acontecimientos políticos y económicos de la década pasada erraban el tiro. No hay nada, como ya he dicho, que haya ocurrido en la política mundial desde el verano de 1989 que invalide el argumento original: la democracia liberal y el mercado hoy en día siguen siendo las únicas alternativas realistas para cualquier sociedad que quiera formar parte del mundo moderno”.

Entonces tenemos unas primeras características comunes a la aparición de teorías del fin de la ideología: en primer lugar, que aparecen luego de algún derrumbe y sobre el terreno más bien de la incertidumbre. En segundo lugar, que suelen proponerse como ideologías tan totalizadoras como aquellas que dicen denunciar. Más: con una operación incluso tan peligrosa como la que señalan. La ideología del fin de las ideologías se niega a sí misma, se presenta como natural allí donde (casi todas) las demás se suponen, al menos, una visión del mundo. La ideología del fin de la historia ni siquiera es liberal: mal podría cualquiera que plantee un orden determinado del mundo como natural y necesario percibirse como liberal.

El derrumbe de los proyectos progresistas en América Latina puede suponer el agotamiento de un modelo económico, político o social determinado. Puede suponer la necesidad de reconfigurar los límites del campo popular o el desafío de construir nuevas formas de representación. Pero cualquiera de esas operaciones que sean necesarias suponen, antes que nada, reconocer el carácter contingente de la política, la paradójica certeza de que lo que hoy es así pudo haber sido de otra manera y probablemente mañana lo sea. “Abandonar” la ideología en pos de un campo de las cosas concretas es el primer movimiento de una dinámica que busca naturalizar algo que es pero que bien podría ser de otra forma. Señalarlo como contingente es un ejercicio que permite historizarlo y reconocerlo como parte de una tradición que está tan lejos de ser lo nuevo como cerca de una vieja historia conservadora.

Imagen: “La trahison des images“, de René Magritte.

Voto electrónico: el Santo Grial del respaldo en papel

En muchas de las discusiones que se están dando alrededor de la posible instalación del voto electrónico en la Argentina, se escucha un argumento sobre el que creo vale la pena profundizar. Me refiero a aquello de que la seguridad del voto, independientemente del tipo de sistema electrónico que se termine usando, está garantizada por la inclusión de un respaldo de papel obligatorio para que el votante controle que lo que eligió. En el marco de esta discusión, incluso, se llegó a decir que ese respaldo en papel convierte al sistema en un híbrido que no es totalmente voto electrónico.

 

Lo primero que cabe decir es que fueron muchos los países del mundo que, con el voto electrónico instalado y en desarrollo, recibieron de instancias judiciales o parlamentarias la recomendación de adosarle al sistema de voto electrónico un respaldo en papel para incrementar la seguridad y confiabilidad del voto. Lo notable es que países como Alemania, Finlandia o Gran Bretaña, entre muchos otros, optaron por regresar directamente al sistema de boleta única de papel sin previa escala en el voto electrónico con respaldo de papel, lo que podría constituir un primer indicio de que el respaldo de papel puede ser condición necesaria para garantizar la fiabilidad del voto pero no condición suficiente. Y que las condiciones suficientes, en todo caso, son menos costosas y están garantizadas por los sistemas que usan la boleta de papel en sus diversas formas.

 

Un trabajo de tres organizaciones (The Verified Voting Foundation, The Constitutional Litigation Clinic at Rutgers School of Law y The Common Cause Education Fund) revisó los sistemas de votación en las elecciones de Estados Unidos de 2012, a partir de parámetros e indicadores construidos en elecciones anteriores por el Brennan Center. Este análisis permite observar hasta qué punto la confiabilidad del voto electrónico se garantiza con la posibilidad de contrastar el respaldo de papel contra la máquina, tal como establece el proyecto que se está discutiendo en nuestro país.

 

En primer lugar, el informe divide los sistemas de votación que se usan en Estados Unidos en dos tipos: los sistemas de boleta de papel en los que el elector marca su voto (ya sea de forma manual o con un asistente tecnológico, el lápiz óptico) y los sistemas de voto electrónico, tengan o no un respaldo en papel. En consonancia con los fallos e informes de otros países, el trabajo también adhiere a la noción de que la impresión del voto cuando se procesa a través de un dispositivo tecnológico no modifica el carácter electrónico del voto. 

 

La consideración puede parecer de simple orden académico pero tiene consecuencias concretas: en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2015, esta noción de que el respaldo de papel volvía al sistema algo distinto al voto electrónico le permitió al Gobierno de la Ciudad implementarlo sin pasar por la Legislatura, donde hubiera necesitado una mayoría calificada (el artículo 25 del anexo II de la ordenanza 4894 de la Ciudad establecía que “para el único caso que se decidiera la implementación del voto electrónico, la autoridad de aplicación debe comunicar fehacientemente el sistema adoptado a la Legislatura de CABA para su consideración y aprobación con las mayorías establecidas para materia electoral”, es decir, los ⅔ que establece la constitución de CABA en esa materia).

 

En los Estados Unidos conviven varios tipos de sistemas de emisión del voto, no sólo de un estado a otro si no incluso entre condados.

 

Inadequate (blanco): mayoría voto electrónico sin respaldo de papel.

VVPAT DRE (gris claro): mayoría voto electrónico con respaldo de papel.

Combination (violeta): combinación de ambos sistemas al interior de los condados.

Paper ballots (gris oscuro): mayoría voto con boleta de papel (con o sin ayuda tecnológica para marcar el voto).

Tras analizar la implementación de los sistemas en todo el país, los autores se manifiestan abiertamente en favor del sistema de boleta de papel por sobre cualquiera de los dos tipos de voto electrónico: el que imprime y el que no imprime un respaldo en papel. Dice el informe: “los autores creen que la boleta de papel y los sistemas ópticos de escrutinio, acompañados por sistemas de marcado de boletas accesibles para cualquiera, deben reemplazar a los sistemas de voto electrónico, con o sin respaldo de papel”.

 

Al igual que otros países en donde finalmente se optó por los sistemas de papel, el informe de estas tres organizaciones también sostiene que, ante la posibilidad de que se continúe con sistemas de voto electrónico, el sistema se puede hacer progresivamente más fiable y seguro si: 1) se garantiza la impresión del voto; 2) se asegura que el votante chequee su voto contra la máquina y 3) si se implementan suficientes boletas de papel para los casos de emergencia en los que no funcione la máquina. Asimismo, sostiene, “las boletas marcadas o impresas por las máquinas deben ser consideradas como el voto oficial en todos los escrutinios y las auditorías posteriores”.

 

Según los autores, “el actual sistema de papel, acompañado por dispositivos para marcar, presentan ventajas sobre los sistemas de voto electrónico en áreas fundamentales de nuestro sistema electoral”. Los autores destacan algunas de esas ventajas:

• La boleta de papel permite mejor auditoría y recuento posterior. Aunque ningún sistema es perfecto, los autores creen que la boleta de papel crea mejores registros para posteriores auditorías. Cuando un votante marca manualmente la boleta, ya está controlando su propio proceso de elección. Cuando un votante usa una máquina para elegir su voto, el “voto verificado” se produce sólo si el votante sabe – y se toma el tiempo – para verificarlo reinsertándolo en la máquina.
• El respaldo en papel no es un sistema de seguridad. Como notó el Brennan Center en junio de 2006, en su amplio estudio sobre seguridad de los sistemas de voto electrónico (The machinery of democracy: protecting elections in an electronic world) el respaldo del papel en sí mismo “es cuestionable como sistema de seguridad”. La impresión del registro del voto “no previene errores de programación, bugs en el software o instalación de software malicioso en la máquina”.

• Los riesgos de fallas con el sistema de papel no interrumpen el proceso electoral. Cuando el sistema de marcado óptico de boleta de papel falla se puede continuar con la elección marcando normalmente y contando luego de manera manual, mientras que cualquier falla que se produzca en una máquina de voto electrónico, con o sin respaldo de papel, detiene y retrasa todo el proceso electoral.

Por estas razones – y algunas otras vinculadas a la cuestión del voto para quienes necesitan ayuda especial para hacerlo –  sostienen que la boleta de papel y el sistema de scanneo óptico debe reemplazar los sistemas de voto electrónico, con o sin respaldo de papel. Las tres organizaciones acuerdan que, de continuarse utilizando el sistema electrónico, el mismo debe contar con respaldo de papel, una guía que reasegure que el votante chequee su voto contra la máquina y un sistema de emergencia con boletas de papel en caso de que las máquinas fallen.

 

Entre otras cosas, el informe lista una serie de fallas que ocurrieron en elecciones anteriores en sistemas que presentaban boleta de papel de respaldo y sistemas que no: principalmente, se hace referencia a “problemas de calibrado” en las máquinas, es decir, una mala configuración inicial de las máquinas que produjo retrasos en los centros de votación. Para esos casos, el sistema de respaldo de papel provocó dos escenarios: o el votante olvidó de contrastar su voto y registró un voto equivocado o lo contrastó, dio aviso a las autoridades y se frenó el proceso electoral para que se vuelvan a calibrar las máquinas. Cualquiera de ambos escenarios representa un perjuicio que el sistema de papel no tiene: en el primer caso, el votante con papel está chequeando su voto en el momento en que lo elige (no hay necesidad de doble instancia); en el segundo, con máquinas caídas y la necesidad de compartirlas entre todas las mesas no sólo para votar si no para escrutar, se termina con el único beneficio que el voto electrónico presenta frente al sistema de papel referido a la celeridad.

 

Aún cuando el voto electrónico tenga respaldo de papel, coinciden las tres organizaciones, la posible falla en una o más máquinas debe ser tomada en cuenta. Como se dijo en el debate en comisión, el proyecto de voto electrónico en la Argentina no tiene “plan B”. Cualquier inconveniente que presente una máquina significa frenar el proceso electoral y/0 ralentizarlo. Estas tres organizaciones de Estados Unidos presentan como un requerimiento necesario contar con un sistema de respaldo: boleta única de papel para casos de emergencia que sean tratados como votos oficiales y no se cuenten aparte. Esto presenta dos nuevos problemas: por un lado, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo argentino no prevé ese segundo respaldo y tampoco podría, una vez sancionada la ley, agregarle este respaldo de boleta única porque significaría legislar por decreto sobre el sistema de emisión del voto. Por otra parte, uno de los argumentos contra la boleta única de papel por parte del oficialismo sostiene que, en circunscripciones grandes y con oferta electoral variada, el tamaño de la boleta sería imposible de diseñar. La alternativa a esos dos problemas sería entonces no contar con ningún sistema de respaldo ante cualquier inconveniente.

 

El voto electrónico con respaldo en papel no es un descubrimiento argentino, un Santo Grial que encontramos para solucionar un sistema que en el resto de los países del mundo no funcionó: el respaldo en papel es apenas un resguardo – insuficiente en sí mismo – para evitar inconvenientes graves del voto electrónico.

 

Todo lo cual lleva a preguntarse si la Argentina no está comprando un sistema de emisión del voto que sólo funciona emparchado y que exige soluciones ad hoc para las múltiples posibilidades de fallas, sean o no intencionales. Sostener que “modernizar” el sistema de emisión del voto significa ir hacia un sistema de triple parches resulta, cuanto menos, paradójico.

Como sabemos que parte de la discusion se gana y se pierde en los términos en los que se da, quizás es hora de dejar de decir que “se avanza” hacia un sistema de voto electrónico para decir que, en verdad, en el camino hacia un sistema electoral confiable y transparente, el voto electrónico significa un paso al costado que no sirve demasiado. Si hay que elegir un Santo Grial, nos enseñó Indiana Jones, no hay que dejarse llevar por el que brilla.

La rebelión contra las máquinas

En el medio del debate por la reforma política que supone la introducción del voto electrónico en la Argentina para el año que viene, encontramos que hay una serie de casos que se mencionan – algunos más, otros menos – y que nos parece bien traer para la discusión. Son muchos los países que durante años intentaron modificar sus sistemas de emisión de voto y algunos, con más o menos éxito, lo han hecho.

Elegimos seis casos particulares (Alemania, Polonia, Estonia, Holanda, Australia e Irlanda) para dar un panorama general de cuáles fueron los argumentos más fuertes en contra de la incorporación de tecnología en el proceso electoral y que llevaron a que muchos países, incluso con el sistema ya implementado, hayan decidido volver a sistemas de papel. El listado no es exhaustivo ni definitivo y tiene como único criterio buscar patrones comunes que permitan sacar algunas conclusiones sobre cómo son, en general, los procesos de implementación de un nuevo sistema de emisión de voto que incorpora tecnología.

Dejamos afuera el caso de Estados Unidos por la cantidad de diferencias al interior de los sistemas por estado.

– Alemania.

El caso alemán es uno de los más citados como país que probó y no le gustó el voto electrónico. El fallo del Tribunal Constitucional de marzo de 2009 declara la incompatibilidad de la ley de Ordenamiento Federal de Aparatos Electorales del 3 de septiembre de 1975 (y sus sucesivas modificaciones) específicamente para su aplicación para la 16° elección al parlamento alemán.

El sistema que se utilizó entonces guardaba los votos exclusivamente en una memoria electrónica y luego se escrutaba por medio del aparato que imprimía los resultados. Los demandantes sostuvieron, entre otras cosas, que la confiabilidad del software instalado en los aparatos electorales (provistos por la empresa holandesa Nedap) no fueron controlables por el público, que el examen que realizó el Ejecutivo no fue público y que no se permitieron pruebas independientes. El código fuente del software no estuvo abierto al público y no hubo garantía técnica de que las copias del software utilizado en las máquinas fueran concordantes con los modelos testeados.

La respuesta del Ministerio del Interior fue que la publicidad del acto electoral estuvo garantizada porque el público pudo controlar la impresión del resultado electoral al finalizar el acto y el observador y la junta electoral pudieron cotejar los resultados. Respecto a las auditorías, aseguró que el Instituto Federal Físico-Técnico de Alemania examinó en detalle la máquina electoral y se realizaron controles por parte de las administraciones comunales y las juntas electorales.

La sentencia del tribunal alemán está fundada en dos principios que surgen de su Constitución:

1) el principio de la publicidad de la elección que ordena que todos los pasos esenciales de la elección estén sujetas a control público y 2) en la utilización de aparatos electorales electrónicos, el ciudadano debe poder controlar los pasos esenciales del acto electoral y la determinación del resultado de manera fiable y sin conocimientos técnicos especiales.

La Corte no prohibió cualquier forma de voto electrónico sino que declaró inconstitucional el marco jurídico que no garantizó el mandato constitucional de publicidad del acto electoral.

“La utilización de aparatos electorales que pueden registrar el voto electrónicamente y pueden determinar el resultado electoral de manera electrónica es, según ello, sólo compatible con la la ley fundamental bajo estrictas condiciones”, sostuvo el Tribunal.

En cuanto al control del proceso electoral, el tribunal sostiene que, de implementarse este tipo de sistemas de emisión de voto, es recomendable el respaldo en papel para el votante. Ahora bien, el control del proceso no termina ni empieza en ese momento. La sentencia sostiene que una de las irregularidades en la implementación del voto electrónico fue que el propio ministerio del Interior alemán “emitió las homologaciones para las máquinas que se iban a usar. El 15 de agosto de 2005, anunció la autorización definitiva del sistema que iban a usar las computadoras fabricado por Nedap, el hardware, los módulos de storage y el software. Invocando secretos comerciales de Nedap, el ministro se negó a hacer públicos los documentos que Nedap entregó al Ministerio para la fiscalización del sistema y los resultados de los testeos”. En ese sentido, el fallo asegura que “los procedimientos para examinar el sistema y la aprobación por parte del Ministerio deben ser públicos. Cualquier interés de los fabricantes de proteger su secreto comercial debe estar subordinado al principio de la democracia (…). Para que exista la posibilidad de testear el aparato de manera independiente, la publicación de los documentos y reportes del Physikalisch-Technische Bundesanstalt y del código del software de las máquinas es la única forma de fiscalizar realmente el proceso electoral”.

