Contacto
Chile, una nueva luz amarilla.
“Hoy se cierra un ciclo, para bien o para mal se cierra un ciclo. (…) Ésta es la última elección con la lógica de los 90, la última elección con la lógica de la transición”
Marco Enríquez – Ominami, hoy, al momento de sufragar por Eduardo Frei.
El triunfo de la derecha chilena clausura, en cierto modo, el proceso de transición democrática que los países del Cono Sur iniciaron en algún momento de los años ochenta. No lo hace, por cierto, a través de una acción de fuerza, sino del anhelo legítimo de los demócratas de aquí y allá: el surgimiento de una derecha que juega dentro del contexto de la institucionalidad y en el marco del respeto por la voluntad popular. La derrota de la Concertación, la fuerza gobernante desde 1990, puede imputarse a varios factores: el desgaste de sus estructuras, la ausencia de un adecuado recambio generacional, el excesivo centrismo de sus políticas -Chile, modelo favorito de las derechas regionales, mantiene uno de los índices de desigualdad más altos del continente-, su escaso celo transformador -permanece allí, enhiesta, buena parte de la legislación pinochetista-, etc. Pero, al menos en este examen, creo que el dato central reside en que sus adversarios no aparecen como una amenaza surgida del pasado, sino que han logrado reconvertirse en promesa de cambio, en alternativa, frente a fuerzas identificadas con ese pasado.
Como en Uruguay, Brasil y en la Argentina, también en Chile ha surgido, con poderosa incidencia en los sectores progresistas, una proclamada alternativa a los esquemas binarios de la política tradicional, y en especial, a gestiones desgastadas por su diario roce con los factores de poder. Pero esa tercera vía, no obstante, no debe asociarse con un determinado tipo de conciencia social y popular, como demuestra el resultado final. La calidad ideológica de los apoyos que despierta, de las adhesiones que genera, tiene menos que ver con la adhesión a un determinado programa político que con la novedad misma de su existencia. Y la novedad, inevitablemente, es un atributo tan relativo como efímero. Este es un desafío que Enríquez – Ominami conoce bien, y que ha de conocer mejor en los próximos meses.
Chile, como en otros tiempos, marca para nosotros una luz amarilla en el camino centrista elegido por algunos gobiernos de la región. Apresuradamente calificados como progresistas por muchos de sus observadores, muchos de los éxitos cosechados por formaciones políticas renovadoras no eran más que un resultado inevitable de la debacle neoliberal que sufrió el Cono Sur a fines de los años noventa. En disputa con las estructuras de poder heredadas, dichas formaciones políticas asumieron una suerte de “giro pragmático“, que les permitió avanzar considerablemente eludiendo todo obstáculo pasible de ser diferido. Pero el agotamiento de su estrategia política, desde un tiempo a esta parte, se evidencia en toda la región, y resulta especialmente agudo allí donde la articulación entre el Estado y los sectores populares organizados no ha alcanzado la masa crítica necesaria para motorizar un proyecto de desarrollo -esto es, casi en todas partes-.
Tiene razón Enríquez – Ominami: la etapa de la transición ha terminado. La denominación vale tanto para el difícil período abierto con la recuperación democrática, como para los gobiernos que se propongan agendas de cambio reducidas a la esfera institucional, disociada del cambio social, cultural y político que nuestra región necesita. Nuevos escenarios se dibujan en una tierra en la que, como ayer, los sucesos trasandinos bien pueden convertirse en espejo de nuestro porvenir.
Ezequiel Meler,
http://ezequielmeler.wordpress.com
A dos meses, ¿ni vencedores ni vencidos?
Un modesto balance de los acontecimientos y sucesos acaecidos en estos sesenta días de vida política postelectoral pareciera mostrar a un gobierno que ha recompuesto parte de su iniciativa política, sin revertir, sin embargo, la tendencia declinante que lo signa desde 2007.
El realineamiento parlamentario producido tras la derrota electoral permitió al oficialismo sortear con un éxito impensable el primer desafío político serio que se le presentaba -a saber, la prolongación de las llamadas “facultades delegadas”-. Este resultado, sumado a la afortunada maniobra sobre los intereses monopólicos ligados a la televisación del deporte argentino por excelencia, ha generado la impresión de una fortaleza que se traduce en un símbolo perfecto: en pocas horas, esta misma mañana, y a dos meses de la derrota electoral, el gobierno de Cristina Fernández se apresta a presentar formalmente en el Parlamento su controvertido proyecto de ley de medios audiovisuales. La agenda parlamentaria se completa con medidas de neto impacto social, como el proyecto de ley de regulación de alquileres y el subsidio universal a la niñez.
La impresión de un panorama alentador se sostiene a la vista de las dificultades que afrontan los principales espacios opositores, en abierta disputa por el control del proceso político y, en algunos casos, con sus referentes sumidos en carreras presidenciales demasiado anticipadas. En ese sentido, es acertado señalar que, si bien el 28 de junio hubo un derrotado, y ese fue el oficialismo, los guarismos electorales no han consagrado por sí mismos una fuerza en condiciones de plantearse como sucesión natural. Esta es la diferencia esencial que separa a la etapa actual de las apresuradas comparaciones con transiciones precedentes -es el caso de 1987 y 1997-.
Pero la fuerza de la restauración neoconservadora, favorecida por las sucesivas victorias que han acumulado sus referentes políticos y, sobre todo, sectoriales, desmiente en parte este sereno panorama. Si la derrota fue posible, ello se debió, antes que nada, a la ausencia de un sujeto político en condiciones de legitimar activamente las políticas nacionales. Dicha ausencia, que no aparece en los balances habituales, ni tampoco en las autocríticas oficiales, revela un defecto estratégico en la propia concepción política predominante en los círculos del kirchnerismo, defecto que se replica, con implicancias aún más conservadoras, en materia económica y social.
¿Quién ha de sustentar las reformas anunciadas? ¿Qué armado político ha de sostener el contraataque oficial, defendiendo sus flancos de las estocadas del adversario? Parece primar una mirada excesivamente institucionalista, propia del campo liberal, según la cual se confía en el devenir institucional como síntesis y canal privilegiado de procesamiento de los conflictos que puedan presentarse. La historia nacional, lejana y reciente, no avala semejante optimismo.
Detrás de cada promesa, subsiste una amenaza. Sólo la virtud de la organización popular podrá establecer la diferencia entre una y otra.
Ezequiel Meler,
http://ezequielmeler.wordpress.com/
Renovaciones.
“El kirchnerismo o los ismos nunca existieron, porque nosotros pertenecemos a un espacio nacional y procuraremos construir una alternativa para 2011 a fin de profundizar todo lo construido hasta ahora”
Néstor Kirchner, agosto de 2009.
Desde el retorno de la democracia, el peronismo atravesó diferentes procesos de renovación, y unas cuantas fracturas, pero sólo dos tuvieron y tienen consecuencias perdurables. La primera de estas es la renovación cafierista, que concluye en el menemismo, y conlleva el desplazamiento de los dirigentes gremiales por políticos profesionales y líderes territoriales -intendentes, gobernadores- autónomos. Huelga decir que sólo un peronismo institucionalmente diferenciado de los sindicatos y legitimado por elecciones internas podía llevar adelante el proceso de Reforma del Estado, el desguace del aparato productivo, el programa de Ajuste Estructural preconizado por los organismos multilaterales de crédito, etc.
(A la vez, no menos evidente resulta que ello no hubiese sido posible de no mediar la debilidad estructural de la clase trabajadora en el escenario económico y social que amaneció con la restauración democrática, corolario inevitable del Plan Martínez de Hoz. Pero esa es otra historia).
El éxito de dicha renovación se mide no sólo por su innegable continuidad: asimismo, fue capaz de producir su reflejo mimético en la oposición. El Frepaso, el intento más reciente de convertir al peronismo en una suerte de concertación socialdemócrata, estaba imbuido del mismo ideario, no sólo en el campo de los “modelos” económicos, sino en el mismo modo de hacer y concebir la política. Para los que buscan una línea entre Cafiero y De Narváez, ahí la tienen, aunque Don Antonio, nuestro patriarca, no reviste culpa alguna en ello.
El segundo proceso de renovación surge de la inevitable debacle del primero: en tanto se hizo evidente su agotamiento como proyecto económico -debilidad que, cabe resaltar, no se verifica en el plano de las ideas, de la cultura y de la sociedad, campos todos donde sigue flameando el ideario neoliberal- fue necesario, con más pragmatismo que ideología, recomponer las piezas sueltas de un eventual capitalismo nacional, con activa participación del Estado. Esa es la tarea de la llamada “bisagra” duhaldista, cuya continuidad y proyección alcanza hoy el balance de las dos administraciones Kirchner -hasta donde puede, es cierto, y sin demasiada imaginación-.
Al menos en el campo del peronismo, al contrario de lo que sostienen algunos vencedores, no hay una tercera renovación en curso: los proyectos que hoy se enfrentan, independientemente de las parodias de unos y de otros, se pueden resumir en dos fórmulas: neomenemismo y neoduhaldismo. El primero, resumido en la emblemática figura de Francisco de Narváez; el segundo, en las fuerzas que acompañan a Néstor Kirchner.
(En el medio, me dirá el querido Manuel Barge, están los gobernadores del Centro Litoral, representantes de los intereses subalternos de la Pampa Húmeda, y también los “federales periféricos”, asociados a los sectores financieros de la City porteña. Es cierto, pero, como espero que comprendan, y de todos modos pronto será claro, ninguno de ambos sectores tiene un proyecto nacional propio, ni una capacidad hegemónica. Diría, incluso, que les falta la voluntad en ambas esferas. De modo que lo que queda, para ambos sectores, reside en ver de qué lado de la cancha quieren jugar).
Ahora bien, y este es mi parecer: ese diferendo no puede definirse, ni ha de definirse, en el mero seno del justicialismo, con o sin elección interna. Ambas fracciones buscarán, con mayor o menor tino, sus socios políticos, en los sectores que se benefician de sus políticas. Unión PRO tratará de aglutinar al peronismo disidente, federal y periférico, mientras que Kirchner y los suyos deberán apuntalar su alianza con el peronismo del conurbano, el progresismo metropolitano y las organizaciones sociales.
Es difícil arriesgar un pronóstico, pero algo es seguro: si bien la tendencia en curso apunta al desgaste del kirchnerismo y su eventual relevo en 2011, muchos de sus objetivos, así como una proporción considerable de sus logros, han de prevalecer en el tiempo. No sólo porque se inscriben en la conciencia popular -y esto pudo verse cada vez que el gobierno traró de reprimir los piquetes agrarios del año pasado: la bandera de la no represión ni criminalización de la protesta será un grano para las próximas administraciones, como lo ha sido para el propio oficialismo-. Obra, asimismo, una razón menos aludida, que se resume en la recuperación de la política y de la militancia por parte de quienes ahora se inscriben en una amplia tradición propia del campo nacional y popular. Obran las organizaciones políticas existentes, obra el nuevo cuerpo militante que se ha forjado en estos años de gestión, en los barrios y en las fábricas, pero también en los cuadros intermedios del Estado. El ciclo de reformas desde arriba encarado desde 2003 no ha parido un sujeto histórico en condiciones de darle trascendencia, pero sí ha parido un sujeto político, una vieja / nueva militancia, que oficia de puente entre las instituciones y la sociedad. El legado principal del kirchnerismo a la política estriba en la recuperación de la política misma, de su ideario, de su militancia. Para esa militancia, la etapa que se abre en 2011 es, en alguna medida, la hora de los bollos.
(No, no estoy pensando en la Guerra del Cerdo, ni en el mentado “trasvasamiento generacional“: estoy pensando en dosis crecientes de protagonismo para actores sociales que hace rato están en circulación, dosis y protagonismos que tendrán que ganarse con trabajo y militancia, pero sobre todo, con responsabilidad y conciencia de su historia).
Ezequiel Meler,
http://ezequielmeler.wordpress.com/
Hay que seguir…y hay que cambiar.
La derrota de ayer, pírrica como fue, clausura por su peso simbólico la etapa ascendente del kirchnerismo, y plasma en las urnas su gradual divorcio de amplios sectores sociales, visible ya en octubre de 2007, pero especialmente pronunciado tras el conflicto agropecuario. Un estilo de gestión, acumulación y construcción política se ha agotado: nuevas necesidades, nuevos reclamos, planteos de los que no supimos dar cuenta, encarados por sujetos que no reconocimos como tales, nos fuerzan a revisar los supuestos que ofician de pilares de nuestra gestión. Como dijo hace tiempo Miguel Bein,lo que sintonizó en 2003 ya no sintoniza.
No es, con todo, el fin del mundo, ni mucho menos. Quedan por delante dos años, en los que tendremos el tiempo y la necesidad de rever las estrategias que nos permitieron llegar hasta aquí -pero no más allá-, e interpelar nuevamente a una sociedad que hoy se ha distanciado notoriamente de nuestro proyecto.
Sigo creyendo que somos la mejor apuesta política para los argentinos. Sigo, como miles de compañeros, convencido de la necesidad de profundizar los cambios iniciados en 2003, especialmente en materia social. Somos la única fuerza nacional, con presencia en los veinticuatro distritos, en condiciones de gobernar para bien del país.
También creo, sin embargo, que en política como en la vida, los errores se pagan. Y en general, se pagan caro. Con el agravante de que, en política, muchas veces no somos nosotros los primeros en pagarlos, sino que son aquellos por los que ponemos el cuerpo y las ideas en nuestra militancia cotidiana. A ellos les debemos una autocrítica, que vuelva a replantear nuestra identidad y nuestro porvenir. En el tiempo, condición inequívoca en la edificación de una alternativa popular con genuinas aspiraciones hegemónicas, deberemos rendirles cuentas, para recuperar su confianza en nuestra tarea, para que la vuelvan propia, para que la hagan suya.
