El escenario
Jueves 12 de mayo de 2011 | Publicado en edición impresa
Muchos de los protagonistas de las elecciones presidenciales aún no han advertido que participarán de un torneo sometido a un cambio dramático de reglas. La reforma política de 2009 no sólo enfrenta a los candidatos a exigencias desconocidas de despliegue territorial. También su relación con los medios de comunicación se irá modificando, hasta obligarlos a renovar las estrategias de marketing. Es posible que, además, la cobertura periodística de las campañas cambie de formato. Los canales y las radios deberán hacer de nuevo las cuentas: ahora el único avisador será el Estado, que se niega a pagar el segundo como si fuera un cliente del mercado.
Son mutaciones todavía borrosas. Es lógico: a pesar de que cumplen un rol decisivo en la democracia, para el común de la gente los sistemas electorales son de difícil comprensión. Más curioso es que tampoco los candidatos adviertan las alteraciones introducidas en el juego. Hay algunos que se han lanzado a la campaña sin saber que se internan en un campo minado. Acaso la nota más novedosa del nuevo régimen sea la selección darwiniana a la que serán sometidos los partidos durante las internas abiertas, simultáneas y obligatorias del 14 de agosto. Ese día habrá una valla bastante visible: el partido que no alcance por lo menos el 1,5% de los votos válidos emitidos no podrá postularse en las generales del 23 de octubre. Son alrededor de 300.000 votos. Para Elisa Carrió (Coalición Cívica), Eduardo Duhalde (Unión Popular) o Jorge Altamira (Partido Obrero), por ejemplo, ese requisito es desafiante, pero superable.
La carrera comienza a complicarse cuando aparece otra barrera, no tan evidente: los partidos también deben superar el 1,5% de los votos con su lista de diputados nacionales en el distrito respectivo. Allí donde no lo consigan, pasarán a las elecciones de octubre sin la boleta de candidatos al Congreso. ¿En cuántas provincias pueden Carrió, Duhalde o Altamira sortear ese obstáculo? Quien no lo logre sentirá las consecuencias en las generales, ya que habrá territorios donde su fórmula presidencial carecerá de la estructura de promoción y fiscalización que suelen brindar los dirigentes locales, movilizados por sus candidaturas legislativas.
La nueva regla induce a un tenue bipartidismo para la contienda presidencial, en la medida en que sólo el PJ y la UCR cuentan con recursos humanos suficientes como para garantizar una mínima cobertura parlamentaria en todas las jurisdicciones. Aunque en el radicalismo esa capacidad está menguada: en Santiago, Misiones o Río Negro, provincias donde ese partido sigue aliado al kirchnerismo, el piso también puede ser inalcanzable.
El sistema cobija otros dispositivos «secretos». Uno de ellos es que en las primarias de agosto las «listas de adhesión» no podrán anexarse a la candidatura a la cual pretenden acoplarse en octubre. El caso paradigmático es el de Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, en la provincia de Buenos Aires. En las internas, Sabbatella deberá conseguir, por las suyas, al menos el 1,5% de los votos bonaerenses. Es decir, no tendrá el auxilio que supone colgarse de Cristina Kirchner, como sí hará Daniel Scioli, que pertenece al Frente para la Victoria. La diferencia que obtenga Sabbatella en octubre respecto de agosto estará indicando el valor agregado de la alianza con la Presidenta. La Casa Rosada no regala nada.
Las normas para hacer publicidad también tuvieron un cambio drástico. Ahora cada partido dispondrá de espacios en radio y TV que el Estado asignará por sorteo. La mitad de ese tiempo se distribuirá en partes iguales. La otra mitad será proporcional al volumen de votos obtenido en las últimas elecciones. Esa publicidad sólo será difundida en los 23 días anteriores a las generales y en los 20 días previos a las primarias. El criterio de reparto supone un beneficio relativo para los candidatos menos competitivos y, de alguna manera, castiga al partido de oposición más votado. Sobre todo si se recuerda que las autoridades, que no necesitan pedir licencia para postularse, seguirán aprovechando la publicidad oficial, sin límite, hasta 15 días antes de ambos comicios. Es una ventaja para el gobierno nacional y para todas las administraciones de provincia.