La idea de control y auditoría es mucho más amplia que el momento de chequear el voto contra la máquina y por eso la Corte sostuvo que no es suficiente el control de las instituciones públicas. Todos los procesos que estaban previstos en el Ordenamiento Federal de Aparatos Electorales (una legislación en la que Alemania trabaja desde los años ´70) resultaron insuficientes como garantía de los principios constitucionales sobre emisión del voto: “ni una participación del público interesado en en el proceso de evaluación o del permiso de aparatos electorales, ni la publicación de los informes de evaluación o caracteres de construcción (incluyendo los códigos fuente del software en el caso de aparatos electorales guiados por ordenador) contribuyen decisivamente en asegurar el nivel exigido constitucionalmente de controlabilidad y comprensión del proceso electoral (…). La participación del público necesita por ello, para lograr la exigida supervisión fiable, medidas complementarias ulteriores”.

Aunque en la última enmienda a la ley federal electoral en 2013 no se eliminó la posibilidad de voto electrónico (pero sí se dejó establecido que si se hiciera debe contar con respaldo en papel) desde el fallo de la Corte no se volvieron a usar sistemas de voto electrónico en Alemania a nivel federal.

– Polonia.

Polonia se planteó durante muchos años la posibilidad de pasar a algún sistema de voto electrónico, especialmente por dos factores: los bajos niveles de participación y los votantes polacos en el extranjero. Las propuestas fueron siempre más bien discursivas y no se presentaron proyectos destinados a modificar la legislación electoral para permitir la inclusión del voto electrónico. En general, los debates se plantearon alrededor de la posibilidad de avanzar hacia sistemas de i-voting (voto por internet) como método para incrementar los niveles de participación.

Entre 1989 y el 2011, se usaron máquinas de votación en algunos centros de votación pero más orientado a una utilización “mediática” que con fines prácticos: en 2003 para el referéndum sobre el ingreso a la Unión Europea y en 2005 en Varsovia y Sopot (sólo en dos centros de votación) para las presidenciales.

Las primeras expresiones fueron más bien contrarias por parte de las autoridades electorales. Wojciech Łączkowski, director de la Comisión Electoral Nacional entre el 94 y el 97, sostuvo que “el acercamiento al uso de tecnología que ayude al escrutinio debe hacerse con mucho cuidado, haciendo énfasis en que si bien el uso de la técnica es indispensable en tiempos modernos, saca la responsabilidad de la accountability de las personas a las máquinas, las computadoras y los operadores”. Su sucesor del 98 al 2010, Rymarz Ferdinand, se expresó en el mismo sentido, apuntando a la necesidad de discutir el tema con especialistas.

La Comisión Nacional Electoral organizó entonces una serie de conferencias, incluyendo una internacional de voto electrónico (Varsovia, 14-16 de junio de 2000) a partir de la cual salieron análisis sobre la posibilidad de instaurar ese sistema en el país evaluando fortalezas y debilidades. Los ciclos de conferencias continuaron y la última se realizó en 2013 donde se expusieron algunas de las conclusiones sobre el estado de la situación y una serie de principios para un posible avance:

– el e-voting y el usos de máquinas de votación se ha discutido ampliamente durante las últimas décadas pero el uso de tecnologías de la información en los procesos electorales es un tema mucho más amplio: en la actualidad, el trabajo de organización electoral es inconcebible sin la informatización de los sistemas en distintos niveles del proceso (delimitación de distritos, planificación financiera, confección de padrones, etc.). En cuanto a la utilización de tecnologías en el sistema de emisión del voto, se presentan preguntas sobre los métodos de implementación y las formas de contratación y adquisición de los sistemas;

– a la hora de implementar tecnologías de la información y la comunicación en el proceso electoral es vital construir las medidas de seguridad en los sistemas para garantizar la integridad del proceso y evitar la posibilidad de manipulación de información con fines maliciosos.

– cuando los organismos adquieren sistemas de TICs y equipos es fundamental que los procedimientos de contratación sean competitivos y abiertos para garantizar la transparencia y asegurar que los sistemas cumplen con el objetivo de mejorar el proceso electoral;

– cuando se considera el potencial de los sistemas de votación, los organismos electorales deben involucrar en la planificación a todos los actores para asegurar que hay suficiente aceptación pública de la incorporación de tecnología en el sistema de votación;

– un elemento clave para la introducción de sistemas de voto electrónico es tener suficientes instancias de testeo independientes, certificaciones y auditorías que garanticen una total transparencia del sistema.

Más allá de las declaraciones y las diversas publicaciones, no se presentó ninguna iniciativa específica tendiente a modificar la legislación electoral para la introducción de alguna forma de voto electrónico. Al día de hoy Polonia sigue utilizando el sistema de boleta de papel.

Para las elecciones locales de 2014, se contrató con poca anticipación un sistema informático para el momento del escrutinio. Al finalizar las elecciones se registraron problemas en algunas circunscripciones en donde falló el sistema y hubo que contar los votos a mano, lo que derivó en una semana de incertidumbres y marchas en las calles que pusieron en duda la legitimidad del sistema.

– Irlanda.

La primera propuesta de voto electrónico en Irlanda se realizó en 1998. En 1999 adquirieron las máquinas (de la empresa Nedap, la holandesa que también las proveyó para Alemania). En el año 2000 se introdujo la legislación que permitió el voto electrónico y en el 2002 se hicieron dos pruebas piloto con el objetivo de extenderlo al resto del país: el 17 de mayo en las elecciones generales (en 42 distritos) y en octubre en el referéndum por el tratado de Niza que reformó la estructura de la Unión Europea, el voto electrónico cubrió el 18% del electorado.

Unos meses después, un informe confidencial aseguró que la integridad del proceso electoral no podía estar garantizada con el tipo de máquinas que se implementaron en la elección. Entre otras fallas, el informe encontró la posibilidad de generar una pantalla falsa en la máquina para hacer votar incorrectamente al elector.

A pesar del informe negativo, el gobierno avanzó con el plan de implementación de voto electrónico para las elecciones locales y europeas de 2004. Entonces creó la Comisión Independiente de Votación y Escrutinio Electrónico para que examine el sistema propuesto.

La comisión presentó un informe en el que sostiene que puede recomendar la utilización del sistema de voto electrónico pero que, así como estaba reglamentado, no podía garantizar la seguridad del voto y la rigurosidad del escrutinio. Para dar esa garantía, realizó una serie de consideraciones que debía tener un nuevo proyecto de implementación del voto electrónico que tuviera en cuenta varias fallas en el software, la seguridad física e informática de la transmisión de los datos, la cantidad insuficiente de auditorías y testeos independientes, entre otras.

Finalmente, las elecciones de 2004 no se realizaron con el sistema electrónico. Sin embargo, el gobierno insistió en la postura de mejorar el sistema para continuar en el camino del voto electrónico. Uno de los argumentos principales fue la inversión que el gobierno ya había realizado con la firma holandesa Nedap: a los 52 millones de libras iniciales que se pagaron por las máquinas, se agregaba el costo anual por mantenerlas seguras (según la ONG irlandesa ICTE, el costo era de 700 mil euros anuales) y el costo por seguir actualizando el software para encontrar vulnerabilidades en el sistema (con un costo estimado por ICTE de 20 millones de euros más), con el objetivo de volver a implementarlo en 2009.  

Finalmente, el 23 de abril de 2009 el ministro John Gormley anunció que se desechaba el sistema de voto electrónico, debido al incremento de los costos y la insatisfacción del público con él.  

– Estonia.

En las municipales del 2005, Estonia se convirtió en el primer país del mundo en probar el voto por internet desde un lugar remoto, es decir, sin tener que acercarse hasta una mesa de votación, luego de un debate legislativo que comenzó en 2002.

El sistema funciona así: se puede optativamente votar por internet desde un lugar remoto (la instancia de acercarse al centro de votación sigue vigente y es de hecho la que más se utiliza); la identificación se hace a través del documento nacional de identidad que es una tarjeta inteligente; el voto por internet es previo al día de la votación y se puede modificar considerándose el último voto como el válido (algo que terminó definiendo la Corte, tras una serie de presentaciones que hacían referencia a las ventajas que tenía un votante que podía cambiar su voto respecto a uno que no).

En 2005 casi el 2% utilizó el mecanismo de voto por internet y fue creciendo en las sucesivas elecciones hasta llegar al 30% de la población eligiendo ese sistema en 2015. En el medio hubo discusiones sobre los riesgos en la implementación y en la ejecución. En el 2011 el Center Party y candidatos independientes presentaron una queja por fallas en el sistema que se resolvió de una manera bastante peculiar.

El código electoral de Estonia prevé que las quejas sobre el proceso electoral se pueden presentar hasta tres días después del día de las elecciones. Como la queja se presentó sobre el voto por internet desde accesos remotos (que se hace antes) y no por el sistema de votación del día de la elección sólo se tomó como válida la presentación de un estudiante universitario y no la de los partidos, que presentaron en el término de tres días pero posteriores al día de la elección. La queja del estudiante – que pedía suspender los resultados de la elección – fue rechazada ya que la Comisión Nacional Electoral del país aduciendo que los mecanismos para garantizar que no habían ocurrido manipulaciones funcionaron, sin aclarar cuáles habían sido esos mecanismos. La presentación se elevó hasta la Corte Suprema que rechazó la queja rápidamente considerando que un votante sólo puede presentar un recurso de queja cuando sus derechos propios fueron violados.

En base al informe de la OSCE/ODIHR (Organization for Security and Cooperation in Europe/Office for Democratic Institutions and Human Rights) la especialista en seguridad informática, Barbara Simons, sacó las siguientes conclusiones sobre el proceso electoral de 2011 en Estonia: el sistema de emisión del voto tiene numerosos problemas críticos; el secreto del voto es vulnerable; los dispositivos de los votantes son vulnerables; hay una amenaza interna; los servidores son vulnerables al ataque de cualquiera; el sistema no es abierto ni transparente y no hubo ninguna evaluación de seguridad por parte de técnicos en seguridad informática independientes.

Las pocas garantías que ofrece sobre el carácter secreto del voto es una de las principales críticas que recibe el sistema de Estonia. En el análisis del especialista Sven Heiberg sobre las elecciones de 2011, establece que “la única garantía posible de que el voto sea verdaderamente anónimo sería en presencia de, por lo menos, dos oficiales electorales, auditores y posibles observadores. Todos los procedimientos están previamente definidos y escritos pero incluso sin violar ninguno de esos procedimientos, el dueño del sistema puede manipular el resultado de la elección a gran escala sin ser detectado”.

En el 2014, el gobierno creó una comisión de investigadores independientes que realizó un informe muy crítico con el sistema. La comisión analizó el sistema que se utilizó en 2013, la documentación del sistema, el código fuente, el software y realizó experimentos en un laboratorio de recreación de voto por internet. Según la comisión, “el sistema tiene varios problemas de seguridad: usa una arquitectura de seguridad que pudo haber sido adecuada cuando el sistema se introdujo hace una década pero que hoy está peligrosamente desactualizada. Desde que se diseñó el sistema, los ciber ataques se volvieron una amenaza real y concreta. El sistema delega una extrema confianza en los servidores y las computadoras personales, el lugar más vulnerable para un ataque. El informe demuestra múltiples maneras en las cuales se puede modificar votos ya emitidos, comprometer el secreto del voto, interrumpir el proceso electoral o sembrar dudas sobre la legitimidad del resultado”. Los expertos consideraron que se debía suspender la aplicación de esta forma de votación, pero las quejas fueron rechazadas por el Comité de Voto por Internet del país.

En 2015, Estonia celebró sus elecciones con el sistema de voto por internet.

– Holanda.

El 16 de mayo de 2008, el gobierno holandés decidió dar marcha atrás con la implementación del sistema de voto electrónico que venía usando y volvió al sistema de boleta única de papel.

La decisión se tomó a partir de que, un año antes, un juez consideró que el sistema electrónico provisto por Nedap (la empresa holandesa que desarrolló el sistema en Alemania e Irlanda también) era ilegal. Entonces el gobierno envió a revisión el sistema aduciendo que la mayor falla era la falta de un respaldo en papel, pero finalmente terminó por abandonarlo completamente en 2008.

En septiembre de 2007 la comisión creada para analizar la seguridad del voto electrónico emitió el informe “Voting with confidence” en el que estableció, entre otras cosas: “el voto con boleta de papel en centros de votación (NdA: se analizaba también la posibilidad de voto remoto) es la opción preferida en términos de transparencia y verificabilidad. En la práctica, sin embargo, hubo algunos problemas con el recuento de votos de papel; un método de voto electrónico en centros de votación que le otorgue un respaldo en papel al votante es más seguro y posible de realizar; en ese caso, las máquinas deben estar protegidas contra la radiación allí donde sea factible y económicamente posible”.

Esta última consideración no es caprichosa. La cara visible de la batalla contra el voto electrónico en Holanda fue el grupo de activistas informáticos “We don´t trust voting computers”. Además de presentaciones judiciales que terminaron con el voto electrónico en su país, el grupo saltó a la fama en 2006 cuando hicieron una demostración pública de que las urnas electrónicas podían ser interferidas a una distancia de 30 metros y los votos de los electores manipulados.

Inmediatamente después del informe “Voting with confidence”, la Secretaría de Estado Interior anunció que la regulación que aprobó el voto electrónico en 1997 quedaba en suspenso hasta introducir las modificaciones que exigía la comisión para avanzar con el voto electrónico.

Holanda volvió al sistema de voto con boleta única de papel.

– Australia.

La boleta única de papel lleva el nombre de boleta australiana por haber sido allí donde se implementó por primera vez, que tiene un complejo sistema de representación que se explica bien acá.

En las elecciones del año 2013 se produjo una pérdida masiva de boletas electorales luego de la votación que arrojó dudas sobre el sistema. Entonces el gobierno australiano encargó a una comisión del Congreso que estudie la posibilidad de introducir tecnología en el sistema de votación y almacenamiento.

El informe de la comisión sostuvo, entre varias cosas, que “incluso los más ardientes defensores (del voto electrónico) deben reconocer que en términos logísticos sería imposible para nuestras autoridades electorales implementarlo para las próximas elecciones que son en menos de dos años”. Luego de escuchar a expertos y examinar casos internacionales, la comisión concluyó que “es claro para nosotros que Australia no está en posición de introducir ningún sistema de voto electrónico a gran escala sin comprometer catastróficamente la integridad del sistema electoral”.

Respecto a las diversas modalidades de voto electrónico, la comisión australiana aseguró que “las máquinas son vulnerables al hackeo en algún nivel. Eso puede ser mitigado por un sistema que no sólo grabe el voto electrónicamente sino que también imprima un respaldo físico para el recuento posterior. En otras palabras, demasiados gastos para igual tener que acercarse al centro de votación y aún así votar a través de una máquina en vez de una boleta de papel”.

El reporte concluyó que “independientemente de las posturas filosóficas sobre el voto electrónico no es posible introducir el sistema en el corto plazo sin enormes y costos e inaceptables riesgos para la seguridad”.

