Analistas aseguran que el Estado venezolano ha perdido margen de maniobra en las cárceles.
El sistema carcelario de Venezuela vive por estos días momentos de máxima tensión que evidencian, según analistas consultados por BBC Mundo, que el Estado ha perdido el control sobre los centros penitenciarios.
Los expertos aseguran que retomarlo debe ser el primer objetivo si el gobierno del presidente Hugo Chávez quiere empezar a salir de la crisis que afecta al sector.
Este domingo continúa el operativo iniciado en la madrugada del viernes cuando unos 5.000 agentes de seguridad intentaron tomar el control de las cárceles El Rodeo I y II, ubicadas en las afueras de Caracas, escenario el domingo pasado de un enfrentamiento entre presos que dejó 22 fallecidos.
En la acción murieron dos miembros de la Guardia Nacional y un reo, luego de que los prisioneros se resistieron a una requisa.
clic Lea también: Masiva movilización para controlar cárceles venezolanas
Los hechos de esta semana constituyen el peor incidente carcelario desde que Chávez llegara al poder en 1999, lo que llevó al gobierno a anunciar la creación de un Ministerio para la Atención Integral Penitenciaria.
Opositores al gobierno aseguran que lo ocurrido hace patente los fallos de la política carcelaria del gobierno que no ha podido resolver o mejorar la situación.
En crisis
«Las más violentas»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos, ha instado a las autoridades venezolanas a que tomen medidas para combatir el problema carcelario.
La CIDH emitió un comunicado el jueves en el que «urge al Estado venezolano a adoptar acciones de impacto inmediato en la grave situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad».
El organismo considera que las cárceles venezolanas «son las más violentas de la región».
Expertos aseguran que los problemas son de larga data y que la situación actual no sorprende.
En abril y en mayo, por ejemplo, se registraron incidentes en prisiones en las que reos tomaron como rehenes a funcionarios de seguridad de las instituciones.
Ya en 2004 el gobierno había decretado una «emergencia penitenciaria». Dos años más tarde lanzó un Plan de Humanización Penitenciaria.
Dicho programa, todavía en curso, incluye —entre otros aspectos— la creación de una red de orquestas en algunos centros de reclusión, un proyecto considerado exitoso que hasta el momento solamente llega a unos 1.200 presos.
Pero la situación en el sector está lejos de estabilizarse.
¿Cuál es el principal problema? Que el brazo del Estado pierde margen de maniobra en las cárceles.
«Quienes mandan dentro de las cárceles son los presos», le dice a BBC Mundo, Carlos Nieto Palma, director de la ONG «Una Ventana a la Libertad», una organización que promueve la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
«Hace una semana que ocurrió el incidente y el Estado no termina de entrar», agrega.
Familiares de los presos aguardan por noticias en las afueras de El Rodeo I y II.
En esa misma línea, el director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Roberto Briceño León, critica la política carcelaria de las autoridades: «El gobierno decidió no hacer nada y entregarle las cárceles a los presos. La policía y la Guardia Nacional tienen que pedir permiso para entrar».
Ambos expertos señalan que entre las principales causas de la crisis se encuentra la superpoblación y el hacinamiento: la población carcelaria es de 45.000 reclusos pero la capacidad real alcanza los 15.000 en una treintena de centros.
A eso se suma la inseguridad dentro de las propias cárceles, consideradas «las más violentas de la región».
En 2010, 476 presos murieron y 967 resultaron heridos en hechos violentos, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y desde 1999 han fallecido 4.506.
Las cifras de este año ensombrecen aún más el panorama.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el primer trimestre de 2011 la cantidad de muertos llegó a 124, un incremento de 22% con respecto al mismo período del año pasado.
Corrupción
«Un fusil no entra en un pollo que le lleva una madre a su hijo preso. Entonces hay que terminar con la cadena de corrupción de funcionarios del Ministerio del Interior y de la Guardia Nacional»
Roberto Briceño León, Observatorio Venezolano de la Violencia
También citan fallas en el sistema judicial y la corrupción imperante dentro de las prisiones.
