La década del Estado depredador

La década del gobierno kirchnerista será recordada por el campo como la década del Estado Depredador. El abuso llegó a límites insostenibles: hoy el 88% de la renta generada por una empresa agropecuaria se la queda el Estado, sin ningún tipo de retribución proporcional en servicios de calidad y con total ausencia de equidad.
Semejante distorsión no puede mantenerse por mucho tiempo más. Menos cuando cayeron los precios de todos los productos agropecuarios. Por ejemplo, la soja, principal generadora de divisas, perdió 38% de su valor en un año. Sin embargo, el gobierno sigue jugando con las expectativas de los productores y peor aún, de los productores que tienen menos espalda para soportar los descalabros de la política que los funcionarios llevaron adelante. En esta línea fue que el ministerio de Economía, con la venia de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció por cadena nacional un Programa de Estímulo para el Pequeño Productor de Granos.
Según la letra de esa resolución, a un productor de 700 toneladas de soja, se le devolverán $ 31.500. Esa cifra representa sólo el 4% de lo que ese chacarero tributó por derechos de exportación ($ 799 mil). Como si eso fuera poco, la devolución está prevista en cuotas y dependerá de la liquidación de divisas que haga un tercero: el exportador.
Es evidente que se debe acompañar a los productores chicos frente a problemas climáticos o de mercado con políticas que garanticen su subsistencia y desarrollo. Pero sacarles, y anunciarlo como un logro, $ 799.000 solo en concepto
de retenciones, y devolverles
$ 31.500 en cómodas cuotas siempre que el exportador liquide divisas, nos parece sencillamente perverso.
¿Y el que produce 701 toneladas, ya es un productor grande o directamente se embroma? ¿Qué premia el Gobierno? ¿Producir más, o producir menos? La respuesta es obvia y representa una muy mala noticia para el país.
¿Y el productor de 7.000 toneladas? ¿Y el de 70.000? que invirtieron a razón de u$s 350 por cada hectárea de soja o u$s 550 en maíz, a su propio riesgo esperando que llueva bien, que los mercados no bajen y que al Gobierno no se le ocurran más estupideces.
Hay decenas de miles de productores que invierten más de $ 230.000 millones de pesos por año en la Argentina, el 80% de ese dinero se invierte en los pueblos donde están los campos. Ese inversor nacional viene siendo maltratado por la soberbia, el autoritarismo y la política del hecho consumado desde hace años.
Cualquier fuerza política que gane una elección puede aplicar su plataforma o modelo. Pero nadie puede escapar al balance. Y el balance de este modelo es absolutamente negativo, no hay una sola resolución que no haya perjudicado a cualquiera de las producciones de nuestro país. Tampoco significó un beneficio a los consumidores.
¿Y quiénes se beneficiaron? En gran medida, aquellos que el Gobierno dice combatir, pero con los que se reúne permanentemente para lograr acuerdos a espaldas y en perjuicio de productores y consumidores. La compra, que es la parte fuerte de la relación comercial en la producción. Como consecuencia de la intervención de los mercados por parte del Gobierno, en los últimos años los productores transferimos a otros eslabones de la cadena u$s 6.300 millones en el caso del trigo, u$s 3.200 en el caso de la leche y u$s 2.000 millones en el caso del maíz, por dar algunos ejemplos de la diferencia entre lo que cobramos los productores y el FAS teórico, que es el precio que en definitiva cobran los compradores.
En estos días, también tuvimos otros ejemplos de la inacción del Estado. Vemos como la firma Monsanto está organizando un cobro de peaje privado en el que invierte la carga de la prueba: todos los granos son Intacta salvo que se pruebe lo contrario. Los productores sufriremos la humillación de que se nos revise la mercadería que entregamos por si hay soja Intacta en el embarque. Si Monsanto quiere cobrar una regalía sobre un contrato firmado con algunos productores debe encontrar la forma de controlar a su contraparte de forma independiente del comercio de granos. No puede poner bajo sospecha a miles de productores que no firmaron contrato con ella, apretando a exportadores y acopiadores, haciéndolos cómplices de un abuso que distorsiona la operación.
Después de 12 años de kichnerismo, hay algo que queda claro: con las actuales reglas de juego, el campo no solo no expresa su potencial sino que miles de productores y trabajadores han quedado en el camino. Nuestros competidores siguieron el rumbo opuesto y los resultados fueron exitosos. Con la competencia entre los compradores, con mercados abiertos y transparentes, con convenios bilaterales o bloque a bloque de intercambio comercial, con sistemas tributarios que no castiguen sino que incentiven la inversión, no solo han ocupado los mercados que Argentina perdió sino que colaboraron a acrecentar sus reservas y tener pleno empleo.
Es fácil, el camino está marcado, falta que la Argentina tenga un Gobierno con vocación de cambio, que en base a políticas públicas de demostrado éxito promueva la inversión y la generación de empleo formal. Somos un país que produce alimentos en cantidad, calidad y de manera muy eficiente. Es de necios desconocer esto. El campo está listo para ese desafío, la demanda está intacta. Solo depende de nosotros aprovechar la oportunidad.

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