Enseñar exige saber escuchar – Tiempo Argentino – Matías Garfunkel

La educación es un derecho básico garantizado por la Constitución Nacional.
Pareciera que tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el jefe de gobierno porteño están más preocupados por su propia imagen pública frente a diferentes escenarios políticos que por el hecho de priorizar lo que debería ser una política fundamental de Estado, como lo es la educación.
Un país sin educación es un país sin futuro y un país sin futuro está condenado al fracaso. Más para la Argentina, que supo ser una gran nación de clase media educada y con aspiraciones universitarias. Con los recortes de uno y con el bajo presupuesto del otro, está más que claro a qué tipo de país apuntan. Ese que dista tanto del que el resto de los argentinos quieren para sus hijos.
Las autoridades de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires deberían preocuparse y ocuparse en cómo van a estar educados los niños y los adolescentes dentro de 20 años. En cómo lograr llevar la escuela a los hogares con laptops y sistemas interactivos en lugar de convivir con escuelas tomadas, recortes salariales o refacciones en sus oficinas.
El ejemplo más interesante de lo que se vivirá en poco más de diez años, cuando los jóvenes de entonces estén en la calle por no haber tenido garantizada la educación, tiene directa relación con la gestión de la flamante directora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora De Lucía. Esta semana se supo que los 340 mil docentes podrían no cobrar los salarios de octubre debido a los recortes presupuestarios hechos en esa cartera. Así es que los trabajadores de esa dirección se encuentran en una medida de fuerza y entre ellos están los empleados que deben actualizar los datos en el sistema informático que permite que los sueldos sean acreditados (dato que fue desmentido desde la dirección de De Lucía, argumentando que la información para el pago de octubre ya se encuentra ingresada).
En la Carta Abierta a la Comunidad, que dieron a conocer el viernes 28, horas antes de que fracasara la negociación, explicaban las causas de la medida: «la actual gestión de la directora de Educación pretende implementar un recorte del salario de los trabajadores. Una parte del salario que venimos cobrando en negro como compensación salarial bajo el nombre de ‘horas extras y viáticos’. Sumado a esto, pretende el despido de 140 trabajadores entre planta temporaria y contratados, cuya situación, hasta el momento, no ha sido regularizada. Desde hace meses están vacías las direcciones de mantenimiento y servicios generales. No hay insumos para llevar a las escuelas, ni herramientas para arreglarlas. Están vacías las imprentas y se pagan miles de pesos en servicios que se compran afuera. Están vaciando cada sector de la educación. Los recortes ya comenzaron, también nuestra lucha es para evitar que sigan por cada repartición de la administración pública de la provincia». Cabe destacar que el salario básico de un trabajador de la Educación es de $ 1500. El resto se compone de bonificaciones casi todas no remunerativas y, por supuesto, no son contempladas en las futuras jubilaciones.
La semana bonaerense terminó con un rumor de renuncia de De Lucía que, según trascendió, fue rechazada de plano por la gobernación. «Que no se te ocurra renunciar», habría sido la frase usada por el máximo representante de la provincia, todavía golpeado por la retirada de Silvina Gvirtz, al grito de «No voy a impulsar un recorte por los sueldos de los maestros.» De Lucía, el sábado llamó a una mesa de diálogo
En la Ciudad de Buenos Aires, la educación no corre mejor suerte. Ya son 38 los colegios tomados y la situación, que ya lleva 12 días, no parece estar cerca de la definición. La protesta se dirige a los cambios curriculares impulsados desde el Ministerio de Educación de la Nación, que Esteban Bullrich, titular de la cartera porteña, puso en marcha sin consulta previa. Los alumnos le piden a Bullrich que garantice el dictado de clases en el horario nocturno y que ellos puedan tomar parte en la discusión del cambio curricular. Ayer, mientras los estudiantes realizaban asambleas en los establecimientos, el ministro porteño volvió a declarar su negativa a recibirlos. «No vamos a dialogar con los alumnos –dijo– porque saltaría el canal formal de comunicación y le restaría autoridad a los directivos de las escuelas.»
La provincia, con su casi medio millón de alumnos, y la Ciudad de Buenos Aires atraviesan una crisis muy importante. En ambos casos el detonante es la falta de diálogo y coordinación. No vale la pena en esta columna entrar en detalles sobre los puntos específicos de la ruptura. Lo cierto es que los maestros y profesores no están dando clases y que los alumnos no las están recibiendo. Sí es importante recordar que, en el caso de la Ciudad, la justicia ya tuvo que intervenir en el conflicto. El gobierno mordaza de Macri pidió a las autoridades escolares que denuncien las protestas estudiantiles en las comisarías, pedido que luego negaron desde la cartera de Educación, aduciendo que se trataba de «una circular vieja». Sin embargo, la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori revocó la orden luego de una acción de amparo interpuesta por los legisladores porteños Ruanova, Nenna y Lubertino y de UTE-CTERA.
Esta semana estuvo cruzada por la educación. Sin embargo, para los medios hegemónicos las vedettes fueron Georgetown y Harvard y las conferencias de prensa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ninguno de ellos habló de Juan Ignacio Maquieyra, ex asesor del ministro de Educación porteño Esteban Bullrich, autor intelectual del 0-800 para receptar denuncias sobre la actividad política en las escuelas, quien además es uno de los fundadores y secretario general de Generación Argentina Política, una agrupación de la juventud del PRO cuya sigla es idéntica a la de una conocida marca de ropa estadounidense (GAP) y convoca a encuentros de militancia en el after office en el Bar Mística.
«Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta porque siempre estamos escuchando la pedagogía de la respuesta. La alfabetización implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica. Enseñar exige respeto a los saberes de los alumnos y respeto a su autonomía. Enseñar exige saber escuchar», decía el pedagogo Paulo Freire.
Con el análisis del recorte presupuestario educativo bonaerense, los cambios curriculares y las tomas porteñas, más las estrellitas de la Universidad de Harvard, Freire, a quien las autoridades educativas en cuestión parecen ignorar, se hubiera hecho un festival. – <dl

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