En 2015, Australia continuó votando con el sistema de boleta única de papel.

Algunas conclusiones provisorias y patrones comunes a todos los casos:

– cualquiera haya sido el resultado final, en todos los procesos de implementación de tecnología se realizaron pruebas piloto que duraron varios años, probando primero en circunscripciones más pequeñas para luego avanzar sobre el resto;

– en todos los casos se crearon, antes, durante o después de su implementación, comisiones evaluadoras independientes conformadas por especialistas en la materia. En todos esos informes se hace referencia explícita a la vulnerabilidad de los sistemas y la necesidad de trabajar en marcos regulatorios concretos que no deleguen en los poderes ejecutivos y, aún peor, en las empresas, todo el proceso de implementación del nuevo sistema. Las novedades acerca de que el Poder Ejecutivo de la Argentina avanza en la contratación antes de que salga la ley están lejos de ser alentadoras;

– si bien muchos de los casos tienen que ver con sistemas de voto electrónico que no contaban con respaldo en papel, es realmente llamativo que una vez advertida esa falencia ninguno de esos países optó por incorporar la impresión de la boleta si no que regresaron al sistema anterior de papel. Esto es una evidencia importante para el caso del proyecto que el Poder Ejecutivo de la Argentina envió al Congreso, ya que en sus fundamentos plantea que el respaldo en papel resuelve todos los problemas de vulnerabilidad del sistema. El hecho de que los países que lo han intentado y abandonaron no hayan explorado la posibilidad de incorporar la impresión del papel tiene que ver con que los problemas de vulnerabilidad no comienzan ni terminan en el momento de emisión del voto si no que son previos y posteriores;

– es una constante en todos los informes de comisiones que realizan países muy distintos entre sí la falta de controles verdaderamente efectivos sobre las empresas y los sistemas que desarrollan para el voto electrónico, lo cual pone en evidencia que no se trata solamente de establecer regulaciones más fuertes sino que hay una tensión entre los principios democráticos de publicidad del acto electoral y el derecho de las empresas a resguardar sus derechos sobre la patente comercial del producto;

– en todos los debates públicos al respecto se hace una incesante referencia a los elevados costos de la implementación del sistema y, especialmente, al costo que significa mantener a los equipos en el intermedio entre elecciones además de la necesidad de actualizarlos. Toda esta cuestión está absolutamente ausente en el debate por la implementación del voto electrónico en la Argentina. En los argumentos de quienes están a favor de ese sistema se argumenta que es muy caro al principio pero que luego el costo va bajando porque se dejan de imprimir boletas, lo cual sería cierto sólo para el caso de sistemas de voto electrónico sin respaldo en papel.

¿Quién le mueve la mano al llanero solitario?

 

La política de aumentos del precio del gas está fundamentada en el siguiente argumento (resumido en una línea): la tarifa anterior no alcanzaba a cubrir el costo de producción real y ese saldo lo cubría el Estado vía subsidios.

Independientemente de la letra chica, el argumento funcionó y funciona. Sin embargo, la cuestión no acaba ahí y el devenir de la implementación del aumento así lo demuestra. En un programa de televisión, un economista lo describía: “el gobierno tenía el arco vacío y le pegó afuera”. Quería decir: tenía la convicción de hacerlo y, más difícil, el terreno social fértil para ejecutarlo. Cualquier encuesta arrojaría hoy un índice alto de “se pagaba poco”. Lo único que restaba era empujar la pelota al arco. Es cierto que la metáfora del arco distorsiona un poco el verdadero proceso, en especial cuando se trata de establecer algo tan difuso como un precio justo” a un bien o servicio. Si antes se “pagaba poco”, ¿cuánto era pagar “lo justo”? Quizás había tantas respuestas a eso como usuarios de gas.

Una lectura podría ser, entonces, que el Gobierno erró el tiro porque no supo calibrar la fuerza,  porque aumento “de más”. Pero otra lectura podría ser que no erró tanto la fuerza como la dirección del tiro: que no sólo fue importante el cuánto del aumento sino que en el medio se cambió el para qué (y que ambas variables se sobredeterminan todo el tiempo).

El resultado concreto del aumento del gas, sea cual termine siendo en términos nominales, no fue una reducción significativa del déficit que le provocaba al estado. De hecho, el estado se apropia apenas de un tercio del aumento a usuarios privados, comerciales e industriales, según un informe del Estudio Bein.  Los dos tercios restantes fueron una transferencia directa del usuario a la empresa. Tomando el primer aumento anunciado, de los 3.500 millones de dólares “nuevos” que iban a pagar los usuarios, 2.000 iban directo del usuario a la empresa y sólo el tercio restante a “terminar con la fiesta”.

Roberto Aguirre, del diario de Río Negro, hacía un cálculo similar: “de ese monto sólo 1.100 millones serán en subsidios, mientras que el resto es por la baja del precio del precio de importación. Esos 1.100 millones representan una rebaja de 0,2 puntos en el déficit fiscal del 7,3 del PBI que aduce el gobierno nacional como ´pesada herencia´”. Sin entrar en detalle, a ese cálculo habría que sumarle la heterodoxa forma en la que el gobierno llegó a decir que se encontró con un 7,3 de déficit.

“Alguien, en el momento del disparo, le tocó la mano al llanero solitario”, describió el informe Bein. Si el objetivo declamado era “terminar con la fiesta”, en el camino algo lo distorsionó hasta que el resultado final se transformó en reconstruir la rentabilidad de las empresas del sector.

Claudio Scaletta sostiene que uno de los puntos claves está en el establecimiento del nuevo precio para el gas en boca de pozo: “las petroleras ya recibían 7,5 dólares el millón de BTU (Unidad Térmica Británica) por el ´gas nuevo´, un estímulo para promover la producción y sustituir importaciones. El problema fue el nuevo valor establecido para el ´gas viejo´, el que ya se producía, y que fue llevado de 2,6 dólares por millón de BTU – valor por encima de la cotización de referencia internacional, el Henry Hub, que hoy ronda los 2 dólares el millón de BTU – a 5 dólares, bastante más que el nuevo valor de importación de Bolivia de 3 dólares y similar al de regasificación”. ¿Habrá sido ese reclamo el que le movió la mano al llanero solitario?

El segundo tiempo de la política pública fue la administración de sus efectos. Previo a la última corrección de esta semana, si el incremento residencial promedio en el país fue de 200%, en la Patagonia, según el Centro de Estudios Patagonia, llegó a 540% de promedio. Para comercios e industrias, aún peor: 700% en el país y 1250% para la Patagonia. Las reacciones terminaron con la ya famosa reunión entre gobernadores y los ministros del Interior y Energía y las posteriores modificaciones, que seguramente no hayan puesto un punto final sino, apenas, un paréntesis.

El “retroceso” en la medida puso en evidencia una cuestión natural para una política pública. La diputada Graciela Camaño se preguntaba en un programa de televisión: ¿“por qué 400% y no 300 o, incluso, por qué no 1000%?” No era una pregunta inocente: buscaba evidenciar el carácter naturalmente político de una decisión que lejos estaba de ser, tal como fue argumentada, meramente técnica.

Acercarle la lupa al proceso de implementación de una política pública a veces puede decir más sobre la naturaleza de un gobierno que enumerar las políticas que continúa o discontinúa. En este caso: presentar un aumento en una tarifa como una necesidad del estado de distribuir mejor los costos de ese gasto podría ser considerada, así enunciada, una medida de carácter progresista.

Ahora bien, si en la aplicación de esa política alguien le mueve la mano al llanero solitario y el disparo que iba “a redistribuir el costo” se convierte en un disparo para reconstruir la rentabilidad de las empresas, la lectura tiene que ser necesariamente otra. No se trata de una “victoria de la comunicación” que logró presentar un objetivo cuando “el verdadero” era otro, si no más bien la exposición natural (y más sana y más honesta) de que en la implementación de las políticas se juega también el carácter ideológico que todo gobierno tiene y del que este no es la excepción.

Y es en la mirada sobre ese proceso donde se puede desarticular el carácter “necesario” de una política pública (no necesario en cuanto a que “había que hacerlo” sino en cuanto a que no puede sino ser de ese modo). La esencia de la política es exactamente la contraria. Para ver en este caso cómo las pequeñas decisiones ideológicas moldean la política pública final: hay una apuesta concreta por recomponer los márgenes de rentabilidad sostenida en el presupuesto ideológico de que es la condición necesaria para que “se realicen las inversiones”. Eso no tiene “necesariamente” que ser así: es así por una decisión en el marco de otra serie de decisiones posibles, por mencionar sólo una: la que señala Aguirre acerca de atar los aumentos a un plan de inversión auditado por los organismos de regulación.

Toda esa suma de pequeñas decisiones moldean la ideología de un gobierno y a la vez la explican: independientemente del orden de los factores, lo importante es que esa ideología lo describe. Acercando la lupa al proceso de implementación, a lo mejor, se puede ver quién le mueve la mano al llanero solitario.

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LOS SUCIOS SECRETOS DE LA ONU: la historia no contada de Anders Kompass y las fuerzas de paz en los abusos sexuales de la República Centroafricana

La organización internacional “AIDS free world” fue la encargada de la campaña “Code Blue”, destinada a alertar y concientizar sobre casos de abuso sexual por parte de fuerzas de paz de la ONU (Cascos Azules y aliados en territorios ocupados por fuerzas de paz).

Uno de los casos más resonantes salió a la luz en abril de 2015, cuando The Guardian publicó un informe interno de la ONU sobre abusos sexuales contra niños de la República Centroafricana cometidos por soldados dentro del territorio de paz. Es decir, en territorio controlado por la ONU. A pesar de que había pasado un año del informe, la ONU no había tomado ninguna decisión, ni acción al respecto, excepto una: a partir de ahí acusaron al funcionario de la ONU, Anders Kompass, de haber otorgado información de este tipo al gobierno francés (porque la mayoría de los soldados pertenecían al ejército de ese país).

Este es el relato de los hechos que AIDS free world denunció para exigirle a la ONU una investigación independiente. Se puede leer el original y consultar los documentos pertinentes acá.

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LOS SUCIOS SECRETOS DE LA ONU: la historia no contada de Anders Kompass y las fuerzas de paz en los abusos sexuales de la República Centroafricana.

El 29 de abril de 2015 el mundo conoció los abusos sexuales cometidos contra niños por parte de tropas francesas, de Chad y de Guinea Ecuatorial que actuaban como fuerzas de paz en un campo de desplazados, en la República Centroafricana (de aquí en más CAR, por sus siglas en inglés). Las entrevistas a los niños, que fueron conducidas por miembros de la ONU y UNICEF, fueron filtradas al diario The Guardian por AIDS-Free World. El artículo también detalla el devenir de Anders Kompass, un funcionario sueco de larga carrera en derechos humanos de la ONU, que fue suspendido y estuvo investigado por la ONU debido a su rol en comunicarle al gobierno francés lo que estaba sucediendo en CAR.

El mes pasado, Anders Kompass permaneció en silencio sobre su rol en el tema, incluso cuando la ONU públicamente salió a denunciarlo por filtrar el informe. AIDS-Free World desde entonces obtuvo material interno que incrimina a la ONU como mails y memos – incluyendo los del propio Kompass – que demuestran la inacción de la ONU. También demuestran los esfuerzos de funcionarios de alto nivel del organismo para silenciar a trabajadores que podrían sacar el caso a la luz si se prendían las alarmas sobre el tema.

Esta es la historia que no se contó.

 

A principios de mayo de 2014, una ONG internacional requirió ayuda de MINUSCA, la misión de paz de la ONU en la República Centroafricana: una gran cantidad de niños en la capital, Bangui, reportaron que ellos y sus amigos habían sido violados por fuerzas internacionales a cambio de comida.

El 19 de mayo de 2014, una oficial de derechos humanos de la OHCHR – Oficina del Alto Comisionado de la ONU – asignada temporalmente a MINUSCA y un miembro de UNICEF entrevistaron a un niño de 11 años. El niño relató que un soldado francés le prometió comida a cambio de sexo oral, negoció con un guardia y lo llevó a la base, lo violó y luego le dio galletas y dinero en efectivo. El niño dio la descripción del soldado y aseguró que podía identificarlo en una fotografía.

El oficial de la OHCHR transfirió las notas de la entrevista a su supervisor inmediato, un oficial de MINUSCA en la República Centroafricana. El oficial, Renner Onana, Jefe de Derechos Humanos y Justicia, no hizo nada: no advirtió a los soldados, no informó a ninguna autoridad (ni francesa ni ninguna otra), no se hizo nada para prevenir futuros abusos, no se alertó a los cientos de miles de refugiados internos en los campamentos de que había predadores sexuales que actuaban como supuestos protectores contra sus niños. No quedó registro ni siquiera de que el niño que brindó su testimonio en mayo de 2014 haya tenido protección alguna.

En las siguientes cinco semanas, la oficial de OHCHR y los miembros de UNICEF entrevistaron a más niños traídos por el voluntario de la ONG que solicitó la ayuda de la ONU. Muchas de las víctimas que el voluntario conocía no podían ser localizadas. Luego de cada entrevista (el 19 y 20 de mayo y el 5, 17, 18 y 24 de junio) el oficial de OHCHR entregaba sus notas a MINUSCA. Los miembros de UNICEF tomaban sus propias notas sobre abusos sexuales a niños de entre 8 y 15 años. Y todavía no se tomaba ninguna acción al respecto.

En la entrevista del 18 de junio, un niño de 13 años relató que no podía contar la cantidad de veces que fue obligado a prácticas sexuales con soldados, pero que las más recientes habían sido entre el 8 y el 12 de junio de ese año: muchas semanas después de la primera entrevista con la ONU. Aún con sólida evidencia de que los crímenes seguían ocurriendo mientras seguían recogiendo testimonios, MINUSCA, OHCHR y UNICEF no tomaron ninguna medida. (UNICEF es citada en uno de los reportes como haciendo planes para atender a las necesidades educativas, psico sociales y familiares de las víctimas. Voceros de UNICEF aseguraron que esos planes se llevaron adelante. No hay registros específicos sobre qué niños los recibieron o cuántos en total).

Los documentos filtrados demostraron que oficiales de MINUSCA, es decir de la ONU, en Génova y Nueva York recibieron el reporte oficial de las entrevistas antes que el oficial de ONU se retirar de la República Centroafricana, el 14 de julio de 2014. Se desconoce cuando recibieron los reportes oficiales las autoridades de UNICEF. En total, las entrevistas a niños abusados sexualmente fueron 13 y los soldados de las fuerzas de paz que participaron activamente fueron 16: 11 franceses, 3 de Chad y 2 de Guinea Ecuatorial. Otros 7 soldados solicitaron encuentros con niños o actuaron como cómplices. El reporte implica a un total de 23 soldados.

Al aceptar ser entrevistados por la ONU, los niños esperaban que el abuso se detuviera y los perpetradores fueran arrestados. Cuando un niño denuncia un abuso sexual, los adultos tienen la obligación de reportarlo a las autoridades. Un niño necesita protección y, por definición, no tienen la capacidad de presentar cargos por sí mismos. Merecen la protección que, asumieron, habrían recibido por parte de la ONU cuando se enterara de los abusos. En cambio, las investigaciones comenzaron un año después y sólo cuando la historia salió a la luz.

