De los docentes del Curso de Derecho del Trabajo, a cargo de Guillermo Gianibelli (Facultad de Derecho, UBA).
1. Otra vez. Sí, otra vez, como una rémora, como un regreso a un tiempo hostil, como si no tuviésemos suficiente memoria del pasado y sus efectos, otra vez estamos, indirectamente, discutiendo sobre la Universidad Pública, sobre su lugar, su presencia, su financiamiento, su subsistencia.
Indirectamente porque, como en cada oportunidad, lo último se enmascara en una predefinida discusión sobre un presupuesto – económico – y sobre los – escasos – recursos a su disposición.
Sin embargo, fiel a otros tiempos, lo que está en juego es más que eso. Lo que se dirime es el rol de la universidad, de la educación pública como un todo, en términos de un modelo de sociedad, o al menos de su función de cara a promover y potenciar ese modelo, frente a los siempre reiterados intentos de su subalternización. La Universidad Pública, con sus cánones enraizados en el pluralismo, en el saber escindido de su valorización económica, como una plataforma de igualdad y potencia democrática, se erige como disfuncional, como un obstáculo, ante un régimen que postula al individualismo, al mercado y a la privatización de los lazos sociales como su desiderátum.
En consecuencia no estamos sólo ante una “discusión presupuestaria”, que también, sino a una discusión sobre el tipo de sociedad y de convivencia que elegimos – y que se encuentra normado en nuestra Constitución –, sobre su pervivencia, su defensa, la lucha por su expansividad.
Podríamos situar muchos momentos de esta disputa, algunos más lejanos y oscuros, en que la noche de las dictaduras irrumpió también en la universidad, otros más propios de lo que aquí se señala, el vaciamiento en los ´90, o los desesperados intentos de brutales recortes de un ministro fugaz en el 2001. En todos los casos, además de los recursos, lo que han pretendido es el ocaso de la Universidad Pública. A pesar de ello, aún resiste.
2. ¿Por qué esta recurrencia?, ¿qué se dirime? La Universidad Pública, anclada en un proyecto de inclusión, democratización y verdad, se opone a un régimen de exclusión, de mercado, de pos-verdad. Una vez más se ponen en juego las dilemáticas expresiones de un modelo democrático de convivencia, que en sus distintas variantes y momentos históricos se expresa como Estado Social y Democrático de Derecho, o el denominado Estado Neo-Liberal.
El modelo neo-liberal, entonces, a efectos de entender el modo con que horada las manifestaciones democráticas del constitucionalismo social, en el que la educación pública ejerce de savia que circula entre sus ramas, se propone una mercantilización de esferas y prácticas, una succión de lo público y su traslación al ámbito de la privatización excluyente. Con ello el sustento igualador de cualquier proyecto democrático sucumbe frente a la individualización de patrones de conducta propios de una competencia desigual, creando un criterio de trayectoria individual que sólo puede encontrar destino en el ámbito del mercado y con una lógica privatizada de cualquier componente social.
La universidad no es ajena a esas tensiones y así como en nuestro medio se verifican ciertas formas de mercantilización relativa de los estudios de posgrado, en otros países se verifica un auge de la educación con fines de lucro, una reconstrucción de las universidades a través de las “mejores prácticas” corporativas y una cultura de las “competencias” en lugar de los “certificados”, en las que la “inversión” se relaciona más con el destino para el mercado y la actividad privada y menos, cada vez menos, con la función de promulgar un principio de oportunidades igualitarias y una inserción profesional más abarcativa y diversa (W. Brown).
3. Algunos ejemplos, como contraste, crítica, de éste estado de cosas.
Las relaciones entre Universidad y sistema político son conocidas. Una veces más fluidas, otras más refractarias entre sí. Por momentos crujen, como hace un tiempo el movimiento de los estudiantes chilenos puso en evidencia en términos de acceso a la educación superior; por otros se articulan y tratan de promover políticas de inclusión como las universidades creadas en el conurbano en el gobierno anterior. Pero lo cierto es que el concepto y contenido político de la Universidad Pública al menos en relación a los postulados neoliberales pone en crisis e interpela, de manera constante, sus implicancias. Veamos algunos ejemplos.
Por caso, una universidad que busca el “saber”, un saber no parcial, no cerrado al círculo mercantilizado de relaciones económicas, se hace preguntas. Y por qué entonces no preguntarse sobre el nuevo embate sobre el presupuesto educativo, sobre los recursos, sobre los salarios docentes. ¿Por qué y de dónde vienen la exigencias limitantes?.
Al menos, para no caer en la estúpida justificación sobre los límites en los recursos, la “crisis” económica, las exigencias del acuerdo con el FMI, etc., para evitar una suerte de naturalización de sus causas y sus efectos, sólo refiramos algo previo, que tiene que ver con las decisiones de política económica que desembocan luego en más exacciones y menos explicaciones.
