Nacionalizar o regular, esa es la cuestión.

En estos días, comenzó a circular la versión de que el gobierno, ante el constante bloqueo político al que se ve sometido desde hace un año por las corporaciones agropecuarias, estaría elaborando un proyecto de intervención en el mercado agropecuario a través de la recuperación de la Junta Nacional de Granos, organismo liquidado por Domingo Cavallo en 1992.

1. Un poco de historia.

La historia argentina conoce varios ejemplos de este tipo de intervención regulatoria, con distintos referentes, diferentes objetivos y diversos resultados. Las Juntas de Producción aparecieron por primera vez bajo estos cielos en la presidencia de Justo. Pensadas como instrumento para evitar las pérdidas de los productores en el contexto de la Gran Depresión, su sentido se invirtió cuando, a partir de 1934, los términos del intercambio comenzaron a mejorar. Las ganancias del Estado le permitieron mejorar sustancialmente sus finanzas, todavía bajo los efectos de la Gran Depresión. Muchos autores, de hecho, ven en estos desarrollos el antecedente directo de la política agropecuaria del peronismo.

Bajo el peronismo, la preocupación por planificar la economía llevó al gobierno a la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). A diferencia de las Juntas, el IAPI era el único ente autorizado a comprar la producción, por lo que se encontraba en condiciones monopólicas para regular los precios que recibía el productor.

Si bien es cierto que inicialmente el IAPI obtuvo márgenes importantes de recursos, con los que se financiaron los créditos oficiales a la industria nacional, debe señalarse que esta apropiación de rentas no impidió un marcado aumento del ingreso rural en aquellos años. Por otra parte, muchos de los productos exportados por la Argentina en aquellos años se vendían sólo gracias a los convenios pactados entre el gobierno argentino, representado por el IAPI, y sus compradores, convenios que incluían sustanciales líneas crediticias otorgadas desde el Estado nacional.

Durante décadas, la literatura neoclásica ha culpado al IAPI del estancamiento de la producción agropecuaria en el país. Para ello, se han utilizado dos tipos de evidencia: la drástica reducción de la superficie sembrada total, y la reducción de la superficie disponible para las exportaciones tradicionales. De este modo, se ha argumentado que el IAPI fue la pieza decisiva de la sistemática discriminación del sector agrícola acaecida bajo el gobierno peronista.

Sin embargo, como ya hemos marcado, la política de regulación del mercado de granos no es privativa del peronismo, sino que guarda antecedentes directos en la política sectorial de los gobiernos de la propia restauración oligárquica. Por otra parte, referido a la reducción del área sembrada total, no se menciona que ésta era función del viraje desde la agricultura hacia la ganadería, verificado entre 1937 y 1947. En éste último año, la producción argentina de carnes parecía tener buenas chances de ingresar, finalmente, al mercado norteamericano. Por el contrario, entre 1938 y 1944 la producción de granos estuvo subsidiada por el gobierno: debido a la falta de mercados, los cereales se pudrían o bien se utilizaban como combustible. Europa, ciertamente, necesitaba alimentos, pero no tenía capacidad de pago. Estas condiciones relativamente favorables explican la expansión ganadera, y al mismo tiempo la reducción de la superficie agrícola.

Con referencia al comportamiento de los cultivos tradicionales, de nuevo encontramos cronologías y procesos que no coinciden en lo absoluto con el ascenso del peronismo. Los problemas del comercio internacional habían dado lugar, ya en la década del veinte, a un desplazamiento de la producción hacia los cultivos industriales, como la caña de azúcar, el algodón, la vid, el tabaco, la yerba mate, etc. Estos cultivos estaban dirigidos de modo predominante hacia el mercado interno.

2. El rumor y las reacciones.

Apenas conocido el rumor, las corporaciones agropecuarias emitieron duras señales de rechazo. La Sociedad Rural, en un comunicado, advirtió que “Sus efectos serían aún más devastadores que la Resolución 125, y seguramente colocarían al país en un escenario de mayor conflictividad social del que ya se vivió en 2008”». Más moderado, pero igualmente crítico, fue el tono de Ulises Forte, de la Federación Agraria Argentina, quien señaló:

“Si hay voluntad de hacer algo, deberían crear un organismo moderno. No, que monopolice, sino que compita con otras entidades del mercado y dé ventajas al pequeño y mediano productor. Y no que distorsionen como distorsionan (el secretario de Comercio Interior) Guillermo Moreno y el (titular de la AFIP) Ricardo Echegaray. Eso sería un peligro.»