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A mediados de julio de 2014, al menos 12 autoridades de la ONU habían recibido el reporte del oficial de OHCHR. Todos estaban al tanto de que ninguna medida había sido tomada, ninguna autoridad alertada y que los abusos seguían ocurriendo. Uno de esos doce, Roberto Ricci, llevó el reporte directo a su supervisor en Génova, Anders Kompass. Fue entonces cuando Kompass informó a las autoridades diplomáticas francesas, que requirieron una copia del reporte para comenzar una investigación. Kompass envió el reporte en julio con una nota firmada y recibió el agradecimiento del gobierno francés ese 30 de julio, cuando le informaron que la investigación ya estaba en marcha. Esa carta de agradecimiento ingresó como recibida el 5 de agosto como correspondencia oficial de la OHCHR, es decir, de la ONU.

Los investigadores franceses llegaron a la capital de CAR, Bangui, el 1ro de agosto e interrogaron a Renner Onana, el jefe de Derechos Humanos y Justicia de MINUSCA, quien había recibido un informe luego de cada entrevista.

Los investigadores fueron remitidos por MINUSCA a la oficial de derechos humanos, que pidió consejo primero a Renner Onana y luego a Cecile Aptel, la abogada de OHCHR, acerca de si hablar con la policía. Luego de consultarlo con la oficina de Legales de Nueva York, Aptel le aconsejó que le pidiera a las autoridades francesas que remitieran sus preguntas por escrito a través de los abogados de la ONU; la oficina legal transmitiría las respuestas por escrito.

La ONU invocó la inmunidad legal de su Oficina de Derechos Humanos, de donde dependía la oficial. Los miembros de UNICEF que participaron de las entrevistas tomaron actitudes similares. También enviaron a los investigadores a remitirse a las áreas legales.

La investigación francesa fracasó.

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El 7 de agosto de 2014, Anders Kompass informó sobre la situación a la sub Comisionada de la OHCHR, Flavia Pansieri y le envió el informe vía mail. Su asistente personal dio el recibido el mismo día e informó por ese misma vía que la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU había sido informada del tema.

A pesar de ese mail que aportó Kompass, Pansieri testificó en su versión de los hechos – en la investigación acerca de la actitud de Kompass – que tomó conocimiento de la situación “en algún momento a principios de otoño, probablemente en septiembre de 2014 (lamentablemente no recuerdo la fecha exacta” a través de Cecile Aptel, en el contexto de la filtración de la información. Pansieri manifestó tener remordimientos por no haber hecho un seguimiento más cercano de los casos de abuso en CAR (citando un período muy intenso en la oficina debido a las tensiones por el recorte de presupuesto) y aseguró que sólo pudo centrar su atención en el tema unos meses después, a principios de marzo de 2015.

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En su declaración ante la Oficina de Asuntos Internos de la ONU (OIOS), el Alto Comisionado por los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad al-Hussein también aseguró haber tomado conocimiento de las denuncias por abuso sexual en CAR en “otoño de 2014, poco tiempo después de haber asumido el cargo. Alrededor de ese mismo período, la OHCHR formalmente le pidió a la OIOS – Asuntos Internos de la ONU – que comience a investigar a Anders Kompass por una supuesta filtración de cables en un incidente en el Sahara Occidental.

El 22 de diciembre de 2014, justo antes que las oficinas de la ONU cerraran por las vacaciones de verano, el Secretario General presentó el informe final de la Comisión Internacional de Investigación de la República Centroafricana. Aunque la comisión no hizo ninguna referencia a los reportes de abusos de MINUSCA/OHCHR/UNICEF, incluyó una recomendación muy específica: “los reportes periódicos de las operaciones de las fuerzas de paz en CAR al Secretario general deben incluir un análisis de cualquier tipo de incidente cometido por fuerzas de paz tanto de la ONU como aquellas autorizadas por el Consejo de Seguridad”.

Tres meses después, el Secretario General presentó su informe anual acerca de las respuestas de la ONU a los casos de explotación y abuso sexual del 2014, en el que no se mencionó ningún caso de abuso sexual en la República Centroafricana.

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A principios de marzo de 2015, el Alto Comisionado Zeid tomó conocimiento informalmente a través de la Jefa de Gabinete de la ONU, Susana Malcorra, que la investigación sobre Anders Kompass en los sucesos de Sahara Occidental había finalizado sin que se hubiera podido demostrar ninguna responsabilidad concreta por parte del funcionario.

El 6 de marzo, ocho meses después de la última vez que había escuchado novedades sobre el caso, la oficial de Derechos Humanos que había entrevistado a las víctimas habló con dos abogados de la OHCHR. Le preguntaron sobre su reporte y su asignación a CAR y luego informaron a Zeid y a Flavia Pansieri al respecto.

El 12 de marzo, por orden de Zeid y a pedido del jefe de las fuerzas de paz de la ONU, Hervé Ladsous, Falvia Pansieri le pidió la renuncia a Anders Kompass.

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Al pedir la renuncia de Kompass, la ONU cometió un grave error táctico: oficial de carrera en los derechos humanos de Suecia, Kompass era tan confiable que había sido puesto a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) apenas unas semanas antes de su abrupta partida, cuando los dos jefes de esa área se encontraban de vacaciones. La movida repentina sorprendió a Kompass: las razones lo indignaron. Fue acusado de alertar inapropiadamente al gobierno de Francia, un año atrás, del descubrimiento por parte de personal de la OHCHR y UNICEF de casos de abuso sexual por parte de soldados franceses que debían proteger a los refugiados civiles en CAR. Kompass se rehusó a renunciar y amenazó con ir a la prensa.

El 13 de marzo Pansieri informó a Zeid sobre su intercambio con Kompass. Zied decidió que la situación se estaba tornando grave y que debía informar a la Jefa de Gabinete, Susana Malcorra, y a otros colegas en persona.

La semana siguiente, entre el 19 y 20 de 2015, la Jefa de Gabinete de la ONU, Susana Malcorra, organizó una reunión en Turín, Italia, entre Zeid, Flavia Pansiere, el subsecretario de OIOS, Carman Lapointe y el Director de Ética de la ONU, Joan Dubinsky, para discutir el caso Ander Kompass.

En la reunión, los oficiales de la ONU decidieron abrir una investigación sobre Kompass.

Todos los oficiales involucrados en esa reunión sabían que sólo gracias a que Kompass envió esa información al gobierno de Francia que ese país había reaccionado inmediatamente y comenzado una investigación en CAR.

Con el pedido de renuncia y el rechazo de Kompass a hacerlo, los oficiales de la ONU se vieron forzados a pagar el costo de atraer la atención hacia los documentos que acusaban a Kompass de filtrar. Eso fue suficiente para instalar el pánico: claramente, todos habían ignorado y negado la crisis que sobrevendría. Si la negligencia en el manejo se hacía pública, la ONU enfrentaría una serie de cuestionamientos para los cuales no había respuestas.

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En la reunión de Turín, se decidió que Zeid y Pansieri recogerían testimonios de un selecto grupo y los enviarían como requerimiento formal para la investigación a través de OIOS. Pansieri le pidió a Kompass que escribiera su rol en el paso de documentos a Francia y le sugirió que se lo enviase a su cuenta personal, en vez de a su cuenta de mail de la ONU. Cuando Kompass realizó su descargo, no había sido informado que eso sería utilizado en una investigación contra sí mismo.

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El 7 de abril, el embajador sueco antes la ONU llamó a la Jefa de Gabinete, Susana Malcorra. Incapaz de conseguir hablar con ella, llamó a Joan Dubinsky, Director de la Oficina de Ética de la ONU. Le dijo que había sido informado acerca de un reporte de la OHCHR sobre pedofilia por parte de soldados franceses en MINUSCA. Enojado porque habían hecho renunciar a Kompass sin derecho a defensa o con una investigación, le advirtió que “no sería algo bueno que el Alto Comisionado de OHCHR le pida la renuncia a Kompass. Si eso ocurriera, se haría público y ocurriría un feo e incómodo debate”.

Luego de la reunión inicial en Turin, el grupo continuó enviándose mails sobre la investigación a Kompass. Dos semanas después, el 9 de abril de 2015, Zeid requirió formalmente la investigación a OIOS por su “filtración” del reporte de abuso sexual en CAR.

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Junto al pedido de investigación por parte del Alto Comisionado, Zeid, se enviaron seis declaraciones: una del propio Kompass, objeto de la investigación; una de la Oficina de Derechos Humanos que condujo las entrevistas; una del Alto Comisionado Zeid Ra´Ad al-Hussein; una de su número dos, Flavia Pansieri y una declaración conjunta de dos abogados de la OHCHR reconstruyendo su conversación con la oficial de Derechos Humanos respecto de las preguntas requeridas por los investigadores franceses. El pedido de investigación y las declaraciones fueron enviadas en conjunto, como parte de un paquete, primero al Director de Ética y luego a la OIOS.

Las declaraciones se contradecían dramáticamente con una sola excepción: durante el período en el que los abusos a niños africanos tomaron la atención de los oficiales de la ONU, los altos funcionarios que fueron informados parecían no tener registro de reuniones o discusiones entre sí. Las víctimas no recibieron una mención en las declaraciones, ni siquiera por curiosidad sobre sus estados de salud. Ninguno que proveyó testimonio asegura haber indagado sobre el estatus de alguna investigación, de alguna medida de protección, de prevención o de apoyo para las víctimas. Esas omisiones no fueron notadas ni explicadas. El foco estuvo sólo puesto en “la filtración” de Anders Kompass.

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Durante la semana del 13 de abril de 2015, un mes después de haberse negado a renunciar, Kompass fue suspendido y escoltado hacia fuera de su oficina. Desafió la presentación de la OHCHR contra su persona en el Tribunal de Disputa de la ONU; un juez falló a su favor y demandó su reposición en el cargo, con una investigación sobre los hechos que continúa pendiente.

La Directora de la Unidad de Investigaciones de la OIOS, que normalmente hubiera estado al frente de un caso así, se recusó de formar parte de la investigación. Envió una nota de protesta a su supervisor en la OIOS, Carman Lapointe, denunciando que había una intención desde los más altos niveles de investigar a Kompass, que los requisitos previos para comenzar una investigación habían sido violados y que cualquier resultado que surgiera de esa investigación resultaría nulo. Su jefe le respondió que, si bien estaba de acuerdo en que no eran los procesos usuales, la dirección del organismo había decidido pasar por encima de los mismos, y que el Director de la Unidad debía seguir lo requerido por los funcionarios del organismo. La Directora respondió: “de acuerdo; sin embargo en este caso ya he decidido”.

Cuestionado a mitad de mayo de ese año por los estados miembros acerca de por qué su Directora de Investigación se había recusado de la investigación de Kompass, Lapointe respondió que no lo sabía.

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Desde que The Guardina publicó la información suministrada por AIDS-Free World, el Alto Comisionado, su vocero, el vocero de UNICEF, el vocero del Secretario General y los oficiales de las fuerzas de paz hablaron con los distintos medios. Hay amplias razones para que los estados miembro cuestionen las respuestas otorgadas.

Las declaraciones de UNICEF sobre su involucramiento atrae graves cuestionamientos sobre los protocoles que regulan a UNICEF en el trato directo con niños en general y con niños víctimas de abuso sexual en particular. El hecho de que un niño víctima de abuso sexual por parte de un soldado de las fuerzas de paz sea entrevistado en una oficina de MINUSCA, donde podrían haber estado amigos, cómplices o incluso perpetradores de los crímenes – deja algunas preguntas importantes sobre la capacidad de quienes estuvieron involucrados en las entrevistas.

También es preocupante el hecho de que no parecen haber guías de comportamiento para los miembros de OHCHR o de UNICEF, dejando en claro la obligación de reportar de inmediato sobre cualquier caso de abuso sexual a las autoridades. Las entrevistas también plantean preguntas acerca de la existencia de protocolos para este tipo de entrevistas con menores sin compañía de adultos responsables o parientes que consientan las mismas.

La investigación continúa en marcha para averiguar si Kompass es culpable. Susana Malcorra, que ocupa uno de las posiciones de mayor poder dentro de la ONU como Jefa de Gabinete del Secretario General, señala públicamente ante los medios y gobiernos miembros que Kompass está siendo investigado porque es culpable del delito que se lo acusa. Esto sugiere un resultado pre acordado de la investigación y pone en cuestionamiento las declaraciones públicas de la Jefa de Gabinete. Más grave aún, provoca cuestionamientos de los estados miembro sobre el sistema de justicia al interior de la ONU.

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Lo relatado anterioremente, los documentos filtrados que lo respaldan y las fuertes implicaciones de graves comportamientos e impunidad en los más altos niveles de la ONU pueden resultar sorprendentes para muchos lectores. La realidad es que para aquellos con algo de experiencia en el sistema ONU no hay demasiadas sorpresas. Saben que no es un caso inusual; es simplemente uno que, parcialmente, salió a la luz. Para aquellos de nosotros que creímos en los ideales de la ONU este caso es profundamente trágico porque no es el único. Es parte de un continuo patrón del sistema de la ONU. Ese patrón no estuvo nunca tan claro como en este caso en el que la ONU debe manejar una problemática de abuso sexual. Un caso de la más descarnada injusticia y desprecio por las víctimas de abuso sexual por parte de soldados dentro de las operaciones de la ONU de mantenimiento de paz.

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El secretariado de la ONU existe para servir a los intereses colectivos de los gobiernos del mundo, para elevar los estándares y para implementar acciones conjuntas.

Hoy, los estados miembros se balancean en el precipicio, en el inminente peligro de perder el control del secretariado que actúa sin que los gobiernos conozcan lo que hace, sin supervisión y con altos niveles de impunidad.

Los estados miembros deben crear una comisión externa de investigación sobre todo el sistema de la ONU, a todo nivel, en la oficina central y en las delegaciones, para reveer todos los componentes relacionados a explotación sexual en los territorios donde actúan fuerzas de paz de ONU. Investigar el caso de CAR es críticamente importante pero insuficiente: la investigación externa debe hacer foco en el manejo del sistema de la ONU en estos casos de abuso. Esa investigación debe estar hecha por expertos externos, totalmente independientes, imparciales, sin conflictos de interés pasados o presentes y ningún interés futuro que pueda condicionar su capacidad de demandar, criticar y hasta recomendar sanciones si fuera necesario.

Este caso es el de una innumerable cantidad de niños en la República Centroafricana que viven su vida con el fantasma del abuso sexual. Fueron traicionados cuando confiaron en la ONU y esta falló en protegerlos. De los 9 a los 12 años, un año esperando por protección frente a un abusador es una eternidad. En la vida de un violador, un año provee de incontables oportunidades para el abuso y la explotación sexual.

Los eventos y su manejo hicieron un tremendo daño a los civiles, a la reputación de la ONU y a su credibilidad. Ponen en entredicho a la dirigencia mientras expanden una sombra oscura sobre los miles de trabajadores de la ONU que trabajan por principios y reportan a ellos.

Si estas revelaciones no son suficientes para que los estados miembro inicien una investigación externa y logren recuperar el control de las Naciones Unidas, nada lo será.

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Posdata: El 3 de junio de 2015, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon anunció planes para comenzar una investigación externa independiente que examine los eventos ocurridos luego de los abusos en CAR. AIDS-Free World saluda la respuesta de la ONU y emitió el siguiente comunicado:

El anuncio del Secretario General de abrir una investigación externa e independiente es bienvenido. Responde a una demanda urgente que AIDS-Free World viene haciendo las últimas semanas y desde que lanzamos la campaña Code Blue.

El Secretario General tiene tres desafíos.

