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Concebida como la restauración de un orden interrumpido, la democracia encontró en su “vuelta” una sociedad que ya no estaba allí donde la había dejado. Pronto se hizo evidente que el retorno a la institucionalidad previamente existente no bastaba para gobernar las principales dinámicas de una Argentina profundamente transformada. Pero mientras se producían cambios en el orden partidario y sindical (primero por dentro y luego por fuera de los actores consolidados), la constitución política del estado atravesó incólume los diez primeros años de la era democrática.

Bajo la continuidad formal, sin embargo, tenían lugar importantes mutaciones sustanciales. Para 1994 la relación entre el estado y los ciudadanos había sido completamente reconfigurada por la transferencia del gobierno de importantes procesos a actores privados o públicos subnacionales. En lugar de afrontar estos cambios con nuevos derechos e instituciones, la reforma constitucional se concentró sobre los poderes del gobierno modificando su forma de elección y creando nuevos puntos para su articulación.

La realidad política resaltó inmediatamente que el problema radicaba menos en la sofisticación de la economía del poder estatal que en su despliegue sobre la superficie social. Un estado que gobernaba demasiado poco se vio desbordado por los sujetos que había abandonado a su suerte. Ninguna combinación de los tres poderes podía rescatar del asedio social a un estado incapaz de gobernar porciones cada vez más grandes de la vida de sus habitantes. En el punto más alto de su crisis, el único objetivo que el estado podía desear era la continuidad institucional. Este eufemismo de la supervivencia fue alcanzado mediante la progresiva expansión a los espacios sociales abandonados o nunca antes cubiertos.

La ampliación de la gobernabilidad democrática fue comandada por el Poder Ejecutivo; pero a medida que el estado volvió a albergar los conflictos, requirió el concurso de poderes portadores no solo de funciones sino de representatividades y temporalidades distintas a las del Ejecutivo. Un Legislativo con representatividades proporcionales y territoriales, y temporalidades segmentadas. Un Judicial con representatividad indirecta y temporalidad ininterrumpida. Ambos concurren con sus credenciales al gobierno de cuestiones que ponen a prueba la representatividad mayoritaria y la temporalidad limitada del Ejecutivo.

Entre la invocación de la unidad de los poderes y la conmoción ante sus fricciones se extiende el camino que va de la debilidad a la solidez del Estado. El desafío, ahora, es evitar que el circuito estatal de mediación del conflicto se autonomice, se separe de sus nacientes. Para ello el estado debe texturar sus nuevos dominios con derechos e instituciones que garanticen la capilaridad del gobierno democrático a todos los territorios y sectores sociales.

* Este texto tuvo como disparador un intercambio mantenido con Martín que fue parcialmente publicado en el Ni a Palos del domingo pasado.

De mi paso por los pasillos de la FCE-UBA, tengo en mi memoria los cuentos sobre las aventuras del bueno de Yaco y sus amigos.

Yaco fue presidente del CECE por la franja y resistió por la fuerza la derrota que sufrió a manos de T.N.T. en las elecciones.

Seguramente muchos de ustedes conocerán algunas otras anecdotas sobre él.