De este modo es más fácil encontrar no sólo respuestas sino individualizar destinatarios. Una fórmula de fuerte carácter explicativo es la que desarrolla Mauricio Lazzarato y que identifica con lo que llama “economía de la deuda”, en la que la deuda actúa como máquina de captura, de “depredación”, como un instrumento de prescripción y gestión macroeconómica y como un dispositivo de redistribución de ingresos, creando una relación de poder específica. Es evidente que el gobierno del presidente Macri ha elegido este mecanismo de redistribución, regresiva, de los ingresos, pero a la vez de fijación, intento al menos, de las relaciones de poder social a partir de los requerimientos que la deuda, por él creada, determina para nosotros y para el futuro.
Si las decisiones económicas pretenden determinar el desenvolvimiento de la educación pública ello, a su vez, impacta inmediata y mediatamente, en su función de igualación social. Por ello que, además de la reducción del sentido movilizador que un graduado universitario proyecta en su espacio social, a la par se promueve un modelo economizado de profesional, a integrarse en una lógica permanente de emprendedurismo mercantil, precario, desintegrado, en el que paralelamente se desarticulan redes sociales y estatales de protección.
Una universidad que se afinca en el pensamiento crítico y del mismo se vale para cuestionar el espacio circundante genera o pone en movimiento tensiones entre las reglas – establecidas – y cierta subversión a las mismas, al orden que conllevan. Sin embargo, algunas de estas reglas, en lo que al menos en este punto destacamos, se convierten en presupuestos básicos que, reflexivamente, permiten ese espacio de crítica. Nos referimos a las reglas básicas democráticas y, en su razón normativa, expuestas en el marco constitucional vigente.
Tratándose entonces de una clase en la Facultad de Derecho, asumamos al menos por un momento la validez y eficacia de dichas normas básicas y, en términos de los ejemplos que venimos enunciando, observemos que sucede con ellas. Si encontrásemos que dichas reglas de ordenamiento se encuentran atacadas, quizás también concluyamos que, con ello, se atacan los basamentos sobre los que sostenemos, al menos, la enseñanza del Derecho en nuestra Facultad de la Universidad Pública.
Sólo por un momento, y en una apretada y no exhaustiva enunciación, confrontemos nuestros presupuestos normativos constitucionales, propios de cualquier clase de derecho constitucional, con decisiones de nuestros poderes institucionales en los que, por ejemplo, se decide premiar y exonerar al evasor ilegal de obligaciones tributarias (blanqueo a través de la ley 27.260), incluso aprovechado por los mismos sujetos vinculados a los gobernantes que la impulsan (decreto 1206/2016); reducir los estándares de las prestaciones sociales (ley 27.426); premiar al delator (ley 27.304); o poner patas para arriba el sistema de garantías procesales penales a partir de la actuación de un “súper juez” que en tándem con los “servicios” de “información” que provee una prensa canalla, lo convierte en un evidente espejo con lo que viene sucediendo en Brasil.
A modo reflexivo, entonces, preguntémonos ¿cómo es? y ¿cómo será? el funcionamiento del sistema político y económico, y con ello el desenvolvimiento de nuestra Universidad Pública, a partir de esas decisiones y de esos modos de ejercer el poder institucional, escasamente democráticos.
4. En el marco de estas consideraciones, ¿qué cabe discutir como propuestas para la acción?.
En primer lugar la afirmación del espacio democrático intrínseco a la propia formulación de la universidad pública, este espacio de discusión y reflexión del común, plural, abierto y participativo, del cual nos sentimos obligados y tributarios, y al cual nos sometemos.
Entendido de ese modo, este mismo acto deliberativo es un ejercicio performativo (J. Butler), se expresa y es, en tanto su corporeidad pública, manifestación, una petición de rechazo, de acción, destinada a intervenir en la esfera de decisión de los poderes públicos.
Las recientes y seguramente continuadas movilizaciones del movimiento de mujeres por el aborto legal, seguro y gratuito sin duda han hecho de nuestro país una Argentina mejor. Es un ejemplo de cómo intervenir en el espacio público y como traccionar por más democracia y más libertad.
Como decía Fogwill “hay algo inexorable en todo y sin embargo la contingencia prima”. Y tenemos suficientes experiencias sobre eso que podemos denominar “acontecimiento”, aquello que en sus efectos parece exceder sus causas (Zizek).
Por lo tanto, ni la inexorabilidad del ajuste, ni la “prisión” de la deuda, ni los designios del mercado. Expresión del conflicto, porque hay más de una manera de describir lo que es visible, pensable y posible. Esa otra manera tiene un nombre: se llama política (Rancière).
Por la educación pública, por la Universidad Pública, por la dignidad y el salario de los docentes universitarios.
Buenos Aires, 28 de agosto de 2018.-