Primero, la investigación debe ser realmente externa e independiente. Ningún miembro de la ONU debe estar involucrado en el proceso de investigación.

Segundo, debe entenderse que altos miembros de la Secretaría General deben ser investigados. Nadie puede ser excluido, desde el Director de la Oficina de Ética, el director de la IOSO y la Jefa de Gabinete del Secretario General. Aparentemente todos ellos y algunos más actuaron inapropiadamente en respuesta a los eventos de CAR.

Tercero, la referencia del Secretario General a la revisión de todo el sistema de respuesta ante estos caso es crucial. Lo que pasó en CAR fue una atrocidad, pero el hecho de que la ONU haya permanecido por casi un año desde el descubrimiento del hecho en silencio es en sí misma una de las cuestiones que no parecen tomar como referencia la política de tolerancia cero que declaró el Secretario General.

Si Ban Ki-moon y los estados miembro quieren promover la política de tolerancia cero, deben limpiar el sistema de la ONU de la neglicencia y la mala conducta de sus funcionarios de una vez por todas.

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Nota del autor: finalmente este es el resultado del informe que se publicó.

Una visión politológica a los ataques en París

Tradujimos el artículo “Fundamentalist wrath” publicado en el Washington Post, del politólogo Ron Hassner, co-director del programa Religión, Política y Globalización de Berkeley.  Aquí el original que es conveniente leer, en una discusión que a veces también es semántica.

Furia fundamentalista 

Las respuestas a los ataques terroristas en París corrieron en dos sentidos, tal como lo hicieran luego del 9/11, alrededor de la pregunta “¿tiene que ver esto con el Islam?”

 

Mientras algunos analistas de un lado del debate identificaron al Islam como la causa principal de la violencia, sus interlocutores ofrecen un análisis en el cual el cálculo político es el factor que movilizó a los atacantes. Ninguna de las dos posturas termina de convencerme. La violencia religiosa combina las lógicas religiosas y políticas y no se pueden comprender una sin la otra.

 

Es cierto que, en el siglo 21, el Islam ha ejercido el monopolio de las respuestas violentas a la publicación de imágenes blasfemas. Pero tales respuestas han sido la excepción, no la regla, lo cual exige una explicación acerca de cuándo y cómo dichas publicaciones terminan en actos violentos. No menos importante, como argumentaré luego, resulta que como grupo los musulmanes son verdaderamente insignificantes en cuanto a respuestas violentas contra ofensas religiosas. Puede ser también cierto que los atacantes de París hayan tenido relación con organizaciones terroristas que tienen objetivos pragmáticos de escalar un conflicto de este tipo en Europa, pero eso tampoco explica los incentivos de los atacantes y sus partidarios, ni sus propias motivaciones.

 

Un precedente puede echar luz sobre el debate. Esta no es la primera ronda de violencia política en respuesta a una caricatura que se burla de Mahoma. El antecedente más significativo ocurrió en enero y febrero de 2006, en respuesta a la publicación de caricaturas de ese estilo por un periódico de Dinamarca. Esas imágenes condujeron a protestas y disturbios en todo el mundo que terminaron en 200 muertes y cerca de 1000 heridos. Hubo incendios en las embajadas danesas en Siria, El Líbano e Irán, ataques a las embajadas de Noruega y Austria en Damasco, oficinas de la EU en Gaza, el consulado italiano en Benghazi, Libia. En Nigeria, Pakistán, Libia, Indonesia y Afganistán, las manifestaciones anti danesas se enfrentaron con fuerzas policiales.

 

La gama de respuestas a las caricaturas danesas ofrecen una oportunidad única para el análisis comparativo en torno a una simple pregunta: ¿por qué estas imágenes provocaron violencia en nueve estados de mayoría musulmana pero no en otros 43 estados que también tienen mayoría musulmana?

 

Traté esta pregunta en un artículo que apareció en el International Studies Quarterly en 2011. Encontré que esas protestas fueron movilizadas por movimientos islamistas radicales que vieron a las caricaturas como una amenaza directa a sus identidades. Los regímenes autoritarios capitalizaron las protestas si políticamente les convenía o las suprimieron. Pero los estados de mayoría musulmana con libertades políticas y civiles permitieron las protestas en contra de los dibujos y estas terminaron en disturbios violentos. La religión ofreció el motor de agitación: los musulmanes radicales concibieron los dibujos como una transgresión peligrosa. La política le dio la forma: la violencia ocurrió en un ambiente político que permitió las protestas pero falló en proteger la sensibilidad religiosa de aquellos extremistas.

 

Aunque lo ocurrido en 2006 tuvo amenazas de muerte, intentos de asesinato y amenazas terroristas en Europa, no terminó en un ataque como el que sufrió la revista Charlie Hebdo. Sin embargo, puede ofrecer algunas ideas respecto a los ataques en París.

 

1. La ofensa religiosa de la que se trata no es profanación (maltrato a una persona u objeto sagrado) sino blasfemia (hablar mal de un objeto sagrado o persona). Hay una fuerte norma contra representar a Mahoma en muchas (aunque no todas) tradiciones musulmanas, pero no hay una prohibición explícita en el Corán. La blasfemia, sin embargo, es un pecado grave, particularmente cuando se dirige al Profeta. Esa sensibilidad puede rastrearse en las primeras experiencias de hostilidad contra el mensaje del Corán por los opositores a Mahoma, a quien ridiculizaron y acusaron de lunático. El tabú que transgredió la caricatura danesa, así como los que transgredieron los “versos satánicos” de Rushdie, fue la prohibición de insultar al Profeta, no la de representarlo. Las caricaturas despertaron indignación porque eran irreverentes, no porque eran dibujos.

 

2. La reacción del mundo musulmán frente a las caricaturas es una reacción desesperada a lo que se percibe como un ataque a los fundamentos morales de una sociedad. Como muchos sociólogos de la religión argumentan, las normas y tabúes religiosos apuntalan el orden social y moral. Su función es darle sentido a la experiencia humana, clasificar y organizar la vida social y establecer sus límites. Las acciones creadas para prevenir o castigar la profanación sirven para aclarar y afianzar esas reglas. Los grupos seculares tienen esas mismas reglas: rechazan el incesto o el canibalismo porque ofenden los principios fundamentales de su orden social. El rechazo que provocan ese tipo de crímenes es similar al aborrecimiento con el que los fundamentalistas musulmanes ven los dibujos de Mahoma. En ambos casos, los grupos ven esas transgresiones como ataques al cuerpo social perpetrados por bárbaros que desean aniquilar los valores civilizados.

 

3. La reacción musulmana en respuesta a la blasfemia no representa ningún desafío a los regímenes que pueden suprimir la protesta islámica (como Egipto o Sudán en 2006) o aquellos que la pueden usar con fines políticos (como Irán o Siria en 2006). Representa un verdadero desafío para regímenes democráticos o en proceso de democratización (como El Líbano, Indonesia o Nigeria) que permiten las expresiones públicas de descontento y también la libertad de expresión y prensa. Ahí es donde los islamistas se sienten más amenazados: el mismo gobierno que se encarga de defender sus valores en vez de defender los derechos de los que blasfemaron. Eso lleva al planteo del el filósofo John Kekes en Disgust and Moral Taboos, sobre el temor a que un horror no pueda ser mantenido a raya e invada la vida privada.

 

4. La trayectoria histórica de un movimiento fundamentalista determina a qué tipo de provocaciones se va a ver más sensible. Pero si va a actuar o no contra eso depende no sólo de sus valores religiosos sino también de sus supuestos sobre el rol del gobierno, la naturaleza de la sociedad y su lugar en esa sociedad.

 

5. Por lo tanto, lo que es desconcertante acerca de la ira fundamentalista es no sólo por qué algunos fundamentalistas musulmanes y no otros deciden recurrir al terrorismo contra los dibujantes sino también por qué no hay ese mismo tipo de terrorismo islámico contra clínicas de aborto, por ejemplo, una preocupación primordial de los fundamentalistas protestantes. Por razones ancladas en la teología, la historia y la política, esos cristianos nunca considerarían reaccionar por la fuerza contra una caricatura que se burle de Jesús así como un dibujo burlándose de Moisés provocaría sólo indiferencia en un fundamentalista judío. Pero quizás sí provocarían revueltas violentas en el fundamentalismo judío si se profanara el Sabbat o restos arqueológicos de esa tradición, dos temas en los cuales ni musulmanes ni cristianos tienen mucho interés.

 

6. El rompecabezas de la ira fundamentalista es, entonces, de dos partes. Primero, ¿por qué algunos movimientos fundamentalistas desarrollan una preocupación especial sobre algunas ofensas religiosas y no sobre otras? Y segundo, ¿por qué lo hacen en determinadas condiciones políticas pero no en otras? ¿Por qué fundamentalistas judíos en Jerusalén arrojan piedras a los autos que manejan durante el Sabbat pero fundamentalistas judíos en Brooklyn o Golders Green no lo hacen? ¿Por qué no han habido disturbios en respuesta a los dibujos blasfemos en Estados Unidos?

 

No podemos explicar por qué el fundamentalismo ataca sin estudiar la religión y no podemos explicar cuando y por qué atacan sin estudiar la política. Este punto se pierde tanto en las voces anti-musulmanas como, que buscan forjar un vínculo esencial entre Islam y violencia, como en las visiiones postcoloniales que se esfuerzan por poner la responsabilidad de la violencia en cualquier lugar excepto sobre los hombres de los atacantes. (Una reciente “contra-caricatura” supuestamente apuntando a provocar a los no musulmanes se pierde ese punto dos veces: falla en identificar y transgredir los tabúes apropiados pero además falla en admitir que simplemente las caricaturas no son el gatillo que dispara la violencia para esas audiencias. Dado que hay una gran diferencia entre discriminación y transgresión, y dado que esa postura no representa ningún riesgo para la vida del caricaturista, esas “contra caricaturas” son simplemente cobardía, no provocación.

 

Deberíamos tener cuidado en aplicar las lecciones de 2006 a los ataques del miércoles pasado. Aquellas fueron en su mayoría motines, levantamientos populares, no ataques orquestados profesionalmente. Mi argumento también arroja luz en una de las principales características de los ataques en París, su naturaleza antisemita, la culminación de una serie de crímenes sobre objetivos judíos en París en las últimas semanas.
El derramamiento de sangre en ambos períodos obliga a reforzar el conocimiento para encontrar respuestas al rompecabezas de la violencia religiosa ahí donde el estudio de la religión se encuentra con el estudio de la política.

 

 

Réquiem

Primer movimiento.

Hace algún tiempo ocurrió una paradoja espacio-temporal de dimensiones frankesteineanas: el propio Laclau se convirtió, él mismo, en un significante vacío. Es decir, su teoría perdió pedazos de identidad y hasta se tergiversó para pasar a representar algo más amplio. El monstruo se devoraba a su creador. Laclau se convirtió en el símbolo del demasiado conflicto, de los generadores voluntarios e innecesarios de grietas sociales. Era (¿es?) una época de hastío de una supuesta “batalla cultural” (otro significante vacío) que atrapaba todo o demasiado. Entonces el reclamo venía a decir que menos política para la sociedad, más política para los políticos y sobre todo más “gestión”, así a secas. Laclau no había escrito – tal vez lo haya dicho en alguna entrevista, quién sabe – que toda política es conflicto. Sí que el conflicto es inherente a la política; sí que dejaron de existir las luchas económicas o sociales carentes de lo político en el sentido de su propia definición; y sí que toda política supone el establecimiento de una identidad que excluye a otras. ¿Hay lugar en Laclau para una política que no fuera populista? Es cierto que la respuesta es compleja y hay párrafos para decir lo uno y lo otro, que lo hay y que no lo hay (que hay lugar, porque las construcciones populistas privilegian la lógica de la equivalencia entre demandas, luego, hay una lógica que no las privilegia; que no la hay, ahí donde entiende que toda forma de la política implica, aunque con grados, la formación de “un pueblo”). Pero eso al menos exige una lectura crítica del texto que levante la discusión hacia algo más que aprovechar a Laclau como un hombre de paja contra el cual la nueva política venía a combatir. Adentro del paquete “Laclau” entró todo: el ideólogo de denostar a la clase media (como si populismo fuera el contenido de una ruptura y no la descripción de la misma), el teórico de La Grieta, el Maquiavelo que rompió las mesas familiares y puso a la política en el lugar en el que antes había otra cosa, algo más sano. Como todo significante vacío, claro, el pensamiento teórico de Laclau perdió en esa reconversión algunas particularidades, y quizás las más valiosas: su aporte era más rico ahí donde daba una serie de herramientas para el análisis de algunos fenómenos que donde describía (o direccionaba, llegaron a decir) fenómenos sucedidos y por suceder.

Segundo movimiento.

Hecho el primer paso, reducir el concepto de populismo a dos frases hechas, se produce el segundo movimiento. Si Laclau le estuviera hablando un príncipe (o, supongamos, si fuese cierta la fantasía periodística de que Néstor y Cristina se sentaron a la luz de la chimenea a hojear La razón populista como recetario para inventar el kirchnerismo), lejos estaría ese príncipe en condiciones de decir: visto Laclau, lo que hay que hacer es trazar una línea que ponga a la clase media allí y al pueblo acá. Y no (sólo) por la imposibilidad de ubicar qué es, en cada lugar, en cada momento, “la clase media” o “el pueblo”. Fundamentalmente, esa inferencia es falsa toda vez que lo que Laclau entendió, en ese libro al menos, como populismo, es antes una forma de construcción política (a veces la única) que el contenido de esa construcción. Si tuviéramos que tuitear la tesis de Laclau sobre cadenas equivalenciales y significantes vacíos, diríamos: existe una demanda que articula al resto y la política se articula sobre ella. Esa demanda no pertenece a una clase social, definamos clase social como la definamos. Esa demanda no se puede conocer previamente sino hasta que se articula. Esa demanda no se “construye”, en el sentido de una voluntad de un actor social por imponerla al resto. Y ahí está uno de los aportes más importantes de Laclau al debate: en la reivindicación de esa contingencia. Es uno de los pocos puntos de ruptura de Laclau con lo que considera un resabio esencialista gramsciano, lo que lo hace más post estructuralista que gramsciano: “para Gramsci la esencia última de la instancia articuladora – o la voluntad colectiva – es siempre lo que él llama una clase fundamental de la sociedad, y la identidad de esta clase no es considerada como el resultado de las prácticas articulatorias”. Es decir, no hay una clase que esté destinada, previamente, a ser la portadora de la demanda que va a ganar, que va a lograr articular. Claro que donde rechaza el esencialismo, ahí, parece tenerlo luego en decir que no hay política sino en la forma de construcción del populismo (el error está, me parece y a grandes rasgos en algo que exige extenderse más, en esencializar la palabra populismo hasta volverla sinónimo de política, para que signifique todo y, entonces, lo mismo que política, sin dejarle un diferencial como concepto que define algo). Algo que, sí, merece una lectura bastante más crítica.

Una pequeña digresión ahí: me tocó entrevistarlo una vez y poder preguntarle por la posibilidad de que, pendularmente, la región se fuera luego de años de populismos de centro/izquierda o como sea, hacia populismos de carácter más conservador. Ahí contestó Laclau que “siempre es posible en términos puramente teóricos, pero es muy poco probable”. Y es verdad que salva su teoría diciendo que siempre es probable, por aquello de la contingencia. Sin embargo, esa idea de que es poco probable entra en contradicción o ciertamente en una práctica equivocada, creo, del análisis político, que consiste en negar un fenómeno cuando el concepto elegido no encaja con lo que se quiere describir. Es cierto que la época era otra, era 2011, pero el concepto de populismo se enriquece justamente cuando permite explicar más de un fenómeno por sus características, por sus formas de construcción, por su apelación, que por el contenido ideológico.