Son horas dolorosas, son horas importantes, pero de ningún modo son horas decisivas, horas terminales. De nuestra voluntad y de nuestra capacidad depende el resultado final: la suerte de nuestro legado no está echada. Esta contienda no ha terminado, aún cuando las reglas del combate hayan cambiado considerablemente. Seguimos acá, rindiendo el testimonio práctico de nuestras convicciones más profundas, aquellas que albergábamos mucho antes de Kirchner asomase en la política nacional.
No debemos temerle al cambio, ni debemos eludir el peso de la derrota, por mucho que deseemos convertirla en otra cosa. Hoy, las relaciones reales de fuerza están al desnudo, a la vista de todos los argentinos. Ganaremos algunas batallas, perderemos otras: en el balance, importará nuestra decisión de dar el debate, de poner el cuerpo, de pelearla. Lo que quede será el cimiento mismo de la historia. Esto no se lo debemos al porvenir: nos lo debemos a nosotros mismos.
Ezequiel Meler,
http://ezequielmeler.wordpress.com/
A propósito del cierre en la Provincia de Buenos Aires
No iba a decir nada más en estos días, pero el cierre de Provincia de Buenos Aires, indudablemente, nos tiene a todos especialmente atentos, con la certeza de que algo está pasando, aunque no sepamos demasiado bien de qué se trata.
Hace unos días, María Esperanza Casullo se preguntaba qué piensa el votante de De Narváez. Hoy Conurbanos saca un excelente post mostrando las intenciones de voto de los tres actores en juego -PJ PBA, ACS, Unión PRO- desde 2003 a la fecha. El fenómeno que a ambos intriga por igual reside en la indagación respecto del crecimiento del “Colo” en las encuestas de las últimas semanas. ¿Dónde está su techo, si es que lo tiene? ¿Cuáles son las razones para votarlo?
Empecemos por el final. A juzgar por las encuestas -y hago mal siquiera en tomarlas en cuenta, lo sé- no habría que disociar tan rápido a De Narváez de dos fenómenos, a saber: la crisis de las identidades partidarias acaecida en 2001 y el conflicto agropecuario del año pasado.
Es cierto que, contrariamente a lo anticipado por los falsos profetas del país de las asambleas, la política después de los partidos resultó en la entronización de los liderazgos territoriales: el referente barrial, el intendente, el gobernador, etc. Pero, a poco de andar, esos liderazgos conformaron estructuras que se parecían bastante a las preexistentes, especialmente en la PBA. ¿Qué puede haber menos tradicional, a estas alturas, que un peronismo dividido y un radicalismo aliado a sí mismo?
Y sin embargo… algo ha cambiado. Lo vimos en la Ciudad de Buenos Aires con el ascenso fulgurante de Mauricio Macri, y lo vemos en la emergencia de Unión – PRO. No es el mismo fenómeno, pero hoy queda claro que, para bien o para mal -y seguramente, eso quiere decir que para mal- Unión Pro se perfila como el resultante de un voto novedoso en un territorio históricamente binario, algo que había quedado oculto por el tranquilizador retorno de las identidades preexistentes.
Algo de esto había anticipado Abel Fernández, hace ya tiempo:
“Unión-Pro no es, ciertamente, el peronismo. Tampoco es no peronista. Y no cumple con el rol tradicional de una tercera fuerza. No estoy hablando de las listas de candidatos, que son importantes. Hablo de los votantes, que son los decisivos para identificar una realidad política. Si es la segunda fuerza en el conurbano bonaerense, fortaleza decisiva del peronismo tradicional, esa sí es una nueva realidad. Que trasciende en mucho los resultados del 28 de junio.”
Es mi impresión -provisoria, claro está- que, a partir del declive inesperado del kirchnerismo como resultado del conflicto agropecuario, comienza una reformulación de las identidades políticas realmente existentes, así como de sus electorados. Algunas estructuras entran en crisis, otras se reformulan. Pero lo cierto es que, así como aparecen nuevos emergentes de aquello que antes era el voto progresista -porque hoy lo importante, para ese voto, es definirse respecto a un kirchnerismo que aparece en retirada-, también aparecen nuevas identidades opositoras en el ámbito de la derecha, con el mismo fin.
En esa línea, sería posible identificar un voto extraño a las estructuras, el voto “i”, que no es indeciso, sino independiente. No viene de las clásicas tradiciones e identidades, e incluso se define por su oposición a aquellas. A ese voto apunta el despliegue marketinero de los candidatos.
Los miembros de este hipotético grupo pueden votar PRO en Capital y Unión PRO en provincia, pero muchos de ellos no distinguen entre esas opciones y, por ejemplo, Prat Gay o Stolbizer. Su identificación con el representante es efímera y hasta contingente, siempre y cuando aquel mantenga el compromiso elemental: hablar de política lo menos posible.
Es un voto no encuadrado, menos ideologizado, de formación e ingresos variados, que juzga el sufragio bajo los mismos parámetros culturales de la moderna sociedad de consumo, alejado al máximo de los estándares propios de nuestra cultura política vernácula.
Claro que las viejas identidades persisten, pero ahora conviven con un electorado no encuadrado, que vota con criterios de consumidor. Y como las estructuras territoriales no den cuenta del fenómeno, y adecúen sus estilos discursivos al nuevo auditorio, la renovación, me temo, vendrá por ese lado.
La reflexión queda abierta.
Ezequiel Meler,
http://ezequielmeler.wordpress.com/
Crepúsculo de los ídolos.
“Lo cierto es que hoy el kirchnerismo se enfrenta a una sociedad desconocida. Terreno de ganadores sociales con los que no se identifica. El kirchnerismo debe mirar esa sociedad que le pertenece. A los ganadores y perdedores, a los que dejó ganar, a los que no hizo nada para que dejen de perder. Quizá porque sabía qué tipo de sociedad enfrentaba, hoy debe saber qué tipo de sociedad concibió.”
Martín Rodríguez: Conurbano y derechos humanos.
El Pacto de Olivos, verdadero réquiem del bipartidismo vernáculo, consagró el voto directo, y con ello, expuso al desnudo las desigualdades territoriales de la Argentina. El país político, entonces más que nunca, era Buenos Aires. Quien ganase en la Provincia, gobernaría la Nación. Y así fue con Menem en 1995, con De La Rúa en 1999, con Kirchner en 2003 y en 2005, y con Cristina Fernández en 2007.
Pero ese tiempo, que todavía perdura en el imaginario, terminó, de facto, en el transcurso del conflicto agropecuario. Paradójicamente, la razón no estriba en el resultado del mismo, sino en las fuerzas sociales que asomaron en su devenir.
Los desarrollos regionales provocados por el modelo sojero, sumados a la creciente prosperidad originada en las exportaciones, dieron lugar a un nuevo sujeto agrario, en donde primaba, objetivamente, la confluencia de intereses entre “grandes” y “pequeños” productores. Este aspecto, descuidado en el discurso y en la estrategia oficial, es la verdadera razón del fiasco de la política gubernamental.
En cierto modo, el kirchnerismo ha sido, aquí, una víctima más de su propio éxito. Al generar nuevos polos de desarrollo, al abonar tasas chinas de crecimiento, no previó que ello implicaba, también, el surgimiento de nuevos actores económicos y sociales, actores que no se reconocían en el relato neo desarrollista pergeñado desde Balcarce 50. El consiguiente reclamo de “federalismo”, pese a las apariencias, devino el acta de reconocimiento de un nuevo movimiento político de base territorial, estructurado en torno a los “interiores” de la PBA, Córdoba y Santa Fe, con la voluntad de discutir, de igual a igual, la composición del poder político en el país.
Dicho de otro modo, las regiones más favorecidas por el crecimiento del esquema agroexportador de matriz transnacional concentrada han pasado a reclamar la porción que les corresponde en la distribución de los espacios institucionales del aparato estatal.
¿Y quién mejor que el peronismo para interpretar nuevos actores, nuevos sujetos? El peronismo disidente, que a diferencia de Kirchner, supo sentarlos en una mesa, y ponerse a la cabeza de su reclamo.
Entre los referentes de la “patria chacarera”, algunos sueñan con un candidato “de campo”. Son los menos: la mayoría comprende que, una vez establecida la representación orgánica de sus fuerzas en el seno del Estado Nacional, sus privilegios quedarán garantizados.
El tiempo en que gobernaba quien mandaba en el conurbano ha terminado. El tiempo que se inicia, signado por el desequilibrio del orden conocido, representa la expresión definitiva del amanecer de una nueva territorialidad en la política argentina. En ese amanecer, no queda margen para las estructuras partidarias tradicionales, pero es factible que asistamos a un renacimiento de lógicas movimientistas.
Ezequiel Meler,
http://ezequielmeler.wordpress.com/
Epitafios: Raúl Alfonsín (1927 – 2009).
“Vamos a vivir en libertad, de eso no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia -toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales-, para sostener ideas, para organizarse en defensa de intereses comunes y los derechos legítimos del pueblo, y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor, porque, como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura [...] Y si al cabo de nuestros mandatos hemos cumplido con aquellos grandes fines del preámbulo de la Constitución, que alguna vez nos hemos permitido recordar de viva voz, como ofreciendo a la gran Argentina del futuro nuestra conmovida oración laica de modestos ciudadanos, entonces, como lo hemos dicho en más de una ocasión, nada tendremos que envidiar a los grandes personajes de nuestra historia pasada, porque esta generación, la nuestra, tan hondamente agitada por las luchas y las frustraciones de este tiempo, habrá merecido de su posteridad el mismo exaltado reconocimiento que hoy sentimos nosotros por quienes supieron fundar y organizar la República. Con el esfuerzo de todos, en unión y libertad, que así sea.”
Raúl Alfonsín, Mensaje inaugural ante la Asamblea Legislativa, 10 de diciembre de 1983.
Siempre fui malo para los epitafios, en parte porque todavía no he elaborado del todo la idea de mi propio e inexorable final, y en parte por mi escasa afinidad con el género biográfico tradicional. Como paradójico corolario de ello, desarrollo mejor las relaciones causales entre los procesos sociales y sus resultados, que la aparentemente más simple semblanza de las personas en tanto individuos particulares.
No obstante, hay personajes que, por su impronta, encarnan por derecho propio un tiempo histórico, y ese es el caso de Raúl Ricardo Alfonsín, quien falleciera ayer, martes 31 de marzo de 2009, a las 20: 30 horas. Seguro como estoy de que otros harán sus homenajes -y de que los harán mejor, a la distancia-, no puedo, sin embargo y contra todo consejo, pasar esta fecha en silencio.
El por qué de esta extraña deuda es difícil de desentrañar, incluso para mí. Nací en 1978, el año de nuestro infausto mundial de fútbol, y realicé mi entera formación educativa en el sistema de enseñanza pública diseñado por el alfonsinismo. Tuve por docentes a sus más destacados exponentes intelectuales, incluso desde el bachillerato, donde me guió la mano siempre abierta de Raúl Aragón, pero especialmente en la Universidad, bajo la tutela de profesores como Hilda Sábato y Luis Alberto Romero. En cierta incómoda medida, yo también soy un producto de ese tiempo.
La magnitud del acontecimiento quedó fuera de discusión tan pronto se conoció la noticia: diarios del país, de la región y del mundo entero la recogieron en sus portadas, y varios canales de televisión colocaron una señal de luto en su banda televisiva. Señal de luto que el gobierno refrendó, al declarar tres días de duelo nacional por la muerte del veterano dirigente.
¿Qué dijeron? Mientras que los medios argentinos -nótese la semejanza entre Clarín, Página 12, La Gaceta y La Nación en este punto- ponderaron el lugar de Alfonsín como primer presidente del ciclo democrático inaugurado en 1983, que llega hasta nuestros días, los periódicos españoles destacaron especialmente su papel en el acontecimiento que será, probablemente, el epítome de su esquivo legado, a saber, el Juicio a las Juntas Militares -tal es el caso de El País y de El Mundo-. Este último medio no dudó en afirmar que “el primer acto de su gobierno fue ordenar el Nüremberg argentino”.
En el plano interno, la muerte de Alfonsín no pudo pasar inadvertida para los principales dirigentes políticos, quienes, por una vez, produjeron algo parecido a ese elusivo y algo engañoso consenso que tanto se les reclama. Así, pudimos ver a referentes tan distantes como Néstor Kirchner, Elisa Carrió, Fernando De La Rúa (sí, ese mismo…), Mauricio Macri, Gerardo Morales, Eduardo Duhalde, Carlos Menem, Cristina Fernández y Julio Cobos, entre otros, rendir un común homenaje a la figura del difunto presidente. Casi todos, de manera sorprendente y hasta reiterada, coincidieron en la fortaleza de sus convicciones.
Este fenomenal consenso en torno a la trascendencia de Alfonsín tiene, indudablemente, un fuerte trasfondo contemporáneo. No ya porque su fallecimiento coincida con el veinticinco aniversario de la democracia que supimos conseguir, sino también por la profunda conciencia, que se extiende entre nosotros, respecto de sus cuentas pendientes desde 1983 a la fecha. Conciencia que el propio Alfonsín fue desgranando en los diversos homenajes -el más reciente, en octubre pasado- que se le hicieron con motivo de aquellos días con que quedará identificado por siempre su nombre, a saber, los días de la recuperación de nuestras libertades públicas. Por sólo mencionar un aspecto, aquella institucionalidad de la que se esperaba que, arrolladora, triunfase sobre los intereses sectoriales para edificar una social democracia moderna con alternancia de partidos quedó reducida, veinticinco años después, a la mera celebración de las continuidades posibles -en primer lugar, la de un régimen político que sigue ganando en años la fortaleza que no obtiene de sus representados, ganados por el desencanto-, y a la preocupación formalista por los procedimientos como fines en sí mismos -algo muy lejano al ideario del primer alfonsinismo, largamente más ambicioso-.
Señalar, luego de veinticinco años, que el mérito principal de nuestra democracia reside en los parámetros de su supervivencia suena demasiado posibilista, aún para Alfonsín. Es la marca indeleble de un fracaso, no porque sea inútil o innecesario, sino porque es a todas luces insuficiente. Constatar con exitismo que desde 1983 “no hubo ni habrá más presidentes de facto” supone reconocer la derrota fáctica de las ideas del 83.