La requisa que se realizó en Rodeo I pone en evidencia, aseguran, los sospechosos manejos internos.
En esa inspección —a la que todavía se resisten los presos de Rodeo II este sábado— se incautaron cinco escopetas, siete fusiles, 20 pistolas, ocho granadas y 5.000 cartuchos, además de 45 kilos de cocaína y 12 de marihuana.
«Un fusil no entra en un pollo que le lleva una madre a su hijo preso. Entonces hay que terminar con la cadena de corrupción de funcionarios del Ministerio del Interior y de la Guardia Nacional», asegura Briceño León.
El ministro del Interior, Tareck El Aissami, reconoció este sábado que el «ingreso de las armas forma parte del deterioro institucional de estos establecimientos, hay complicidad de la custodia interna y externa. No ingresan solas».
«Quienes mandan dentro de las cárceles son los presos. Hace una semana que ocurrió el incidente y el Estado no termina de entrar»
Carlos Nieto Palma, «Una Ventana a la Libertad»
En cuanto a los cuestionamientos a la Justicia, Nieto Palma señala que el 80% de los presos no han recibido condena y que los jueces no aplican medidas sustitutivas a la privación de libertad.
«Aquí se mete preso a alguien por robar un periódico», asegura.
Controversia
Las acciones de las fuerzas de seguridad no han estado exentas de polémica pues organizaciones de derechos humanos y familiares de los presos critican la forma en que intentaron retomar el control del penal.
clic Vea también: La angustiosa espera de los familiares
«Mi solicitud es que salga la Guardia Nacional porque nadie puede solucionar un problema con más de 3.000 guardias y 400 paracaidistas, lo lógico es que se instale un comité de derechos humanos para impulsar la paz», aseguró el director del OVP, Humberto Prado.
Las autoridades, en tanto, defienden el operativo de intervención de Rodeo I y II y aseguran que se realiza respetando los derechos humanos de los presos.
Los familiares, que llevan toda la semana apostados cerca del centro penitenciario para intentar conocer qué está ocurriendo dentro, recibieron
clic ataques con gases lacrimógenos.
El sistema carcelario de Venezuela vive por estos días momentos de máxima tensión que evidencian, según analistas consultados por BBC Mundo, que el Estado ha perdido el control sobre los centros penitenciarios.
Los expertos aseguran que retomarlo debe ser el primer objetivo si el gobierno del presidente Hugo Chávez quiere empezar a salir de la crisis que afecta al sector.
Este domingo continúa el operativo iniciado en la madrugada del viernes cuando unos 5.000 agentes de seguridad intentaron tomar el control de las cárceles El Rodeo I y II, ubicadas en las afueras de Caracas, escenario el domingo pasado de un enfrentamiento entre presos que dejó 22 fallecidos.
En la acción murieron dos miembros de la Guardia Nacional y un reo, luego de que los prisioneros se resistieron a una requisa.
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Los hechos de esta semana constituyen el peor incidente carcelario desde que Chávez llegara al poder en 1999, lo que llevó al gobierno a anunciar la creación de un Ministerio para la Atención Integral Penitenciaria.
Opositores al gobierno aseguran que lo ocurrido hace patente los fallos de la política carcelaria del gobierno que no ha podido resolver o mejorar la situación.
En crisis
«Las más violentas»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos, ha instado a las autoridades venezolanas a que tomen medidas para combatir el problema carcelario.
La CIDH emitió un comunicado el jueves en el que «urge al Estado venezolano a adoptar acciones de impacto inmediato en la grave situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad».
El organismo considera que las cárceles venezolanas «son las más violentas de la región».
Expertos aseguran que los problemas son de larga data y que la situación actual no sorprende.
En abril y en mayo, por ejemplo, se registraron incidentes en prisiones en las que reos tomaron como rehenes a funcionarios de seguridad de las instituciones.
Ya en 2004 el gobierno había decretado una «emergencia penitenciaria». Dos años más tarde lanzó un Plan de Humanización Penitenciaria.
