¿”Guerra” a Clarín?

1) Un acuerdo prácticamente unánime entre aquellos que pensaron el fenómeno de la guerra la definen como una confrontación en términos de paridad; la declaración de guerra es un acto político soberano de un Estado contra otro en condiciones regladas que suponen el empleo de sus fuerzas armadas en un marco formal de igualdad: se baten regularmente dos naciones o, como en las guerras de independencia, una contra otra que pretende serlo. Subrayemos, entonces, el elemento esencial de paridad, de combate entre iguales, como uno de los elementos definitorios de la guerra. Un Estado puede y debe imponer la ley dentro de su territorio con todas sus herramientas institucionales a quienes se sitúan por fuera de ella, pero sería en esos casos un despropósito respecto de sus atribuciones una declaración de guerra; implicaría una degradación de su función y al mismo tiempo ubicaría a quien quebranta el orden comunitario en un pie de igualdad. Esa degradación fue una de las miserias en las que incurrió la última dictadura cívico-militar al plantear la lucha contra las organizaciones armadas de la década del 70 en términos de guerra; fue una designación empleada para fortalecer nominalmente el poder de tales organizaciones, equipararlas a un irregular Estado invasor y resignar todos los medios institucionales en pos de una estructura represiva clandestina.
2) Desde que el grupo Clarín vio cuestionada su posición dominante en el mercado promovió un uso metafórico para nombrar el intento de regular su poder: “el gobierno entró en guerra contra Clarín”. Cientos de notas periodísticas y de planteos de la oposición partidaria trajinaron esta idea rectora hasta la exasperación: se trata, al fin de cuentas, de una guerra. (“El Gobierno, en guerra contra la prensa crítica” -Marcelo Birmajer, Clarín, 10/5/2013; “Kirchner quiso pactar con Clarín y, como no pudo, le declaró la guerra” -Pablo Sirvén, La Nación, 30/10/13-; “la guerra que Cristina y Néstor Kirchner declararon contra el Grupo Clarín después de la crisis del campo” –Laura Alonso, Clarín, 1/11/13-; “Lanzan guerra final contra Clarín” –Mariano Confalonieri –Perfil, 21/8/11-, entre tantos combatientes). Este es, entonces, el esquema retórico en el que el holding enmarca la discusión: un duelo entre iguales, no una decisión del Estado Nacional para regularizar el desempeño de un grupo empresario con aspiraciones monopólicas. Por eso la estrategia retórica del grupo sitúa la contienda entre el grupo Clarín y los Kirchner o este gobierno o Cristina o el kirchnerismo, como si se tratara de una controversia entre particulares, y no entre un grupo empresarial en colisión con una ley sancionada por el Poder Legislativo del Estado argentino votada por amplísima mayoría (Recordemos que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contó en la Cámara de Diputados con sólo cuatro votos negativos y una abstención, frente a un abrumador apoyo de legisladores del Frente para la Victoria, del Partido Socialista de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, del Partido de la Concertación de Mendoza, Neuquén y Río Negro, del Partido del Encuentro Social y Popular de Buenos Aires, del Partido Progresista de Tierra del Fuego, del Partido Solidaridad e Igualdad, del Frente Cívico de Santiago del Estero, del Partido Nuevo contra la Corrupción de Córdoba, del Partido Dignidad Peronista de Misiones, del Peronismo Jujeño, del Partido Renovador de Salta, del Partido Guardia Peronista de Buenos Aires; sólo una grosera malversación puede pretender que la sanción de esta ley fue el ejercicio de la voluntad personal de Cristina Fernández de Kirchner). Del mismo modo el grupo Clarín y sus voceros partidarios presentaron la declaración de constitucionalidad de la ley de medios; el fallo casi unánime del mayor órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado Nacional, fue expuesto casi como una opinión –espuria, además, pues se le imputa estar motivada en la ambición personal- de Ricardo Lorenzetti, ocultando su carácter de mayoritario pronunciamiento institucional definitivo.
3) Es clara la enorme diferencia de registros que supone plantear el conflicto como una pugna entre particulares en pie de igualdad, o situarlo como las decisiones legítimas asumidas por la representación de la voluntad general contra un particular que defiende su interés privado. La misma diferencia que supone -apelando a una metáfora futbolera- plantear un fallo del réferi como un conflicto entre éste y un jugador o un equipo. Si se degrada ese fallo a opinión –tan válida y, por ende, tan sujeta a contraponerle otra igualmente válida- se ataca no esa decisión, sino la legitimidad del orden comunitario en su conjunto. Podemos considerar curioso este apego al republicanismo de la derecha argentina en tanto institucionalmente se validen sus pretensiones; también podemos conjeturar por qué todo cuestionamiento a su poder no encuentra en sus medios de comunicación otra expresión que un alarmante ataque a la República. Es que esa derecha, por tradición y poder consuetudinario, no ha creído ser otra cosa que un sinónimo de la República (así lo expresó, a dos voces, la brutal pitonisa: “Clarín y La Nación son la Argentina”). De ahí su insalvable intolerancia para soportar que se sujete a ley su poder; de ahí que pretenda pararse de igual a igual, en “guerra”, con el Estado Nacional.

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