Laclau no inventó los movimientos que están gobernando América Latina hace algunos años; describió algunas formas de ellos, antes que inspirarlos; no fue el teórico de romper con ninguna clase, al menos no lo dicen su obra, que es mucho más valiosa que sus entrevistas; produjo dos o tres conceptos que, si no explican cabalmente una serie de procesos, contribuyen a entenderlos de otra forma. ¿Es eso mucho o poco?, se preguntaban acá. Quizás una forma de dimensionarlo es contar cuántos otros teóricos argentinos (¿O´Donnell, Oszlak?) instalaron dos o tres conceptos en la ciencia política mundial.

Fuente de la foto.

Declaración de Edward Snowden ante el Parlamento Europeo

Hace algunos días, Edward Snowden presentó por escrito una serie de respuestas a unas preguntas formuladas por una comisión designada específicamente para entrevistarlos sobre programas de vigilancia masiva en la Unión Europea.

El documento original puede descargarse acá, y ponemos a disposición una traducción al español (que puede contener algunos errores, pueden corregir abajo). Los links en el texto son originales, excepto los links a las biografías de los parlamentarios que preguntaron:

Quiero agradecer al Parlamento Europeo la invitación a dar testimonio sobre los programas de vigilancia masiva sobre ciudadanos europeos. Esos programas de la NSA, el GCHQ y otros tantos sobre los que fuimos aprendiendo, ponen en riesgo una serie de derechos básicos sobre los cuales se fundan las sociedades liberales.

En primer lugar, hay que remarcar que a pesar de la enorme presión política por demostrarlo, ningún gobierno pudo hasta ahora mostrar evidencia que demuestre que dichos programas son necesarios. En Estados Unidos, los jefes de esos programas de espionaje aseguraron que 54 ataques terroristas fueron frenados a tiempo por la vigilancia masiva, pero dos revisiones independientes de la Casa Blanca con acceso a evidencia clasificada demostraron que esa conclusión es falsa, de la misma forma que lo informó una Corte Federal.

La investigación más reciente, de la White House’s Privacy and Civil Liberties Oversight Board, determinó que el programa de vigilancia masiva no sólo era ineficaz – nunca logró frenar un solo intento de ataque terrorista – sino que no tenía bases legales. En un lenguaje menos diplomático, comprobaron que Estados Unidos estaba operando un programa ilegal de vigilancia masiva, cuyo mayor éxito había sido el descubrimiento de un taxista que desde EEUU transfirió 8.500 dólares a Somalia en 2007.

Después de señalar incluso que este éxito impresionante – descubrir una transacción bancaria ilegal – no se podría haber logrado sin el programa de vigilancia masiva, la comisión recomendó que se lo de por finalizado. Desafortunadamente, sabemos por la prensa que el programa sigue operando al día de hoy.

Creo que la vigilancia masiva no sólo falla en garantizar más seguridad, sino que actualmente nos vuelve menos seguros. Por el grado de derroche de recursos que significa un programa de vigilancia masiva que “recoge todo”, terminamos con más analistas tratando de darle sentido a pequeñas disidencias políticas y menos investigadores siguiendo pistas verdaderas. Creo que hacer vigilancia masiva en desmedro de los métodos tradicionales de espionaje puede costar vidas, y así lo demuestra la historia.

A pesar de la extraordinaria intromisión de la NSA y los gobiernos de la UE en las comunicaciones privadas alrededor del mundo, Umar Farouk Abdulmutallab, el “Underwear Bomber”, fue capaz de abordar un avión desde Europa a EEUU en 2009. Las 290 personas a bordo no fueron salvadas por la vigilancia masiva, sino por la incapacidad de quien llevaba la bomba de hacerla explotar. Aunque el padre de Mutallab advirtió al gobierno norteamericano que su hijo era peligroso en noviembre de 2009, nuestros recursos estaban ocupados monitoreando a gente que jugaba juegos en línea o grabando a ministros alemanes. Esa pista extraordinaria no significó que el gobierno le asignara un investigador. Todo lo que le dimos fue una visa de entrada al país.

Tampoco este programa permitió frenar las bombas de Boston. A pesar de las específicas alertas rusas sobre Tamerlan Tsarnaev, el FBI no pudo más que hacer una investigación de rutina – aunque hicieron un montón de investigaciones inútiles basadas en búsquedas en computadoras. 264 personas terminaron heridas y 3 murieron. Los recursos que podrían haber estado destinados a una investigación seria fueron destinados al monitoreo de todas las llamadas en EEUU.

Esto no debió haber pasado. Yo trabajé para la CIA. Para la NSA. Para Defensa. Amo a mi país y creo que el espionaje sirve a un propósito fundamental y debe continuar. Arriesgué mi vida, mi familia y mi libertad para contarles la verdad.

La NSA me dio la autoridad para monitorear comunicaciones alrededor del mundo usando sistemas de vigilancia masiva, incluso dentro de los Estados Unidos. Personalmente monitoreé objetivos individuales usando ese sistema, bajo la orden 12333 del Presidente de los EEUU y bajo la ley FAA 702 del Congreso. Conozco lo bueno y lo malo de ese sistema, lo que pueden y lo que no pueden hacer, y les puedo decir que sin moverme de mi silla, podría haber leído las comunicaciones privadas de cualquier miembro de este comité, así como de cualquier ciudadano común. Puedo jurar que esto es verdad.

Estas no son las herramientas en las que las sociedades libres invierten. La vigilancia masiva viola nuestros derechos, pone en riesgo nuestra seguridad y amenaza nuestra forma de vida.

Si el gobierno de US, luego de determinar que la vigilancia masiva es ilegal e innecesaria, continúa con el programa estamos ante un problema. Considero al gobierno como el responsable general y espero que estén de acuerdo conmigo. Esto plantea una cuestión que muchos cuerpos legislativos implicados en vigilancia masiva trataron de evitar: si aún conscientemente Estados Unidos está violando el derecho de miles de millones de inocentes – y digo miles de millones sin exagerar – por nada más sustancial que la potencial ventaja en inteligencia que nunca se comprobó, ¿qué van a hacer los otros gobiernos del mundo?

Nos guste o no, las reglas internacionales del mañana se están construyendo hoy, ahora, por el trabajo de espacios como este comité. Si los estados liberales deciden que el espionaje es más importante que los derechos de sus ciudadanos, el resultado inevitable va a ser estados menos liberales y menos seguros a la vez.

Muchas gracias.

Ahora responderé a las preguntas, por favor tengan en cuenta que no revelaré nueva información sobre los programas de vigilancia. Me limitaré a informar acerca de aquello que los medios de comunicación han expuesto a conocimiento público. Repito mi voluntad de dar testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos si deciden tratar el tema de la vigilancia masiva inconstitucional.

Rapporteur Claude Moraes MEP, S&D Group.

Dado el amplio impacto que ha tenido la revelación sobre vigilancia masiva a ciudadanos de la Unión Europea, ¿puede informarnos sobre el grado de colaboración existente entre la NSA y los estados miembros de la UE en términos de recolección de datos sobre ciudadanos europeos?

Un gran número de memos de la dirección de Asuntos Extranjeros de la NSA fueron publicados por la prensa. Una de las principales actividades de la FAD (Foreign Affairs Division) de la NSA es presionar o incentivar a los miembros de la UE para que cambien su legislación de manera que se permita la vigilancia masiva. Abogados de la NSA, así como del servicio británico GCHQ, trabajan muy duro para encontrar vacíos legales en las leyes y constituciones que permitan programas de vigilancia masiva. Esos esfuerzos por encontrar vacíos legales y nuevas interpretaciones son una estrategia intencional para evitar que la oposición pública y los legisladores insistan en la necesidad de que haya límites a respetar, un efecto que el propio GCHQ internamente describió en un documento como “un debate público perjudicial”.

Hemos visto que estas operaciones legales de la FAD ocurrieron tanto en Suecia como en Holanda, así como también en Nueva Zelanda. Alemania estuvo bajo presión para modificar la ley G-10 en beneficio de la NSA, y en perjuicio de los derechos de los ciudadanos alemanes amparados en su constitución. Todos estos países reciben instrucciones de la NSA, a veces bajo el amparo del Departamento de Defensa de US y sus cuerpos, sobre como degradar la protección legal de las comunicaciones en sus propios países. El resultado final de la NSA en ese sentido es que el derecho de los ciudadanos a comunicarse libremente sin interferencias ha sido quebrado, y los sistemas de vigilancia masiva están siendo construidos en secreto incluso en estados liberales, y a menudo sin la plena conciencia de la opinión pública.

Una vez que la NSA logra superar o ayuda a sobrepasar las restricciones legales para la vigilancia masiva inconstitucional en otros estados, alienta a sus aliados a realizar “operaciones de acceso”. Las operaciones de acceso son esfuerzos en conjunto para obtener acceso total a todos los proveedores de telecomunicaciones en sus jurisdicciones, normalmente comenzando por los que manejan mayor volumen de comunicaciones. A veces la NSA provee consultoría, tecnología y hasta hardware físico propio a sus aliados para la ingesta de esta cantidad enorme de datos de manera que les permita procesarlo, ya que no toma demasiado tiempo acceder a todo ese tipo de información. Incluso en un país del tamaño de US, el acceso a tres grandes compañías pueden proveer acceso total a la mayoría de las comunicaciones de todos los ciudadanos. En Gran Bretaña, Verizon, British Telecommunications, Vodafone, Global Crossing, Level 3, Viatel e Interoute cooperaron con el GCHQ, incluyendo cooperación que estaba más allá de lo legalmente requerido.

En el momento en que esto ocurre, es muy difícil para los ciudadanos de un país proteger la privacidad de sus comunicaciones, y es muy fácil para los servicios de inteligencia de un país hacer que esas comunicaciones estén disponibles para la NSA, incluso sin explicitar que se comparte la información. Cuando se combina con el que hecho de que los memorándums de acuerdos entre la NSA y los servicios de inteligencia de otros países tienen una cláusula estándar que asegura que no se proveen derechos “exigibles”, termina en que la NSA vigila a los ciudadanos de sus servicios de inteligencia aliados sin que éstos lo sepan, y permite que éstos nieguen esa situación.

El resultado es un “bazar” europeo, donde un estado miembro de la UE como Dinamarca puede darle a la NSA acceso a su centro de monitoreo bajo la (“no exigible”) condición de que la NSA no monitoree a ciudadanos daneses, y Alemania le da a la NSA acceso a otro centro en la condición de que no espíe ciudadanos alemanes. Sin embargo, los dos sitios de accesos pueden ser dos puntos del mismo cable, entonces la NSA simplemente captura las comunicaciones de los ciudadanos alemanes cuando esas comunicaciones pasan por Dinamarca, y las comunicaciones danesas cuando pasan por Alemania, todo bajo el marco de los acuerdos obtenidos. En definitiva, cada servicio de inteligencia de UE dio acceso a su sistema de inteligencia interno a la NSA, el GCHQ, FRA, sin tomar conciencia acerca de cómo esa acción individual contribuyó a crear un sistema de vigilancia masiva contra todos los ciudadanos del mundo.

Este Parlamento debería pedirle a la NSA y el GCHQ que nieguen que están monitoreando las comunicaciones de los ciudadanos de la UE, y ante la ausencia de una respuesta seria, yo sugiero que estamos ante una situación que es el resultado de subordinar el derecho de los ciudadanos a elegir frente a las prerrogativas de los servicios de inteligencia del mundo. El camino más seguro de una nación para convertirse en objeto de un sistema innecesario de vigilancia masiva es permitir que la inteligencia dicte sus políticas.

El derecho a ser libres de intromisiones en nuestras privacidad – nuestras vidas y nuestras propiedades, nuestros pensamientos y nuestras comunicaciones – es un derecho humano. No está garantizado por gobiernos y no puede ser revocado por ellos según la conveniencia. Así como no permitimos que la policía entre en cualquier casa a buscar evidencia por crímenes sin solución, no debemos permitir que los servicios de inteligencia intervengan en nuestras comunicaciones en búsqueda de indicios de actividades peligrosas.

– ¿Podría informar acerca de la actividad de los servicios de inteligencia de estados de la UE en este tipo de operaciones y cómo están de avanzadas sus capacidades de vigilancia en comparación con la NSA?

El mejor testimonio que puedo dar sin interferir en el trabajo que están haciendo los periodistas que cuentan con esta información es señalar que la NSA no sólo provee recomendaciones y guías sino que comparte sistemas y tecnologías de vigilancia masiva con agencias de inteligencia de estados de la UE. En lo específicamente referido a vigilancia masiva, la diferencia entre, por ejemplo, la NSA y la FRA no es de tecnología sino de fondos y de mano de obra. La tecnología es agnóstica de nacionalidad, y la bandera que uno coloque afuera del edificio no hace al sistema de vigilancia masiva más o menos efectivo.

– ¿Qué proporción de programas de vigilancia masiva han sido ya revelados por la prensa?, ¿hay otros programas, aún no revelados, que puedan impactar sobre los derechos de los ciudadanos de la UE?

Hay todavía otros programas que podrían impactar en los derechos de los ciudadanos de la UE, pero dejaré a los periodistas responsables a cargo de esa información que determinen cuáles son los de mayor interés.

Shadow Rapporteur Sophie Int’Veld MEP, ALDE Group

¿Hay procedimientos adecuados en la NSA para que sus empleados puedan advertir cuando se producen este tipo de situaciones?

Desafortunadamente, no. La cultura corporativa dentro de la inteligencia de US es tal que reportar cualquier tipo de duda sobre la legalidad o la necesidad de algún programa termina resultando en una advertencia sobre quien lo señala antes que en cualquier reforma. Debemos recordar que todos estos programas resultaron problemáticos para las oficinas legales de agencias como la GCHQ u otras. De acuerdo a sus propios documentos, la prioridad de esas supervisiones no era asegurar el estricto cumplimiento de la ley o marcar cualquier violación, sino evitar, y cito, “cualquier debate público peligroso”, y evitar cualquier tipo de revisión legal en una corte abierta.

En mi experiencia personal, en repetidas ocasiones expresé mis dudas sobre la legalidad y la pertinencia de estos programas, con mis compañeros y con mis superiores, obteniendo dos tipos de respuestas.

La primera fue la advertencia de no “mover el bote”, para no sufrir el mismo tipo de castigo que sufrieron otros denunciantes como Wiebe, Binney o Drake. Estas tres personas reportaron sus dudas a través de los canales oficiales y los tres sufrieron operaciones armadas del FBI y amenazas de sanciones criminales. Todos en la comunidad de inteligencia saben lo que ocurre con quienes reportaron cuestionamientos sobre operaciones ilegales.

El segundo tipo de respuesta era la sugerencia, típica de los superiores, de que dejemos que ese sea el problema de alguien más. Incluso a los oficiales de mayor rango a los que llevé mis cuestionamientos, nadie en la NSA pudo siquiera recordar una instancia en la que la queja de un oficial resulte en la finalización de un programa ilegal, pero había un deseo unánime de evitar quedar asociado a ese tipo de denuncias.

¿Agotó todas las instancias internas antes de la decisión de hacerlo público?

