La marcha: un freno a la soberbia y al autoritarismo

Por distintos motivos, la multitudinaria movilización que anteanoche se produjo en un centenar de centros urbanos de toda la Argentina debe ser calificada como un hito histórico. La extraordinaria cantidad de personas y de familias enteras que se dieron cita podría justificar ese calificativo. Pero es el sentido del reclamo, que trasciende lo material y gira en torno de la institucionalidad, aquello que le confiere verdadera importancia.
La marcha fue un auténtico canto a la libertad. Fue la expresión de ciudadanos que, más allá de que tengan trabajo o no, quieren respirar libertad, un valor que se pierde cuando se vive entre la inseguridad, el miedo y la opresión.
Hubo una demanda por justicia y seguridad para todos , por el respeto de la Constitución nacional y el principio de división de poderes, por la libertad de expresión en su más amplio sentido, por el castigo a la corrupción, por el fin de las ilusiones hegemónicas de nuestros gobernantes y por la necesidad de que las instituciones dejen de ser un juguete para ambiciones personales.
Todos esos mensajes podrían sintetizarse en uno solo, dirigido a la presidenta de la Nación : existen los límites.
Quienes se manifestaron anteanoche dieron cuenta de un hastío hacia una particular concepción de la política, que impera desde hace nueve años, como un juego irreductible de enemigos, en el que lo vital para construir poder es alimentar el conflicto en forma permanente y, más recientemente, siguiendo la lógica de Ernesto Laclau, dividir a la sociedad en dos.
Se expresó la necesidad de edificar un futuro en paz y de poder pensar un destino a mediano plazo, sin que pese sobre todo aquel que piense distinto una sensación de amenaza.
El hartazgo social se advierte ante un estilo de gestión a menudo basado en el miedo y en la persecución, y que no muestra hesitaciones a la hora de avasallar la libertad de expresión. Los ataques desde el Gobierno a economistas, empresarios, consultoras y asociaciones de consumidores que osaran difundir datos de la realidad socioeconómica que difieran de las fantasías del Indec o, simplemente, hacer públicos puntos de vista críticos sobre las políticas oficiales han sido moneda corriente en los últimos tiempos y han representado uno de los ejemplos más notables de un poder político que desafía todos los límites institucionales.
Más recientemente, el gobierno del «vamos por todo» ha sumado emblemáticos ataques a la prensa, un exitoso intento de copar los organismos de control para quedar exento de las imprescindibles rendiciones de cuentas y una perversa estrategia dirigida a sacar y poner jueces de manera de garantizar sentencias a la medida de sus objetivos políticos.
El 8-N ha sido un intento de poner límites al desenfreno, a la soberbia y al autoritarismo. Una forma de decirles a nuestros gobernantes que ciertos abusos y excesos del poder han durado ya demasiado y que han llegado a una frontera que no pasarán.
De ningún modo implica esta actitud ciudadana un camino destituyente, como algunas voces del oficialismo han querido transmitir. Nadie pide que se vayan las autoridades elegidas legítimamente en los comicios presidenciales del 23 de octubre de 2011, por un período que concluirá en diciembre de 2015. Pero sí se señala que ningún éxito electoral da derecho a hacer cualquier cosa desde el poder.
La marcha fue una expresión de rebeldía ante los numerosos casos de corrupción pública sin una sanción digna ni por parte de la Justicia ni por parte de quien, desde la cúspide del poder político, actuó de manera opuesta a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien no dudó en remover a varios integrantes de su gabinete ante denuncias de irregularidades.
Fue también una respuesta a la inmoralidad de un gobierno que critica públicamente a sectores medios por su supuesta sed de dólares, pero que paradójicamente nada dice de funcionarios que se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Fue una réplica a un Estado policíaco que persigue a quienes buscan un refugio frente a la creciente desvalorización de la moneda local, pero se muestra ausente cuando se trata de perseguir a la delincuencia. Fue, finalmente, un no rotundo a cualquier intento de reformar la Constitución para posibilitar una reelección presidencial indefinida.
El reclamo de la ciudadanía ha sido muy claro. Cristina Fernández de Kirchner debería entender que de lo que se trata no es de «no aflojar», sino de escuchar..