Callejón cacerolero II: #9N, Constitución bolivariana, a quién corresponde dar respuestas y la mar en coche

Por suerte, de entre lo mejor que se ha podido leer sobre el #8N sobresale lo que se podría denominar como el dilema de la continuidad del plexo aquel día expresado.
Aburriría –a mí, al menos– discutir acerca de la legitimidad de la propuesta, que no está –ni nunca ha estado– en discusión, o sus motivaciones o convocantes (esto sería, digamos, el “hasta el #7N), tanto como de la cantidad de asistentes a la protesta, su mayor o menor espontaneidad y demás cuestiones atinentes a la organización, cómo se comportaron o la calidad de sus respectivos soportes argumentativos (esto es, el #8N en sí).
No. Acá lo que interesa, creo, es el #9N y en adelante. La irrupción de algo nuevo, se verá si es o no un actor hasta acá ausente o qué, tanto como de demandas y formas no tradicionales de expresión y armado imposibles de ser abarcadas a través de los esquemas conocidos es un hecho.
No debe extrañar, es la historia, el correr del progreso, incluso hasta los mismos éxitos del gobierno nacional que influyeron, influyen para que el escenario haya mutado; atraviesa, todo eso, a la sociedad, la reconfigura, y llama a pensar respuestas.
La representación política, así como se la conoce por estas horas, tanto como quienes son sus ocasionales intérpretes, están en el banquillo de los acusados, en medio de una deriva contestataria que no reconoce de identidades de ningún tipo.
Nadie está exento: si el oficialismo ha sido y de hecho está siendo severamente cuestionado, la oposición, en muchos casos, si no en la mayoría, “le chupa un huevo” a casi todos los caceroleros que se pudieron oír en los distintos micrófonos que les fueron abiertos; rechazan pertenencias como pieza complementaria de la excéntrica jugada reclamante –cuestión que más bien origina la peculiaridad de la expresión–.
Y no se que es peor: si que te puteen o que directamente ni te registren.
Si todo aquello que se vociferó en las calles, principales o no, de todo el ancho y largo del territorio nacional, pretende someterse a la convivencia del juego político y a la dinámica institucional, siquiera para que se pueda considerar sincera que la verba republicana ha sido conjugada con sinceridad, no debiera descartarse que se llame a reconsiderar los términos del pacto constituyente.
Tranquilos/as: quedando de lado la quimérica re-reelección, ya acá nos hemos pronunciado en contra de ello.
En ese sentido, la Constitución bolivariana impulsada por Hugo Chávez en Venezuela en 1999, ha incorporado mecanismos novedosos de escrutinio y participación popular, más directa e innovadoras en términos de ejercicio temporal de la misma, que convendría no desatender solo por tratarse de una invención chavista.
Ahí tenemos, en el mismo sentido, los presupuestos participativos de gastos y recursos, inventados por el ejemplar PT cuando le tocó gobernar Porto Alegre.
Siempre será bueno recordar que Chávez logro que cabalgara su proyecto constituyente sobre la implosión del sistema político que lo precedió, y que hizo de su país la ruina que era hacia su advenimiento, en el año 1998.
Acá aún transitamos fases irresueltas de la fractura de identidades partidarias de 2001, cuyo inicio en realidad puede rastrearse –aunque a mi criterio es injusto– en el Pacto de Olivos de 1993 –me suena idiota la crítica a un acuerdo político como marco previo a decidir una reforma constitucional en ámbitos formales, guste o no lo que allí se haya escrito–.
Pero por si fuera poco, y por increíble que suene, existen dirigentes que hasta rehúsan de su rol primario en la vida cívica, esto es, la representación de la ciudadanía. Pretenden hacer, por ridículo que ello suene, virtud de esa debilidad. Justo será decir que ello está en directa relación con el rechazo que siente para con ellos la cuasi totalidad del universo cacerolero.
Carlos Pagni, columnista opositor del diario ídem La Nación, fue quien, la mañana misma del #8N, antes de la marea humana que tapizó la 9 de julio como hace rato no se veía, firmó una columna en la que advertía que se estaba frente a un fenómeno que nace de la anomalía funcional que implican los casi 40 puntos de distancia que la ciudadanía dispuso que separaran a primera de segunda fuerza electoral en 2011.
Muy lejos del verso del supuesto 46%, la disparidad de fuerzas formales se hace sentir más allá de lo que hace al mero control del que gobierna el Estado ocasionalmente.
En cualquier caso, los ingredientes aquí vertidos hablan a las claras de que, si hubo algo ridículo el otro día fueron los carteles y banderas, en sí mismos contradictorios, que rezaban que la Constitución “no se reforma, se cumple”.
En la columna del debe hay, entiende por lo menos un millón de personas, una lista de pendientes; tramitarlos es la cuestión.