Es una regla básica en cualquier negociación tensar la cuerda al principio, tantear la relación de fuerzas luego y al final, según hayan quedado definidos los tantos a un lado y al otro, ir tras el mejor arreglo posible. Nunca las posiciones del comienzo coinciden con las últimas y si así pasa por lo común, ¿por qué no pasaría también con la paritaria docente de Buenos Aires?
Para empezar, el gobierno de María Eugenia Vidal se ha plantado en 18% repartido a través de cuatro tramos del 4,5% y con ajuste automático por inflación. Los gremios reclaman 35% directo sin ninguna indexación.
Eso ya abre una brecha de 17 puntos porcentuales, casi igual a la oferta bonaerense. Lo que finalmente haya terminará sobre una cuenta que sólo en el primer semestre del año pasado ascendió a cerca de $ 56.000 o al 32% del gasto público total de la Provincia. El monto final habría pasado de lejos, bien de lejos, a los 94.000 millones de 2015.
Está claro que la carta fuerte del macrismo se llama Vidal o, mejor dicho, el predicamento que Vidal ha ganado dentro y fuera de su territorio. Será jugada a fondo y para el caso apelando a la altísima carga que les significa a los bonaerenses arrancar las clases sin clases. El riesgo es que el fragor de la contienda termine magullando la imagen de la gobernadora.
Notoriamente escasos y deteriorados por la inflación, los salarios docentes y los miles de docentes son el as de los sindicalistas. Más lo de siempre, aunque también riesgoso y gastado por el uso: la amenaza de paro.
Podrían aparecer algunos adicionales bajo la mesa financiados por el gobierno nacional, y seguramente los habrá, solo que manteniendo el formato en tal supuesto ya formal del 18%. Todavía hay margen de negociación, de aquí al 6 de marzo.
El óptimo 18% pactado con los gremios estatales que representan a la mayoría de los empleados administrativos es un antecedente, pero vale nada dentro de la partida docente. Así al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le haya parecido un acuerdo “muy inteligente”.
Generalizada, la caída del salario real del año pasado está presente en buena parte de los informes privados y públicos conocidos. Serviría o servirá como guía para las negociaciones, salvo por detalle: la pérdida promedia del 4 al 7,9% según los sectores y según quienes la calculen. Esto es, una banda demasiado ancha.
La consultora Invecq dice 4% en el conteo global y apenas 2,1% para la construcción. Y se anima a recomendar incrementos del 20 al 24%, casi en línea con el objetivo que viajó de la Casa Rosada a Trabajo.
Más cerca de los números que manejan algunos sindicatos, Ecolatina afirma que la caída fue del 6% y, bien alejada de Invecq, pone 11% en la construcción y 9,6% en la industria textil. Si este año la inflación fuese el 22-23% estimado por varios analistas, sólo recuperar los ingresos perdidos en 2016 implicaría subir los sueldos un 30%.
Con cálculos aún desajustados, Economía & Regiones estima 7,9% al tercer trimestre del año pasado respecto de igual período de 2015.
Para el mismo tercer trimestre, las estadísticas del gobierno de la Ciudad Autónoma revelan que el ingreso promedio de la ocupación principal de una familia subió 33,6%, o 7,4 puntos porcentuales menos que su índice de precios al consumidor anual.
Y el Estudio Bein ve las paritarias “moviéndose en la zona del 26%”.
Claramente sesgada hacia el interés de sus asociados, la Cámara de la Construcción considera al 18% “un aumento razonable”. Razonable y a la vez imposible, como saben las propias empresas constructoras.
Nada insignificante por cierto, hay una cuña clavada en todas las negociaciones. Se trata de los aumentos en las tarifas de la electricidad, del gas y los combustibles, si no les tocan también a colectivos y trenes.
Habrá un sacudón directo sobre gran parte de los presupuestos familiares, y otro difícil de llamar indirecto que irá a los precios.
El impacto en el índice difiere, nuevamente, según quienes lo calculen. Donde la consultora Economía & Regiones pone entre 7 y 8 puntos porcentuales y proyecta que pese a todo la inflación anual no se apartará de la pauta oficial del 17%; el Estudio Bein dice 3,5 puntos y 22% respectivamente.
Cuando el ajuste tarifario pintaba bastante menor al que será en toda la línea, la Fundación Capital dirigida por Martín Redrado estimaba un efecto de 3 o 4 puntos; ahora, anda por 5 y con la inflación en 23-24%.
Una rareza, en medio de esta ensalada de números, salta en el Relevamiento de Expectativas de Mercado que el Banco Central hizo entre el 27 y el 31 de enero.
Como las estimaciones de los aportantes al sondeo superaban las metas de inflación establecidas por la entidad, el informe del BCRA aventuró que eso “posiblemente reflejase incidencias puntuales de las modificaciones en la política de tarifas de servicios públicos”.
El aumento del 61 al 148% en la electricidad fue anunciado justo el 31 de enero, o sea, que difícilmente haya sido computado dentro de las respuestas y menos antes del 31. Encima, los cálculos previos al anuncio medían un ajuste en el orden del 35%.