¿Qué supuestos comportaba este ideario? En primer lugar, ya se ha dicho, la esperanza de revertir el ciclo de conflictividad a partir de su encauce institucional. En segundo término, la impresión, por parte del alfonsinismo, de un amplio consenso societal sobre el papel del Estado como garante del interés general frente sectores económicos, corporaciones y particulares. En último término, que la reponsabilidad de los políticos profesionales -de los cuales Alfonsín fue, a la vez, un pionero y un promotor- residía en contener los conflictos en el margen estrecho de los pasillos estatales, desmovilizando activamente a la sociedad como mecanismo para evitar enfrentamientos.
Como agudamente observó Escriba hace poco tiempo, estos conceptos estaban presentes en su totalidad ya en la campaña de 1983, y recorrieron la gestión de Alfonsín, así en las buenas -el Juicio a las Juntas- como en las malas -el Punto Final, la Obediencia Debida, las Pascuas de abril del 87, y la lista sigue-. Escriba insiste en esto:
En cualquier caso, resulta válido concluir, de manera provisional, que el alfonsinismo despertó, como proyecto y como gobierno, esperanzas de una magnitud similar sólo a las decepciones que produjo. Inauguró un tiempo -el nuestro- que derivó, tras peripecias diversas cuyo relato excede el propósito de estas líneas, en una suerte de retorno al punto de partida: el sentido de la democracia -ya que no su continuidad- sigue en juego cada día en el que, desde su mero amparo, no se come, no se cura, o no se educa.
Ezequiel Meler,
http://ezequielmeler.wordpress.com/
A noventa días.
Estamos, oficialmente, ante una de las campañas electorales más difíciles de analizar en la historia de nuestra joven democracia. Con la sociedad ganada por la apatía, fracturada casi a la mitad por la denodada labor de los medios de comunicación -que han jugado de manera abierta y desembozada como cuartel general de la contraofensiva opositora-, con varias de las principales rutas del país (todavía) cortadas por el séptimo lock out agropecuario en menos de dos años, la situación no puede ser más inestable, ni más imprevisible. El dinamismo de la coyuntura, plasmado en el adelantamiento confirmado de las elecciones al 28 de junio, vuelve añejos todos los escenarios, y deja perimidas todas las estrategias, incluso aquellas que planteábamos no hace tanto como las más verosímiles para los principales actores.
Si bien la información disponible a la fecha parece indicar que el kirchnerismo ha de retener su primera minoría, el resultado electoral no parece cerrar, por sí mismo, la ecuación de gobernabilidad necesaria para emparchar las diversas brechas que se han abierto en el campo oficialista.
La hipótesis de un gobierno aún más condicionado por socios renuentes a concederle margen de maniobra es uno de los peores escenarios para una administración que debe enfrentar, en el bienio 2009 – 2011, los efectos de la más grave crisis económica mundial en setenta años, con sólo algunos estiletazos de su otrora sorprendente iniciativa política como restos de un estilo de gestión agotado.
La reapertura, a partir del “conflicto con el campo” en marzo de 2008, de la crisis de representación no cicatrizada en 2001, fogoneada por los medios de comunicación, ha tenido un resultado paradójico, pues ha debilitado tanto al oficialismo como a la oposición. El primero ha perdido buena parte de sus bases electorales; la segunda no se ha mostrado en condiciones de capitalizar esa pérdida en términos de propuestas políticas socialmente aglutinantes. En el vacío de poder resultante, se han debilitado las mediaciones democráticas en su conjunto, fortaleciendo a los factores de poder real -los medios de comunicación, las corporaciones empresarias, el poder financiero, etc.- en nombre de un credo cultural antipolítico y antiestatal.
De este modo, mientras el kirchnerismo abandona sus cabezas de playa en las clases medias urbanas y rurales, recostándose en la alianza originaria con el justicialismo -al menos, con la parte que aún controla-, la dispersión opositora no genera mecanismos de resolución de diferendos, sino que profundiza las distancias entre los sacerdotes del “diálogo” y los feligreses del “consenso.”
Esto es lógico, pues, como hemos dicho, no hay unidad opositora si no se dirime primero quién o quiénes han de conducir una eventual coalición, y qué impronta han de aportarle. Por eso, 2009 es tanto un plebiscito del gobierno nacional -en el mediano plazo de los ciclos económicos, tal cual lo diría Braudel- como la instancia que ha de dirimir de manera definitiva qué sector de la oposición lidera el recambio posible en 2011. ¿Será el peronismo disidente, resultado de la coalición del duhaldismo y el macrismo? ¿Será la nueva alianza del radicalismo, la Coalición Cívica y el socialismo?
De los tres distritos más importantes, todo parece indicar que la lucha por la sucesión se concentrará, en primer lugar, en el territorio bonaerense, donde se verá, finalmente, qué tan grande es la erosión electoral del kirchnerismo a manos de Unión PRO. En segundo lugar, destaca el choque de opositores de la Capital Federal, que tiene todos los boletos en manos del macrismo. Si bien las performances del socialismo en Santa Fe y de Juez y del radicalismo en Córdoba pueden compensar, parcialmente, este escenario, queda claro que las apuestas favorecen, hoy por hoy, al rejunte de duhaldistas y macristas por sobre la entente acaudillada por la UCR y el espacio liderado por Elisa Carrió.
La constatación inmediata de esta realidad tiene su correlato en las estrategias discursivas: mientras Carrió rehuye una candidatura en Capital e intenta apelar a alguna fórmula de “unidad”, paralelamente deslegitima las elecciones, anticipando escenarios de fraude y violencia, y prepara el terreno para una conveniente transición anticipada.
A esta estrategia catastrofista, de perfil levantisco, se opone la más calma estrategia de sucesión propugnada por la alianza del macrismo y del peronismo disidente. Más interesados en una estrategia de participación y protagonismo gradual y creciente, los referentes de este espacio tienen muchas razones para preferir la calma a la tormenta.
En primer lugar, asumen responsabilidades de gestión que los sitúan en coincidencia táctica de intereses con el oficialismo nacional. En segundo término, gozan de todas las ventajas de cara a una eventual debacle del kirchnerismo como fracción hegemónica del justicialismo. En tercer lugar, su participación institucional les permite graduar los tiempos y las alianzas en plazos más largos, sin por ello resignar protagonismo. Son los socios ideales en una transición ordenada, acorde con los tiempos institucionales.
Su talón de Aquiles, sin embargo, estriba en su escasa penetración nacional: fuera de la Capital y la Provincia de Buenos Aires, carecen de la inserción necesaria. Por ello, apuestan a profundizar la diáspora justicialista, tanto en el conurbano como en las provincias, seguros de que tienen mucho más para ofrecer a los “líderes intermedios” que la alianza del panrradicalismo tradicional, de indeleble signo antiperonista.
A noventa días de las elecciones, parece claro que el 28 de junio no despejará tantas incógnitas como aquellas que ha de dejar planteadas: ¿Cómo se gobierna, y con qué alianzas políticas, entre 2009 y 2011? ¿Transición acelerada, o sucesión institucional? ¿Quién ha de ganar, y quién ha de perder, en el camino hacia las presidenciales?
Como están las cosas, la fractura social, cultural y política que enfrenta a los argentinos no puede ser resuelta desde ejes ideológicos simplistas. En otras palabras, es seguro que el 28 haya varios ganadores autoproclamados, pero pocas respuestas a estos enigmas.
Ezequiel Meler,
http://ezequielmeler.wordpress.com/
Crisis y dramatismo en los Idus de Marzo
“¡Cuídate de los Idus de Marzo!”
William Shakespeare: Julio César.
Los recuerdos nos asaltan como un rayo en un cielo despejado: la decisión del gobierno de adelantar las elecciones nacionales -si el margen legislativo actual se lo permite, y si el calendario legal no lo impide- nos recuerda al anticipado final de aquel gobierno con el que más parecidos pueden destacarse en el ciclo kirchnerista, a saber, el gobierno de Alfonsín.
Como muchos recordarán, el alfonsinismo tomó la decisión de adelantar las elecciones presidenciales de 1989 a mayo, casi siete meses antes del cambio de mando. La decisión, tomada en enero, respondió a la buena performance que el radicalismo mostraba, en ese momento, en las encuestas nacionales. Sin embargo, el embate de los grandes grupos económicos -asumido no sin jactancia por sus voceros mediáticos en aquella histórica tapa de Ámbito Financiero del 15 de diciembre de 1989, intitulada “Golpe de mercado”- se llevó puesta la precaria estabilidad económica, y entregó a Menem el poder en bandeja.
Este recuerdo se impone como una advertencia de marcado dramatismo si tomamos en cuenta que, desde 1984, son ya tres los presidentes que no han concluido su mandato: el mencionado Raúl Alfonsín, Fernando De La Rúa, y Eduardo Duhalde. Esto constituye un récord bastante alto para el que es, paradójicamente, el período de vigencia democrática más prolongado de nuestra historia, pero también libera mecanismos de alternancia no estrictamente ligados a los tiempos institucionales. María Esperanza Casullo lo describió de este modo:
“Las experiencias de las transiciones del alfonsinismo y el delaruismo han creado en los actores sociales y políticos la idea de que las circunstancias de puja de intereses objetivos deben ser resueltas o van a ser resueltas mediante la caída de un gobierno constitucional y su reemplazo por otro gobierno, también institucionalmente legítimo. […] El problema es que esta habitualidad ofrece a los actores sociales y políticos opositores muy pocos incentivos para construir salidas negociadas a la crisis. Antes que construir coaliciones y planificar alternativas para la alternancia en el mediano plazo, en todos los casos para las oposiciones parece mejor movida “empujar” un poco más con la esperanza de hacer caer el gobierno y reemplazarlo por otro más afín. […] Un corolario de esta forma de hacer política en la no política es que en la mayoría de los casos que estamos viendo en este mismo momento las rebeliones no están motorizadas por los sectores obreros o campesinos, sino por las elites económicas y culturales, tal como se ha visto en Bolivia, Venezuela y Argentina. Estos actores tienen una gran capacidad erosiva, dada su posición dominante tanto económica como cultural. En sus manos están muchos resortes de la política, el mercado, y los medios de comunicación, y pueden entonces ser actores con altísima capacidad de veto, no sólo política, sino también económica y cultural.”
En este contexto, el desafío continuado de la patronal agropecuaria a la gobernabilidad, en colusión con los principales referentes opositores, y bajo la desembozada protección de los principales multimedios, cobra una significación diferente. La necesidad oficial de evitar que la crisis internacional confluyese con las aspiraciones opositoras, alentadas por la vocación para la generación de catástrofes económicas como medio de imposición de sucesiones políticas, implicaba necesariamente una nueva recuperación de la iniciativa política. El clima de ”fin de ciclo” que, poco a poco, iban imponiendo aquellos sectores y grupos interesados en la generación de alternancias -y también algunos idiotas funcionales, hay que decirlo- requería de una decisión que reflejase, al mismo tiempo, una marcada vocación democrática, y una oportunidad para renovar la confianza social.
La respuesta del gobierno frente al desafío opositor tiene por fin conjurar estos fantasmas a partir del oportuno recurso a la legitimidad popular. Es difícil no compartir esta postura, independientemente del malestar que implica la premura con que se toman las decisiones en el vértice de este proyecto político. Someterse pasivamente a una continua campaña de desestabilización no hubiese sido nocivo sólo para el gobierno: hubiese supuesto, objetivamente, adoptar una actitud de complicidad en dicha maniobra. Complicidad que, al afectar al entero sistema institucional, hubiese puesto nuevamente en riesgo precisamente aquellos valores que la oposición partidaria dice ponderar como prioridad.
Al mismo tiempo, el gobierno ha decidido impulsar una reforma de la legislación que rige el complejo entramado de multimedios argentinos. A nuestro juicio, quienes arguyen que este es un riesgo innecesario, o bien, quienes creen que se trata de otro engaño destinado a alguna clase de trueque político en el Congreso no han comprendido todavía la imposibilidad fáctica que se presenta para la consolidación a mediano plazo de cualquier proyecto político -especialmente uno de cariz progresista- en un contexto de monopolización de los medios informativos, – algo que, en el caso argentino, adquiere una dimensión francamente excepcional-. La continuidad del proyecto en curso no dependerá exclusivamente de su buen desempeño en las urnas: esa condición, necesaria como es, no comporta un componente de legitimidad suficiente cuando la disputa política se libra, como señala María Esperanza Casullo en el texto ya reseñado, antes en el marco de la sociedad civil que a través de los canales institucionales. El gobierno así lo ha entendido: la gestión, su gestión, no será transmitida.
En momentos en que sombríos espectros de un pasado ominoso revelan su rostro a una opinión pública sumida en la pasividad, el desafío reside en volver a politizar el debate, dejando en el pueblo soberano la decisión respecto de cómo debemos continuar.
Ezequiel Meler,
http://ezequielmeler.wordpress.com/
¿El fin del Peronismo?
“La hiperinflación constituyó así el momento resolutivo en la interminable agonía, que llegaba a su término, para la sociedad forjada por la revolución peronista. [...] Este fin fue también un principio: el principio de los días que estamos viviendo. A la memoria de esta experiencia debe su fuerza el orden socio – económico y político que hoy vemos perfilarse; es ese recuerdo aleccionador el que da a las mayorías la fuerza necesaria para soportar la ostentosa indiferencia de los sectores privilegiados por las penurias que siguen sufriendo los que no lo son y ofrecer su resignada aquiescencia a la progresiva degradación de las instituciones cuya restauración celebraron con tan vivas esperanzas hace diez años”
Tulio Halperín Donghi: La larga agonía de la Argentina peronista, 1994.
“Ganó Independiente, ganó Chacarita, y perdió Kirchner, más no puedo pedir”
Luis Barrionuevo.