Sí. Reporté a más de diez oficiales distintos sobre lo problemático de estos programas, y ninguno de ellos hizo nada al respecto. Como empleado de una empresa privada, antes que empleado directo del gobierno, no estaba protegido por las leyes que protegen a los denunciantes y no hubiese estado protegido de represalias y sanciones legales por revelar información clasificada.

Hay que recordar que este dilema legal no ocurre por error. La reforma de las leyes que protegen al denunciante recién se aprobó en 2012, con la US Whistleblower

Protection Enhancement Act, pero específicamente decidieron que queden excluidas las agencias de inteligencia. Obama también reformó una orden ejecutiva que regulaba la protección a denunciantes, con la 2012 Presidential Policy Directive 19, y también dejó afuera a contratistas de los servicios de inteligencia, como era mi caso. El resultado es que personas como yo quedaron sin ningún canal oficial para este tipo de cuestionamientos..

¿Cree que esos procedimientos para denuncias han mejorado?

No. No hubo hasta ahora ninguna reforma sustancial al respecto, y desafortunadamente mi gobierno está tomando un número desproporcionado de acciones en mi contra. El gobierno norteamericano me declaró culpable de un crimen antes que empiece cualquier juicio, llamaron públicamente a que se me ejecute, revocaron mi pasaporte y me dejaron varado en una zona de tránsito por seis semanas y hasta usaron a la OTAN para hacer aterrizar el avión presidencial de Evo Morales, presidente de Bolivia, por el rumor de que yo me encontraba en él rumbo al asilo en América Latina.

¿Cuál es su relación con las autoridades rusas y chinas, y cuáles son los términos en los que se le permitió establecerse originalmente en Hong Kong y ahora en Rusia?

No tengo relación con ninguno de esos dos gobiernos.

Shadow Rapporteur Jan Philipp Albrecht MEP, Greens Group.

¿Podemos ayudarlo de alguna manera?, ¿ha pedido asilo en la Unión Europea?

Si quieren ayudarme, ayúdenme ayudando a todos: declaren que la vigilancia indiscriminada, la recolección masiva de datos privados de parte de los gobiernos es una violación a nuestros derechos y debe terminar. Lo que me pase a mi como persona es menos importante que lo que le pase a nuestros derechos.

Respecto del asilo, sí pedí a la UE, pero aún no recibí respuestas positivas. Legisladores de los gobiernos me han dicho que Estados Unidos, y cito, “no permitiría” que aliados de la UE me ofrezcan asilo político. Recibiría cualquier oferta de asilo permanente o de una visita segura, pero reconozco que se requeriría un acto de extraordinario coraje político.

¿Puede confirmar ciber ataques de la NSA u otros servicios de inteligencia contra instituciones de la UE, proveedores de servicios como Belgacom o SWIFT u otra compañía establecida en la UE?

Sí. No quiero opacar el trabajo de los periodistas, pero puedo confirmar que los documentos aparecidos que muestran operaciones contra Belgacom, SWIFT, la Unión Europea, Naciones Unidas, Unicef y otras, revelan ataques que efectivamente ocurrieron. Y es posible que operaciones similares que afectan mucho más a ciudadanos comunes serán reveladas en el futuro.

Shadow Rapporteur Cornelia Ernst MEP, GUE Group.

Desde su punto de vista, ¿qué tanto pueden estar justificadas por cuestiones de seguridad nacional las medidas de vigilancia que usted reveló? De acuerdo a su experiencia, ¿esta información está siendo utilizada para espionaje económico?, y ¿qué puede hacerse para resolver esto?

La vigilancia contra objetivos específicos, por motivos de seguridad nacional y respetando los derechos humanos, es irreprochable. Desafortunadamente, hemos visto el crecimiento de vigilancia sobre objetivos extremadamente cuestionables por razones que nada tienen que ver con la seguridad nacional. Recientemente, el Primer Ministro de Australia, encontrado in fraganti participando en actos de espionaje económico, trató de argumentar que el precio de los camarones y cigarrillos en Indonesia era una cuestión de seguridad nacional. Esto es un indicador del creciente desinterés de los gobiernos por asegurar que las actividades de inteligencia sean justificadas, proporcionales al objetivo y estén bajo algún control. Debería preocuparnos por el precedente que sientan este conjunto de acciones.

El GCHQ, de Gran Bretaña, es el primer ejemplo de esto, ya que se refieren al tema como “un ligero descuido”, que es la manera burocrática de decir que sus actividades de espionaje son menos restringidas que adecuadas. Desde que comenzaron estas revelaciones, aprendimos que el GCHQ interceptó y guardó una cantidad sin precedentes de comunicaciones entre ciudadanos comunes, creando una base de datos dentro y fuera de la UE. No hay argumento capaz de convencer a una corte que esas actividades son necesarias y proporcionales, y es por eso que esas actividades permanecen ocultas a la revisión de una corte.

En Estados Unidos, usamos una corte secreta, la Foreign Intelligencia Surveillance Court (FISC), que sólo escucha argumentos del gobierno. De aproximadamente 34.000 pedidos que hizo el gobierno a lo largo de 33 años, la FISC sólo rechazó 11 pedidos. Debería ser tomado en serio por este comité, y por la sociedad, el hecho de que los abogados de la GCHQ se consideren afortunados por evitar el tipo de supervisión de una corte como la FISC que sólo rechazó 11 solicitudes de las 34.000 pedidas por el gobierno.

Aprendimos unos días atrás que el GCHQ colectaba imágenes del popular servicio de Yahoo de cámaras web adentro de las casas de los ciudadanos, y alrededor del 10% de esas imágenes tenían que ver con situaciones íntimas y/o de desnudez. En el mismo informe, los periodistas revelaron que este tipo información de webcam podía buscarse a través del sistema XKEYSCORE de la NSA, lo cual significa que el pequeño descuido de la GCHQ no sólo era utilizado para recolectar información que está vedada por las leyes de la UE, sino para luego intercambiar esos datos con servicios de inteligencia extranjera, sin el conocimiento o el consentimiento de la opinión pública.

También aprendimos el año pasado que algunos de los aliados con los que el GCHQ estaba compartiendo información, por ejemplo la NSA, utilizó ese tipo de material para desacreditar a ciertas organizaciones religiosas, con la difusión de contenido sexual explícito. Este reporte, de 2012, reveló que el gobierno británico estaba al tanto de la intención de la NSA de usar la información de esa manera. Ninguno de los miembros de ese grupo religioso estaba sospechado o envuelto en ningún intento terrorirsta: eran objetivos a perseguir por sus creencias políticas, como parte de una clasificación de la NSA que los consideró “radicalizados”.

¿Alguno de los miembros de este comité no sostuvo alguna vez una posición que la NSA, el GCHQ o algún servicio de inteligencia de la UE podría haber considerado “radical”?, ¿si fueras un objetivo por tus creencias políticas, ¿lo sabrías? Si los desacreditaran usando tus conversaciones privadas, ¿podrían demostrar que fueron ellos?, ¿qué recursos les quedarían contra eso? Y ustedes son parlamentarios. Imaginen el impacto del trabajo de esas agencias contra un ciudadano común sin poder, sin privilegios, sin recursos. ¿Son estas actividades necesarias, proporcionales y un incuestionable asunto de seguridad nacional?

Unas semanas atrás, nos enteramos que el GCHQ contrató científicos para estudiar cómo crear divisiones entre activistas y agrupaciones políticas, cómo actuar para desacreditar empresas privadas y cómo plantar información falsa para desviar la discusión pública.

Para responder directamente a su pregunta: sí, las capacidades de vigilancia masiva y global están siendo usadas en una base de datos con propósitos de espionaje económico. Que uno de los principales objetivos de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos es producir inteligencia económica es uno de los máximos secretos en Washington.

En septiembre, descubrimos que la NSA había logrado la colaboración de los mayores facilitadores de transacciones financieras, como Visa y SWIFT, con la publicación de documentos que hablaban de ellos como proveedores de “información personal muy importante”, aún de datos que no tenían que ver con objetivos de inteligencia. Nuevamente, son documentos auténticos y sin modificaciones, un hecho que la propia NSA nunca puso en duda.

En agosto descubrimos que la NSA espió a Petrobras, una empresa de energía que sería la primera de una larga lista de empresas de energía que Estados Unidos espió.

Pero debemos dejar en claro que estas actividades no son propias sólo de la NSA o el GCHQ. El DSD de Australia espió a Sri Mulyani Indrawati, el ministro de finanzas y Director del Banco Mundial. Informes posteriores revelaron espionaje en las cumbres del G-8 y el G-20. Incluso hubo vigilancia masiva contra la cumbre del cambio climático.

Recientemente, los gobiernos cambiaron su discurso, pasando del argumento de que sólo usan vigilancia masiva “por motivos de seguridad nacional” al más nebuloso “propósitos de inteligencia extranjera”. Sugiero que este comité considere que ese cambio retórico es un reconocimiento tácito de los gobiernos de que pasaron el límite de lo justificable. Todos los países creen que sus objetivos de inteligencia extranjera son válidos, pero eso no los vuelve justificables. Si estamos preparados para condenar el espionaje económico de nuestros competidores, debemos hacerlo con nuestros aliados.

La comunidad internacional debe ponerse de acuerdo en estándares comunes de comportamiento, e invertir en el desarrollo de nuevas técnicas de defensa contra la vigilancia masiva. Todos dependemos de sistemas comunes, entrelazados, y los franceses no estarán a salvo de la vigilancia masiva hasta que los americanos, argentinos o chinos no lo estén.

La buena noticia es que hay soluciones. La debilidad de la vigilancia masiva es que resulta muy sencillo volverla más cara: el tráfico de información encriptada de punto a punto hace que la vigilancia masiva resulte ineficiente en términos de costo/beneficio. El resultado es que el gobierno debe volver a los tradicionales métodos de vigilancia, en objetivos específicos basados en pruebas concretas. Los gobiernos no podrían correr el riesgo de lanzarse contra toda terminal de conexión entre dos puntos en el mundo. La posibilidad de la vigilancia masiva y pasiva está basada en comunicaciones sin encriptar o con encriptamiento débil alrededor del mundo.

Si hubiera mejor información pública sobre las agencias de inteligencia, ¿cree que se hubiera evitado la existencia de este tipo de programas?, ¿qué condiciones deben cumplirse para que eso pase, a nivel nacional e internacional?

Sí, más información podría haber prevenido de estos errores que nos trajeron hasta este punto, entendiendo que la defensa siempre es más importante que el ataque cuando se trata de temas de inteligencia nacional. El intencional debilitamiento de los estándares de seguridad de los cuales todos dependemos es una acción contra ese bien público.

La supervisión de las agencias de inteligencia siempre debe estar en manos de los partidos de la oposición, ya que siempre son los que tienen más para perder en cuanto a vigilancia estatal. Además, necesitamos mejores leyes que protejan a los que denuncian estas cuestiones, y un nuevo compromiso sobre la importancia del asilo internacional. Estas son cosas importantes que protegen nuestros derechos humanos cuando las leyes nacionales fallan.

Los gobierno europeos, que tienen una larga tradición en derechos humanos, no deberían estar intimidados por defender el asilo por motivos políticos, de los cuales el espionaje siempre ha sido un motivo. El periodismo no es un crimen, es el fundamento de una sociedad libre e informada.

Shadow Rapporteur Axel Voss MEP, EPP Group.

¿Por qué decidió hacer pública esta información?

Las leyes y las cortes secretas no pueden autorizar actividades inconstitucionales, ni se puede justificar la violación al derecho humano al accountability democrático sobre esas actividades. Si la vigilancia masiva sobre el público inocente tiene que ocurrir, que sea autorizado como resultado de un debate informado con la opinión pública, bajo una serie de reglas que los ciudadanos puedan discutir en las cortes si es necesario.

Que los gobiernos estén aún hoy dispuestos a permitir una revisión independiente de esas políticas secretas de vigilancia masiva de inocentes demuestra la falta de fe de esos gobiernos en que estos programas son legales y útiles, y dan un testimonio más fuerte en favor de la justicia de mis actos que cualquier palabra que pueda escribir.

¿Agotó todas las instancias internas posibles antes de hacerlo público?

Sí. Reporté a más de diez oficiales distintos sobre lo problemático de estos programas, y ninguno de ellos hizo nada al respecto. Como empleado de una empresa privada, antes que empleado directo del gobierno, no estaba protegido por las leyes que protegen a los denunciantes y no hubiese estado protegido de represalias y sanciones legales por revelar información clasificada.

Hay que recordar que este dilema legal no ocurre por error. La reforma de las leyes que protegen al denunciante recién se aprobó en 2012, con la US Whistleblower

Protection Enhancement Act, pero específicamente decidieron que queden excluidas las agencias de inteligencia. Obama también reformó una orden ejecutiva que regulaba la protección a denunciantes, con la 2012 Presidential Policy Directive 19, y también dejó afuera a contratistas de los servicios de inteligencia, como era mi caso. El resultado es que personas como yo quedaron sin ningún canal oficial para este tipo de cuestionamientos.

¿Es consciente de que sus revelaciones pueden potencialmente poner en riesgo la vida de inocentes y afectar los esfuerzos de la lucha global contra el terrorismo?

De hecho, no hay evidencia específica, de ningún gobierno, acerca de alguna vida que haya sido puesta en riesgo por los motivos que esta pregunta parece querer implicar. Si usted puede demostrar que alguno de los gobiernos consultados en esta historia eligió no impedir la publicación de información que pusiera en peligro a alguien, lo invito a hacerlo. La primera plana de cualquier diario del mundo está disponible para usted.

¿El servicio secreto ruso se acercó a usted?

Claro. Hasta el servicio secreto de Andorra se hubiera acercado a mi si hubiese tenido la chance: es su trabajo.

Pero no traje los documentos conmigo a Hong Kong, y estoy seguro de que se desilusionaron, y los servicios de inteligencia no tardan mucho tiempo en darse cuenta de eso. Y estoy acompañado constantemente con una cantidad enorme de periodistas, lo cual equivale a la kriptonita de los espías. En consecuencia, pasamos 40 días atrapados en un aeropuerto en vez de estar durmiendo en una pila de dinero esperando a la siguiente parada. Pero salimos con la cabeza en alto.

Quiero agregar que el gobierno de Estados Unidos repitió en varias ocasiones que no hay evidencia de ningún tipo de relación entre el servicio de inteligencia ruso y yo.

¿Quién financia su vida?

Yo.

Shadow Rapporteur Timothy Kirkhope MEP, ECR Group.

Comenzó diciendo que quería mayor control de los ciudadanos sobre las agencias de inteligencia, sin embargo, ¿cómo se siente con que ese control no se aplique sobre usted?, ¿planea en algún momento regresar a Estados Unidos o Europa para enfrentar cargos criminales, responder preguntas ante un oficial y seguir el camino de alguien que filtra información?

Con todo respeto, le recuerdo que la accountability no puede existir sin el debido proceso, y hasta Deustche Welle ha escrito sobre la brecha que existe en la ley norteamericana que me privó de la protección vital como denunciante por mi condición de empleado de una compañía privada en lugar de empleado del gobierno federal. Seguramente nadie en ese comité cree que la medida de los derechos políticos de cada persona debe estar determinada por quién es su empleador.

Afortunadamente, vivimos en un mundo global, interconectado, y cuando las leyes nacionales fallan como es este caso, las normas internacionales nos proveen de otros niveles de accountability así como el proceso de asilo nos permite un medio de debido proceso a personas que de otra manera seríamos erróneamente privadas de nuestra libertad.

