El strip-tease del capitalismo de amigos y la moda Angelo Paolo

La entrada al salón del Sheraton que eligió ayer Paolo Rocca para romper el silencio sobre el caso de coimas que conmueve a todo el establishment político y empresario argentino está justo al lado del estacionamiento donde Oscar Centeno esperaba, diez años atrás y con el Corolla en marcha, que su jefe Roberto Baratta regresara con los paquetes repletos de dólares que le entregaba el valijero de Techint, Héctor Zabaleta. Fue una gran casualidad, porque el salón estaba reservado desde dos meses atrás pero hasta último momento la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) debatió suspender el encuentro por la ola de detenciones y “arrepentimientos” que levantó la causa de los cuadernos del chofer.
La cita terminó de ratificarse cuando el lunes confirmó su presencia Mauricio Macri, que también quería decir lo suyo. “No tengo previsto hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que haya hecho nada indebido”, soltó finalmente. Fue una alusión elíptica pero inequívoca a su primo hermano Ángelo Calcaterra, dueño en los papeles de la constructora familiar del clan Macri durante casi todo el kirchnerismo y autor intelectual confeso de los pagos ilícitos que ejecutó el histórico CEO de la constructora, Javier Sánchez Caballero, siempre a través de Baratta.
Ángelo Calcaterra y Paolo Rocca son los homólogos locales de Marcelo Odebrecht en el Lava Jato, la investigación del juez brasileño Sérgio Moro que barrió primero con Petrobras, después con el gobierno del PT y finalmente con todo el sistema político verdeamarelo. Pero mientras el “príncipe de los contratistas” pasó dos años en un calabozo, el primo arquitecto del Presidente y el heredero del imperio siderúrgico fundado por Agostino Rocca en los años 40 pretenden una cirugía sin dolor. Enterrar para siempre las chances de regreso del kirchnerismo al poder sin interrumpir ni un fin de semana la vida de lujos en la que se criaron.
La estrategia “Ángelo Paolo” amenaza con socavar la legitimidad del proceso judicial, sobre todo porque la veintena de empresarios imputados empezó a cambiar los argumentos y los testimonios gracias a los cuales el juez Claudio Bonadío aceptó dejarlos en libertad al inicio. El primero de los “arrepentidos”, Juan Carlos de Goycoechea, declaró en un principio haber realizado “aportes para la campaña” en nombre de Isolux, la multinacional española a la cual el kirchnerismo encargó la central térmica carbonífera de Río Turbio. Ayer se enmendó: “Hablar de aportes de campaña era un eufemismo. Nos apretaban, eran coimas”.
Probablemente Techint también tenga que revisar pronto sus explicaciones. Rocca repitió ayer el argumento que ya había volcado ante Stornelli su lobbista Luis Betnaza. “Teníamos 280 personas nuestras en Venezuela” en el momento de la expropiación de Sidor, dijo. Según declaró Betnaza, los pagos que efectuó el valijero Zabaleta y que registró Centeno en sus cuadernos fueron para que el gobierno de Cristina Kirchner (donde todavía gravitaba fuerte su marido) facilitara el regreso de esos expatriados y evitara que los maltrataran. No para obtener un beneficio económico. “Actuamos para defender a nuestra gente”, intentó convencer ayer Rocca. Pero tal como se detalló en esta columna el viernes pasado, la motivación fue más metálica que humanitaria: los pagos coincidieron con la negociación de la indemnización, que fue más alta que otras pagadas por el chavismo.