La derrota del FJPV en Catamarca, insignificante como es en el plano electoral, representa sin embargo un nuevo revés para el kirchnerismo en su apuesta política. Más aún, plantea serias dudas, no ya sobre su estrategia de construcción en años pasados, sino sobre su devenir actual. Se ha dicho que no es posible hablar del kirchnerismo como algo distinto (o fuera) del peronismo, y en parte, sólo en parte, eso es cierto ¿Pero, se puede seguir hablando del peronismo, a secas? ¿De un peronismo? ¿Existe el peronismo todavía, o, como creo y sostengo, debemos comenzar a hablar de los peronismos, no como una sucesión temporal de modelos societales, sino como una coexistencia irreversible de proyectos opuestos?
Muchos analistas y actores políticos siguen refiriéndose diariamente en sus discursos a un ente (”el peronismo”) con una expresión electoral unitaria, “la estructura del PJ”, sin comprender que precisamente eso es lo que está en disputa. El compañero Abel Fernández, por ejemplo, sostuvo ayer que “la derrota [de Catamarca], menor, pero no trivial, es también del conjunto del peronismo. Y la falta de estrategia que señala Luciano cabe a todos los peronistas.”
Yo opiné de modo diferente. Partí de preguntarme si el domingo, en Catamarca, realmente había perdido este ente difuso. Y constaté que, por empezar, no perdió Barrionuevo: al contrario, los legisladores que ingresaron por el FJPV son todos de él. Tampoco perdieron Duhalde y Solá, que están aliados con PRO. No perdió el clan Rodríguez Saá, no perdió Reuteman, no perdió Schiaretti ni perdió el peronismo cordobés. Ahora bien, todos estos son referentes peronistas, independientemente de que sigan caminos distintos, incluso y a pesar de que muchas veces comparten el distintivo sello de goma. Muchos de ellos tienen una estrategia propia, bien definida, que nada tiene que ver con las ambiciones o los deseos del kirchnerismo. Y su estrategia funciona, electoralmente hablando, con independencia de los resultados generales, si mantienen el control de sus distritos y -en el caso de los que juegan adentro- el control de las listas.
Si esto es así, entonces debemos pensar que el kirchnerismo existe parcialmente como un sucesor del duhaldismo, esto es, como la facción provisoriamente hegemónica del peronismo bonaerense, pero de ninguna manera más allá de la provincia de Buenos Aires y dos o tres gobernadores que no han sacado los pies del plato.
Es cierto que este pluralismo, constitutivo de la historia de nuestro movimiento, alcanzaba siempre algún principio de convergencia en torno de un liderazgo nacional que incluía a una determinada mayoría, y al resultado lo llamábamos “el proyecto.”
Eso hace rato que no existe. La unidad de las diferentes fracciones provinciales es imposible: su último punto de convergencia -esto es, la hostilidad al liberalismo económico- fue barrido en los noventa, como agudamente observó Tulio Halperín. No quedan ideas en común, ni proyectos, ni una identidad inmune a esos cambios. La lucha por el peronismo, en definitiva, ya no tendrá un ganador que unifique las banderas del movimiento. Nos guste más o menos, Menem fue el último dirigente peronista capaz de encolumnar detrás de sí al grueso del movimiento, agitando el recuerdo vivo del 89, para desarmar pieza por pieza el país del peronismo.
Pero, si no queda ya margen para hablar del peronismo en tanto ente singular, ¿quiénes quedan? Quedan los peronistas, por supuesto. Quedan los peronismos, más importante aún, esto es, la suma no aritmética de las distintas expresiones políticas, según los territorios, las dirigencias, las estructuras y, por qué no, también los intereses y las ideas.
Es decir, yo no postulo, como otros, el fin del peronismo. Antes bien, al contrario, sostengo que la histórica diversidad de nuestro movimiento, al carecer actualmente tanto de un punto de referencia de indisputable ortodoxia, como de una fuerza política con la capacidad de lograr una convergencia mayoritaria, ha devenido en una dispersión irreductible. Si estoy en lo cierto, sin embargo, tal vez sería conveniente dejar de hablar del “peronismo”, y empezar a hablar de “los peronismos” -algunos justicialistas y otros no, algunos kirchneristas y otros más cerca de la oposición- y de los “peronistas”. Porque, en definitiva, hoy los peronistas se llevan mejor con extraños…
http://ezequielmeler.wordpress.com/
¿Radicalización en ciernes?
En estas horas, existe cierta expectativa, por no decir inquietud, en torno al contenido del discurso de la presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa. La convocatoria de la JP, movimientos sociales y organizaciones culturales para una movilización que acompañe las palabras de la jefa de Estado mañana por la mañana sólo ha reforzado la impresión de que podrían realizarse importantes anuncios sobre el año legislativo que nos espera.
¿Qué anuncios podrían incluirse? Algunos medios (concretamente, Clarín y Página 12) han hecho referencia a la posibilidad de un relanzamiento de la Junta Nacional de Granos, sobre la base de un proyecto del diputado Eduardo Macaluse, del bloque Solidaridad e Igualdad. Otros medios, en cambio, han especulado con la posible estatización del Banco Hipotecario. Finalmente, La Gaceta de Tucumán incluye en su versión del discurso presidencial el lanzamiento definitivo, largamente demorado, de la Ley de Radiodifusión. Esta versión ha sido recogida en otros portales.
Cualquiera de las tres medidas representaría una nueva apuesta política, y por ende, renovaría esa vieja vocación del kirchnerismo, a saber, cambiar el ángulo de lo posible. Lo vimos -diría que lo vivimos- en cada decisión que se ha tomado desde 2003 a la fecha. La última vez, en ocasión de la nacionalización de las AFJP.
Pero en este caso, la apuesta por cualquiera de las tres alternativas tiene un sabor especial. El gobierno viene golpeado: la oposición mediática destaca cada deserción de un parlamentario oficialista como un éxito de la República. La oposición campera vuelve cada vez más violento su discurso, y amenaza con volver a las rutas. La oposición partidaria… bueno, ellos siguen a la expectativa.
Es importante, en este escenario, que el gobierno recupere algo de su iniciativa. Pero debe hacerlo con inteligencia. El año pasado nos mostró a las claras qué proyectos políticos pueden prosperar, y cuáles están destinados al fracaso. También nos mostró el costo político de ese fracaso. Con las elecciones tan cerca, elegir bien es importante, pero comunicar bien es un deber.
http://ezequielmeler.wordpress.com/
Nacionalizar o regular, esa es la cuestión.
En estos días, comenzó a circular la versión de que el gobierno, ante el constante bloqueo político al que se ve sometido desde hace un año por las corporaciones agropecuarias, estaría elaborando un proyecto de intervención en el mercado agropecuario a través de la recuperación de la Junta Nacional de Granos, organismo liquidado por Domingo Cavallo en 1992.
1. Un poco de historia.
La historia argentina conoce varios ejemplos de este tipo de intervención regulatoria, con distintos referentes, diferentes objetivos y diversos resultados. Las Juntas de Producción aparecieron por primera vez bajo estos cielos en la presidencia de Justo. Pensadas como instrumento para evitar las pérdidas de los productores en el contexto de la Gran Depresión, su sentido se invirtió cuando, a partir de 1934, los términos del intercambio comenzaron a mejorar. Las ganancias del Estado le permitieron mejorar sustancialmente sus finanzas, todavía bajo los efectos de la Gran Depresión. Muchos autores, de hecho, ven en estos desarrollos el antecedente directo de la política agropecuaria del peronismo.
Bajo el peronismo, la preocupación por planificar la economía llevó al gobierno a la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). A diferencia de las Juntas, el IAPI era el único ente autorizado a comprar la producción, por lo que se encontraba en condiciones monopólicas para regular los precios que recibía el productor.
Si bien es cierto que inicialmente el IAPI obtuvo márgenes importantes de recursos, con los que se financiaron los créditos oficiales a la industria nacional, debe señalarse que esta apropiación de rentas no impidió un marcado aumento del ingreso rural en aquellos años. Por otra parte, muchos de los productos exportados por la Argentina en aquellos años se vendían sólo gracias a los convenios pactados entre el gobierno argentino, representado por el IAPI, y sus compradores, convenios que incluían sustanciales líneas crediticias otorgadas desde el Estado nacional.
Durante décadas, la literatura neoclásica ha culpado al IAPI del estancamiento de la producción agropecuaria en el país. Para ello, se han utilizado dos tipos de evidencia: la drástica reducción de la superficie sembrada total, y la reducción de la superficie disponible para las exportaciones tradicionales. De este modo, se ha argumentado que el IAPI fue la pieza decisiva de la sistemática discriminación del sector agrícola acaecida bajo el gobierno peronista.
Sin embargo, como ya hemos marcado, la política de regulación del mercado de granos no es privativa del peronismo, sino que guarda antecedentes directos en la política sectorial de los gobiernos de la propia restauración oligárquica. Por otra parte, referido a la reducción del área sembrada total, no se menciona que ésta era función del viraje desde la agricultura hacia la ganadería, verificado entre 1937 y 1947. En éste último año, la producción argentina de carnes parecía tener buenas chances de ingresar, finalmente, al mercado norteamericano. Por el contrario, entre 1938 y 1944 la producción de granos estuvo subsidiada por el gobierno: debido a la falta de mercados, los cereales se pudrían o bien se utilizaban como combustible. Europa, ciertamente, necesitaba alimentos, pero no tenía capacidad de pago. Estas condiciones relativamente favorables explican la expansión ganadera, y al mismo tiempo la reducción de la superficie agrícola.
Con referencia al comportamiento de los cultivos tradicionales, de nuevo encontramos cronologías y procesos que no coinciden en lo absoluto con el ascenso del peronismo. Los problemas del comercio internacional habían dado lugar, ya en la década del veinte, a un desplazamiento de la producción hacia los cultivos industriales, como la caña de azúcar, el algodón, la vid, el tabaco, la yerba mate, etc. Estos cultivos estaban dirigidos de modo predominante hacia el mercado interno.
2. El rumor y las reacciones.
Apenas conocido el rumor, las corporaciones agropecuarias emitieron duras señales de rechazo. La Sociedad Rural, en un comunicado, advirtió que “Sus efectos serían aún más devastadores que la Resolución 125, y seguramente colocarían al país en un escenario de mayor conflictividad social del que ya se vivió en 2008””. Más moderado, pero igualmente crítico, fue el tono de Ulises Forte, de la Federación Agraria Argentina, quien señaló:
“Si hay voluntad de hacer algo, deberían crear un organismo moderno. No, que monopolice, sino que compita con otras entidades del mercado y dé ventajas al pequeño y mediano productor. Y no que distorsionen como distorsionan (el secretario de Comercio Interior) Guillermo Moreno y el (titular de la AFIP) Ricardo Echegaray. Eso sería un peligro.”
No obstante, Forte había afirmado a La Nación que:
“Lo que sería interesante es armar un organismo público que compita con los privados en una sana competencia, pero el monopolio es malo sea público o privado, y eso sería una barbaridad.”
Las dificultades de Federación Agraria para oponerse de plano al proyecto tienen una explicación simple: la recreación de la Junta Nacional de Granos figura en su agenda hace años. No hace tanto, el propio Eduardo Buzzi señalaba:
“La experiencia de la última década pone de relieve que es tiempo de corregir las distorsiones y los abusos que caracterizan la comercialización granaria, sometida, bajo la excusa del “libre juego de la oferta y la demanda”, a los designios de los factores dominantes del mercado. [...] Esto no ocurría cuando la Junta Nacional de Granos operaba como reguladora, estableciendo equilibrios, funcionando como testigo del mercado interno y externo, definiendo estándares, negociando exportaciones de país a país, etcétera. En consecuencia, el reparto de oportunidades era más justo. Aun con los problemas que suelen afectar a este tipo de organismos, de su utilidad son clara referencia su mantenimiento en países de características agropecuarias parecidas al nuestro, pero con un agro mucho más próspero, como Australia y Canadá. Frente a todo ello, nos definimos concretamente por la creación de una nueva Junta Nacional de Granos -con las adaptaciones que imponga una realidad distinta de la que convivía con la anterior versión-. Esta posición está avalada, además de lo apuntado, por lo que ocurre diariamente en la comercialización granaria.”
3. El proyecto como tal.
El proyecto como tal, que contaría con el aval del bloque parlamentario del SI, conducido por el diputado Eduardo Macaluse, así como de parte de Proyecto Sur, no contiene, sin embargo, referencia alguna a la posibilidad de reinstaurar un monopolio estatal del comercio de granos. Según Roberto Navarro:
“El punto destinado a generar las mayores controversias entre los protagonistas del negocio agroexportador se refiere a que ese organismo podría “comprar, vender, almacenar y distribuir productos agropecuarios y alimentos, por sí o por terceros, para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria de la población”. A diferencia de la Junta Nacional de Granos, que compraba y revendía toda la producción agropecuaria, la intención de los autores del proyecto es intervenir en los mercados que generen importantes distorsiones en la distribución de la renta o que generen injustificados aumentos de precios al público.”
Es decir, se no tanto de una nacionalización / estatización del mercado, difícilmente viable en este contexto sociopolítico, como de un mecanismo no compulsivo de regulación, con atribuciones y competencias limitadas, como los que existen en casi todos los países del mundo. En este sentido, nos permitimos sugerir que el mismo sea complementario de la organización de juntas zonales de producción, integradas por el gobierno en sus tres niveles (nacional, provincial y comunal), el INTA y los productores. De este modo, el contralor ciudadano, tan necesario en tiempos de desconfianza, estaría garantizado.
4. ¿Un nuevo conflicto?
Durante todo el año pasado, el gobierno nacional intentó infructuosamente dividir el frente agrario, ora atrayendo para sí a la Federación Agraria, y aislando a la Sociedad Rural, o bien al revés, negociando bajo cuerda con la Sociedad Rural. Ambas estrategias fracasaron, y en el camino migraron de veinte a treinta puntos de intención de voto hacia las filas opositoras.
Es por eso que, ante la escasa concurrencia campestre al acto de lanzamiento de la campaña de Leones, muchos en el oficialismo se preguntan si éste es el mejor momento para lanzar una propuesta de esta naturaleza ¿No sería preferible esperar a las elecciones de octubre, arguyen estas mismas voces, y en todo caso actuar sobre el resultado?