Ante la extraordinaria campaña de persecución en mi contra por el gobierno de los Estados Unidos por mis creencias políticas, que le recuerdo que incluyó hacer aterrizar el avión del presidente de Bolivia, un gran número de naciones estuvo de acuerdo en que era necesario y justo concederme el asilo político.

Las encuestas de opinión en Europa indican que no estoy solo en la esperanza de ver que los gobiernos de la UE acuerden en que es necesarios proteger con nuevas normas a quienes filtran información de este tipo.

¿Planea desclasificar más información?, ¿se le ha requerido que desclasifique algún tipo de información referida a autoridades rusas o chinas?

Como dije anteriormente, hay una cantidad de información clasificada sobre programas que afectan los derechos de los ciudadanos de la UE, pero dejaré que el interés público de esas informaciones lo decidan los periodistas que están trabajando con esas informaciones, en coordinación con miembros del gobierno. No he desclasificado ninguna información a nadie más que la que publicaron los periodistas.

Muchas gracias.

El FMI revisará las cuentas de la Argentina compulsivamente

Cristina Kirchner y Christine Lagarde.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió revisar en forma compulsiva el estado de las cuentas públicas de la Argentina ante la decisión del Gobierno de seguir negándose a cumplir con el intercambio del artículo IV desde 2006.
Fuentes del organismo que lidera Christine Lagarde confirmaron la decisión a LA NACION y aclararon que el primer examen será este año.
El staff informará en forma periódica sobre la situación de la Argentina y de otros países que se demoraron en forma excesiva en el cumplimiento de esta obligación, que el resto de los miembros del G-20 lleva a cabo en forma regular.
El mandato aprobado por el board es que los técnicos “informen en forma regular al board su opinión acerca del estado de la economía y las políticas del país miembro basados en la información que está disponible”, según el texto discutido por el directorio. Esto incluiría datos oficiales y del sector privado.
De este modo, el FMI hace una pirueta para eludir el cerco que le impuso el Gobierno desde 2006, cuando se desarrolló la última revisión de las cuentas públicas en el contexto del artículo IV en el gobierno de Néstor Kirchner.
Una vez que el Gobierno le pagó al FMI su deuda y que comenzó la distorsión de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), suspendió de facto este intercambio informativo, que implica el viaje de una misión técnica al país y la redacción de un informe, que cuenta también con la opinión del gobierno analizado.
En este caso, las fuentes del FMI aclararon que se haría una “consulta en rebeldía, ya que no viajarían al país sin el acuerdo de las autoridades”. El intento “es informar al directorio de lo que está pasando en el país”, precisaron.
LA NACION intentó conocer infructuosamente la opinión sobre este tema del Ministerio de Economía que lidera Hernán Lorenzino, quien a fines de la semana próxima tiene previsto participar en Washington de la asamblea semestral del Fondo y el Banco Mundial (ver aparte). En junio, el board decidirá si el país avanzó o no con las medidas que le impuso en enero para contar con estadísticas transparentes y adecuadas a los estándares internacionales en materia de inflación y crecimiento económico.
La decisión del organismo, adoptada a fines de la semana pasada, se basa en un informe de las áreas Legal, Estrategia y de Revisión de Políticas del Fondo y, al parecer, no fue objetada por ningún director (ni siquiera por el representante por la Argentina, Alfredo Mac Laughlin). “Propuestas para enfrentar las demoras excesivas en la terminación de las consultas del artículo IV” es el nombre de este reporte, monitoreado por Sean Hagan (director del departamento legal) y Siddharth Tiwari (secretario del FMI).
El texto arranca en forma tajante: “La vigilancia bilateral es obligatoria tanto para el FMI como para sus miembros, y todos los miembros tienen la obligación con el FMI por este objetivo”. En ese sentido, “la vigilancia necesita cubrir todas las economías con una razonable frecuencia”. Por esta razón, el staff propuso una serie de pasos: que el jefe del FMI informe por medio de una carta al presidente del país acerca de la “demora excesiva” en cumplir con el artículo IV, que se haga pública la lista de los países que no cumplen con este trámite y, finalmente, que el staff prepare un informe al board , que no contará con la opinión del país evaluado. El paper no hace mención a ningún caso en particular, pero la Argentina aparece como uno de los ejemplos anónimos para fundamentar esta polémica decisión; Ecuador y Venezuela son los otros países de la región que no cumplen con este requisito.
Si bien el Gobierno no tiene un plan de asistencia financiera del FMI, como miembro se ha beneficiado en 2009 del giro de US$ 2500 millones surgidos del proceso de recapitalización del organismo, que permitieron suavizar en ese crítico año la situación de las cuentas públicas.
El ex auditor regional del FMI Claudio Loser consideró que esta decisión “será peor para la Argentina que hacer el artículo IV, porque se expone a una sanción como no poder usar en el futuro los recursos del FMI”. En tanto, los ex secretarios de Finanzas Daniel Marx y Lisandro Barry señalaron que tendrá un impacto negativo, pero de bajo calibre.
“Esto lleva a discusiones más allá de lo técnico, en las que no habrá una corroboración directa del intercambio entre las partes”, sostuvo Marx.
“Va a tener una repercusión marginal negativa sobre la tasa de riesgo país, pero no demasiada mientras no haya emisiones de deuda por parte del Gobierno”, agregó Barry.

A 10 días de la asamblea del Banco Mundial en la que se decidirá al reemplazante del director Robert Zoellick, el gobierno argentino aún no decidió a quién apoyará entre los tres candidatos que hay, confesó una fuente oficial a La Nacion. Compiten el médico de origen coreano y ciudadano de EE.UU., Jim Yonk Kim; el economista colombiano José Ocampo y la ministra nigeriana de Hacienda, Ngozi Okonjo-Iweala. Un importante grupo de economistas latinoamericanos expresaron su apoyo a Ocampo, incluyendo a los argentinos Roberto Frenkel, Roberto Bouzas, Daniel Heymann, José Fanelli, Bernardo Kosacoff, Mario Damill, Jorge Gaggero y Diana Tussie. También lo hicieron José Sbatella (jefe de la UIF) y Jorge Carrera (analista del BCRA)..

Operación triunfo

“Me salta a las espaldas el siglo perro/lobo

pero yo no tengo sangre de lobo”

Ósip Mandelshtam.

Un par de factores, pero principalmente el resultado de las PASO y ningún candidato opositor con chances de polarizar la elección (por razones estructurales y no de capacidades individuales, creo), permiten afirmar que dentro de once días ocurrirá un hecho al que no le diremos histórico para no herir susceptibilidades: tendrá un lugar un hecho, entonces, que no ocurría hacía mucho, desde que Yrigoyen no accedía a un tercer mandato. Una misma fuerza política, del mismo partido y la misma línea interna, consigue un tercer período en cabeza del Ejecutivo.

Extrañamente, el clima no parece el de un momento llamado a ser inscripto en los registros de la historia. Está apaciguada la cosa, nadie tiene demasiado para decir, las disputas son más internas que entre partidos, el resultado electoral importa más por los cargos legislativos que por el estado de relación de fuerzas que arroje. Los columnistas de los diarios vuelven de la indignación y ocupan un lugar mucho más parecido a la resignación. Había una crítica a las PASO que originalmente no me parecía del todo equivocada: se vivirían un par de meses de demasiada campaña. Un paraíso politológico, un tubo de ensayo cotidiano, claro; pero quizás una pesada carga para la política, que debía hacer un fino equilibrio entre el proselitismo y el hartazgo de los mensajes (equilibrio del cual la representación política no suele salir siempre bien parada). Ese problema tuvo una solución en el primer resultado, las campañas se plancharon a modo de adaptación darwiniana de la política.

Este clima es una victoria del oficialismo, efectivamente, pero también es una victoria de una forma particular que asumió el kirchnerismo en un momento determinado. Primero, asentado en cierto “clima de época”, posterior al Bicentenario y la muerte de Néstor Kirchner, una especie de sensación de que alrededor de eso se estaba formando algo nuevo que exigía, por cierto, una nueva manera de conducir. Todo lo cual vino a ser refrendado en una segunda etapa, nada menos que por una avalancha de votos. A partir de entonces, sentado encima de esos votos, el kirchnerismo le esquiva a ciertas discusiones bizantinas y las polémicas por la cuadratura del círculo y el sexo de los ángeles cambian de domicilio legal. Si hubiera que señalar un síntoma, superficial pero explicativo, de esta nueva manera de conducir políticamente una fuerza, haría foco en algo que me decía Mendieta: no está tanto en los buenos spots de campaña como en el slogan presidencial de “Un país con buena gente”. Gente. La palabra maldita, a la que este mismo kirchnerismo, nosotros, alguna vez le rehúsamos, la opusimos al “pueblo”, dando una disputa en el significado en vez de en el significante. Como si no fueran dos formas de llamar a lo mismo, como si lo importante no fuera, en verdad, que a ese llamado responda alguien. Que cada uno se llame como quiera, mientras se deje representar, diría mi amigo el Escriba.

Lo bueno de la tranquilidad es que permite replanteos, permite preguntarse cosas en la periferia del kirchnerismo, tomar nota de cuál de todos los kirchnerismos ganó. Es un buen momento para seguir caminando sin abandonar ninguna de las banderas que este proceso político permitió levantar, pero haciéndose de la idea de que el kirchnerismo que ganó no es intenso, ni bélico, ni necesita enemigos cotidianos para avanzar. Que encontrará espacios de confrontación toda vez que quiera problematizar determinado tema, no me queda ninguna duda, y es casi un esencialismo de la política democrática. No me queda duda de eso, como no me queda duda de que el kirchnerismo que está siendo premiado ahora es el que la sociedad evalúa como capaz de garantizar un piso de estabilidad.

Pedirle un Termidor a este proceso es ignorar los cimientos básicos sobre los que se construyó, suponerlo fuera de un contexto mundial endeble y hacer caso omiso de que la estabilidad latinoamericana no se sostiene en hacer la plancha sino en avanzar. Ahora, exigir que a partir de una victoria electoral, en vez de un Termidor se vuelva a cierta radicalización innecesaria del discurso, el señalamiento de enemigos de una batalla cultural que no cuenta ni con referís que digan quién va ganando, se me ocurre otro error.

En el medio de esos dos extremos parece haber bastante margen de maniobra, del que este período entre-elecciones puede dar cuenta. Con las tensiones inevitables y todo, ojalá haya más.

Los diez mandamientos de Steve Jobs

 

Todos quieren ser como fue él. Ahora que la muerte de Jobs llevó al trono a un empresario brillante e innovador, no hay emprendedor que no se pregunte cómo lo logró, cómo hizo para enamorar a sus clientes. Son muchos los sitios de Internet especializados que por estas horas están tratando de responder a esas preguntas. Y cada uno de ellos reproduce, según su mirada, los diez mandamientos de Steve Jobs. Los destacados son:

 

1.

No hay nada que perder . Hay que intentarlo, aunque parezca imposible. Es una de las lecciones que Jobs dejó en 2005, durante su célebre discurso en la Universidad de Stanford: “Con mis verdades relativas -en las que creo profundamente- pero que sé, se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, el de volver a tener una Argentina con todos y para todos”.

 

2.

Si no existe un mercado hay que inventarlo . Lo logró con el iPod, después con el iPhone y, por último, con la tableta iPad.

 

3.

No realizar estudios de mercado . Hay una frase de Jobs famosa: “La gente no sabe lo que quiere hasta que uno se lo muestra”. El mismo hacía sus propios estudios de mercado llevándose los prototipos a su casa y los sometía a prueba: “La única vez que hablaron sin morirse de risa fue cuando le dio a Tognetti la posibilidad de meterse, literalmente, dentro de la intimidad de su portafolio. Y ahí, buscando una supuesta “libretita” donde el Primer Mandatario registra religiosamente todos los “debes y haberes” del país, el periodista repasó con él sus anotaciones sobre las negociaciones con el Fondo Monetario”.

 

4.

Contratar a los mejores . Cuando fundó la empresa NeXT, Jobs contrató al arquitecto I.M. Pei para diseñar el logotipo y a Mickey Drexler, de GAP, para que formara parte del consejo de administración de su empresa con miras al lanzamiento de la cadena de tiendas Apple.

 

5.

Formar equipos pequeños. Jobs creía que no podía memorizar más de cien nombres. Es por eso que el equipo inicial de Macintosh tenía exactamente cien colaboradores, ni más ni menos. Para contratar uno nuevo, debía licenciar a otro.

 

6.

Delegar. Jobs supo rodearse de un equipo preparado para continuar su trabajo. Tim Cook, el nuevo consejero delegado de Apple, ya se hizo cargo de algunas lanzamientos de la marca, como del iPhone 4 y el iPhone 4S, presentado esta misma semana.

 

7.

Buscar un gran enemigo. Apple tuvo su primer éxito a partir del anuncio publicitario “1984”, emitido una sola vez, durante la final del Super Bowl. En el spot se comparaban con IBM, empresa por entonces ya instalada en el mercado. Más adelante eligió otros grandes para “pelear”, como Microsoft, Google y Amazon.

 

8.

Es mejor usar una zanahoria antes que un látigo . Dicen que Jobs a veces daba miedo, pero su carisma personal era lo que de verdad motiva a sus empleados. Su entusiasmo contagioso fue la razón por la que el personal que diseñó la primera Mac se pasó tres años seguidos trabajando 90 horas a la semana para lograr una computadora de gran calidad.

 

9.

Todo en secreto. En Apple nadie habla. Y nadie sabe más que lo necesario. Este silencio provoca interés por las presentaciones de producto, lo que a su vez logra títulos en los diarios.

 

10.

Buscar la perfección. Jobs era meticuloso. Cuidaba cada detalle. Cuentan que en la víspera del lanzamiento del primer iPod, sus empleados pasaron la noche sustituyendo las clavijas de los auriculares: consideraba que no hacían clic de la forma precisa y deseada.

 

Foto.

Votá tu spot favorito (parte II)

Segunda tanda de aquello que comenzamos con el compañero Mariano Montes. Otra vez, el criterio para votar lo ponés vos, nosotros lo ordenamos de manera decreciente, de acuerdo a nuestro gusto. Y otro bonus track con internacionales.

12. FIP, 1983. 

11. Angeloz (Beto Brandoni) 

10. R. Saa. San Luis da que hablar. 

9. Herminio Iglesias. 1983. 

8. Nosotros, la izquierda 

7. López Murphy. La puso. 

6. De Narváez. Cachetadas. 

5. La Fuerza de Él

4. Menem. La tercera presidencia, la histórica.
 

3. De la Sota. Qué culiao (?) 

2. Menem. A triunfar. 

1. De la Rúa. Somos más. 

Bonus track internacionales

Piñera. Sumate al cambio. 

Berlusconi. Forza Italia. 

Obama. Yes we can (mejor spot de la historia de la Humanidad, coinciden los compiladores) 

Votá tu spot favorito (parte I)

Con el compañero Mariano Montes, seleccionamos dos tandas de nuestros spots favoritos de la democracia, en orden decreciente del que menos al que más nos gustó (por motivos que varían). Votá el que más te guste, el criterio lo ponés vos.

10. Kirchner 2003.

9. Luis Brandoni 2005.

8. De la Rúa, con cantito.

7. Lavagna, la vaca atada.

6. Rodríguez Saa, dibujitos.

5. Menem, los niños ricos que tienen tristeza.

4. De Narváez, tomate.

3. Vamos Menem.

2. De la Rúa, dicen que soy aburrido.

1. Menem lo hizo.

Bonus Track, tres internacionales.

Obama.

Lula.

Zapatero.

Votá.