La economista de la Universidad Torcuato Di Tella Carola Pessino asegura que «hoy el 40% de las familias argentinas depende de la ayuda social del Gobierno» (incluyendo programas asistenciales y jubilaciones otorgadas a través de moratorias). Agrega que gracias a esa asistencia oficial bajó el número de pobres en el país, pero que aún restan tomar medidas profundas para erradicar situaciones estructurales.
En diálogo con este diario, la exsecretaria de Equidad Fiscal dijo además que «se está convalidando una realidad económica, que es la baja demanda de personal con alta educación». Y a raíz de esto agregó: «No niego que los sindicatos tengan poder, pero no se puede decir que son los culpables del achatamiento salarial».
Periodista: Según el último informe del INDEC, casi no habría indigentes, sólo un 1%. ¿Coincide con estas cifras?
Carola Pessino: La canasta básica de alimentos se calcula en base a la encuesta de gastos que se hace cada 10 años, y la canasta total se ajusta por la variación de precios que sufrió cada bien. Si se subvalúa la canasta con una inflación menor que la real, el número de indigentes y de pobres va a ser menor.
P.: ¿Cuál es la cifra de indigencia correcta entonces?
C.P.: Medida con la línea de indigencia internacional (u$s 2,5 por día PPP, paridad del poder adquisitivo), cayó entre 2006 y 2010 del 11% al 7% (2,5 puntos porcentuales sin considerar programas sociales). Con la pobreza, la situación es similar. La caída en esos índices se logra en gran parte por una mayor dependencia de la ayuda social del Gobierno. Los beneficiarios directos de ayuda (incluidos los que perciben jubilaciones mínimas, mayormente de la moratoria previsional) eran de alrededor del 5% de los hogares en 2000 y alcanzan hoy a cerca del 40% de las familias. O sea, la cantidad de pobres disminuye en parte porque aumentan los hogares dependientes de la ayuda oficial. Sumado esto a que no hubo mejoras de largo plazo en la inversión en capital humano (la calidad de la educación cayó según índices internacionales), la pobreza estructural se estanca aumentando el asistencialismo.
P.: ¿Considera negativa la ampliación de la asistencia social?
C.P.: Nadie puede estar en contra de la asistencia social, ya sea a través de jubilaciones mínimas o menos a través de ayuda a los hogares con niños en condiciones de pobreza. No se puede discutir que no hayan servido para bajar la pobreza. Pero la forma, el diseño y la focalización no fueron de lo mejor. Y no fueron acompañadas por otras medidas de largo plazo, que bajen la pobreza de manera permanente. Por ejemplo, a través de la mejora en la calidad de la educación y la instauración de programas de estimulación temprana que permitan que los excluidos sean incluidos de manera permanente, para que los pobres dependan cada vez menos de la ayuda gubernamental.
P.: ¿Y los subsidios en servicios públicos?
C.P.: Del total del gasto gubernamental, y aun del gasto social, una parte muy baja es la que se dedica a la asistencia social focalizada y representa sólo una fracción del gasto en subsidios económicos al transporte, energía y otras industrias. Todos estos subsidios que superan con creces al gasto social asistencial son regresivos, es decir que una proporción más grande de estos subsidios va a los que más tienen, y parte de ellos son regresivos en sentido absoluto, de manera que empeoran aún más la distribución del ingreso.
P.: ¿Cómo cree que se están desarrollando los reclamos salariales a través de los sindicatos?
C.P.: Creo que siguen a la inflación, y ésta sigue a los reclamos sindicales. Los aumentos son a la vez convalidados en parte por el modelo de baja inversión en capital físico. Como el capital humano es complementario al capital físico, la inversión estancada implica que se estanca la demanda de los más educados y el rendimiento a la educación cae. Entre 2003 y 2009, el rendimiento privado de la educación universitaria con respecto a la secundaria cayó del 15% al 11% anual, una tasa realmente baja. No niego que los sindicatos tengan poder, pero no se puede decir que son los culpables del achatamiento salarial.
P.: ¿Cuál diría que es entonces el papel de los sindicatos?
