Avances y problemas de la “reforma política”

Por Edgardo Mocca

http://www.revistadebate.com.ar//2009/10/30/2419.php

El mejor momento para discutir una “reforma política” no existe. Es el primer argumento que hay que dejar de lado para abrir paso a una discusión seria del proyecto enviado por el gobierno al Congreso. De modo simétrico, conviene reducir las expectativas respecto de que la reforma construirá partidos fuertes y programáticamente consistentes. Tal esperanza corresponde a una suerte de fetichismo legalista, según el cual la norma jurídica tiene, en sí misma, propiedades mágicas para transformar conductas públicas. Es el mismo esquema de razonamiento que confía en la disminución del delito que sobrevendría ante el agravamiento de la sanción penal para sus responsables. De modo que no estamos ante una “reforma política” sino ante la propuesta de un cambio en la normativa jurídica que regula esa actividad.

Estamos ante la posibilidad de un balance con respecto a los años que siguieron a la crisis de diciembre de 2001. Y en el centro de ese balance están los partidos políticos. Conviene no olvidar la furia social contra los partidos, mediáticamente estimulada hasta límites absurdos, que atravesó aquellos días del fin de la convertibilidad y la caída del gobierno de la Alianza. En aquellos días se decía hasta el cansancio que había que permitir la candidatura de cualquier ciudadano que se presentara, puesto que los “profesionales” de la política y los partidos habían fracasado. El sistema de partidos quedó irreparablemente lesionado desde entonces; no por aviesas intenciones de eventuales gobernantes sino como precio por el enorme fracaso colectivo: en 2003, el Partido Justicialista fue dividido a las elecciones, mientras la UCR formalmente unida obtuvo un porcentaje marginal de los votos.
El fortalecimiento y la relegitimación de los partidos parece el principal de los objetivos del proyecto presentado por el Gobierno. Por eso su análisis debería partir del pronunciamiento sobre esta cuestión central: ¿es necesario para el funcionamiento y afirmación de la democracia que existan partidos fuertes?, ¿es mejor una democracia con partidos estables y reconocibles o una que se basa en la competencia de líderes mediáticos apoyados por séquitos circunstanciales? Como suele ocurrir, hay sectores de la oposición sistemática que se aprestan a obstruir un debate sustancial, sobre la base del argumento de que cada iniciativa gubernamental es una maniobra para acumular poder. Sustraen sistemáticamente las discusiones conceptuales mientras se quejan por la falta de protagonismo político del Congreso.
La crisis de las viejas formas políticas -lo que la teoría codifica como el agotamiento de los partidos de masa- es un fenómeno mundial. Tiene que ver con profundas transformaciones socioculturales, con la erosión de las identidades políticas que signaron a la política del siglo XX y con el debilitamiento de los Estados nacionales (de algunos Estados nacionales) en la época de la globalización financiera.
Sin embargo, es muy fácil y muy habitual deslizarse, desde la descripción, a una suerte de naturalización complaciente de este proceso: como los viejos dinosaurios partidarios han desaparecido, rindámosle pleitesía a la espectacularización de la política, a su centralización en los estudios televisivos, a la carta blanca para la invasión del espacio público por parte de multimillonarios interesados en la conversión de su fortuna en poder político. Se piensa la decadencia de la representación política como una nueva “ley de gravedad”, que tiene su lugar al lado de otras evidencias de época, como la desregulación de los mercados o la unipolaridad del orden mundial.
Lo cierto es que la política tiende a reaparecer. En todo el mundo y en particular en nuestra región. Reaparece en forma de reivindicación nacional de los recursos naturales, de nuevas discusiones sobre la reindustrialización de los países menos desarrollados, de redistribución social de la riqueza. También como reparación histórica de culturas añejas silenciadas y de formas de práctica democrática diferentes al canon liberal. Para que la reaparición del conflicto político contribuya al fortalecimiento de las democracias hacen falta partidos políticos. Y hacen falta reglas de transparencia y equidad en los recursos de los que se dispone para la competencia.
Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que  propone el Gobierno no son una panacea universal. Más aún no hay ninguna reforma jurídica válida para todo tiempo y lugar. Pero debe reconocérseles algunas virtudes: incentiva la pertenencia partidaria de los candidatos, desestimula el cuentapropismo político de quienes saltan de un partido a otro de modo incesante, obliga a los partidos a someter sus propuestas de candidaturas al juicio de la sociedad.
No está muy clara la totalidad de las consecuencias que traerían en caso de que el proyecto se convirtiera en ley. Por lo pronto, es discutible que un partido político tenga que someter sus decisiones a un escrutinio público masivo: tienen razón quienes dicen que se habilitan así maniobras de unos partidos para influenciar el resultado de las primarias de otros. Pero el punto es muy dudoso, puesto que presupone una disciplina militante que no es un bien abundante en estos días.
Lo más problemático del proyecto es que, de su aplicación, podría derivarse no un fortalecimiento de los partidos en términos generales, sino de los grandes partidos realmente existentes. En particular, la disposición que exige la participación de un piso del tres por ciento del padrón nacional en las primarias para habilitar al partido a presentarse en la elección nacional tiene un sentido fuertemente conservador del mapa partidario preexistente. Es decir, se trata de un dispositivo con fuerte sesgo bipartidista. Sitúa al peronismo y al radicalismo como polos de atracción de amplias coaliciones, apoyadas en sus extendidas estructuras partidarias. A la pregunta por la necesidad o la conveniencia de partidos nacionales fuertes, conviene agregarle otra, de respuesta bastante más compleja: ¿es bueno para la democracia argentina el regreso al bipartidismo? Se puede argumentar en un sentido o en otro, pero no convendría ocultar la existencia del interrogante a propósito del contenido del proyecto de reforma.
Inevitablemente, la iniciativa tiene el color de la coyuntura política. Si se aprobara la ley tendríamos rápidas consecuencias.
La primera es que se aceleraría la cuenta regresiva de los preparativos para las presidenciales de 2011, puesto que los precandidatos están obligados a someterse a la decisión de las primarias y para ello deben construir un tejido de apoyos partidarios y/o coalicionales que lo permita.
La segunda es que se estrechan los márgenes de maniobra de los disidentes, que dudan entre luchar por la candidatura del partido o construir alianzas por fuera del partido. Rápidamente lo ha intuido Eduardo Duhalde, quien anunció de modo inmediato que competirá en la interna del Partido Justicialista.
La tercera, consecuencia directa de la anterior, es la existencia de un serio problema para las fuerzas exteriores a los dos grandes partidos nacionales. Es, visiblemente, el problema de Mauricio Macri, que ve seriamente amenazada su estrategia de construcción en común con el peronismo antikirchnerista. Si los principales referentes de la disidencia peronista deciden apostar a la primaria del PJ, ese proyecto se vería seriamente amenazado. El caso de  Elisa Carrió es parecido: el radicalismo deberá decidir su política de alianzas y concurrir a las internas de la coalición en la que finalmente participe. Salvo un brusco cambio de rumbo, ese itinerario parece desembocar en la candidatura del vicepresidente Julio Cobos, lo que marginaría la figura de la líder de la Coalición Cívica.

La propuesta es también un laboratorio político. En principio, la cuesta a escalar por el kirchnerismo para lograr su aprobación luce empinada. Otra vez se presenta un juego dilemático: ¿imponer o negociar? La experiencia de la ley de medios resulta aleccionadora. En el mismo proceso de ampliación de la base de apoyos se mejoró el proyecto. En esa oportunidad tuvimos ocasión de asistir también a un debate interno en la centroizquierda: ¿oposición frontal o apertura al diálogo y la negociación? Este proyecto presenta aspectos problemáticos, como el mencionado respecto del alto umbral de votos en las primarias necesarios para “clasificarse” a la elección nacional. Difícilmente se consiga el apoyo de los candidatos de centroizquierda sin flexibilizar esa disposición.
El debate promete ser interesante. Más aun cuando, la decisión presidencial sobre la asignación universal por hijo acaba de sacar del medio al demagógico argumento de la prioridad de los problemas sociales sobre el proyecto de cambio en las regulaciones de la actividad política.