Las apuestas en política siempre son difíciles. La sociedad ya ha mostrado durante todo el año pasado la crudeza de las fracturas sociales y culturales propiciadas por el neoliberalismo. Por otra parte, el indudable repunte en las encuestas del oficialismo no resistiría otro conflicto sin sentido, por lo menos no sin un sentido explicado y debatido. Veremos…
http://ezequielmeler.wordpress.com/
Memorias de la democracia, 1983 – 2008.
Una encuesta reciente revela que sólo el 35 por ciento de los adolescentes nacidos y criados en democracia la valoran como el mejor de los sistemas políticos existentes. Tras veinticinco años de vigencia ininterrumpida del Estado de Derecho, este sólo dato debería alertarnos sobre la necesidad de reflexionar acerca de aquello que damos por descontado: el futuro de una sociedad donde el régimen político no ha logrado parir una cultura consistente con su reproducción en el tiempo.
¿Qué se logró en estos veinticinco años? En primer lugar, la violencia política quedó descartada como método de resolución de conflictos de idéntica naturaleza. En un país con 30.000 detenidos desaparecidos, no deja de ser una buena noticia. En segundo lugar, se han asegurado mecanismos institucionales para la sucesión política, que, templados al calor de durísimas crisis económicas y sociales (1989, 2001), respondieron de manera aceptable. En tercer lugar, las Fuerzas Armadas, que históricamente fueron el relevo corporativo del inexistente Partido del Orden argentino, fueron gradualmente eliminadas como actor político. Dos hitos marcan este fenómeno: la decidida represión del último levantamiento militar, en diciembre de 1990, por parte de Carlos Menem, y el acto de entrega de la ESMA a los organismos de derechos humanos, por parte de Néstor Kirchner, en marzo de 2004. Podría agregarse la autocrítica del general Balza, en 1995, asumiendo la responsabilidad histórica por los crímenes de los uniformados.
En cuarto lugar, y tras un largo camino, la sociedad ha logrado finalmente cumplir con los anhelos de justicia de las víctimas del terrorismo de Estado. Este tópico, indeleblemente ligado a la victoria del alfonsinismo en 1983, por sobre un peronismo demasiado identificado con la represión ilegal, tuvo su primera epopeya en los históricos Juicios a las Juntas Militares, en 1985. Sobrevivió a los duros reveses de la Obediencia Debida y los Indultos, y volvió, después de 2003, como tema central de la lucha contra la impunidad, por la igualdad ante la ley.
¿Qué faltó? Es difícil dar una sola razón, pero diría que la gran deuda de la democracia argentina pasa menos por la exigencia –relativamente resuelta- de respeto institucional, que por su eficacia como sistema para garantizar un adecuado nivel de vida a la ciudadanía. En términos de Marshall, alcanzamos la ciudadanía política, pero todavía estamos lejos de la ciudadanía social. Expresado de modo más pedestre, es imposible hablar de plenas garantías democráticas cuando el 40 % de la población no tiene acceso a condiciones dignas de existencia, vive en la pobreza, en la indigencia, carece de servicios elementales –salud, educación, vivienda, agua potable-, o bien, teme perder lo poco que tiene. No es meramente imposible, no: es inaudito. ¿Cómo valoraría la democracia el lector, si viviese en tales condiciones? ¿Cómo valoraría la política, la participación, la República, las instituciones, etc.?
La democracia argentina, contrariamente a aquello que escuchamos con tanta insistencia, es todavía joven. Ha superado los desafíos inmediatos del corto plazo, principalmente derivados del juego de factores institucionales. Pero para que sea debidamente apreciada por la sociedad, debe contribuir a transformarla.
Un cuarto de siglo de vida democrática.
En estos días, se cumple un cuarto de siglo de vigencia ininterrumpida del régimen democrático en el país. Semejante número coincide de cerca con un aniversario mayor: los doscientos años de vida independiente de la Nación Argentina, que se festejarán en mayo de 2010.
A primera vista, se trata de libertades muy diferentes: si bien la fundación de la comunidad política argentina, escindida del poder español como parte de una amplia rebelión americana, se fundó tempranamente en la aspiración de una organización republicana, bajo el imperio formal de un sufragio masculino de amplio alcance –derecho consagrado para Buenos Aires en 1821-, el régimen imperante, netamente restrictivo, tardó largo tiempo en realizar dichas aspiraciones. Bajo la fórmula política predominante, de corte alberdiano, los habitantes del suelo nacional fueron agrupados en dos subconjuntos: los productores, que gozaban de derechos civiles, pero estaban excluidos, de facto, de la comunidad política, y los ciudadanos, que gozaban de las libertades políticas en la medida en que garantizasen el predominio de las elites tradicionales. Esa, y no otra, era la lógica subyacente a la “República Posible”: retener en manos de una minoría el control político de la comunidad.
Todavía en la Argentina del Primer Centenario, los dilemas inherentes a la constitución de una comunidad políticamente libre persistían. De hecho, el desencanto conservador con los resultados del experimento electoral consagrado por la Ley Saénz Peña -que consagraba el sufragio universal masculino, agregando los atributos de obligatorio y secreto- derivaría en una larga renuencia de la derecha política a competir dentro de un sistema electoral abierto. Quienes primero experimentaron las consecuencias prácticas de esta renuencia fueron los radicales, representantes por antonomasia de las clases medias sin abolengo patricio. Desde entonces, los períodos de vigencia plena de los derechos constitucionales alternaron con soluciones pretorianas impuestas por las dos corporaciones que garantizaron la hegemonía de la elite: Iglesia y Fuerzas Armadas.
A este cuadro ya complejo, se agregarían, con mayor fortaleza desde inicios de los años cuarenta, los reclamos sociales de las clases trabajadoras. En 1943, como en 1912, por fin parecía que el sitio a la ciudadela conservadora daría sus frutos: el golpe militar que derrocó al régimen fraudulento de Ramón Castillo contaría, inicialmente, con el apoyo del radicalismo, los sindicatos obreros y la embajada norteamericana. Muy pronto, no obstante, los dirigentes políticos y sociales percibieron que el objetivo del golpe los aleja, en lugar de acercarlos, a la “República Verdadera” de corte democrático.
Sin embargo, la iniciativa militar no se resumía, como mal intentó disimularlo la oposición, en formulaciones políticas propias del Viejo Continente. La ruptura generada por el peronismo quebró los atisbos de frente popular, que eran la verdadera inspiración de la Unión Democrática, y separó al movimiento obrero de la dirigencia y de las organizaciones políticas tradicionales. Dicha escisión llevó, a la postre, a un enfrentamiento político revestido por valores que, por los intereses que encarnaban, se presentaron como opuestos: la libertad política y la justicia social. Otra vez, se presentaba a las mayorías la misma antinomia: productores, o ciudadanos.
Este proceso, inevitablemente, devino en la restauración de fórmulas abiertamente restrictivas de la participación popular. Por supuesto, ahora el sesgo social de dichas fórmulas era abiertamente reaccionario, en la medida en que repudiaba proyectos alternativos efectivamente existentes e implementados.
El largo conflicto reseñado culminó, como sabemos, en la aniquilación de 30.000 argentinos. Con todas las dificultades del caso, el proyecto abierto en diciembre de 1983, encarnado en el alfonsinismo, consciente de su precariedad, ensayó una primera fórmula de síntesis: con la democracia, se nos dijo, se comía, se vivía, se trabajaba y se educaba.
El marasmo de 1989, que fue mucho más allá de la hiperinflación local, redefinió los términos del conflicto una vez más: si la democracia había fracasado, al parecer, en sintetizar los reclamos políticos y sociales, la responsabilidad era de un sistema estatal excesivamente ambicioso, incapaz de cumplir con las demandas de una sociedad que debía acostumbrarse a menos. Por ello, en vez de apelar a los argentinos en los términos de la dicotomía ciudadanía efectiva versus producción, el peronismo simplificó el segundo de estos ejes: expandió indefinidamente los parámetros formales de la libertad individual, para apelar al nuevo ciudadano, no como productor, sino como consumidor.
La utopía neoliberal de los mercados autorregulados, con todo, no podía durar para siempre, y explotó, de hecho, a fines de los años noventa, cuando más y más argentinos se descubrían innecesarios para los requerimientos del circuito de producción, distribución y consumo doméstico. La traducción política y social de esta catástrofe -esto es, las jornadas de diciembre de 2001- señalaría el grado cero de los consensos políticos acarreados desde 1984. La sociedad, lisa y llanamente, quería más: más trabajo, más transparencia, más y mejor gestión.
Retrospectivamente, la habilidad de una dirigencia política bastante poco talentosa para reencauzar institucionalmente la debacle política de la convertibilidad habla menos de ese talento ausente, como del compromiso tácitamente irreversible de la ciudadanía con la democracia política, compromiso que no se extendía, ciertamente, a las estructuras elementales del sistema -esto es, los partidos políticos-.
Asimismo, diciembre de 2001 fue la piedra fundacional de un nuevo clima político, cuyo emergente fue el kirchnerismo. Si bien éste fue capaz de responder con claridad a las demandas sociales vigentes en 2003, a través de un lento pero inexorable proceso de recuperación estatal, debió, para ello, realizar permanentes equilibrios entre lo nuevo y lo viejo, que le garantizasen la gobernabilidad tal cual era entendida, y le permitiesen, en consecuencia, generar el margen de maniobra para dirimir un programa consistente en el marco de una sociedad extremadamente polarizada.
Pero el pasado seguía allí, alimentado por el inesperado éxito del presente. En los conflictos que jalonaron este año, decisivo para el proyecto nacional inaugurado en 2003, lo verdaderamente preocupante no debe buscarse en supuestos artificios discursivos, o en incongruencias programáticas. Bien por el contrario, debe temerse que un importante sector de la ciudadanía continúe priorizando sus derechos individuales y el funcionamiento institucional, por sobre las problemáticas sociales heredadadas, o viceversa.
Intelectuales.
No sé muy bien qué es un intelectual, pero veo con interés que cada vez son más. En los últimos meses, y especialmente a partir del conflicto agropecuario, surgieron una gran cantidad de espacios definidos por esa pertenencia difusa. No sólo aparecieron: además, se pusieron a trabajar.
Ya es de rigor decir que Carta Abierta es el caso testigo. Sus Cartas, pero también sus debates sabatinos, en salones colmados, sacaron a la sociedad de un peligroso letargo. Pero no es el único anclaje de esas características. En especial, el Club Político Argentino, con resonantes presencias, como las de Vicente Palermo y Marcos Novaro, ha puesto en duda aquella afirmación jactanciosa, que por pudor dejaría sin citar, repecto de que “los mejores hombres y mujeres de la cultura de este país” están en cercanías del gobierno. Y hay otros, todavía: la lista sería incompleta, y los apellidos podrían superponerse, pero es claro que asistimos a un renacimiento de la figura del intelectual comprometido con la sociedad.
(Por eso, no se entiende muy bien a qué se refiere Piglia cuando, justo ahora, declara al entero campo intelectual en crisis).
En todo caso, lo que define este momento del acontecer intelectual no reside tanto en la suma de clubes y sociabilidades, ni tampoco en su posicionamiento respecto del gobierno, sino, me parece, en la índole de su inserción. Para ser más claro: en la actualidad, no existe ningún parámetro demasiado estricto que establezca coincidencias necesarias entre campo intelectual y campo político, entre intelectuales, organizaciones, movimientos y partidos. No sé si eso es bueno, malo o regular: no he venido aquí a juzgar, salvar y condenar. Lo que sí creo percibir es que ésta es la condición misma de la intervención intelectual, es decir, comprometerse con valores y con ideas, con proyectos en progreso, con el debate como práctica y con la intervención pública como corolario natural de la misma. Los intelectuales del Segundo Centenario podrán tener muchos colores, pero toman partido sin estar supeditados a uno. En un momento de crisis nacional, ellos eligieron hablar. Podemos escucharlos, o podemos dejarlos de lado. Pero ellos están allí, legitimados en su prestigio social, en defensa de valores, universales o no tanto, que consideran amenazados. Ante todo, el valor de la palabra, como decía, hace unas semanas, Alejandro.
Claro que hubo intelectuales en el pasado argentino: si no, me pregunto que sería de la vida de Carlos Altamirano. Pero, en general, salvo momentos excepcionales como la recuperación democrática, los intelectuales estaban ligados, de manera más o menos orgánica, a proyectos políticos definidos. Su condición era una función dentro de una organización determinada, no una instancia autónoma de legitimación. Su producción estaba relacionada antes con el poder y el Estado que con la sociedad y el mercado. Tal vez por ello, tenían, a menos que una buena fortuna señalase lo contrario, una mayor dependencia respecto de los avatares de la vida política. Por supuesto, incide decisivamente una cultura política donde la intervención pública tenía mediaciones tipificadas: el partido. Y lo contrario es cierto también: en la medida en que la crisis de representatividad se fue acentuando, cada vez se ha hecho más difícil intervenir desde una estructura de ese tipo.
Lo cierto es que, para bien o para mal -y yo creo que es un síntoma excelente-, los intelectuales están de vuelta. Rompieron el cerco simbólico del fin de las ideologías, y se pusieron a pensar. A ver qué pasa cuando se les ocurra algo.
¿Es posible reconstruir el frente político de 2002?
En una entrada anterior, elaboramos un primer balance de lo acaecido en el año. Concluimos que el gobierno, cercado a partir de la derrota política de mediados de año, había salido adelante merced a una gran audacia política, recuperando algunos componentes originales del período 2003 – 2005. La serie de eventos que concluye con la re – creación del Ministerio de la Producción y el anuncio de un Plan de Obras Públicas superior a los setenta mil millones de dólares -así como diversas medidas de política social altamente valorables- pone de manifiesto, a nuestro entender, un aspecto tranquilizador, que de seguro ha quedado como la gran lección del año que pasó: no hay posibilidad de una “normalización conservadora” en las circunstancias actualmente predominantes en la sociedad argentina. Antes bien, hay que seguir adelante.