C.P.: En verdad, están convalidando una realidad económica, que es la baja demanda relativa de personal con alta educación que hay en este momento en la Argentina. Éste es el modelo «progresista» donde se ha logrado disminuir la desigualdad de resultados a través de la baja inversión. En cambio, la desigualdad de oportunidades cada vez se hace más amplia al privarse a los pobres de inversión en capital humano de calidad. Se confunde la desigualdad momentánea en ingresos, que produce un aumento en el retorno a la educación que sirve y es condición necesaria para el desarrollo del país, con la desigualdad de base, de oportunidades, que sólo se combate en la raíz y no en el resultado. En este sentido, el sindicalismo tiene hoy poder para lograr satisfacer las demandas salariales.
P.: ¿Cuál cree que es hoy el primer problema económico?
C.P.: Obviamente, se debe pensar en el mejoramiento institucional, en el estado de derecho y la mejora en la igualdad de oportunidades. Se debe buscar un modelo capitalista competitivo y no de «amigos», con Estado de derecho, respeto a la propiedad privada, una fuerte política social hacia los niños de hogares con desventajas tanto en sus primeros años como en la inserción educativa y de salud de calidad.
P.: ¿La situación en Grecia es comparable con la de la Argentina de hace una década?
C.P.: En algunos aspectos. El origen es algo distinto. El alto e ineficiente gasto público griego, sumado a la crisis que se desata en EE.UU., lleva a que estos países del sur de Europa, no sólo Grecia, sino Portugal, España y, en menor medida, Italia acumulen deuda y no puedan licuarla como hicimos nosotros con la devaluación. Por eso se habla de que probablemente tenga que entrar en default y devaluar saliendo del euro a pesar de la ayuda internacional recibida.
P.: ¿Podrá Grecia realizar un ajuste sin dañar severamente a los ciudadanos?
C.P.: Creo que Grecia y el resto de estos países están haciendo ajustes importantes. No sé si suficientes y profundos, pero que de cualquier manera el daño a los ciudadanos es casi inevitable, ya sea a través del ajuste directo o indirecto (mediante la devaluación y la inflación). Ya se ha producido en parte. Con la devaluación sabemos que sufren mayormente los asalariados con disminuciones de ingresos y pérdidas del valor de activos, como depósitos y otros. Además, Grecia, a diferencia de otros países de la UE, no tiene una red de protección social adecuada para este tipo de crisis, o sea, todo dependerá de cuán rápido puedan crear una red de protección y, sobre todo, cuán rápido puedan empezar a crecer de nuevo.
Entrevista de Florencia Lendoiro
En diálogo con este diario, la exsecretaria de Equidad Fiscal dijo además que «se está convalidando una realidad económica, que es la baja demanda de personal con alta educación». Y a raíz de esto agregó: «No niego que los sindicatos tengan poder, pero no se puede decir que son los culpables del achatamiento salarial».
Periodista: Según el último informe del INDEC, casi no habría indigentes, sólo un 1%. ¿Coincide con estas cifras?
Carola Pessino: La canasta básica de alimentos se calcula en base a la encuesta de gastos que se hace cada 10 años, y la canasta total se ajusta por la variación de precios que sufrió cada bien. Si se subvalúa la canasta con una inflación menor que la real, el número de indigentes y de pobres va a ser menor.
P.: ¿Cuál es la cifra de indigencia correcta entonces?
C.P.: Medida con la línea de indigencia internacional (u$s 2,5 por día PPP, paridad del poder adquisitivo), cayó entre 2006 y 2010 del 11% al 7% (2,5 puntos porcentuales sin considerar programas sociales). Con la pobreza, la situación es similar. La caída en esos índices se logra en gran parte por una mayor dependencia de la ayuda social del Gobierno. Los beneficiarios directos de ayuda (incluidos los que perciben jubilaciones mínimas, mayormente de la moratoria previsional) eran de alrededor del 5% de los hogares en 2000 y alcanzan hoy a cerca del 40% de las familias. O sea, la cantidad de pobres disminuye en parte porque aumentan los hogares dependientes de la ayuda oficial. Sumado esto a que no hubo mejoras de largo plazo en la inversión en capital humano (la calidad de la educación cayó según índices internacionales), la pobreza estructural se estanca aumentando el asistencialismo.
P.: ¿Considera negativa la ampliación de la asistencia social?
