Paradójicamente la provincia que vió nacer la independencia de este país es hoy la misma que se configura como la más representativa de las cadenas que atan a las mujeres a la hora de adquirir nuevos derechos.
Si creíamos que el mayor exponente de esta postura medieval eran las declaraciones de la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez, el pasado dos de agosto en la legislatura local se llevo a cabo una sesión en la que se aprobó un proyecto para declarar a Tucumán como una provincia provida. Treinta y nueve de cuarenta y tres legisladores y legisladoras, dieron el aval a esta iniciativa. Afuera del recinto, la policía cercaba el edificio a efectos de impedir el acceso de cualquier persona que portara el pañuelo verde. Mientras tanto, en el interior de la legislatura los grupos anti derechos enarbolaban sus pañuelos celestes como bandera de la defensa de la vida.
El proyecto aprobado tiene dos artículos. Y aunque es solo un proyecto de declaración, esa extensión tan escueta refleja la intención inexistente de desarrollar una política pública concreta destinada a paliar alguna problemática en relación a la prevención de embarazos no deseados, ni a la aplicación real de la ley de E.S.I. Los que aparentemente se acordaron (muy tarde) de la importancia de la educación sexual una vez más demuestran que han utilizado este planteo como eufemismo. Frases hechas al único efecto de causar un impacto ya que en la práctica, pareciera ser que a quienes sostienen la “defensa de la vida”, se les olvida la vida de las mujeres que abortan y que lo hacen independientemente de la ilegalidad del acto.
La implicancia jurídica de este hecho es prácticamente nula, siendo que no hay derecho público provincial que pueda ser obstáculo para el normal acceso a los derechos humanos de rango constitucional.
De cualquier modo, este panorama es un claro evento político y una nueva demostración del estrecho vinculo entre el estado y la secularización religiosa. En cuanto a lo primero, si bien existe la división de poderes y contamos con un sistema republicano, en un contexto de amenazas y presiones (por ejemplo, las que tuvieron a Alperovich como blanco, empapelando la provincia con afiches que portaban su foto y una inscripción que hablaba de “holocausto prenatal”) no es menor el gesto del parlamento tucumano como acto para disciplinar a lxs senadorxs indecisxs. Sin perjuicio de inferir que existe una comunión ideológica por parte del poder ejecutivo de esa provincia que cuenta con un gobernador que se ha declarado públicamente a favor de la vida, así lo afirmó la diputada por Tucumán, Gladys Medina, en la histórica sesión del 13 de junio pasado, en la cámara de Diputados: “El gobierno de mi provincia – mi gobernador, el doctor Juan Manzur, y mi vice gobernador, Osvaldo Jaldo- publicó en un medio periodístico que está en contra del aborto y a favor de la vida”.
En cuanto a la influencia religiosa, si bien los impulsores del proyecto intentaron despegarse de esa noción, algunos de los argumentos se fundan en el mandamiento de la biblia que expresa “no matarás” y en la figura de Dios como rey supremo que decide quién debe vivir y quien debe morir.
No es casual que Tucumán haya sido la provincia en la que Belén estuvo 29 meses presa, por una causa en la que el fiscal interviniente pidió 14 años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo y con alevosía”. Para quienes no conocen el caso, Belén es una chica de 25 años que llegó a un hospital público de esa provincia, a causa de dolores abdominales. Mientras esperaba que los calmantes que le habían suministrado para los dolores le hicieran efecto, tuvo un aborto espontaneo. En el fallo en que se ordenó condenarla a ocho años de prisión, se hablaba de un feto de 32 semanas. Un feto que se perdió y al que nunca se le realizó un examen de ADN para determinar si efectivamente existía un parentesco con la mujer. Una acusación de homicidio sin pruebas, y un agravante que nunca se estableció. Un caso que se posiciona en el punto culmine de la arbitrariedad y de la impunidad. Y que fue emblemático porque puso sobre el tapete, además de lo concerniente a un sistema judicial patriarcal, el debate acerca de la despenalización del aborto, como asimismo acerca de todas las problemáticas que lo rodean. Finalmente, para lxs interesadas en el caso, hay que decir que en marzo de 2017 Belén fue absuelta y, por supuesto, se encuentra en libertad. Ello, en gran medida, gracias al compromiso del movimiento de mujeres.
Frente a esta situación, podemos inferir que Tucumán es el ejemplo más claro de un estado que se acuerda de las mujeres únicamente cuando tiene que negarle derechos.
Entre sus deudas, esta provincia aun no cuenta con su adhesión a la ley de salud sexual y procreación responsable. Cabe destacar que hablamos de una ley del año 2002.
“Si bien Tucumán tampoco adhirió a la ley de Educación Sexual Integral (26.150, 2006), la ley Provincial de Educación sí establece en uno de sus artículos que la currícula debe incorporar contenidos como lo marca la ley de ESI nacional”, dice la periodista especializada en género, Luciana Peker.
Baches, ausencias y grises. A priori, no es real que importe el acompañamiento a las mujeres con embarazos no deseados, ni la defensa de las dos vidas. Hasta el momento, lo concreto es que la preocupación de los mal llamados “pro vida” solo se enfoca a poner obstáculos a la ampliación de derechos. Solo aparecen en escena cuando hay que poner trabas.
Lo que no deben perder de vista es que las mujeres tienen una historia basada en la conquista de derechos a través de la lucha, puesto que jamás se les regaló nada.
A pocos días de la sesión en la cámara de senadores que puede convertir en ley la interrupción voluntaria del embarazo -en un periodo determinado y con el acompañamiento del sistema de salud-, los tucumanos no tienen contrapuntos ni proyectos alternativos. Solo se organizan al momento de mantener vigente el status quo, ese que no baja los brazos a la hora de seguir sometiendo a las mujeres.
Lo que aun no saben todas las personas que hacen lobby de la clandestinidad es que, más temprano que tarde, el aborto seguro y gratuito será ley en la República Argentina, a pesar de los intentos por boicotear lo que finalmente llegará, y será una conquista.
