Republicanos vs. Democrátas

A propósito del cercano episodio de la destitución del presidente de Paraguay Fernando Lugo la licenciada en Ciencia Política y comunicadora del grupo Prisa, la estadounidense Maria O´Donell, desliza el 25/6/2012 en su programa “La vuelta” el final de su editorial

“Algunas veces, el Poder Ejecutivo avanza sobre los demás poderes y debilita la república, yendo hacia una democracia plebiscitaria.
En este caso, fueron los otros dos poderes, el Judicial y el Legislativo, los que avasallaron al Ejecutivo, dañando a la dimensión democrática.”

Se repite aquí un artilugio discursivo clásico. Los argumentos de los comunicadores de multimedios que pretenden mostrarse equidistantes suelen repetirse: rechazarían un acto político de una fuerza x contra una fuerza y, detallando extensamente luego una serie de acciones de la fuerza y que habría motivado el suceso último. De este modo, el superficial cuestionamiento al grupo x tendría por finalidad apelar a la superioridad moral e intelectual del grupo x a modo de instar a la mesura (generalmente, la resolución por vías ilegítimas de los juegos de poder suele causar un gran impacto por fuera del territorio al que pertenece, por lo cual se apela al pudor y al restablecimiento de las relaciones de orden bajo la última correlación de fuerzas).

Los debates entre demócratas y republicanos tuvieron importante discusión en los Estados Unidos de América, donde finalmente prevalecerían las ideas a favor de instituciones rígidas, formales y abstractas. Los fundamentos de los republicanos Madison, Hamilton y Jay se inspiraban en la búsqueda de instituciones imparciales que limitaran las facciones y garantizaran el orden liberal, e incluso, un status quo. No obstante la periodicidad, la efectividad, la responsabilidad y la división de poderes son valores necesarios para evitar la arbitrariedad del poder estatal y garantizar el bien público.

Pues bien, cierto es que la mera decisión de la mayoría ha dado lugar a experiencias notoriamente desagradables. Ante ello, es necesario educar y ceñir a aquella vox populi a un ideario auténticamente democrático, en la aceptación de un conjunto de acuerdos básicos a partir de los cuáles dar resolución pacífica a los conflictos. Paradójicamente, la aplicación de medidas con fines redistributivos en las democracias latinoamericanas (gravámenes arancelarios, aumento de rentas por explotación de bienes, recuperación de la solvencia del Estado en la nacionalización y/o estatización de los recursos estratégicos, regulación y repartición de la propiedad de la tierra) ha tenido un fuerte impacto sobre los sectores concentrados al ver reducido su dominio del mercado, frecuente origen de conflicto. Omitiendo que el conflicto y las diferencias son esenciales a la política, se califica a los gobiernos nacional-populares como “autoritarios” ya que se obstinarían en eliminar toda posibilidad de diálogo para implementar decisiones demagógicas que dividirían a los pueblos.

Cabe señalar al respecto que en el vocabulario político dela GuerraFría, se designaba como “gobierno autoritario” a las dictaduras latinoamericanas pro-estadounidenses, que se caracterizarían según, los teóricos liberales, por mantener las libertades individuales bajo la suspensión de elecciones libres y con un férreo ejercicio de violencia limitada contra grupos extremistas. Lo cierto es que la “violencia limitada” implicó un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos con un excesivo costo de miles de muertos, grupos económicos y adictos al régimen que engrosaron notoriamente su posición económica. Por el contrario, los gobiernos nacional-populares que durante el siglo XX buscaron una armonía de clases bajo una administración redistributiva fueron violentamente derrocados, sucedidos por dictaduras de tipo burgués-militar que aplicaron penas de prisión y persecución política a los militantes en derrota. Llamar  “autoritario” a cualquiera de los regímenes nacional-populares actuales mueve, por tanto, a risa.

El mote de “democracias plebiscitarias” empleado por O´Donell fortalece la idea de gobiernos de demagogos que manipularían al pueblo para legitimar una autocracia. Los aparentes deseos populares serían así propuestas arrojadas desde un poder central y jerárquico para contener a un conjunto de masas adictas, manteniendo una relación de dependencia y subordinación de la sociedad frente al Estado. El correlato de esta interpretación es que el gobierno popular sería un generador de divisiones en la sociedad al tiempo que se generaría una fusión entre Gobierno y Estado.

Otro aspecto que O´Donell no consideró es que si la representatividad del poder ejecutivo ha crecido en Latinoamérica por sobre la totalidad de las instituciones estatales, es llamativo que no indague los motivos que dieron lugar a tal situación. Allí, la comunicadora política no asumió el compromiso de buscar una respuesta, y prefirió aceptar el dogma conservador de la “defensa de las instituciones”, negando así la condición de ser meros dispositivos creados en función del interés público.

La idea expresada por María O´Donell es un cliché discursivo permanente de los comunicadores políticos tras el derrumbe de la credibilidad del pensamiento neoliberal en la región. Los cuestionamientos principales a las recientes redefiniciones del Estado estarían dirigidas obre una mayor radicalidad discursiva, las formas, la anulación de contratos leoninos, la autonomía del Estado, etc. Se trataría de considerar a los países en desarrollo como naciones en búsqueda de su soberanía, cuya consolidación sólo estaría dada cuando se  convirtiera en uno de los tantos países hegemónicos. De este modo, las políticas soberanas de un Estado encuentran un léxico denigratorio que avalaría una situación de Estado mínimo.

Las palabras de O´Donell, que subestiman los deseos e inteligencia de las clases populares latinoamericanas, son parte de una retórica violenta y clasista, desesperada, que afortunadamente cuenta cada vez con menos adeptos.

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