La sensación es la misma que en junio de 2010, cuando la represión policial se cobró tres vidas en el Alto. Antes y ahora lo que resalta es el fracaso de la política. No sólo por el diálogo ausente, sino por la decisión deliberada de congelar la aplicación de la ley 26.160, aprobada en 2006 para frenar los desalojos a comunidades indígenas y realizar un relevamiento de sus territorios con el fin de otorgarles los “títulos comunitarios”.
Resolver el conflicto mapuche exigirá un esfuerzo de comprensión permanente y verdadero, no apenas simbólico. Hará falta el ingenio indispensable para reconocer en los hechos la preexistencia de los pueblos originarios, su derecho a la tierra y el valor de su cultura y espiritualidad. Esos mismos que la Constitución, los tratados y las leyes tan floridamente consagran.
Resolver el conflicto mapuche exigirá un esfuerzo de comprensión permanente y verdadero, no apenas simbólico. Hará falta el ingenio indispensable para reconocer en los hechos la preexistencia de los pueblos originarios, su derecho a la tierra y el valor de su cultura y espiritualidad. Esos mismos que la Constitución, los tratados y las leyes tan floridamente consagran.
