Andá a cantarle a Susana

Sé que está mal oponerse a la pena de muerte por cuestiones técnicas. Porque «puede fallar». Entiendo que deja abierto el debate, es un argumento más de café que sostenible ideológicamente. Pero la irreversibilidad es un argumento cuando del otro lado el debate lo plantea Susana Giménez: lo primero es desactivar el debate por nefasto, y después, filosóficamente, discutamos entre nosotros por qué no.

Imponer la pena de muerte, el debate que suplantó en la agenda mediática a lo cara que está la luz con el aire acondicionado prendido (y que no promete tener un nivel mucho más alto que eso), implicaría un acto de peligrosa soberbia estatal. Un Estado que se arroga el derecho a matar, tiene ante sí dos opciones: o se cree infalible, o se sabe potencialmente asesino y convive con eso. Me cuesta decir cuál de las dos es más peligrosa.

Juguemos (qué feo suena el verbo en este contexto) a que la pena de muerte está implantada. Que un día mataron a alguien cercanísimo a Maradona, «el cruel asesinato del dentista de Maradona», y al otro día modificaron la Constitución y está legalizada la pena de muerte. El problema que surge inmediatamente es que el éxito del sistema comienza a ser medido cuantitativamente: a mayor gente presa, la opinión pública «siente» que el sistema punitivo funciona. Que haya muchos presos quiere decir que la Polícía y la Justicia están haciendo las cosas bien. Es increíble, pero la sensación es esa: hay poca gente presa, decía un comentarista de esta comunidad. No importa quién, porque es una sensación mucho más amplia.

¿Qué pasaría con la pena de muerte como sistema punitivo?, ¿cuánto tardaría «lagente» en empezar a decir que no mueren los suficientes?, ¿cuánto tardaría el Estado, en particular la burocracia que lo pone en acto, en hacerse eco de ese reclamo? Se corre el peligro de que la salida hacia adelante sean más muertes, que los próximos reclamos por seguridad impliquen seguir matando a muchos más y ya no sólo a los asesinos.

Me opongo a la pena de muerte de manera dogmática. Pero también por la arbitrariedad que generaría, en la medida en que los sistemas punitivos se autonomizan y comienzan a ser evaluados para su supervivencia con criterios estadísticos. Me pregunto qué pasaría con una burocracia al servicio de la muerte que encuentre en determinado momento que no tiene demasiados presos para ejecutar: si se desactivaría por voluntad propia o preferiría inventarse ocupaciones.

Es posible que algunos de los argumentos sean superficiales. Es más: creo que este debate ni siquiera hay que darlo, el Estado chito la boca y dejar que el próxima tema mediático lo deje donde siempre debió estar. Enterrado.

Y si hay que darlo en una mesa de bar, en un programa de televisión o adelante de cualquier facho que insista con la pena de muerte, que nos corra con el argumento del florista de Susana o el peluquero de Magoya, entonces que nos explique qué hubiera pasado con Adrián Eduardo Lamoglie, acusado y detenido nueve años por el homicido de un policía con el que no tuvo nada que ver, y con los hijos de Lamoglie; que me cuenten qué hubiera pasado con Leandro Riboldi, estudiante de ciencias económicas, 14 meses preso por error, acusado de violador serial. Quiero que me miren a la cara y me digan que había que matarlos, que ellos los hubieran matado.

Sí, el argumento no es el que más me gustaría dar. Pero me cuesta pensar que para discutir con Susana uno tenga que leer los bodoques de Zaffaroni: me suena mucho más efectivo preguntarle por los miles de Riboldis y Lamoglies acusados falsamente por el sistema judicial.