Los fusiles ¿están bien guardados?

«Los gobiernos democráticos sacaron a los militares de la escena política y eso estuvo bien. Si todavía fueran actores políticos no habría habido tres meses de protestas y bloqueos en las rutas. (…) Antes cuando había una crisis los tanques salían a las calles. Hoy ya tenemos más de cien días de conflicto y nada.»

Las frases pertenecen a Robert Potash, un historiador entrevistado hoy por Página/12, y son muy interesantes en el marco del conflicto agrario, cuando se habla tanto de «golpismo». Ya que de historia hablamos, repasemos un poco la nuestra.

Los militares fueron el instrumento del que se valieron la oligarquía primero y luego los intereses económicos en general para imponer sus intereses sobre la voluntad popular en el período que va desde la conformación del estado nacional (1853) hasta el último retorno a la democracia (1983). El resto de latinoamérica (y en cierta medida, del tercer mundo) vivió procesos similares a lo largo del siglo XX.

En 1916, Argentina pasó por una transición particular: el populismo (en ese caso encarnado en el radicalismo) accedió a la democracia y a elecciones limpias. La oligarquía (y los intereses económicos mencionados), que habían cedido -obligados por los movimientos radicales, socialistas y anarquistas- se dieron cuenta de que no tenían una representación que pudiera contrapesar a las masas. En criollo, al haber gobernado 50 años en favor de los intereses de su clase, con poca gente, las clases medias y bajas, necesarias para ganar las elecciones, no apoyaron su proyecto político.

Al no poder imponer su voluntad por el voto, por vía democrática, esos intereses acudieron a los militares para que les devuelvan por la fuerza el poder que habían cedido por obligación. Todo el período 1930 – 1983 se explica en el marco de esa tensión: el populismo que reclamaba satisfacer los derechos de las mayorías y los intereses económicos que se apoyaban en los militares para desplazarlos, recuperar poder y rentabilidad.

Esa lógica se quebró durante el gobierno de Raúl Alfonsín: por un lado se intentó enjuiciar a los militares, mientras que por el otro se mantuvo la defensa de los intereses económicos que estos habían salido a defender (reconocimiento de la deuda externa, por ejemplo).

Con el correr del tiempo, los militares pactaron: no intervendrían más en política (total, si la democracia se encargaba de defender los intereses económicos aún mejor que ellos) a cambio de que no se continúe con los juicios. Carlos Saúl Menem cristalizó el pacto con los indultos y su política (ejecutada a través del Jefe del Ejército, Martín Balza) de «guardar» a los soldados (ayudada también por el desmantelamiento y privatización del Estado).

Las fuerzas armadas dejaron de ser un factor de poder y un actor político de peso. Aún a pesar de ciertas políticas equivocadas como la de Ricardo López Murphy, que intentó reflotarlos cuando fue ministro de Defensa de De La Rúa. No lo logró: durante la crisis de diciembre de 2001, hubo contactos con el Gobierno para una posible represión militar, que ellos mismos descartaron: no querían afrontar ni el rechazo de la gente por los tanques en la calle, más para defender una gestión indefendible, ni la posibilidad de hacerse responsables de alguna de las muertes por la represión de esos días.

Cuando asumió, Kirchner olfateó que no seguirían inmóviles por mucho tiempo. Acaso estaba al tanto de que algunos militares habían intentado promover un golpe contra su antecesor, Duhalde. Acaso sabía que no aceptarían la política de Derechos Humanos que quería imponer.

«Hoy las Fuerzas Armadas sólo existen en el papel, perdieron gran parte de su capacidad operativa. Sospecho que el gobierno de Néstor Kirchner pensó que si los militares no eran operativos, no podrían organizar un nuevo golpe de Estado y entonces el país estaría seguro. Descabezó a la cúpula, les quitó presupuesto y puso gente que conoció en Santa Cruz al mando.», explica mejor Potash.

Cuando hablamos de golpismo, se nos tílda de exagerados, pero lo cierto es que la situación es la misma de siempre: un sector e intereses económicos que no apoya las políticas populistas de un Gobierno e intenta imponer por la fuerza lo que no pudo obtener con votos.

Hay diferencias, por supuesto: mientras unos intereses pierden, otros ganan. No me refiero al sector popular precisamente , sino a ciertas corporaciones, como bien explican quienes creen que este Gobierno es un «conservadurismo inteligente». Además, en el medio están los llamados «pequeños y medianos productores», que dificultan la polarización (gracias a ellos es más difícil construir un «acá el pueblo, allá los otros»). Pero la principal diferencia es que los militares no son ya un actor político de peso como para intervenir en el conflicto.

Puede que esto no sea así por siempre. Ahí está Carrió, que promete «dejar de humillar» a las Fuerzas Armadas. Ahí está Macri, que propone «dejar de lado la estupidez ideológica y pedir colaboración a las fuerzas militares para resolver la coyuntura» de la inseguridad, o que reprueba el retiro de las placas de los militares que gobernaron la ciudad. La oposición no sólo tiene afinidad ideológica con ellos: saben que en algún momento pueden volver a necesitarlos para reemplazar su falta de apoyo popular.

No exagera la presidente cuando habla de golpismo, de defender la democracia y los derechos humanos. Más convencido estoy desde que vi ese afiche nefasto de «La AAA de los K», que propone como «patoteros» a Hebe de Bonafini y a Estela de Carlotto (!), que graciosamente ilustra este post.

Esto ya no es por defender la capacidad del Estado de intervenir en la economía, como dice Escriba. Ese es otro conflicto distinto. El kirchnerismo no es la única fuerza que reivindica los Derechos Humanos; incluso, su política puede ser criticable. Pero es el único progresismo existente que los reivindica y a la vez tiene capacidad real de gobernar. Si miramos la vereda de enfrente y la alternativa que propone la derecha, creo que salta a la vista: ante la disyuntiva, sé a quién apoyar.