El vozarrón de Hugo Chávez resonó en todo el galpón petrolero de Puerto Ordaz, donde más de 300 comensales aguardaban famélicos que terminara de conversar a solas con Néstor Kirchner para empezar a cenar. Corría febrero de 2007. Bajo el calor pegajoso de la ribera del Orinoco, por la tarde, los mandatarios habían firmado acuerdos bilaterales que abrían jugosos negocios para Techint, Pescarmona, Sancor y varias otras grandes compañías criollas. Recién a las once y pico de la noche entraron juntos al galpón. Kirchner iba atrás, sonriendo.
—¡Paolo! ¡Paolo! ¿¡Dónde está Paolo!? —quería saber Chávez.
Cuando por fin lo encontró, lo abrazó y le susurró algo al oído. La relación fluía afectuosa, pese a que ya había pasado más de un año del primer amague del líder caribeño de renacionalizar Sidor (Siderúrgica del Orinoco), la acería que los Rocca controlaban desde la privatización de 1998. Aquella noche, Paolo se deshizo en elogios a la Venezuela bolivariana. En su mesa habló de la oportunidad que representaba el país de América con mayor cantidad de recursos naturales por habitante sin explotar. No solo quería seguir proveyendo a su petrolera estatal sino también invertir en el Amazonas venezolano para extraer diamantes, oro y coltán. Y se frotaba las manos con un proyecto faraónico: el Gasoducto del Sur, por más de 5.000 millones de dólares, que nunca se construyó.
Al año siguiente, el kirchnerista Roberto Baratta empezó a recolectar mensualmente paquetes y bolsos con dinero en el cuartel general de Techint en Catalinas Norte, según los cuadernos del chofer Oscar Centeno cuyo contenido ratificaron en tribunales el director de Administración de la firma, Héctor Zabaleta, y su lobbista en jefe, Luis Betnaza. Cansado de negociar con Rocca, que pretendía pagar el mineral de hierro a una minera estatal venezolana a la mitad de precio que el internacional pero venderle a la vez a PDVSA sus tubos sin descuento alguno, Chávez había anunciado la nacionalización de Sidor, por la que Venezuela terminó abonando poco más de 1.900 millones de dólares.
La negociación de aquella indemnización se extendió durante todo aquel 2008 y el trato de Chávez hacia Techint fue mucho más benévolo que hacia la petrolera Exxon Mobil, por ejemplo, que cobró la mitad de esa suma a cambio de las áreas petroleras que el bolivariano le exigió devolver en el Orinoco. Rocca también salió mejor parado que los españoles del Banco Santander, los franceses de la cadena de supermercados Casino y los estadounidenses de la eléctrica AES, que debieron entregar sus compañías a cambio de pagos proporcionalmente menores.
Esa exitosa negociación con Chávez es lo que torna menos verosímil la supuesta «extorsión» kirchnerista que denunció como coartada Betnaza el martes, el día de su cumpleaños, en la charla que mantuvo durante varias horas con el fiscal Carlos Stornelli. ¿No hubo beneficios a cambio? Es lo que deberá explicarle esta mañana al juez Claudio Bonadío, cuando preste declaración indagatoria como imputado. Si la nacionalización ocurrió igual ¿qué compraba Zabaleta con esos bolsos y paquetes que cambiaban de manos en Catalinas según Centeno? ¿El servicio de lobbying del Estado argentino para que la indemnización fuera mayor? Si era así ¿no se trataba de un cohecho clásico en vez de una extorsión? ¿Pudieron hacerse esos pagos sin que lo supiera Rocca?
Dobles varas
La indagatoria de Betnaza será hoy la segunda prueba de fuego para el incipiente » Lava Jato» argento. La primera, con el primo del Presidente, ya salió mal. Si el juez le cree al gerente marplatense de Techint que lo único que ocurrió fue que lo apretaron y lo deja irse a su casa, como al aterrorizado Ángelo Calcaterra y al histórico gerente de SOCMA, Javier Sánchez Caballero ¿cómo explicará que no extiende el mismo trato a los demás imputados? ¿Cómo justifica por ejemplo la prisión preventiva de Rodolfo Poblete, la mano derecha del dueño de EMEPA, Gabriel Romero, que acudió a Comodoro Py a primera hora del lunes tras haber sido citado el viernes a la noche y se negó a declarar hasta que le mostraran las pruebas en su contra?
