Lo que está en juego en una fractura social

 Se ha convertido en un tópico muy visitado, y más aún desde el affaire Ricardo Darín, el de la llamada fractura que atravesaría a la sociedad argentina a partir de lo operado en ella por la experiencia de casi diez años de kirchnerismo. En realidad, se puede decir que existe –esta discusión– ya desde el llamado “conflicto del campo”, y se ha vuelto recurrente desde la reelección de la presidenta CFK. Incluso lo hemos abordado aquí y ha sido parte de un programa especial de Jorge Lanatacon evidentes intenciones de construcción editorial antigubernamental.

Se ha establecido desde diversos sectores que existiría al interior de la ciudadanía un odio mutuo que la tendría dividida en dos bandos irreconciliables. Pongamos que, efectivamente, así sea. Antes una aclaración: acá importa bien poco Ricardo Darín en sí; discutirlo a él, o a cualquier otra persona a que en el presente se pueda llegar a aludir, en particular.
Ahora bien, la intervención de Darín disparó, sí, cuestiones bien interesantes; las referidas en el primer párrafo del post, que formaron parte importante de sus respuestas en un reportaje otorgado a la revista Brando que mereció respuesta, vía carta, por parte de la Presidenta.
Por caso, días antes de este episodio incluso, en una mesa de debate celebrada en el programa de radio de Jorge Lanata entre varios periodistas de distintas empresas de medios de línea editorial adversa al oficialismo, uno de ellos, el doctor Nelson Castro, dijo, a este mismo respecto, que lo peor, a su juicio, era que se había recreado la vieja dicotomía peronismo-antiperonismo, que en su entendimiento era algo que se había solucionado durante la fase menemista del peronismo.
Y he allí, en la afirmación de Castro citada ut supra, lo preocupante. La pregunta vendría a ser, no si se desea (o no) la reconciliación nacional, sino para qué y cómo se la quiere.
Porque, aceptemos que durante el menemismo se haya elaborado la concordia, ¿al precio de qué fue todo eso? Es cierto: el doctor Menem se abrazó con el almirante Isaac Francisco Rojas, probablemente el símbolo máximo del gorilismo antiperonista, en lo que pareció –enfatícese el pareció– ser el cierre de un capítulo histórico de enfrentamientos que las más de las veces se saldaron a sangre y fuego.
Esa trama incluyó otros episodios resonantes en el mismo sentido, el más significativo de los cuales resultó ser el indulto, en 1990, de las penas de prisión que a esa fecha cumplían los jerarcas militares que integraron las distintas juntas de gobierno durante el auto denominado Proceso de Reorganización Nacional, en lo que realidad vino a completar la saga iniciada por las leyes de obediencia debida y de punto final.
Y que, en definitiva, formaban, todos esos expedientes, parte de un abordaje reduccionista de lo que fue aquella dictadura, en tanto depositaba las culpas sólo en los integrantes del ejército, que apenas ejecutaron decisiones construidas por una compleja red de intereses y actores ajenos al elemento castrense.
De modo tal que cabe concluir que aquella –para nosotros ficticia– paz referida, y al parecer anhelada por aquellos cuyas personas, se insiste, no pretendemos poner en cuestión, se construyó sobre la base de la impunidad y el olvido, o bien a través de la tergiversación de la historia más trágica que le tocó vivir al país –o de la falta de voluntad de inteligirla en su recto sentido y esencia, a tono con lo expresado en el párrafo anterior–.
No cuenten con nosotros si es que acaso se cree que resulta necesario retomar la senda dibujada por la legislación del olvido y el perdón para abonar a la tan ansiada calma de los espíritus. Porque bien es cierto que el edificio conceptual y operativo diseñado por el Proceso y sostenido por la democracia de la derrota –sustentado en la falta de correlación entre delitos y penas que surgiera a partir de la impunidad– ha venido siendo interpelado desde 2003 –aunque se entienda que inacabada y/o inadecuadamente–.
Todo eso generó, genera conmociones, pero que uno entiende necesarias. Es, quizá, el precio que cuesta la construcción de una democracia con contenido y espesor: y vale la pena pagarlo.