Fondos judiciales al Banco Nación: el verdadero debate

Durante la última semana, el presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, escribió dos notas,una para Clarín y otra para La Nación, en las que intentó replicar argumentalmente los fundamentos de un proyecto de ley de Diana Conti, por medio del cual se quiere establecer al Banco de la Nación Argentina como agente financiero de los depósitos que se efectúen en las causas iniciadas en tribunales nacionales a posteriori de sancionado el mismo.
Sturzenegger se dedica, en ambas, sobre todo a resaltar el buen funcionamiento del Ciudad. Está bien que haya intentado por ese carril –es hábil tácticamente, quiero decir–, y además dice la verdad. Por otro lado, podría agregarse que esa eficacia ha ido acompañada, además, de algunas sanas lógicas de rentabilidad social.
Pero. Lo que ocurre acá es que, al margen de ser cierto, lo dicho por FS elude la discusión política principal. No se trata de quitarle al Ciudad los fondos judiciales emanados de los fueros nacionales por cómo los administra, sino de un debate sobre el federalismo.
Porque más allá del virtuosismo que efectivamente pueda haber demostrado la banca porteña en el manejo de dichos fondos, lo que debe destacarse es que ha tenido la oportunidad de hacerlo. No así ha sucedido con la totalidad del resto de los ciudadanos de las provincias, que aportan igual o más que los de la Ciudad al sostenimiento de la estructura de la Justicia nacional, pero cuyas bancas estatales provinciales vean, como sí la de CABA, beneficios por el aprovechamiento de dichos recursos financieros: ergo, lo justo es que los mismos sean gerenciados por el Banco Nación.
Aún si fuese objetivo de los bancos provinciales desarrollar proyectos del tipo de los enumerados por Sturzenegger en sus publicaciones –no estamos afirmando que efectivamente sea así, pero interesa acá esa discusión–, el punto es que no cuentan con una herramienta que sí ostenta la Capital, en lo que significa una clara discriminación distrital. Ésa es la disputa en curso a estos respectos.
Sería interesante, eso sí, terminar con esa patraña de los fueros nacionales, en cuyos estrados uno no puede presentarse si no está domiciliado en… Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indefectiblemente. Más allá de que, en esto también, la enorme mayoría de los no aceptados en dicha sede pagan impuestos de los que surge el costeo de la misma, al igual que la minoría que sí está habilitada a litigar allí.
Cosa que no va a ocurrir, intuyo: obsérvense lo que cuesta lograr que el jefe de Gobierno cumpla con la ley que dispuso el traspaso de los subtes y colectivos cuyo recorrido incumbe exclusivamente el territorio capitalino a la administración porteña. Sobre todo, hace a las gigantes dificultades que genera intentar hacerles entender a los ciudadanos de la Ciudad que tienen que pagar impuestos.
Es uno de tantos capítulos con que cuenta la historia del privilegio con que cuenta el puerto en detrimento de las provincias del mal llamado interior del país. Se trata de puntos de partida inequitativos, que hacen a muchas de las demás desigualdades, que surgen de esa primera. Y de corregirlo. En lo que más se pueda, al menos, si es que no se logra del todo.
Bien que no se hace siempre todo lo que se quiere; más bien, las más de las veces, apenas (entre comillas) lo que se puede.