Más allá de que las notas sobre los cuadernos en el diario La Nación, que las reveló, no incluyeran mención alguna a Zabaleta, a Betnaza ni a Techint durante los primeros cuatro días del escándalo ¿cómo explicará Betnaza que Cristina Kirchner haya definido a Techint como «un orgullo para todos los argentinos» en junio de 2008, sonriente al lado de Rocca, si en simultáneo lo extorsionaba? ¿Y que él mismo se haya reunido en secreto con ella en agosto de 2009, cuando ya había estallado la guerra de los Kirchner con Clarín, su socio inseparable en la Asociación Empresaria Argentina (AEA)? ¿Qué hacía el mismísimo Rocca en la quinta de Olivos en noviembre de 2011, con Cristina, celebrando la compra de la mayoría accionaria de Usiminas, por la que también afrontó denuncias de coimas y cobros indebidos de sus socios japoneses?
Encuadernados
Los «encuadernados», como ya llaman en el establishment a quienes inmortalizó Centeno en sus ocho volúmenes, pueden convertirse en la llave viviente para desentrañar prácticas que corroyeron durante décadas la credibilidad de la democracia argentina. Pero no lo harán voluntariamente. La investigación de Bonadío podría dar un gran paso adelante, por ejemplo, si el magistrado pide al Ejecutivo que le informe si alguno de los imputados o de los dueños de las compañías que figuran en los cuadernos participó del último blanqueo de capitales. La ley es explícita: no pueden gozar de sus beneficios quienes hayan obtenido el dinero de la comisión de crímenes.
Si bien todos los grandes empresarios del país confiesan off the record haber blanqueado al menos una parte del capital que mantenían históricamente fuera del radar de la AFIP, hay algunos nombres que llaman más la atención que otros a la luz de esta investigación. La «T» aporta unos cuantos. Según publicó Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna, la prima hermana de Paolo, Marcela Rocca, exteriorizó 6.900 millones de pesos. Son unos 400 millones de dólares del momento del blanqueo, el doble de todo lo que estimó haber movido Centeno durante todos sus años al servicio de Baratta. El presidente de la división de aceros planos de Techint ( TerniumSiderar), Daniel Novegil, blanqueó según la misma publicación otros 557 millones de pesos.
Ser de luz
Además de la información oficial del blanqueo, dos libros pueden ayudar a Bonadío a identificar la matriz de corrupción contratista en su totalidad y a completar la ruta del dinero. Uno es el pionero «El Club K de la Obra Pública», publicado en 2007 por Pablo Abiad, un periodista retirado de Clarín, también abogado, que accedió por concurso al cargo de subgerente general de Asuntos Estratégicos y Comunicaciones del Banco Central justo antes de que echaran de allí a Federico Sturzenegger. El libro identifica a Marcelo Mindlin como el anfitrión de una reunión, a inicios de 2004, donde se habría pactado el reparto entre empresas amigas del Plan Federal de Transporte Eléctrico impulsado por Julio De Vido. El hombre de confianza del kirchnerismo allí era Gerardo Ferreyra, según el texto. El dueño de Electroingeniería, que cayó preso la semana pasada.
«De ese encuentro fundacional en lo de Mindlin participaron, además, hombres de Techint, Cartellone, Esuco, Roggio, Iecsa —de Angelo Calcaterra, primo segundo de Mauricio Macri— y la española Abengoa. Por Skanska dio el presente su gerente comercial, Javier Azcárate», abunda el libro de Abiad. Esa oficina de Mindlin era en el piso 26 de Bouchard 547. Por esa dirección también pasó Baratta, según los cuadernos de Centeno, el 14 de mayo de 2009. Pero el juez y el fiscal no citaron aún a nadie del grupo Pampa.
Con los Kirchner, Marcelo Mindlin se convirtió en un zar de la energía. Con Macri, Mindlin, también blanqueó dinero y bienes, según Verbitsky, por 770 millones de pesos, equivalentes entonces a 44 millones de dólares. Es una suma similar a la que trascendió que habría pagado junto a sus socios de Pampa por IECSA, la constructora de los Macri. El vendedor fue el primo del presidente, que zafó con la figura del imputado colaborador.