El sorpresivo 1,3% que al INDEC le dio el índice de enero mostró que además de torcida, la interpretación del Central fue errónea. Los que se equivocaron fueron los consultores y el que acertó fue el BCRA: ese indicador y varios anteriores dicen que, al menos por ahora, la inflación marcha al gusto de la entidad.
De vuelta a intríngulis docente, afirma alguien que ha ocupado despacho en el Ministerio de Economía bonaerense y conoce el paño: “Con el 18% solo no hay arreglo y la cosa va a complicarse. Deberán buscar una vía de salida, como pueden ser adelantos a cuenta, bonificaciones u otra forma de mejorar la oferta. Poner más plata, al fin”.
El problema es que al interior de otros sindicatos del mismo universo estos subterfugios no pasan inadvertidos. O no pasarán para médicos y judiciales, prontos a exigir incrementos sin duda mayores al 18% y sin que importe el formato.
Para que se entienda mejor: la partida salarial completa equivale al 51,2% o a más de la mitad del presupuesto provincial.
No hay allí dinero propio que alcance ni posibilidades de estirar mucho más la cuerda: acaban de tomar deuda por US$ 1.500 millones. Habrá que esperar al mal glorificado 7° de Caballería norteamericano o, mejor, al general Macri. Por mucha que sea su capacidad de maniobra, María Eugenia no puede con todo.
Pero como siempre hay un pero, si hay plata para Vidal el resto de los gobernadores se va a enterar y reclamará un trato parecido.
Está a la vista que la discusión salarial puede ser cualquier cosa menos un paseo. Basta observar el caso de los bancarios.
El gremio había pactado con la mayoría de las entidades financieras un aumento que compensaba pérdidas de 2016 y bordeaba el 25% en enero, más la perspectiva de volver a negociar en la paritaria de abril. Suficiente: por orden presidencial, Triaca, que había convalidado todo, rechazó el acuerdo.
La Bancaria apeló a la Justicia y consiguió rápidamente un amparo. Trascartón y a pedido del Gobierno, las mismas entidades que habían firmado y se habían comprometido a pagar contraapelaron.
Pasa, sin más vueltas, que la Casa Rosada impulsa 20% para todo el año, como se lo hicieron saber a los banqueros. Resultado: hay asambleas, marchas y amenaza de paro.
A Sergio Palazzo, el jefe del gremio, se le enrostra ser kirchnerista. Cosa que aún siendo cierta es harina de otro costal.
Homologar y no homologar arreglos figura entre las atribuciones del Ministerio de Trabajo. Y protestar, entre las de los sindicatos. Son finalmente principios que mandan en las relaciones laborales.
Para empezar, el gobierno de María Eugenia Vidal se ha plantado en 18% repartido a través de cuatro tramos del 4,5% y con ajuste automático por inflación. Los gremios reclaman 35% directo sin ninguna indexación.
Eso ya abre una brecha de 17 puntos porcentuales, casi igual a la oferta bonaerense. Lo que finalmente haya terminará sobre una cuenta que sólo en el primer semestre del año pasado ascendió a cerca de $ 56.000 o al 32% del gasto público total de la Provincia. El monto final habría pasado de lejos, bien de lejos, a los 94.000 millones de 2015.
Está claro que la carta fuerte del macrismo se llama Vidal o, mejor dicho, el predicamento que Vidal ha ganado dentro y fuera de su territorio. Será jugada a fondo y para el caso apelando a la altísima carga que les significa a los bonaerenses arrancar las clases sin clases. El riesgo es que el fragor de la contienda termine magullando la imagen de la gobernadora.
Notoriamente escasos y deteriorados por la inflación, los salarios docentes y los miles de docentes son el as de los sindicalistas. Más lo de siempre, aunque también riesgoso y gastado por el uso: la amenaza de paro.
Podrían aparecer algunos adicionales bajo la mesa financiados por el gobierno nacional, y seguramente los habrá, solo que manteniendo el formato en tal supuesto ya formal del 18%. Todavía hay margen de negociación, de aquí al 6 de marzo.
El óptimo 18% pactado con los gremios estatales que representan a la mayoría de los empleados administrativos es un antecedente, pero vale nada dentro de la partida docente. Así al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le haya parecido un acuerdo “muy inteligente”.
Generalizada, la caída del salario real del año pasado está presente en buena parte de los informes privados y públicos conocidos. Serviría o servirá como guía para las negociaciones, salvo por detalle: la pérdida promedia del 4 al 7,9% según los sectores y según quienes la calculen. Esto es, una banda demasiado ancha.
La consultora Invecq dice 4% en el conteo global y apenas 2,1% para la construcción. Y se anima a recomendar incrementos del 20 al 24%, casi en línea con el objetivo que viajó de la Casa Rosada a Trabajo.
Más cerca de los números que manejan algunos sindicatos, Ecolatina afirma que la caída fue del 6% y, bien alejada de Invecq, pone 11% en la construcción y 9,6% en la industria textil. Si este año la inflación fuese el 22-23% estimado por varios analistas, sólo recuperar los ingresos perdidos en 2016 implicaría subir los sueldos un 30%.
