Jueves 02 de junio de 2011 | Publicado en edición impresa
Solo la buena marcha de la economía y la empatía que sigue generando la condición de viuda de la Presidenta pueden explicar que las irregularidades atribuidas a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Misión Sueños Compartidos no hayan derivado todavía en graves consecuencias para el Gobierno. A veces da la sensación de que una buena parte de la sociedad estuviera anestesiada.
El «puedo comprarme una Ferrari o un Porsche» de Sergio Schoklender no parece tan diferente a la alusión del ex presidente Carlos Menem cuando, en diciembre de 1991, exclamó: «La Ferrari es sólo mía». Tampoco se presenta tan distinta a la travesura del ahora senador kirchnerista cuando lo vieron pasar con la misma Ferrari a 200 kilómetros por hora cerca de una cabina de peaje en la zona de Pinamar. La época es diferente, pero el contexto no tanto. En ese tiempo, al riojano se le podía perdonar casi todo, porque el uno a uno gozaba de buena salud. Además, cualquier crítica o denuncia contra su gobierno era presentada como una acción interesada o desestabilizadora de los medios «antimenemistas».
El escándalo por el manejo de los fondos públicos del ex apoderado de la entidad de las Madres empezó el día en que se filtró su renuncia y explotó cuando dos diputadas de la Coalición Cívica recordaron que le habían enviado a la Unidad de Información Financiera (UIF), que maneja José Sbattella, información sospechosa sobre Schoklender.
Desde el principio resultó evidente que el patrimonio personal del protegido de Hebe de Bonafini y el sobreprecio de cada una de las viviendas que construyó debían ser investigados de manera urgente. Una vez más: se trata de fondos suministrados por el Estado y el monto no es menor. Los funcionarios que ahora empezaron a juntar papales reconocen, de manera extraoficial, que sólo durante los últimos dos años la organización habría recibido más de 200 millones de pesos.
Ayer, una semana después del escándalo público, y abrumado por las repercusiones, Sbattella dio curso a la Justicia para que lo investigue por el delito de lavado de dinero. El responsable de la UIF está en problemas.
El fiscal federal Carlos Stornelli acaba de iniciar una instrucción preliminar para determinar si la UIF es, como se sospecha, una «herramienta política». Quiere saber si la incorporación de funcionarios adscriptos a La Cámpora y Libres del Sur con libre acceso «a la información bancaria, financiera y bursátil más sensible de todo el país» fue decidida «por afinidad ideológica con el Gobierno» o por su conocimiento técnico «en la detección de operatorias de lavado o financiamiento del terrorismo».
Stornelli tomó, para su presentación preliminar, varias notas de Hugo Alconada Mon en La Nacion. Pero además pidió decenas de medidas de prueba que podrían colocar a las máximas autoridades del organismo en una situación incómoda. Entre otras medidas, el fiscal solicitó el legajo de los agentes observados, para revisar su currículum y su capacidad técnica. También pidió la lista de ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) y de IOF (Informaciones de Otras Fuentes).
Los ROS y las IOF son datos muy sensibles y no se pueden ni se deben usar con fines políticos para perjudicar o beneficiar a personas o instituciones. Los bancos, por ejemplo, tienen la obligación de reportar a la UIF operaciones financieras sospechosas de sus clientes que podrían estar vinculadas con el delito de lavado de dinero. A su vez, la Unidad de Información Financiera puede denunciar y sancionar a la entidad que no lo haga. Stornelli ahora quiere saber si la UIF dejó pasar «un olvido» del Banco Macro y se encargó de filtrar supuestas irregularidades que habrían sido cometidas por el Banco Francés y el Banco Galicia.
La UIF, además, tendría la obligación de presentar las investigaciones sobre lavado a la fiscalía específica que comanda el fiscal Raúl Plée. Stornelli quiere averiguar por qué miembros de la unidad antilavado se habrían salteado ese paso al enviar un expediente que menciona a accionistas de Clarín directamente a la justicia federal, para obtener más celeridad y repercusión pública.
La ley antilavado no autoriza a la UIF a realizar inspecciones ni a presentar querellas. Pero un decreto de la Presidenta la habilitó, y a partir de ese momento Sbattella habría acelerado algunos expedientes y «cajoneado» otros. El demorado expediente Schoklender es el más rutilante, pero no el único.
Ayer, el diputado nacional Gustavo Ferrari, el mismo que denunció un sobreprecio del 90 por ciento en las casas que fabrica Sueños Compartidos para la provincia de Buenos Aires, aportó un dato que explica por qué muchos argentinos ya no parecen sorprenderse ni indignarse con los nuevos hechos de corrupción: la justicia federal tarda un promedio de 14 años en resolver o cerrar las causas sobre delitos contra la administración pública.