El otro libro que puede ayudar a Bonadío a atar cabos es «Restricción Eterna», de Martín Schorr, Andrés Wainer y Alejandro Gaggero. Allí se identifica a los grupos económicos que se mantuvieron en la cúpula empresarial durante el kirchnerismo, a los que se cayeron de ella y a quienes se incorporaron. Entre los que matuvieron prácticamente estable su significación en las ventas de la elite figuran Techint, Clarín y Aluar, que en 2012 explicaron en conjunto el 17% de las ventas de los grupos locales que integran la cúpula. En el caso de Techint, solo toman las empresas locales y no al total de las firmas del holding.
Los que aumentaron su ponderación dentro la cúpula a partir del 2003 son diez grupos, donde hay dos farmacéuticos (Bagó e Insud) pero donde sobresalen los vinculados a la construcción y a los servicios públicos. Los conglomerados ODS (Calcaterra), Caputo, José Cartellone e IRSA coparon el rubro de la construcción (privada y pública). Por su parte, Pampa Holding, Electroingeniería e Indalo lograron expandirse gracias a la política de «argentinización» del sector energético que propició el kirchnerismo. Los dueños de Electroingeniería y de Indalo están presos. Mindlin ni siquiera es investigado.
Hartos
Mientras un grupo de abogados de Wall Street se prepara para iniciar una demanda contra el Banco Macro por el derrumbe que sufrieron las acciones de la entidad presidida por Jorge Brito tras la aparición de su nombre en la causa Ciccone, que esta semana devolvió a la cárcel a Amado Boudou, varios bufetes neoyorquinos coquetean con la idea de hacer lo propio con Tenaris y Ternium, cuyos títulos también se desplomaron desde que aparecieron los cuadernos de Centeno.
Es lo que explica en parte la nueva estampida contra los activos argentinos que volvió a hundir los bonos de la deuda y catalizó en las últimas 48 horas otra minicorrida contra el peso. El simulacro de Lava Jato argentino puede espantar a inversores ya hartos de ver pasar la gorra a los gobiernos argentinos. Pero también puede terminar ayudando a Wall Street a alzarse con empresas argentinas a precio de ganga, como hicieron los brasileños durante la crisis de 2002.
—¡Paolo! ¡Paolo! ¿¡Dónde está Paolo!? —quería saber Chávez.
Cuando por fin lo encontró, lo abrazó y le susurró algo al oído. La relación fluía afectuosa, pese a que ya había pasado más de un año del primer amague del líder caribeño de renacionalizar Sidor (Siderúrgica del Orinoco), la acería que los Rocca controlaban desde la privatización de 1998. Aquella noche, Paolo se deshizo en elogios a la Venezuela bolivariana. En su mesa habló de la oportunidad que representaba el país de América con mayor cantidad de recursos naturales por habitante sin explotar. No solo quería seguir proveyendo a su petrolera estatal sino también invertir en el Amazonas venezolano para extraer diamantes, oro y coltán. Y se frotaba las manos con un proyecto faraónico: el Gasoducto del Sur, por más de 5.000 millones de dólares, que nunca se construyó.
Al año siguiente, el kirchnerista Roberto Baratta empezó a recolectar mensualmente paquetes y bolsos con dinero en el cuartel general de Techint en Catalinas Norte, según los cuadernos del chofer Oscar Centeno cuyo contenido ratificaron en tribunales el director de Administración de la firma, Héctor Zabaleta, y su lobbista en jefe, Luis Betnaza. Cansado de negociar con Rocca, que pretendía pagar el mineral de hierro a una minera estatal venezolana a la mitad de precio que el internacional pero venderle a la vez a PDVSA sus tubos sin descuento alguno, Chávez había anunciado la nacionalización de Sidor, por la que Venezuela terminó abonando poco más de 1.900 millones de dólares.
