Alegría versus la judicialización en torno a la Ley de Medios

(Nota del autor: la presente nota ha sido publicada en una gacetilla que la JP de La Matanza acaba de sacar a publicación desde el mes de Abril)

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“El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza.”. (Arturo Jauretche)

La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una conquista del campo popular. Quienes entendieron que la clave era agruparse, en un mundo que cada vez más transita el individualismo, generaron un marco de referencia -los famosos 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática- que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hizo propios (lo cual no es un pecado) sistematizándolos en un proyecto de avanzada, que se convirtió en ley gracias al concurso de mayorías parlamentarias tan amplias como heterogéneas. La militancia -paciente, constante, inclaudicable-, tuvo la suerte de encontrarse con una fuerza política que, por primera vez desde 1976, decidió cambiar el eje de alianzas. La política se trata de eso. Una fuerza determinada decide donde buscar sus sustentos, sus alianzas, que nunca pueden ser totalmente abarcativas porque eso supondría que se puede despreciar el fenómeno propio de toda sociedad democrática: el conflicto. Los intereses existen, y son irreconciliables. No existe el consenso, sino mayorías y minorías.

Algo de esto dijo Miguel Pichetto la noche que el proyecto se discutía en el senado. Un discurso por demás realista, donde puso, blanco sobre negro, que se debatía, primero, por intereses -los de los grupos infocomunicacionales-; y segundo (en orden de aparición, pero no de importancia), la posibilidad de cuestionar el orden de prelación y jerarquía de esos intereses sociales. Si se renuncia a interpelar a los poderes fácticos, se legaliza y se asume como algo natural, inmodificable el esquema de privilegios sociales. La historia entera del kirchnerismo ha sido el planteo de reformas y avances. Moderados, sí. Pero que ni así pudo evitar el odio de aquellos que no toleran ni el más mínimo vestigio de renovación. En la onda de posneoliberalismo imperante en Sudamérica, única garantía de que fuerzas populares irrumpan en el debate público, estos gobiernos reciben críticas tanto del lado de los sectores de la derecha que intentan hegemonizar el sentido común, cuanto de los infantiles que juegan a que son de izquierda, plantean objetivos híper maximalistas, desestiman cualquier avance mínimo y no aceptan nada que no sea “los ricos al paredón”, con lo cual caen en la tontería de signar este proceso como “más de lo mismo”, sentencia que solo su formidable incapacidad de leer procesos políticos puede sustentar. Y obvio, de más está decirlo, le hacen el juego a la derecha vernácula.

Perdida por parte de las empresas de medios la batalla de las narrativas (lo cual se expresó en que tuvieron que aceptar la idea de la necesidad de una nueva ley de medios, después de años de negarse siquiera a mencionar la posibilidad de abrir debate, nunca era el momento), comenzó la batalla de tribunales. El jurista Gustavo Arballo, avezado en derecho público y autor del blog saberderecho (en un post de fecha 29 de marzo de 2010); y el especialista en ciencias de la comunicación, Martín Becerra (en el Página 12 del 17 de marzo de 2010), explicaron muy bien la insensatez de la carrera judicial emprendida contra la nueva ley de medios. Abundar en las falencias técnicas de las demandas, que las hay a montones y evidencian la gran complicidad de muchos jueces dispuestos a tirar para el lado de los oligopolios mediáticos, excede la capacidad espacial de esta columna. A vuelo de pájaro, podemos mencionar algunas contradicciones en que han incurrido los demandantes. Dicen que no pudieron leer el proyecto, pero fatigaron mil programas de TV para explicar sus supuestos vicios de constitucionalidad. Dicen que faltó debate –desconociendo el inmenso proceso de elaboración previa-, pero reponer la norma de la dictadura implica poner en vigencia un instrumento que verdaderamente tuvo nula discusión. Eluden los sorteos de juzgados para buscar amigos. Se pasan por alto reglas básicas de derecho, que se aprenden desde el CBC.

La onda de buscar en los tribunales lo que no pudieron conseguir en las cámaras legislativas, tiene su explicación, está en el corazón de este debate. Más allá de la letra de la ley en sí, los medios hegemónicos perdieron una pelea mucho más importante. La sola puesta en discusión de la norma, evidenció, echó luz sobre que son constructores y no transmisores de realidad, cosa que no está mal, en tanto todos tengamos iguales posibilidades de hacerlo. Tuvieron el apoyo de quienes odian irracionalmente al gobierno, pero lo otro queda. Aún para los más antikirchneristas, quedó claro que ningún medio defiende otro interés que no sea el propio. Hoy reciben el apoyo del nuevo gorilismo, pero mañana pueden perderlo fácilmente, porque se esfumó su fama de inmaculados (aparte de la de invencibles). Por eso necesitan consolidar sus mal habidos esquemas de negocios, porque la interpelación a que se verán sometidos, recién ha comenzado.

Pero esas mismas fuerzas populares que pujaron por hacer nacer la ley, están invadiendo las calles para evitar que logren asesinarla. Si se pudo lo uno por ese camino, no hay razón para desestimar que sea esa la forma de conseguir lo otro. A llenar, pues, las plazas de la república, como viene ocurriendo en estos primeros meses de 2010. Ese es el camino. Teniendo claro el adversario, las formas, la medida de lo justo y lo necesario, haciendo política. Y sobre todo, manteniendo algo que la presencia en las calles expresa más que bien: evitar que nos depriman y nos roben la alegría, como enseña el presidente ecuatoriano, Rafaél Correa. 

La felicidad es nuestro mayor capital político, el material más fuerte para la construcción de alternativas populares.

Ya decía Perón, que para él, la mitad de su obra era que el pueblo estuviera contento. Cúmplase, pues.