Recortes
El reparto prevé que cada partido aparezca por lo menos 2 veces por semana, en el horario central -de 20 a 24- de cada canal de TV, por cada categoría. Esa frecuencia aumenta donde sólo se eligen presidente y vice, y diputados nacionales.
Los candidatos más pudientes se verán recortados en su capacidad publicitaria -no hay que olvidar que Néstor Kirchner pensó esta reforma después de perder frente al mediático millonario Francisco de Narváez-. Pero hay partidos pequeños que jamás soñaron con la exposición mediática que les asegura esta ley.
Que la asignación del horario surja de un sorteo cambiará la lógica de las campañas. Un candidato puede organizar un gran acto en un distrito, pero no podrá contratar publicidad para promoverlo. Puede suceder que al llegar a una provincia se encuentre con que el mejor momento de la programación local le tocó a su principal adversario. Son irracionalidades previsibles cuando el Estado se propone regular al máximo la actividad de las organizaciones sociales, en este caso, los partidos políticos.
Algunos programadores de radios y TV ya imaginan formas de aprovechar la sed de exposición que afectará a los políticos. Hay candidatos que darían la vida por superar la limitación publicitaria apareciendo unos segundos en el show de Marcelo Tinelli o Susana Giménez. Los expertos en marketing político aconsejan a sus clientes ir a programas femeninos y someterse al escarnio de sus parejas mientras intentan cocinar en cámara. Parece que a las audiencias les encanta el espectáculo del político vapuleado por la esposa. Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa confían en la receta. Hay editores televisivos que piensan transformar los noticieros en livings para ofrecer reportajes a protagonistas de la campaña. Nada de corruptelas: sólo «publicidad no tradicional».
La Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior están negociando con los medios audiovisuales el pago de un bono que compense a la industria por el lucro cesante de la propaganda electoral. El sector dejará de ganar $ 700 millones. La compensación se materializaría en un bono por $ 175 millones, libres del pago de IVA, ganancias o comisiones a agencias. La Casa Rosada insiste en que el reparto debe tener en cuenta el «hecho federal». Es un eufemismo para decir que los canales de aire porteños tal vez sean discriminados. No hay más remedio: hay que penar a Canal 13, del Grupo Clarín, aunque sea a costa de señales amigas.
Jueves 12 de mayo de 2011 | Publicado en edición impresa
Muchos de los protagonistas de las elecciones presidenciales aún no han advertido que participarán de un torneo sometido a un cambio dramático de reglas. La reforma política de 2009 no sólo enfrenta a los candidatos a exigencias desconocidas de despliegue territorial. También su relación con los medios de comunicación se irá modificando, hasta obligarlos a renovar las estrategias de marketing. Es posible que, además, la cobertura periodística de las campañas cambie de formato. Los canales y las radios deberán hacer de nuevo las cuentas: ahora el único avisador será el Estado, que se niega a pagar el segundo como si fuera un cliente del mercado.
Son mutaciones todavía borrosas. Es lógico: a pesar de que cumplen un rol decisivo en la democracia, para el común de la gente los sistemas electorales son de difícil comprensión. Más curioso es que tampoco los candidatos adviertan las alteraciones introducidas en el juego. Hay algunos que se han lanzado a la campaña sin saber que se internan en un campo minado. Acaso la nota más novedosa del nuevo régimen sea la selección darwiniana a la que serán sometidos los partidos durante las internas abiertas, simultáneas y obligatorias del 14 de agosto. Ese día habrá una valla bastante visible: el partido que no alcance por lo menos el 1,5% de los votos válidos emitidos no podrá postularse en las generales del 23 de octubre. Son alrededor de 300.000 votos. Para Elisa Carrió (Coalición Cívica), Eduardo Duhalde (Unión Popular) o Jorge Altamira (Partido Obrero), por ejemplo, ese requisito es desafiante, pero superable.
La carrera comienza a complicarse cuando aparece otra barrera, no tan evidente: los partidos también deben superar el 1,5% de los votos con su lista de diputados nacionales en el distrito respectivo. Allí donde no lo consigan, pasarán a las elecciones de octubre sin la boleta de candidatos al Congreso. ¿En cuántas provincias pueden Carrió, Duhalde o Altamira sortear ese obstáculo? Quien no lo logre sentirá las consecuencias en las generales, ya que habrá territorios donde su fórmula presidencial carecerá de la estructura de promoción y fiscalización que suelen brindar los dirigentes locales, movilizados por sus candidaturas legislativas.