No obstante, Forte había afirmado a La Nación que:

«Lo que sería interesante es armar un organismo público que compita con los privados en una sana competencia, pero el monopolio es malo sea público o privado, y eso sería una barbaridad.»

Las dificultades de Federación Agraria para oponerse de plano al proyecto tienen una explicación simple: la recreación de la Junta Nacional de Granos figura en su agenda hace años. No hace tanto, el propio Eduardo Buzzi señalaba:

«La experiencia de la última década pone de relieve que es tiempo de corregir las distorsiones y los abusos que caracterizan la comercialización granaria, sometida, bajo la excusa del «libre juego de la oferta y la demanda», a los designios de los factores dominantes del mercado. […] Esto no ocurría cuando la Junta Nacional de Granos operaba como reguladora, estableciendo equilibrios, funcionando como testigo del mercado interno y externo, definiendo estándares, negociando exportaciones de país a país, etcétera. En consecuencia, el reparto de oportunidades era más justo. Aun con los problemas que suelen afectar a este tipo de organismos, de su utilidad son clara referencia su mantenimiento en países de características agropecuarias parecidas al nuestro, pero con un agro mucho más próspero, como Australia y Canadá. Frente a todo ello, nos definimos concretamente por la creación de una nueva Junta Nacional de Granos -con las adaptaciones que imponga una realidad distinta de la que convivía con la anterior versión-. Esta posición está avalada, además de lo apuntado, por lo que ocurre diariamente en la comercialización granaria.»

3. El proyecto como tal.

El proyecto como tal, que contaría con el aval del bloque parlamentario del SI, conducido por el diputado Eduardo Macaluse, así como de parte de Proyecto Sur, no contiene, sin embargo, referencia alguna a la posibilidad de reinstaurar un monopolio estatal del comercio de granos. Según Roberto Navarro:

«El punto destinado a generar las mayores controversias entre los protagonistas del negocio agroexportador se refiere a que ese organismo podría “comprar, vender, almacenar y distribuir productos agropecuarios y alimentos, por sí o por terceros, para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria de la población”. A diferencia de la Junta Nacional de Granos, que compraba y revendía toda la producción agropecuaria, la intención de los autores del proyecto es intervenir en los mercados que generen importantes distorsiones en la distribución de la renta o que generen injustificados aumentos de precios al público.»

Es decir, se no tanto de una nacionalización / estatización del mercado, difícilmente viable en este contexto sociopolítico, como de un mecanismo no compulsivo de regulación, con atribuciones y competencias limitadas, como los que existen en casi todos los países del mundo. En este sentido, nos permitimos sugerir que el mismo sea complementario de la organización de juntas zonales de producción, integradas por el gobierno en sus tres niveles (nacional, provincial y comunal), el INTA y los productores. De este modo, el contralor ciudadano, tan necesario en tiempos de desconfianza, estaría garantizado.

4. ¿Un nuevo conflicto?

Durante todo el año pasado, el gobierno nacional intentó infructuosamente dividir el frente agrario, ora atrayendo para sí a la Federación Agraria, y aislando a la Sociedad Rural, o bien al revés, negociando bajo cuerda con la Sociedad Rural. Ambas estrategias fracasaron, y en el camino migraron de veinte a treinta puntos de intención de voto hacia las filas opositoras.

Es por eso que, ante la escasa concurrencia campestre al acto de lanzamiento de la campaña de Leones, muchos en el oficialismo se preguntan si éste es el mejor momento para lanzar una propuesta de esta naturaleza ¿No sería preferible esperar a las elecciones de octubre, arguyen estas mismas voces, y en todo caso actuar sobre el resultado?

Las apuestas en política siempre son difíciles. La sociedad ya ha mostrado durante todo el año pasado la crudeza de las fracturas sociales y culturales propiciadas por el neoliberalismo. Por otra parte, el indudable repunte en las encuestas del oficialismo no resistiría otro conflicto sin sentido, por lo menos no sin un sentido explicado y debatido. Veremos…

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