Entre las más importantes cuestiones que tiene a evaluación el Congreso por estos días (82% móvil, Consejo de la Magistratura, eliminación de los superpoderes del Jefe de Gabinete, supresión de las facultades delegadas, disminución de las retenciones, matrimonio igualitario), y por loco que suene por las diferencias existentes entre todas ellas, subyace una misma intentona: poner en cuestión el papel del estado como regulador y arbitro de las relaciones sociales.
Luego de desechado, por su rotundo fracaso, el paradigma neoliberal que logró reducirlo a la más mínima expresión de que se tenga memoria, actualmente el estado interviene más, con mayor diversidad e intensidad, y –aunque, es cierto, no todo lo que uno quisiera- mejor.