La nueva regla induce a un tenue bipartidismo para la contienda presidencial, en la medida en que sólo el PJ y la UCR cuentan con recursos humanos suficientes como para garantizar una mínima cobertura parlamentaria en todas las jurisdicciones. Aunque en el radicalismo esa capacidad está menguada: en Santiago, Misiones o Río Negro, provincias donde ese partido sigue aliado al kirchnerismo, el piso también puede ser inalcanzable.
El sistema cobija otros dispositivos «secretos». Uno de ellos es que en las primarias de agosto las «listas de adhesión» no podrán anexarse a la candidatura a la cual pretenden acoplarse en octubre. El caso paradigmático es el de Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, en la provincia de Buenos Aires. En las internas, Sabbatella deberá conseguir, por las suyas, al menos el 1,5% de los votos bonaerenses. Es decir, no tendrá el auxilio que supone colgarse de Cristina Kirchner, como sí hará Daniel Scioli, que pertenece al Frente para la Victoria. La diferencia que obtenga Sabbatella en octubre respecto de agosto estará indicando el valor agregado de la alianza con la Presidenta. La Casa Rosada no regala nada.
Las normas para hacer publicidad también tuvieron un cambio drástico. Ahora cada partido dispondrá de espacios en radio y TV que el Estado asignará por sorteo. La mitad de ese tiempo se distribuirá en partes iguales. La otra mitad será proporcional al volumen de votos obtenido en las últimas elecciones. Esa publicidad sólo será difundida en los 23 días anteriores a las generales y en los 20 días previos a las primarias. El criterio de reparto supone un beneficio relativo para los candidatos menos competitivos y, de alguna manera, castiga al partido de oposición más votado. Sobre todo si se recuerda que las autoridades, que no necesitan pedir licencia para postularse, seguirán aprovechando la publicidad oficial, sin límite, hasta 15 días antes de ambos comicios. Es una ventaja para el gobierno nacional y para todas las administraciones de provincia.
Recortes
El reparto prevé que cada partido aparezca por lo menos 2 veces por semana, en el horario central -de 20 a 24- de cada canal de TV, por cada categoría. Esa frecuencia aumenta donde sólo se eligen presidente y vice, y diputados nacionales.
Los candidatos más pudientes se verán recortados en su capacidad publicitaria -no hay que olvidar que Néstor Kirchner pensó esta reforma después de perder frente al mediático millonario Francisco de Narváez-. Pero hay partidos pequeños que jamás soñaron con la exposición mediática que les asegura esta ley.
Que la asignación del horario surja de un sorteo cambiará la lógica de las campañas. Un candidato puede organizar un gran acto en un distrito, pero no podrá contratar publicidad para promoverlo. Puede suceder que al llegar a una provincia se encuentre con que el mejor momento de la programación local le tocó a su principal adversario. Son irracionalidades previsibles cuando el Estado se propone regular al máximo la actividad de las organizaciones sociales, en este caso, los partidos políticos.
Algunos programadores de radios y TV ya imaginan formas de aprovechar la sed de exposición que afectará a los políticos. Hay candidatos que darían la vida por superar la limitación publicitaria apareciendo unos segundos en el show de Marcelo Tinelli o Susana Giménez. Los expertos en marketing político aconsejan a sus clientes ir a programas femeninos y someterse al escarnio de sus parejas mientras intentan cocinar en cámara. Parece que a las audiencias les encanta el espectáculo del político vapuleado por la esposa. Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa confían en la receta. Hay editores televisivos que piensan transformar los noticieros en livings para ofrecer reportajes a protagonistas de la campaña. Nada de corruptelas: sólo «publicidad no tradicional».
La Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior están negociando con los medios audiovisuales el pago de un bono que compense a la industria por el lucro cesante de la propaganda electoral. El sector dejará de ganar $ 700 millones. La compensación se materializaría en un bono por $ 175 millones, libres del pago de IVA, ganancias o comisiones a agencias. La Casa Rosada insiste en que el reparto debe tener en cuenta el «hecho federal». Es un eufemismo para decir que los canales de aire porteños tal vez sean discriminados. No hay más remedio: hay que penar a Canal 13, del Grupo Clarín, aunque sea a costa de señales amigas.