Dicho programa, todavía en curso, incluye —entre otros aspectos— la creación de una red de orquestas en algunos centros de reclusión, un proyecto considerado exitoso que hasta el momento solamente llega a unos 1.200 presos.
Pero la situación en el sector está lejos de estabilizarse.
¿Cuál es el principal problema? Que el brazo del Estado pierde margen de maniobra en las cárceles.
«Quienes mandan dentro de las cárceles son los presos», le dice a BBC Mundo, Carlos Nieto Palma, director de la ONG «Una Ventana a la Libertad», una organización que promueve la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
«Hace una semana que ocurrió el incidente y el Estado no termina de entrar», agrega.
Familiares de los presos aguardan por noticias en las afueras de El Rodeo I y II.
En esa misma línea, el director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Roberto Briceño León, critica la política carcelaria de las autoridades: «El gobierno decidió no hacer nada y entregarle las cárceles a los presos. La policía y la Guardia Nacional tienen que pedir permiso para entrar».
Ambos expertos señalan que entre las principales causas de la crisis se encuentra la superpoblación y el hacinamiento: la población carcelaria es de 45.000 reclusos pero la capacidad real alcanza los 15.000 en una treintena de centros.
A eso se suma la inseguridad dentro de las propias cárceles, consideradas «las más violentas de la región».
En 2010, 476 presos murieron y 967 resultaron heridos en hechos violentos, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y desde 1999 han fallecido 4.506.
Las cifras de este año ensombrecen aún más el panorama.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el primer trimestre de 2011 la cantidad de muertos llegó a 124, un incremento de 22% con respecto al mismo período del año pasado.
Corrupción
«Un fusil no entra en un pollo que le lleva una madre a su hijo preso. Entonces hay que terminar con la cadena de corrupción de funcionarios del Ministerio del Interior y de la Guardia Nacional»
Roberto Briceño León, Observatorio Venezolano de la Violencia
También citan fallas en el sistema judicial y la corrupción imperante dentro de las prisiones.
La requisa que se realizó en Rodeo I pone en evidencia, aseguran, los sospechosos manejos internos.
En esa inspección —a la que todavía se resisten los presos de Rodeo II este sábado— se incautaron cinco escopetas, siete fusiles, 20 pistolas, ocho granadas y 5.000 cartuchos, además de 45 kilos de cocaína y 12 de marihuana.
«Un fusil no entra en un pollo que le lleva una madre a su hijo preso. Entonces hay que terminar con la cadena de corrupción de funcionarios del Ministerio del Interior y de la Guardia Nacional», asegura Briceño León.
El ministro del Interior, Tareck El Aissami, reconoció este sábado que el «ingreso de las armas forma parte del deterioro institucional de estos establecimientos, hay complicidad de la custodia interna y externa. No ingresan solas».
«Quienes mandan dentro de las cárceles son los presos. Hace una semana que ocurrió el incidente y el Estado no termina de entrar»
Carlos Nieto Palma, «Una Ventana a la Libertad»
En cuanto a los cuestionamientos a la Justicia, Nieto Palma señala que el 80% de los presos no han recibido condena y que los jueces no aplican medidas sustitutivas a la privación de libertad.
«Aquí se mete preso a alguien por robar un periódico», asegura.
Controversia
Las acciones de las fuerzas de seguridad no han estado exentas de polémica pues organizaciones de derechos humanos y familiares de los presos critican la forma en que intentaron retomar el control del penal.
clic Vea también: La angustiosa espera de los familiares
«Mi solicitud es que salga la Guardia Nacional porque nadie puede solucionar un problema con más de 3.000 guardias y 400 paracaidistas, lo lógico es que se instale un comité de derechos humanos para impulsar la paz», aseguró el director del OVP, Humberto Prado.
Las autoridades, en tanto, defienden el operativo de intervención de Rodeo I y II y aseguran que se realiza respetando los derechos humanos de los presos.
Los familiares, que llevan toda la semana apostados cerca del centro penitenciario para intentar conocer qué está ocurriendo dentro, recibieron
clic ataques con gases lacrimógenos.