Inhabilitado para buscar pactos con los factores tradicionales de poder, el gobierno sólo pudo volverse un socio interesante para ellos a costa de recuperar su poder de fuego, avanzar en la creación de un mercado de capitales, intervenir activamente en la política de ingresos, y establecer ambiciosos proyectos de inversión pública, que en buena medida implican una audaz profundización del camino algo mezquino iniciado en 2003. Todo esto, sin arriar media bandera, dando participación a las dos centrales sindicales del país, y con el apoyo, más o menos renuente, de buena parte del arco político progresista.
La pregunta, claro, estriba en saber si las medidas anunciadas pueden formar parte de algo distinto que un giro conservador. Me refiero, en concreto, a la viabilidad de un pacto social, que no sería exactamente el mismo que aquel proyectado por nuestra presidenta a fines del año pasado, pero se le parecería bastante. En ese sentido, las medidas anunciadas parecen buscar la reedición del frente político de 2002, concediendo a la UIA parte del armado en materia de política económica, emitiendo señales favorables a negocios de corto plazo a un sector financiero debilitado, consolidando la alianza estratégica con la CGT y evitando el tormento de una devaluación demasiado brusca.
Seguramente, habrá gestos y medidas para el sector agropecuario -se espera insistentemente una rebaja en los derechos de exportación- a fin de alentar su integración parcial, pero lo cierto es que, como en 2002, es probable que éste mantenga distancia crítica y autonomía política.
Los encuentros entre el gobierno y la Comisión Episcopal atraen al otro socio de aquel frente político: la Iglesia. La mera promesa de una convivencia tranquila, en un contexto amenazante, es vista como elemento de disuasión de una postura abiertamente opositora por parte del Episcopado.
Industriales, sindicalistas, fracciones del progresismo y la neutralidad eclesiástica son, entonces, algunos de los componentes de este renovado intento de pactar, desde una posición de mayor fuerza relativa, las condiciones de convivencia que permitan afrontar los momentos difíciles por venir, sobre todo en lo referente al sector externo.
Faltan, sin embargo, dos actores en esta lista.
Por un lado, los movimientos sociales. A ellos se dirige el subsidio a la niñez, especialmente implementado para el Gran Buenos Aires, y que seguramente será extensible a los grandes distritos urbanos en un plazo breve.
El otro actor son las clases medias de las grandes urbes, actualmente asociadas a la oposición corporativa, mediática y partidaria. De cuánto pueda “morder” el gobierno aquí depende, en buena medida, su sustentabilidad política en las Legislativas del año próximo.
Un buen año.
Cuando asumió, en diciembre, CFK dejó en claro rápidamente que quería enfriar las cosas. Bajarle un cambio a la lógica de la confrontación. No por casualidad, el primer referente social que la flamante presidenta recibió fue Monseñor Jorge Bergoglio, acérrimo opositor a la gestión de su marido. De ella, Bergoglio obtuvo la garantía personal de que no se avanzaría en ciertos temas urticantes -aborto, por ejemplo- bajo la nueva gestión. Para ese momento, Ginés González García estaba rumbo a Chile…
El tono general de esos primeros escarceos con el poder residía en la búsqueda de una fórmula que permitiera algún tipo de “pacto social” entre empresarios, sindicalistas, referentes opositores, etc., que fuese más allá de la coyuntura. La promesa de una mayor institucionalidad, en coincidencia con la trayectoria legislativa de Cristina Kirchner, era parte de esa promesa general de diálogo que debía garantizar al oficialismo un tiempo de calma, más propicio para la construcción de una base política sustentable en el tiempo.
El conflicto iniciado el 11 de marzo, con la promulgación de la resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones graníferas, se llevó puestas esas ilusiones de paz social. De ese conflicto, el gobierno salió desgastado, debilitado, con una base política fracturada, poco seguro de sus apoyos parlamentarios y menos seguro aún de las condiciones que harían posible su continuidad. La estructura política del peronismo, cuyo control fue imprescindible para pasar el chubasco sin una ruptura institucional, no alcanzó, sin embargo, para evitar una derrota monumental, en la calle y en el Parlamento, cuyo símbolo reside en el contraste entre la movilización opositora reunida en torno al Monumento a los Españoles y la más escueta y tradicional convocatoria del peronismo bonaerense.
Hacia fines de julio de este año, la sensación general dentro de las filas del progresismo, manifiesta, por ejemplo, en la intervención pública de Carta Abierta, era la de una irrefrenable e irresistible ofensiva de la derecha, que había capitalizado el descontento de los sectores medios urbanos, erosionando decisiva y definitivamente el bien más preciado del estilo kirchnerista de gestión: la capacidad de ejercer la iniciativa a la hora de establecer la agenda pública. Capacidad que había sintonizado bien con un amplio consenso social en torno de temas fundamentales, por lo menos, hasta 2005, para erosionarse, sin prisa pero sin pausa, desde entonces.
Hicimos toda clase de balances. El tono general, inclusive presente en mis apuntes de aquellos días, era de un marcado pesimismo hacia el futuro.
Sin embargo, desde aquel duro aterrizaje en la realidad de una sociedad políticamente partida, el gobierno supo, pudo y quiso recuperar, con sus modos, la sintonía con al menos una parte de la población. Y no lo hizo concediendo, entre otras cosas, porque no había ningún sector, partido o corporación, dispuesto a pactar con un socio tan débil y condicionado.
En vez de ello, asistimos a una gradual recuperación de la audacia oficial. La nacionalización de Aerolíneas, que ahora va camino a la expropiación, fue el primer paso. Había que superar el trauma del Senado. Luego, vinieron la movilidad jubilatoria y, finalmente, la reforma previsional. La mayoría parlamentaria no sólo fue recuperada, sino que se consolidó con nuevos e inesperados socios y aliados. El ala más dura de la oposición, incapaz de solucionar sus divisiones, se abroqueló en torno a posturas de bloqueo que le redituaron poco, y adoptó un rígido sentido común ortodoxo. Apuesta que se reveló problemática en la medida en que la creciente crisis internacional, devenida en crisis de un entero patrón de acumulación, ponía en duda los presuspuestos de dicho consenso antipolítico y antiestatal.
Ayer, el gobierno cerró políticamente el año al instalar la discusión de un paquete de medidas anticrisis que incluyen la creación de un Ministerio de la Producción, incentivos a la competitividad, a la repatriación de capitales en el exterior, y al sostenimiento de los niveles de empleo. Medidas que seguramente conoceremos mejor en el debate parlamentario, pero que marcan, sin lugar a dudas, el trazo final de un proceso de recuperación política sumamente exitoso y saludable, por lo menos, desde quienes creemos que la compulsa por la transformación de la realidad nacional debe continuar, y no renegar, del proceso abierto en 2003.
Pensando la región desde Chile y Brasil.
Mientras la política argentina sigue girando en torno de la controvertida decisión del gobierno nacional de estatizar los fondos privados de pensión, en Brasil y en Chile las coaliciones oficialistas afrontan la crisis posterior a los recientes comicios municipales. En el análisis de los resultados, se advierte un fuerte desplazamiento de los apoyos electorales, desde los proyectos oficiales, hacia una oposición que coincide de manera cada vez más clara con la derecha tradicional. Este desplazamiento, especialmente notorio en el electorado de clase media de las grandes ciudades, replica hasta cierto punto comportamientos políticos de alcance regional, y pone en riesgo severo las expectativas futuras de los experimentos antiliberales en curso.
En particular, la problemática relativa a la sucesión presidencial aparece, tanto en Brasil como en Chile, en el ojo de la tormenta. Sobre Brasil, este artículo de La Jornada me parece meridiano. En cuando a la lectura de Sader, no me satisface completamente. La derrota del PT y sus aliados en San Pablo puede resultar significativa, no tanto por el margen alcanzado, como por el compromiso público del presidente Lula con la candidata, Marta Suplicy. En Chile, en cambio, el enorme retroceso electoral de la Concertación afectó especialmente a la Democracia Cristiana, cuyo liderazgo, encarnado en la senadora Soledad Alvear, debió dar un paso al costado.
En todo caso, asistimos a una contraofensiva renovada, en la cual las corporaciones y los medios de comunicación han liderado y amalgamado muchas veces a una oposición no directamente identificada por organizaciones partidarias. Este fenómeno pone de relieve un rasgo ya secular de los procesos de transformación iniciados con la debacle regional de la hegemonía neoliberal, a saber, que dichos procesos han debido avanzar en el marco de una tensión permanente con el marco institucional heredado, tensión que ha derivado en complejos equilibrios entre lo viejo y lo nuevo, o, para expresarlo de otro modo, entre el poder constituido del statu quo económico y político, y el poder constituyente de la sociedad civil y los nuevos movimientos sociales.
En esa modalidad de equilibrios, el desplazamiento de los sectores medios urbanos, así como la candente problemática de la sucesión de los liderazgos nacionales, aparecen como dos fenómenos indisociables.
Rucci, peronismo y derechos humanos.
En los últimos meses, se ha desatado una verdadera campaña en torno de la reapertura de la causa por el asesinato, el 25 de septiembre de 1973, de José Ignacio Rucci. Tomada como imagen del peronismo “auténtico”, su figura fue rescatada ya el año pasado por el Frente Justicia, Unión y Libertad, que aglutinaba a los peronistas disidentes del kirchnerismo –como Carlos Menem, Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, Héctor Maya, entre otros-. En medio de una campaña presidencial, los dirigentes mencionados aprovecharon el aniversario del homicidio de Rucci para realizar un homenaje al sindicalista en la Catedral metropolitana. La misa convocada, inevitablemente, devino acto opositor: terminada la misma, Adolfo Rodríguez Saá declaró al periodismo que no le sorprendía la ausencia de dirigentes del oficialismo, porque “ellos son del Frente para la Victoria, que es otra cosa, no es el peronismo.”
Este año, el aniversario ha coincidido con la publicación de un polémico libro, Operación Traviata, de Ceferino Reato, un periodista cercano al ex embajador argentino ante el Vaticano, Esteban Caselli, y a la extrema derecha peronista, fuertemente vinculada con la represión ilegal. En el libro, Reato señala como autores del atentado contra Rucci a dos responsables de la organización Montoneros, que no menciona.
El libro fue utilizado inmediatamente como ariete contra el relato sobre los setenta que predomina en el seno del kirchnerismo. En una sucesión de inédita velocidad, referentes tan diversos como el dirigente de la CGT, Hugo Moyano, el senador por Entre Ríos, Raúl Taleb, y el ex presidente Carlos Menem, abonaron en la necesidad de reabrir la causa judicial por el asesinato de Rucci. Lúcido como siempre, Artemio López fue uno de los primeros en señalar, en su blog, que se trataba de una maniobra para el retorno de la Teoría de los Dos Demonios a las esferas más altas del Estado.
Mientras tanto, por si no habíamos entendido el sentido de la jugada, el inefable Reato se encargaba de aclararla en un reportaje otorgado a La Nación. Para el periodista de Perfil, Operación Traviata debía servir como instrumento de reflexión y revisión sobre un aspecto de los setenta: el apriete:
“El estilo de los Kirchner, que es la lógica del apriete. Por ejemplo, la confección de la resolución 125 como instrumento ministerial, sin consultar a nadie sobre el cambio de la rentabilidad de un sector que es la columna vertebral del país. Es la consumación de la voluntad virtuosa. En algunos momentos, para salir de la crisis, para reconstruir la autoridad presidencial o para tratar con los acreedores fue bastante útil. La gente lo entendió así: eligió a Cristina por los méritos de Néstor, como una suerte de reelección velada. Pero cuando se trata de mostrar un juego más democrático de consenso, más institucional, no es tan funcional. Es molesto: activa protestas. Y esa lógica viene de la voluntad virtuosa de la guerrilla peronista, la lógica del apriete. El asesinato de Rucci fue un apriete”
Finalmente, el día viernes 25 de septiembre de este año, el Juez Lijo, por pedido de la fiscalía, reabrió la causa, aunque sin definir todavía si se trata de un delito de lesa humanidad –situación que permitiría juzgar a sus responsables- o de un delito común –en cuyo caso, estaría prescrito-.
Es interesante resaltar que, en los resúmenes periodísticos que habitualmente leemos sobre el tema, se omita sistemáticamente que, si esto fue siquiera posible, es porque el crimen de Rucci ya ha sido juzgado, y adjudicado a agentes que respondían al entonces Ministro de Bienestar Social, José López Rega. De hecho, en esa línea, el Estado argentino reconoció, en el año 1988, su responsabilidad jurídica, y ofreció a la familia una compensación económica. El historiador norteamericano Martin Anderssen, en su libro Dossier Secreto, reconstruyó la trama original de la investigación judicial, que arrojaba el mismo inequívoco resultado. Según Anderssen, quien por aquellos años se desempeñaba como corresponsal del Washington Post, las pericias realizadas por la Policía Federal a partir de un arma encontrada en la escena del crimen -una Magnum .357 Smith & Wesson- llevaron a una ardua pesquisa de los agentes locales, que, en colaboración con el FBI, lograron rastrear su compra en Estados Unidos por una azafata de Aerolíneas Argentinas, quien a su vez apuntó a un amigo militar. “Pero, llegada a este punto, la Policía Federal se topó con una muralla de granito en su investigación.”
En todo caso, la “Operación Traviata” va a todo vapor. Reato ha sido citado a declarar, a fin de que rompa el secreto periodístico y señale a los dos responsables que sobrevivieron a la represión militar. Una vez que esto suceda, no habrá marcha atrás: el peronismo disidente, con un mártir a la cabeza, y los sectores que, acaudillados por Cecilia Pando, reclaman “memoria completa” –esto es, la anulación de toda distinción política entre los crímenes cometidos por el Estado argentino en el marco de un plan sistemático de exterminio y los crímenes cometidos por organizaciones político – militares en esos mismos años- habrán ganado una decisiva batalla.
