Una alternativa a las retenciones

Recibí y difundo esta declaración y/o propuesta de Iniciativa Socialista.

Más democracia,

más instituciones, más justicia social.

La afirmación decidida de la vigencia de las instituciones democráticas ha sido el gran aporte de la mayoría popular durante estas difíciles semanas. Aporte estratégico para la construcción de una sociedad más justa, de la que sean parte plena todos los argentinos.

En este contexto, alejado de la histeria mediática, el debate parlamentario sobre las retenciones móviles que gravan las exportaciones agropecuarias, abierto por la acertada convocatoria de la Presidenta Cristina Fernández, es una valiosa oportunidad para la elaboración de una política de desarrollo sectorial de mediano y largo plazo, que contemple todos los intereses populares en juego.

El país se encuentra hoy, gracias al accionar gubernamental de los últimos años, en mejores condiciones que en otras épocas ante las amenazas de una crisis económica internacional. La combinación virtuosa de crecimiento económico, balanza comercial internacional favorable, superávit fiscal y fuertes reservas en divisas, permite afrontar las dificultades externas con buenas perspectivas.

También en el mundo aparecen nuevas oportunidades para la proyección de nuestro crecimiento como país. Aprovecharlas del mejor modo para construir nuestro futuro común es una responsabilidad compartida. Nada se gana contraponiendo artificialmente el “campo” con la “ciudad”. Menos aún cuando Argentina le adeuda a muchos de sus ciudadanos la posibilidad de una vida digna.

Hemos aprendido dolorosamente los resultados de la ausencia rectora del Estado en el funcionamiento de los mercados. Es la política, en la sociedad democrática, la que debe hacer prevalecer los intereses de las mayorías por sobre las corporaciones sectoriales. Ese principio democrático no excluye el debate sino que, por el contrario, lo demanda. Debate más necesario cuando se trata de intervenir en procesos complejos, de los que participan muchos intereses contrapuestos, incluso algunos nostálgicos de la dictadura.

La realidad de la economía agropecuaria no puede simplificarse en un sector, una región o un producto. No hay un campo, sino muchos, que atraviesan distintas situaciones coyunturales. Además, la extraordinaria transformación de los procesos productivos en los sectores más avanzados de la actividad, ha generado un nuevo mapa de actores, intereses y necesidades, que el Estado tiene que interpelar inteligentemente.

Hasta aquí el Gobierno ha manifestado en reiteradas oportunidades su voluntad de diálogo, al tiempo que ha reafirmado su compromiso con la defensa de los intereses populares. De esa voluntad de diálogo surgieron medidas complementarias de la adoptada el 11 de marzo, que seguramente serán refrendadas por el acuerdo legislativo. La exclusión de los pequeños productores de las nuevas retenciones, la subvención de los fletes para las distancias mayores de 450 kilómetros de los puertos, la ampliación del cupo exportador de carne y el establecimiento de precios fijos para los cortes populares, la facilitación del cobro de las compensaciones y la promoción de la agricultura familiar, entre otras.

Es tiempo en nuestra opinión de avanzar además, en otras medidas. Así como se discriminó en el tratamiento aduanero a favor de los cultivos que se consumen en el país, deberían implementarse medidas activas que resguarden las actividades desplazadas de la región pampeana por los intereses especulativos de corto plazo, como la producción de carne vacuna y de leche, protegiendo en especial a los pequeños y medianos productores y facilitando el acceso popular al consumo de esos bienes básicos.

Además de defender de la carestía a los sectores populares, se trata también de proteger el tejido social agrario y la posibilidad de devolver productores a la tierra. No olvidamos que miles fueron desplazados por efecto de las políticas neoliberales en los noventa y siguen siendo desplazados por la lógica de la especulación financiera. Entre ellos, los integrantes de nuestras comunidades originarias, nuevamente expulsados de sus tierras ancestrales.

Del mismo modo, el Estado debe facilitar a los pequeños y medianos productores su incorporación plena a la economía formal y el acceso a la jubilación y al seguro de salud. Defender la biodiversidad, proteger los bosques nativos y resguardar la fertilidad futura de nuestro suelo, son también metas necesarias y que requieren de la regulación pública.

El mejor camino para lograrlo y para establecer un régimen impositivo equitativo y progresivo, que organice definitivamente los mercados agropecuarios, sería crear un nuevo organismo público (como lo han hecho Australia, Canadá y EEUU) destinado a proteger los precios de los productores, reservar ganancias extraordinarias y utilizarlas para financiar inversiones de interés público. En el pasado este organismo estatal fue el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Pero ahora no se trata de volver al pasado, sino de crear un nuevo organismo público que sea capaz de promover la cooperación entre el Estado y las entidades representativas del campo.

Un ejemplo a seguir podría ser el Canadian Wheat Board (CWB) que monopoliza la comercialización, almacenamiento y transporte interno de la producción agropecuaria y además, fija los precios de la producción para el mercado interno y externo. Con este régimen las llamadas retenciones móviles dejarían de ser necesarias. Las grandes empresas de comercialización (Cargill, Dreyfus y otras) deberían vehiculizar sus operaciones a través del organismo público establecido. Este podría distribuir parte de sus ganancias entre los productores (como hace el CWB), sobre la base de los principios de solidaridad agraria, unificación territorial e industrialización integral del país, tal como se viene produciendo desde 2003 en Argentina, gracias a los esfuerzos de la coalición kirchnerista.

Dotar al país de un instrumento permanente de regulación democrática de una de sus principales riquezas, debería ser el salto estratégico en la formulación de políticas públicas, para transformar esta crisis en una nueva oportunidad para todos los argentinos.

Grupo Tuñón – Iniciativa Socialista

Julio Godio. Gerardo Codina. Amado Heller. Noemí Pitman. Horacio Acebedo. Aníbal Sicardi. Luis Levin. Silvia Molina. Miguel Petridis. Jaime Perelstein.