La negociación de aquella indemnización se extendió durante todo aquel 2008 y el trato de Chávez hacia Techint fue mucho más benévolo que hacia la petrolera Exxon Mobil, por ejemplo, que cobró la mitad de esa suma a cambio de las áreas petroleras que el bolivariano le exigió devolver en el Orinoco. Rocca también salió mejor parado que los españoles del Banco Santander, los franceses de la cadena de supermercados Casino y los estadounidenses de la eléctrica AES, que debieron entregar sus compañías a cambio de pagos proporcionalmente menores.
Esa exitosa negociación con Chávez es lo que torna menos verosímil la supuesta «extorsión» kirchnerista que denunció como coartada Betnaza el martes, el día de su cumpleaños, en la charla que mantuvo durante varias horas con el fiscal Carlos Stornelli. ¿No hubo beneficios a cambio? Es lo que deberá explicarle esta mañana al juez Claudio Bonadío, cuando preste declaración indagatoria como imputado. Si la nacionalización ocurrió igual ¿qué compraba Zabaleta con esos bolsos y paquetes que cambiaban de manos en Catalinas según Centeno? ¿El servicio de lobbying del Estado argentino para que la indemnización fuera mayor? Si era así ¿no se trataba de un cohecho clásico en vez de una extorsión? ¿Pudieron hacerse esos pagos sin que lo supiera Rocca?
Dobles varas
La indagatoria de Betnaza será hoy la segunda prueba de fuego para el incipiente » Lava Jato» argento. La primera, con el primo del Presidente, ya salió mal. Si el juez le cree al gerente marplatense de Techint que lo único que ocurrió fue que lo apretaron y lo deja irse a su casa, como al aterrorizado Ángelo Calcaterra y al histórico gerente de SOCMA, Javier Sánchez Caballero ¿cómo explicará que no extiende el mismo trato a los demás imputados? ¿Cómo justifica por ejemplo la prisión preventiva de Rodolfo Poblete, la mano derecha del dueño de EMEPA, Gabriel Romero, que acudió a Comodoro Py a primera hora del lunes tras haber sido citado el viernes a la noche y se negó a declarar hasta que le mostraran las pruebas en su contra?
Más allá de que las notas sobre los cuadernos en el diario La Nación, que las reveló, no incluyeran mención alguna a Zabaleta, a Betnaza ni a Techint durante los primeros cuatro días del escándalo ¿cómo explicará Betnaza que Cristina Kirchner haya definido a Techint como «un orgullo para todos los argentinos» en junio de 2008, sonriente al lado de Rocca, si en simultáneo lo extorsionaba? ¿Y que él mismo se haya reunido en secreto con ella en agosto de 2009, cuando ya había estallado la guerra de los Kirchner con Clarín, su socio inseparable en la Asociación Empresaria Argentina (AEA)? ¿Qué hacía el mismísimo Rocca en la quinta de Olivos en noviembre de 2011, con Cristina, celebrando la compra de la mayoría accionaria de Usiminas, por la que también afrontó denuncias de coimas y cobros indebidos de sus socios japoneses?
Encuadernados
Los «encuadernados», como ya llaman en el establishment a quienes inmortalizó Centeno en sus ocho volúmenes, pueden convertirse en la llave viviente para desentrañar prácticas que corroyeron durante décadas la credibilidad de la democracia argentina. Pero no lo harán voluntariamente. La investigación de Bonadío podría dar un gran paso adelante, por ejemplo, si el magistrado pide al Ejecutivo que le informe si alguno de los imputados o de los dueños de las compañías que figuran en los cuadernos participó del último blanqueo de capitales. La ley es explícita: no pueden gozar de sus beneficios quienes hayan obtenido el dinero de la comisión de crímenes.
Si bien todos los grandes empresarios del país confiesan off the record haber blanqueado al menos una parte del capital que mantenían históricamente fuera del radar de la AFIP, hay algunos nombres que llaman más la atención que otros a la luz de esta investigación. La «T» aporta unos cuantos. Según publicó Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna, la prima hermana de Paolo, Marcela Rocca, exteriorizó 6.900 millones de pesos. Son unos 400 millones de dólares del momento del blanqueo, el doble de todo lo que estimó haber movido Centeno durante todos sus años al servicio de Baratta. El presidente de la división de aceros planos de Techint ( TerniumSiderar), Daniel Novegil, blanqueó según la misma publicación otros 557 millones de pesos.