© La Nacion
Solo la buena marcha de la economía y la empatía que sigue generando la condición de viuda de la Presidenta pueden explicar que las irregularidades atribuidas a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Misión Sueños Compartidos no hayan derivado todavía en graves consecuencias para el Gobierno. A veces da la sensación de que una buena parte de la sociedad estuviera anestesiada.
El «puedo comprarme una Ferrari o un Porsche» de Sergio Schoklender no parece tan diferente a la alusión del ex presidente Carlos Menem cuando, en diciembre de 1991, exclamó: «La Ferrari es sólo mía». Tampoco se presenta tan distinta a la travesura del ahora senador kirchnerista cuando lo vieron pasar con la misma Ferrari a 200 kilómetros por hora cerca de una cabina de peaje en la zona de Pinamar. La época es diferente, pero el contexto no tanto. En ese tiempo, al riojano se le podía perdonar casi todo, porque el uno a uno gozaba de buena salud. Además, cualquier crítica o denuncia contra su gobierno era presentada como una acción interesada o desestabilizadora de los medios «antimenemistas».
El escándalo por el manejo de los fondos públicos del ex apoderado de la entidad de las Madres empezó el día en que se filtró su renuncia y explotó cuando dos diputadas de la Coalición Cívica recordaron que le habían enviado a la Unidad de Información Financiera (UIF), que maneja José Sbattella, información sospechosa sobre Schoklender.
Desde el principio resultó evidente que el patrimonio personal del protegido de Hebe de Bonafini y el sobreprecio de cada una de las viviendas que construyó debían ser investigados de manera urgente. Una vez más: se trata de fondos suministrados por el Estado y el monto no es menor. Los funcionarios que ahora empezaron a juntar papales reconocen, de manera extraoficial, que sólo durante los últimos dos años la organización habría recibido más de 200 millones de pesos.
Ayer, una semana después del escándalo público, y abrumado por las repercusiones, Sbattella dio curso a la Justicia para que lo investigue por el delito de lavado de dinero. El responsable de la UIF está en problemas.
El fiscal federal Carlos Stornelli acaba de iniciar una instrucción preliminar para determinar si la UIF es, como se sospecha, una «herramienta política». Quiere saber si la incorporación de funcionarios adscriptos a La Cámpora y Libres del Sur con libre acceso «a la información bancaria, financiera y bursátil más sensible de todo el país» fue decidida «por afinidad ideológica con el Gobierno» o por su conocimiento técnico «en la detección de operatorias de lavado o financiamiento del terrorismo».
Stornelli tomó, para su presentación preliminar, varias notas de Hugo Alconada Mon en La Nacion. Pero además pidió decenas de medidas de prueba que podrían colocar a las máximas autoridades del organismo en una situación incómoda. Entre otras medidas, el fiscal solicitó el legajo de los agentes observados, para revisar su currículum y su capacidad técnica. También pidió la lista de ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) y de IOF (Informaciones de Otras Fuentes).
Los ROS y las IOF son datos muy sensibles y no se pueden ni se deben usar con fines políticos para perjudicar o beneficiar a personas o instituciones. Los bancos, por ejemplo, tienen la obligación de reportar a la UIF operaciones financieras sospechosas de sus clientes que podrían estar vinculadas con el delito de lavado de dinero. A su vez, la Unidad de Información Financiera puede denunciar y sancionar a la entidad que no lo haga. Stornelli ahora quiere saber si la UIF dejó pasar «un olvido» del Banco Macro y se encargó de filtrar supuestas irregularidades que habrían sido cometidas por el Banco Francés y el Banco Galicia.
La UIF, además, tendría la obligación de presentar las investigaciones sobre lavado a la fiscalía específica que comanda el fiscal Raúl Plée. Stornelli quiere averiguar por qué miembros de la unidad antilavado se habrían salteado ese paso al enviar un expediente que menciona a accionistas de Clarín directamente a la justicia federal, para obtener más celeridad y repercusión pública.
La ley antilavado no autoriza a la UIF a realizar inspecciones ni a presentar querellas. Pero un decreto de la Presidenta la habilitó, y a partir de ese momento Sbattella habría acelerado algunos expedientes y «cajoneado» otros. El demorado expediente Schoklender es el más rutilante, pero no el único.
Ayer, el diputado nacional Gustavo Ferrari, el mismo que denunció un sobreprecio del 90 por ciento en las casas que fabrica Sueños Compartidos para la provincia de Buenos Aires, aportó un dato que explica por qué muchos argentinos ya no parecen sorprenderse ni indignarse con los nuevos hechos de corrupción: la justicia federal tarda un promedio de 14 años en resolver o cerrar las causas sobre delitos contra la administración pública.
© La Nacion