Con cálculos aún desajustados, Economía & Regiones estima 7,9% al tercer trimestre del año pasado respecto de igual período de 2015.
Para el mismo tercer trimestre, las estadísticas del gobierno de la Ciudad Autónoma revelan que el ingreso promedio de la ocupación principal de una familia subió 33,6%, o 7,4 puntos porcentuales menos que su índice de precios al consumidor anual.
Y el Estudio Bein ve las paritarias “moviéndose en la zona del 26%”.
Claramente sesgada hacia el interés de sus asociados, la Cámara de la Construcción considera al 18% “un aumento razonable”. Razonable y a la vez imposible, como saben las propias empresas constructoras.
Nada insignificante por cierto, hay una cuña clavada en todas las negociaciones. Se trata de los aumentos en las tarifas de la electricidad, del gas y los combustibles, si no les tocan también a colectivos y trenes.
Habrá un sacudón directo sobre gran parte de los presupuestos familiares, y otro difícil de llamar indirecto que irá a los precios.
El impacto en el índice difiere, nuevamente, según quienes lo calculen. Donde la consultora Economía & Regiones pone entre 7 y 8 puntos porcentuales y proyecta que pese a todo la inflación anual no se apartará de la pauta oficial del 17%; el Estudio Bein dice 3,5 puntos y 22% respectivamente.
Cuando el ajuste tarifario pintaba bastante menor al que será en toda la línea, la Fundación Capital dirigida por Martín Redrado estimaba un efecto de 3 o 4 puntos; ahora, anda por 5 y con la inflación en 23-24%.
Una rareza, en medio de esta ensalada de números, salta en el Relevamiento de Expectativas de Mercado que el Banco Central hizo entre el 27 y el 31 de enero.
Como las estimaciones de los aportantes al sondeo superaban las metas de inflación establecidas por la entidad, el informe del BCRA aventuró que eso “posiblemente reflejase incidencias puntuales de las modificaciones en la política de tarifas de servicios públicos”.
El aumento del 61 al 148% en la electricidad fue anunciado justo el 31 de enero, o sea, que difícilmente haya sido computado dentro de las respuestas y menos antes del 31. Encima, los cálculos previos al anuncio medían un ajuste en el orden del 35%.
El sorpresivo 1,3% que al INDEC le dio el índice de enero mostró que además de torcida, la interpretación del Central fue errónea. Los que se equivocaron fueron los consultores y el que acertó fue el BCRA: ese indicador y varios anteriores dicen que, al menos por ahora, la inflación marcha al gusto de la entidad.
De vuelta a intríngulis docente, afirma alguien que ha ocupado despacho en el Ministerio de Economía bonaerense y conoce el paño: “Con el 18% solo no hay arreglo y la cosa va a complicarse. Deberán buscar una vía de salida, como pueden ser adelantos a cuenta, bonificaciones u otra forma de mejorar la oferta. Poner más plata, al fin”.
El problema es que al interior de otros sindicatos del mismo universo estos subterfugios no pasan inadvertidos. O no pasarán para médicos y judiciales, prontos a exigir incrementos sin duda mayores al 18% y sin que importe el formato.
Para que se entienda mejor: la partida salarial completa equivale al 51,2% o a más de la mitad del presupuesto provincial.
No hay allí dinero propio que alcance ni posibilidades de estirar mucho más la cuerda: acaban de tomar deuda por US$ 1.500 millones. Habrá que esperar al mal glorificado 7° de Caballería norteamericano o, mejor, al general Macri. Por mucha que sea su capacidad de maniobra, María Eugenia no puede con todo.
Pero como siempre hay un pero, si hay plata para Vidal el resto de los gobernadores se va a enterar y reclamará un trato parecido.
Está a la vista que la discusión salarial puede ser cualquier cosa menos un paseo. Basta observar el caso de los bancarios.
El gremio había pactado con la mayoría de las entidades financieras un aumento que compensaba pérdidas de 2016 y bordeaba el 25% en enero, más la perspectiva de volver a negociar en la paritaria de abril. Suficiente: por orden presidencial, Triaca, que había convalidado todo, rechazó el acuerdo.
La Bancaria apeló a la Justicia y consiguió rápidamente un amparo. Trascartón y a pedido del Gobierno, las mismas entidades que habían firmado y se habían comprometido a pagar contraapelaron.
Pasa, sin más vueltas, que la Casa Rosada impulsa 20% para todo el año, como se lo hicieron saber a los banqueros. Resultado: hay asambleas, marchas y amenaza de paro.
A Sergio Palazzo, el jefe del gremio, se le enrostra ser kirchnerista. Cosa que aún siendo cierta es harina de otro costal.
Homologar y no homologar arreglos figura entre las atribuciones del Ministerio de Trabajo. Y protestar, entre las de los sindicatos. Son finalmente principios que mandan en las relaciones laborales.