En este marco, es inevitable preguntarse dos cosas. Primero, qué relato sobre los acontecimientos de los años setenta ha de imponerse en el nuevo escenario. La visión actual, que enfatiza los crímenes de la dictadura, soslaya excesivamente el aspecto relativo al conflicto armado acaecido en esos años. La visión de relevo, ni más ni menos, propone el retorno a la Teoría de los Dos Demonios. ¿Será factible generar, en este contexto, una síntesis diferenciada y ponderada de los sucesos?
Segundo, qué papel ha de jugar esta operación en la lucha por el control del dispositivo simbólico del peronismo: ¿se reiterará al interior del justicialismo una alianza anti kirchnerista acaudillada por quienes buscan proyectar, en el seno de la misma, la sangrienta lucha interna de los años setenta?
Son temas de indudable interés, pero que superan largamente los objetivos de este primer acercamiento.
Carta Abierta IV (Borrador)
Retransmito el mail que me llega de los compañeros de prensa, para habilitar la discusión integral del borrador de un nuevo pronunciamiento por parte de los integrantes del espacio Carta Abierta.
Estimados compañeros:
les enviamos el borrador de la Carta Abierta Nº 4 para que circule entre nosotros y podamos discutirla el sábado 13 de septiembre en la asamblea.
Les aclaramos que los redactores no son las personas que contestan los correos de Carta Abierta, así que, por favor, todas las discusiones dejémoslas para el sábado.
Saludos
Equipo de prensa
Carta Abierta IV
El laberinto argentino
Primera parte
Hay una excepcionalidad. Excepcionalidad que a pesar de todo se mantiene. El gobierno había surgido de una fuerte fisura en el sistema de representación y no venía –no debía venir- a restaurarla meramente.
Tenía conciencia de que vendría un tiempo original y lo recorrió con entusiasmo y vivaz espontaneidad. Avanzó por ciertos caminos inesperados, no esgrimió doctrinas revolucionarias –ni casi ninguna
otra-, pero mostró un rumbo fáctico propicio a una renovación de la vida colectiva. Quería significar que había llegado el momento de revisar las históricas falencias de una democracia carente de condiciones para cuestionar la injusticia social. La larga promesa de una democracia que se mire en el espejo de la justicia social sigue siendo el horizonte de nuestra época. Nada puede ser interpretado al margen de esta llamada genuina.
Medido en el ambiente histórico de este reclamo, el gobierno no ahorró audacias en ciertos temas y se mostró rutinariamente conservador en otros. Y aunque abundan las recaídas anodinas, no necesariamente
justificadas por el recio embate de las neoderechas que ha recibido y el que acaba de recibir del complejo agrariomediático, no dejó de invocar sobre la marcha una cuota significativa de espíritu militante.
Esta fuerza se mantiene, aunque en parte haya sido sofocada y en parte esté amenazada por trivialidades de ocasión. Continúa así el impulso reivindicativo ante los escollos presentes que hay que atravesar, y
que debe ser empalmado con el compromiso hacia las generaciones del pasado que, en la memoria, siguen alentando esta tarea.
Hay que advertir, en tanto, que muchas veces el gobierno no evidenció apartarse demasiado de las órmulas de retroceso más obvias luego de una ardua batalla de la que sale magullado. La excepcionalidad se mantiene porque ni puede volver a los cauces del orden conocido –allí lo repudian, esperan su caída-, ni debe dejar que naufraguen sus anteriores pasos adelantados en los refugios que ofrece una clase
política “normalizadora”, garante de una vuelta a la “neutralización política”. Esto no ha ocurrido, pero las tensiones que alientan las más variadas direcciones en que puede salirse de la crisis están a la orden del día.
No creemos equivocarnos si decimos que falta la elaboración, explicitación y proyección de algo previo a ciertas medidas importantes. Lo es la estatización de Aerolíneas, pero lo previo hubiese sido crear certezas mayores sobre su destino de empresa pública antes de enviar el proyecto de ley al parlamento; lo es el
pago de la deuda al Club de París, pero lo previo hubiera exigido mostrar esa medida en conexión a mejores argumentos sobre la economía pública y las deudas sociales internas; lo es el proyecto de ley de
jubilaciones, pero hubiera sido conveniente que se dijera previamente que se evitarían alquimias matemáticas sobre esta vital cuestión.
En cuanto a los incidentes ferroviarios en el Ferrocarril Sarmiento, ahí lo previo hubiera sido reconocer de inmediato las condiciones inaceptables en que viajan millones de personas que son víctimas así de una grave injusticia social. Y al par de repudiar la destrucción de los bienes públicos, examinar los graves sucesos a la luz de criterios más amplios, en el sentido de las orientaciones hacia el cambio
general de las pésimas condiciones de vida en vastas zonas del conurbano. Todo ello, antes de incurrir en un lenguaje de imputaciones que recuerdan tramos oscuros de la historia inmediata, cualquiera sea
la explicación ulterior de los condenables acontecimientos de violencia contra el equipamiento ferroviario.
Falta algo previo, decimos. Es la elaboración de bases más permanentes de acción y lenguaje en cuanto a las transformaciones que se le adeudan al pueblo argentino y a las acechanzas que se ciernen. Por eso
es necesario hablar del laberinto argentino, para que no se reitere la sensación de que medidas justificables se lanzan en la cabal ausencia de recursos de movilización cultural efectivos. Ante la reacción de
las fuerzas siempre renocibles de la reaccion conservadora –revestidas hoy de numerosos ropajes, incluso de los aparentemente contrarios a los que opacamente representan-, hay que evitar la tentación de parecérseles, aún si se piensa ésto para tomar un respiro. La salida del laberinto exige temas, análisis y decisiones que deben ser redescubiertos, sobre el fondo de una excepcionalidad que se mantiene.
Segunda parte
Nos cabe ahora una descripción sobre lo que ocurrió. Las nuevas bases sociales de la neoderecha se movían en un doble sentido: en el goce de sus reflejos desestabilizadores y en el pedido simultáneo de que se pusiera fin a tanta pasión desatada, “que cesara tanto conflicto”. Sordamente, amenazaban. Pero cuando terminaban de dejar su carga exonerativa, pasaban a empuñar la bandera de la armonía y del
“hartazgo por la disputa”. Era el gobierno el que aparecía como confrontativo y los realmente confrontativos aparecían como moderados, partidarios de la “democracia gris”. Si el conflicto es el centro de la política –esto es, si la democracia siempre agita colores encendidos- se le podría cuestionar al gobierno la dificultad para anclar ese conflicto en fuerzas sociales efectivamente reconocidas, esto es, no que existiese una comprensible confrontación sino que ésta fuera meramente estridente, vocinglera e imprecisa. Vulnerados los horizontes colectivos de creencias, un conservadorismo que no se molestaba en aparecer faccioso, conseguía hablar en nombre de intereses genéricos y de los símbolos compartidos. Entrábamos al laberinto argentino. El ámbito popular movilizado en defensa del gobierno era acusado de
encarnar al “pueblo cautivo” al que había que rescatar con una “ética autonomista”. Miles de personas cantaban frente al estanciero Luciano Miguens, en el Monumento a los Españoles, “si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está”. No se recordará con satisfacción este momento de la historia nacional. Por otra parte, un personaje exiguo, partiquino de momentos menores de la política, quedaba de repente en posición de decidir sobre el empate de votos en el senado, desatando un nudo –la forma inicial del laberinto- de manera imprevisible, agrietando severamente las máximas instancias institucionales, revelando la fragilidad esencial de todos los andamiajes políticos conocidos y originando un pobre folklore que podía expresarse en las fugaces y calculadas picarescas del minotauro Cleto.
Lo grave y lo trastocado corrían de la mano. El laberinto argentino, lo que en el siglo XIX textos de célebres autores denominaron la esfinge argentina, reaparece en la necesidad de investigar el núcleo
más íntimo de la vida popular, con muchas superficies y planos ocupados por el desvío de los legados y por una gran captura moral que reactiva bajo fantasmagorías conservadoras a los sectores medios, para
cuya crítica no alcanza el concepto de “zoncera” sino la pregunta crucial sobre el entrecruzamiento del activismo mediático, la ocupación masiva de calles en las zonas de la urbe socialmente más favorecidas y las épicas basadas en un reconstruido desprecio de clase, revestido ahora de populismo de derecha, todo ello contra un gobierno popular. Un gobierno que aún ensimismado en muchos obstáculos nacidos de sus propios laberintos, avanzó conceptos fundamentales para rehacer el sentido de lo democrático, lo público y lo justo.
El laberinto argentino contiene así a las nuevas derechas con base popular-mediática y esas propias marañas de las que las fuerzas populares deben extraer nuevos argumentos y convicciones. Sin duda, no
se esperaba que un camino que era dificultoso, contradictorio e intuitivo, aunque sustentado en una nueva discusión vigorosa sobre los destinos colectivos, quedara de repente tan expuesto y desnudo. No se
esperaba que el agrarismo y sus aledañas perspectivas comunicacionales recrearan un lenguaje movilizador, antes invocado por otros estilos y grupos sociales. Los activistas agrarios se dejaron barnizar por grupos eventuales de izquierda que al sumarse al cobertizo reaccionario hacían abandono de su propia historia para acrecentar lógicas de oportunidad y de error histórico, suceso nada extraño en la historia nacional. Confundían la masividad de las movilizaciones agraristas con una política popular y a las alianzas del nuevo poder conservador con una red social transformadora.
¿Sorprende este giro? Su explicación se encuentra en los variados déficits de interpretación que ya son alarmantes en los laberintos de la sociedad argentina. Se ha hecho abandono de los modos más rigurosos
de análisis político, lo que incluso pudo notarse en los propios descuidos con que se tomaron las medidas gubernamentales. Pero nada es más dramático que las encrucijadas acuciantes que deben resolver los
movimientos sociales, que no están cómodos siendo apéndices estatales o en contrapartida, desastrados agentes de acciones que favorecen intereses extrínsecos a los de las causas populares. No incluímos en
estos dilemas a personajes que desde el inicio ya fueron fundados como caricaturescos y que aprovecharon la oportunidad para acentuar su bufonería, pidiéndole algunas vacas a la Sociedad Rural, volviendo a
vergonzosas épocas de paternalismo social saludadas por las “notas de color” a cargo del movilero de turno.
El momento laberíntico que vive la sociedad argentina también se verificaba en pensamientos que se revestían de argumentaciones populistas o antiimperialistas, aunque para ofrecerse directamente como guardia de corps de la alianza de los agronegociantes. Véase la galería de fotos correspondientes. No era una defección episódica. Era un trastocamiento general de los significados. No se esperaba semejante inversión de los trazos habituales que unían las palabras con las cosas. Acciones que con otra ambientación eran declaradas ilegales por los labradores y los nuevos movilizados, ahora parecían
el non plus ultra del republicanismo ilustrado. En cambio, medidas de gobierno avaladas por la Constitución, se presentaban como ilegítimas o arbitrarias.
Un estallido interno de magnitud inesperada y difícil mensura recorre ahora la vida política argentina. El laberinto es también un jeroglífico en donde es menester encontrar los nuevos hilos constitutivos de una verdad histórico–social. Estamos en un momento donde se lucha por la verdad –la verdad en el lenguaje, en las cifras, en los significados, en las biografías- pero se ha extraviado lo que aún en épocas tan convulsas como éstas era la relación entre los signos y las cosas, las representaciones y las motivaciones básicas de
la sociedad. Se pelea por la verdad sin que importe la verdad. Vivimos un momento faccioso. ¿Cómo tratar la dislocación ocurrida entre hechos y símbolos? ¿Cómo considerar la relación entre la serie de la justicia
frente a los hechos del pasado y la de los hechos inequitativos del presente? ¿Cómo se ligan los lenguajes de la escisión y el conflicto social con composiciones heterogéneas de fuerzas? En general, estas
diferencias se tramitan con la velocidad de una vida social condicionada por la acción de los medios y su fuerte capacidad de articular la escena y los tiempos. Pero si el set y la agenda son constituidos por actores definidos de gran poder, eso no exime al resto de los actores de pensar en otra temporalidad que necesariamente supone una crítica a esa veloz adecuación de trincheras y paso por el guardarropas de las luchas pasadas. Las neoderechas gozan de este estado de volatilidad de las creencias y no dudan en “izquierdizar” sus embates cuando lo creen necesario para realmente decir otra cosa. Es el laberinto argentino. Entretanto, la izquierda real, aunque no tenga generalmente ese nombre, pues actúa en
gran medida con sus claves nacional-populares y sus legados humanísticos y sociales de pie, está en los filamentos realmente existentes del movimiento social. Ella fue a las plazas históricas a defender la democracia y con consignas propias, interpretó que el gobierno, aún moviéndose improvisadamente en la tormenta, encarnaba los trazos fundamentales de una voz popular que a su vez le reclamaba más afinación y claridad en los argumentos. Los hilos a veces tenues pero continuos de las memorias populares van tejiendo, como también lo supieron hacer en otras jornadas del pasado, los ideales emancipatorios y lo hacen en el interior de dificultades inéditas e, incluso, desprovistos, muchas veces, de señales luminosas que no suelen partir de un gobierno que no ha sabido, no ha podido y tal vez no ha querido profundizar una genuina base de sustentación popular. Luego del vendaval, las instituciones públicas golpeadas intentan
volver a los hechos. El gobierno afirma que frente a las palabras y las opiniones triunfarán los hechos. Hechos económicos, construcción de necesarias infraestructuras, y de un modo decisivo, la estatización
de Aerolíneas. Sin embargo, no puede olvidarse que los terrenos comunicacionales le fueron generalmente adversos y que es menester ahora descifrar los laberintos de la cultura. Los pueblos no comen símbolos pero los símbolos son parte esencial de las condiciones bajo las que se piensan los pueblos. Ninguna sociedad que reclama niveles más precisos de debate se orienta tan solo por realizaciones
económicas, teniendo en cuenta que lo de Aerolíneas es a la vez un hecho de la economía pública y también de fuerte simbolismo.