C.P.: Nadie puede estar en contra de la asistencia social, ya sea a través de jubilaciones mínimas o menos a través de ayuda a los hogares con niños en condiciones de pobreza. No se puede discutir que no hayan servido para bajar la pobreza. Pero la forma, el diseño y la focalización no fueron de lo mejor. Y no fueron acompañadas por otras medidas de largo plazo, que bajen la pobreza de manera permanente. Por ejemplo, a través de la mejora en la calidad de la educación y la instauración de programas de estimulación temprana que permitan que los excluidos sean incluidos de manera permanente, para que los pobres dependan cada vez menos de la ayuda gubernamental.
P.: ¿Y los subsidios en servicios públicos?
C.P.: Del total del gasto gubernamental, y aun del gasto social, una parte muy baja es la que se dedica a la asistencia social focalizada y representa sólo una fracción del gasto en subsidios económicos al transporte, energía y otras industrias. Todos estos subsidios que superan con creces al gasto social asistencial son regresivos, es decir que una proporción más grande de estos subsidios va a los que más tienen, y parte de ellos son regresivos en sentido absoluto, de manera que empeoran aún más la distribución del ingreso.
P.: ¿Cómo cree que se están desarrollando los reclamos salariales a través de los sindicatos?
C.P.: Creo que siguen a la inflación, y ésta sigue a los reclamos sindicales. Los aumentos son a la vez convalidados en parte por el modelo de baja inversión en capital físico. Como el capital humano es complementario al capital físico, la inversión estancada implica que se estanca la demanda de los más educados y el rendimiento a la educación cae. Entre 2003 y 2009, el rendimiento privado de la educación universitaria con respecto a la secundaria cayó del 15% al 11% anual, una tasa realmente baja. No niego que los sindicatos tengan poder, pero no se puede decir que son los culpables del achatamiento salarial.
P.: ¿Cuál diría que es entonces el papel de los sindicatos?
C.P.: En verdad, están convalidando una realidad económica, que es la baja demanda relativa de personal con alta educación que hay en este momento en la Argentina. Éste es el modelo «progresista» donde se ha logrado disminuir la desigualdad de resultados a través de la baja inversión. En cambio, la desigualdad de oportunidades cada vez se hace más amplia al privarse a los pobres de inversión en capital humano de calidad. Se confunde la desigualdad momentánea en ingresos, que produce un aumento en el retorno a la educación que sirve y es condición necesaria para el desarrollo del país, con la desigualdad de base, de oportunidades, que sólo se combate en la raíz y no en el resultado. En este sentido, el sindicalismo tiene hoy poder para lograr satisfacer las demandas salariales.
P.: ¿Cuál cree que es hoy el primer problema económico?
C.P.: Obviamente, se debe pensar en el mejoramiento institucional, en el estado de derecho y la mejora en la igualdad de oportunidades. Se debe buscar un modelo capitalista competitivo y no de «amigos», con Estado de derecho, respeto a la propiedad privada, una fuerte política social hacia los niños de hogares con desventajas tanto en sus primeros años como en la inserción educativa y de salud de calidad.
P.: ¿La situación en Grecia es comparable con la de la Argentina de hace una década?
C.P.: En algunos aspectos. El origen es algo distinto. El alto e ineficiente gasto público griego, sumado a la crisis que se desata en EE.UU., lleva a que estos países del sur de Europa, no sólo Grecia, sino Portugal, España y, en menor medida, Italia acumulen deuda y no puedan licuarla como hicimos nosotros con la devaluación. Por eso se habla de que probablemente tenga que entrar en default y devaluar saliendo del euro a pesar de la ayuda internacional recibida.
P.: ¿Podrá Grecia realizar un ajuste sin dañar severamente a los ciudadanos?
C.P.: Creo que Grecia y el resto de estos países están haciendo ajustes importantes. No sé si suficientes y profundos, pero que de cualquier manera el daño a los ciudadanos es casi inevitable, ya sea a través del ajuste directo o indirecto (mediante la devaluación y la inflación). Ya se ha producido en parte. Con la devaluación sabemos que sufren mayormente los asalariados con disminuciones de ingresos y pérdidas del valor de activos, como depósitos y otros. Además, Grecia, a diferencia de otros países de la UE, no tiene una red de protección social adecuada para este tipo de crisis, o sea, todo dependerá de cuán rápido puedan crear una red de protección y, sobre todo, cuán rápido puedan empezar a crecer de nuevo.
Entrevista de Florencia Lendoiro