Ser de luz
Además de la información oficial del blanqueo, dos libros pueden ayudar a Bonadío a identificar la matriz de corrupción contratista en su totalidad y a completar la ruta del dinero. Uno es el pionero «El Club K de la Obra Pública», publicado en 2007 por Pablo Abiad, un periodista retirado de Clarín, también abogado, que accedió por concurso al cargo de subgerente general de Asuntos Estratégicos y Comunicaciones del Banco Central justo antes de que echaran de allí a Federico Sturzenegger. El libro identifica a Marcelo Mindlin como el anfitrión de una reunión, a inicios de 2004, donde se habría pactado el reparto entre empresas amigas del Plan Federal de Transporte Eléctrico impulsado por Julio De Vido. El hombre de confianza del kirchnerismo allí era Gerardo Ferreyra, según el texto. El dueño de Electroingeniería, que cayó preso la semana pasada.
«De ese encuentro fundacional en lo de Mindlin participaron, además, hombres de Techint, Cartellone, Esuco, Roggio, Iecsa —de Angelo Calcaterra, primo segundo de Mauricio Macri— y la española Abengoa. Por Skanska dio el presente su gerente comercial, Javier Azcárate», abunda el libro de Abiad. Esa oficina de Mindlin era en el piso 26 de Bouchard 547. Por esa dirección también pasó Baratta, según los cuadernos de Centeno, el 14 de mayo de 2009. Pero el juez y el fiscal no citaron aún a nadie del grupo Pampa.
Con los Kirchner, Marcelo Mindlin se convirtió en un zar de la energía. Con Macri, Mindlin, también blanqueó dinero y bienes, según Verbitsky, por 770 millones de pesos, equivalentes entonces a 44 millones de dólares. Es una suma similar a la que trascendió que habría pagado junto a sus socios de Pampa por IECSA, la constructora de los Macri. El vendedor fue el primo del presidente, que zafó con la figura del imputado colaborador.
El otro libro que puede ayudar a Bonadío a atar cabos es «Restricción Eterna», de Martín Schorr, Andrés Wainer y Alejandro Gaggero. Allí se identifica a los grupos económicos que se mantuvieron en la cúpula empresarial durante el kirchnerismo, a los que se cayeron de ella y a quienes se incorporaron. Entre los que matuvieron prácticamente estable su significación en las ventas de la elite figuran Techint, Clarín y Aluar, que en 2012 explicaron en conjunto el 17% de las ventas de los grupos locales que integran la cúpula. En el caso de Techint, solo toman las empresas locales y no al total de las firmas del holding.
Los que aumentaron su ponderación dentro la cúpula a partir del 2003 son diez grupos, donde hay dos farmacéuticos (Bagó e Insud) pero donde sobresalen los vinculados a la construcción y a los servicios públicos. Los conglomerados ODS (Calcaterra), Caputo, José Cartellone e IRSA coparon el rubro de la construcción (privada y pública). Por su parte, Pampa Holding, Electroingeniería e Indalo lograron expandirse gracias a la política de «argentinización» del sector energético que propició el kirchnerismo. Los dueños de Electroingeniería y de Indalo están presos. Mindlin ni siquiera es investigado.
Hartos
Mientras un grupo de abogados de Wall Street se prepara para iniciar una demanda contra el Banco Macro por el derrumbe que sufrieron las acciones de la entidad presidida por Jorge Brito tras la aparición de su nombre en la causa Ciccone, que esta semana devolvió a la cárcel a Amado Boudou, varios bufetes neoyorquinos coquetean con la idea de hacer lo propio con Tenaris y Ternium, cuyos títulos también se desplomaron desde que aparecieron los cuadernos de Centeno.
Es lo que explica en parte la nueva estampida contra los activos argentinos que volvió a hundir los bonos de la deuda y catalizó en las últimas 48 horas otra minicorrida contra el peso. El simulacro de Lava Jato argentino puede espantar a inversores ya hartos de ver pasar la gorra a los gobiernos argentinos. Pero también puede terminar ayudando a Wall Street a alzarse con empresas argentinas a precio de ganga, como hicieron los brasileños durante la crisis de 2002.