Asimismo, los condicionamientos y el cerco al que fue sometido el gobierno luego de las votaciones parlamentarias pueden justificar nuevas prudencias en el tratamiento de diversos temas pendientes, pero
eso no debe ser el motivo por el cual se instituyan decisiones políticas y económicas con concesiones a los sectores nacionales e internacionales que operan el sitio precisamente al aspecto más progresista de aquellas decisiones. Entre el pago total de la deuda al Club de París, la reestatización de Aerolíneas y la ley de jubilaciones móviles se desplaza, quizás con movimientos espasmódicos, un gobierno que sabe que el terreno por el que transita está rodeado de pantanos, de arenas movedizas y de seductores espejismos que no llevan, necesariamente, hacia políticas populares, políticas que requieren audacias no siempre disponibles y una voluntad sin la cual es muy difícil avanzar. Pero aún resulta más arduo ese avance si no se busca construir los puentes hacia las mayorías populares postergadas y empobrecidas que son una base social de sustentación imprescindible junto con otros actores sociales.
Por otro lado, prosiguen los juicios a los personajes de los gobiernos dictatoriales, se halla firme la conciencia de que no debe cederse una noción económica que excluye terminantemente el ajustismo neoliberal y no se ha entregado la creencia de que simultáneamente debe afirmarse un ideal latinoamericanista, que aún con titubeos, también se ejerce sabiendo que hoy más que nunca la suerte de nuestro país, de sus proyectos democráticos, está fuertemente unida a lo que está aconteciendo en otras repúblicas hermanas, particularmente la Bolivia de Evo, la Venezuela de Chávez, el Paraguay de Lugo, el Ecuador de Correa y, desde una perspectiva algo más compleja, el Brasil de Lula.
Todo esto mantiene un horizonte a partir del cual sigue valiendo la pena pensar en que hay una diferencia; hay una diferencia conceptual que sigue rechazando la paridad que muchos creen percibir entre el
actual gobierno y los procesos económicos habituales de coacción y dominación. Efectivamente, no vemos tal paridad. Vemos una diferencia que es necesario pensar cómo sostener y ahondar. Lo haremos examinando más de cerca el laberinto argentino.
Tercera parte
En primer lugar, desde hace cierto tiempo se intenta horadar el cimiento básico de la época, que es la promoción de actos jurídicos sobre los símbolos más significativos de un pasado de horror. Esto no
proviene solamente de los remanentes de las pasadas dictaduras. Se dice, en publicaciones periódicas diversas, que el gobierno trató de un modo inadecuado la cuestión de la memoria y los derechos humanos.
Algunos llegan a afirmar que el gobierno utiliza la política de derechos humanos –esto es, la política de la justicia en la memoria-, como un recurso a la impostura, pues mientras haría una política por lo menos descuidada en materia de derechos sociales y economía cabalmente distributiva, insiste en hablar sistemáticamente de las condenables violencias y atentados a la vida ocurridos en el pasado.
Solo una virulencia antes desconocida en el ataque a un gobierno democrático en el ciclo de este último cuarto de siglo –aunque fuertes dosis de neutralización destituyente habían acompañado el último tramo
del gobierno de Alfonsín-, permite el error al que lleva esta interpretación. No vamos a insistir una vez más sobre la manera en que esta política no es ni debe ser episódica, sino que constituye el nudo troncal de la
época, su estructura última de significados. Los desavisados que la atacan con sus catilinarias revelan hasta que punto representan el último escalón refinado para que se vuelva al orden antiguo. Postulan
que hay impostura en la política de la memoria asumida; postulan entonces, inevitablemente, un gesto de agravio gratuito que intenta desconectar el ciclo comenzado en el 2003 de sus más importantes bases
expresivas y sus más profundas raíces de legitimación.
En segundo lugar, es necesario dejar de heredar el país de la dictadura. Si acompañamos y apoyamos acciones del actual gobierno es porque aparecen como indicios de una efectiva búsqueda de modos más
equitativos y dignos de la vida social. En el laberinto argentino se halla también la política realizadora regida por un manojo de nuevos derechos –en esencia, la articulación entre derechos humanos, derechos
sociales y derechos democráticos-, de trazados convocantes, pero realizada con muchos balbuceos e ingenuidades. Y cuando decimos ingenuidad no es el modo del elogio moral que vería en el ingenuo lo
contrario del astuto, sino que lo decimos al modo de la crítica: la ingenuidad es ver menos de lo que es necesario, considerar menos dimensiones que aquellas que la acción política debe tener en cuenta
para no fracasar. Pasado un tiempo del rechazo parlamentario de las retenciones móviles, el gobierno sigue ceñido por el cerco de sus contrincantes avezados. Defienden sus intereses sectoriales y un tipo de articulación entre las instituciones estatales y las lógicas de mercado de clara subordinación de las primeras. Y del lado del gobierno no se logra pinzar con efectividad las dimensiones de esa
confrontación, para lo que se deben examinar nuevas y originales articulaciones políticas, un diagnóstico preciso de los modos en que funciona actualmente la economía y resignificaciones de los símbolos
en juego.
Esta confrontación tiene en la cultura –en el vivir social más amplio y en el vivir cotidiano- su territorio si no definitivo, sí de suma relevancia. Porque se trata de construir los conceptos, las teorías y los lenguajes con los cuales aprehenderla a la vez que tratar las memorias sociales en juego. No deja de haber en todo momento histórico un cierto laberinto. Siempre hay una guarida del Minotauro. Pero este laberinto, aquí y ahora en la Argentina, implica la paralización de las fuerzas activas de la sociedad, para lo cual comenzaron a convencerlas de que había que reconstruir las formas coactivas de la autoridad, salir de lo que llaman errático, volver al orden establecido, retomar lo que en el pasado muchos ensayistas latinoamericanos llamaron la “patria boba”, esto es, el desmonte del sentimiento colectivo para forjar nuevas leyendas inertes, controladas por empresarios del sofocamiento político y cultural. Así, sueñan en la Argentina con un retroceso que va desde una política internacional comandada por los acreedores hasta el disciplinamiento de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, metáfora ideal de la aldea global
autoritaria que se desea construir. ¿No actúa Macri en nombre de una indigente política del miedo con sus edictos ordenancistas, que tienen grandes apoyos, silenciosos y timoratos en una ciudad de Buenos Aires
en la que casi se precisarán las fuerzas morales del Eternauta para rescatarla de su intensiva indiferencia?
Una ciudad activa, reconocida sede de experiencias populares significativas, de grandes aventuras intelectuales y artísticas, de buena parte de la historia del movimiento obrero, desde las huelgas de
principio de siglo hasta –si queremos poner una fecha- los acontecimientos vinculados a la defensa del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, no puede quedar en manos de pensamientos que apuestan a
lo concreto –“la gente quiere soluciones”- pero son lo más abstracto concebible. Para oponerle una crítica imaginativa a estas visiones abstractas que pasa por ser lo concreto, es de lamentar la falta de una reflexión colectiva en el mundo cultural –la universidad pública habla quedamente sobre estos temas- o la falta de incisivas críticas más inspiradas que desnuden esas frases sobre “lo concreto”, que como
diría el gran Phillip Marlowe de un cartel aduanero en una frontera del país del Norte, “nunca se vio condensar tantas mentiras en tan pocas palabras”. Solo la disuasión, el cloroformo masivo que logró
impugnar la vitalidad de la cultura nacional y decretó el reinado de la indiferencia o la inmunización ante lo grave que se presenta a nuestros ojos, permitió llegar a esa fraseología vacía que sustituye la lengua política por el marketing y la lavativa de las ideas. Que ha logrado calar hondo en los imaginarios sociales allí donde cuestiona toda felicidad posible si no se la encarna en una felicidad sostenida sobre el consumo y la materialidad de la riqueza; donde parecen quedar en el ostracismo existencial quienes actúan fuera de las luces del shopping center o de la espectacularización amplificada por los lenguajes massmediáticos. Es la felicidad asociada sólo y únicamente a la figura demandante del ciudadano-consumidor, de aquel que vive con gusto el desmembramiento de lo público en nombre de lo privado, de esas intimidades protegidas de contaminaciones insoportables.
En tercer lugar, la renovación y el horizonte contemporáneo de la cultura no puede ser el de una actualidad con un único plano y un tiempo lineal, sin historicidad viva, entregándole a la televisión el control de las pedagogías educacionales, y en el otro extremo, un funcionariado que baja de las estanterías el festejo que corresponde una vez al año, sin valoración de las exigencias del lenguaje, sin preguntarse por las prácticas de lectura sociales y sin considerar que se muere la política si se muere el pensamiento creador en las artes y las ciencias. Peligra, incluso, la lectura argentina, el lector argentino, a pesar del éxito ferial de las convocatorias específicas en torno a esa práctica –la lectura- fundadora de sociedades y naciones. Se debe liberar al arte del modo en que las formas más crudas del mercado lo intentan anexar, tanto para generar nuevos fetichismos que de hecho han arriado “las banderas de la imaginación” como, en cuanto a la ciencia, asociándola a jugadas empresariales que ni siquiera se intentaron en el antepasado capítulo desarrollista de la historia de nuestro país.
No concebimos en el actual momento de la política nacional que estas cuestiones deban postergarse en el debate, porque son cuestiones del laberinto argentino. Del laberinto hay que salir con ideas estratégicas para este nuevo siglo. Parte del laberinto es una liviana consideración de las llamadas “políticas de la memoria” que finalmente la concede al conjunto de acciones permitidas por las centrales globalizadas de archivo de símbolos de los pueblos y a los nuevos enciclopedismos desmanteladores. Todos los conocimientos pueden ahora ser fijados, conservados y preservados, pero sin relaciones singulares
entre ellos, sin relieves que los articulen o que ponderen sus relaciones heterogéneas pero ligadas a la historia de cómo se han producido. Los efectos de la globalización –más allá que este nombre
apologético no es el adecuado y hay que crear otro-, permiten el singularismo desconectado de la historia, la construcción de una red sin cuerpos ni herencias significativas de lenguaje.
Se hace urgente entonces trazar nuevos planes culturales públicos que no resuelvan la relación entre la singularidad y los recursos de aprendizaje colectivo con proyectos reduccionistas que sustituyan
prácticas históricas por amuletos que muchas veces son versiones degradadas de las necesarias innovaciones tecnológicas. Éstas nunca ocurren al margen de grandes módulos de reflexión popular, cultural, intelectual, tanto espontánea como experta. No se trata ni de burocratizar el pasado festejando a los insurgentes pretéritos como si los reencontráramos en un mercado de ideas despegado de la vida, no se trata ni de vivir en sociedades regidas por la desmemoria de los medios de comunicación más concentrados ni por el modo en que éstos reorganizan el archivo social bajo impulsos del target, las audiencias fragmentadas, el estilo history channel y el divulgacionismo que aplana el relato crítico de las sociedades. De la misma manera que reducir las políticas culturales a operaciones de mercado, al glamour
heredado de desfiles de moda o convertirlas en escenificación espectacular y en sponsoreo de grandes empresas, suele ser el discurso que fascina a aquellos que desde hace mucho rebajan la cultura a su
exclusiva dimensión mercantil articulada a la lógica de lo cuantitativo.
Solo un nuevo humanismo de fundamentos críticos puede hacer pasar las culturas colectivas por el estatuto más riguroso de los conocimientos, fusionado entonces con los horizontes masivos genuinos. Están en nuestro pasado los muertos de muchas luchas que impulsaron la reconstrucción simultánea del presente y del pasado, como un único gesto inescindible de conocimiento político. Por eso, pensar la
justicia respecto del pasado resulta indesligable, finalmente, de los modos en que se imagina y materializan actos de justicia respecto del presente. Los símbolos requieren un trato cuidadoso, porque su mera invocación en un contexto que no les pertenece los deja al borde de la parodia o la indiferencia, y ésta no es una zona menor del laberinto argentino.
La discusión actual respecto de los íconos nacionales muestra ese rasgo de su conflictividad necesaria. Y que esa discusión suceda exige que no sean tratados con premura ni con consensos fáciles respecto de
creencias sociales que están profundamente delineadas por las fuerzas mediáticas. Es necesario situar los símbolos en su fragilidad. Ellos no siempre afirman lo mismo y si se los arroja desligados de una
materia experiencial profunda quedan a disposición de sus usos reaccionarios. Esto es: como negación o como inversión de aquello para los que se los había convocado.
No es sólo tarea de las instituciones estatales dar esa disputa, pero ellas tienen mucha responsabilidad al respecto. Deben hacerlo con tanta autonomía de los poderes culturales fosilizados –aunque se proclamen “independientes”- como con sensibilidad democrática frente a las diversas expresiones sociales. Deben hacerlo con sus redes cazadoras de mariposas de sentido, con ojos abiertos a lo que sucede, con perspicacia crítica respecto de sus límites, con azoramiento hacia lo que desconocen. Instituciones estatales de esa índole pueden librar la batalla cultural. La conmemoración del Bicentenario debe escapar del celebracionismo trivial, debe también ser festiva, pero sin privarse de movilizar el espíritu investigativo y la potencia crítica intelectual que permita que el laberinto argentino –la histórica complejidad de las luchas sociales- protagonice un nuevo capítulo nacional sin sentimiento de embotamiento, liberando y emancipando las fuerzas de la justicia, de la economía y del arte.
Carta Abierta así lo propugna, porque su vida política es un conjunto de decisiones simultáneas que surge de las asambleas abiertas, de la integración libre, del sentimiento emancipado del sujeto público, del antagonismo creador sin cierre conceptual posible, de la proliferación sin cartilla previa de la cultura crítica universal y nacional y del estado contingente de interrogación permanente. Si esto fuera así por obra de una multitud de voluntades, tendrá el efecto, la extrañeza y el valor que pudo tener la celebración de Castelli en las ruinas de Tiahuanacu el primer aniversario del 25 de Mayo de 1810.
Profesor de de Historia (UBA).
artepolitica.com/ezequiel-meler
artepolitica.com/ezequiel-meler/rss
Pre-textos. Notas sobre política argentina contemporánea.