Las estadísticas de la protesta suelen subrayar que, a diferencia de los 90, en los años del kirchnerismo disminuyeron las impugnaciones al modelo económico y volvieron los pedidos típicos de la movilización sindical por salarios y condiciones de trabajo. Así, a partir de 2004/05, en nombre de la “vuelta a la normalidad”, muchos celebraron el corrimiento de las fronteras del conflicto social, de lo territorial a lo sindical. Más adelante, comenzó a hablarse en los discursos oficiales del “modelo”, el cual estaría ligado a la producción y al empleo, y por ende, involucraría conflictos por la redistribución.
Esta versión parcial que glorifica el “modelo”, a veces sin adjetivación; otras, como “modelo nacional y popular”, en los últimos tiempos se ha visto interpelada desde la conflictividad social : primero, desde el mundo sindical, por el asesinato de Mariano Ferreyra , que develó la trama oscura existente entre precarización, sindicalismo empresarial y apoyos del Gobierno, abriendo fuertes interrogantes sobre la calidad y el alcance del “modelo nacional y popular” .
Segundo, por la explosión de conflictos territoriales vinculados a la disputa por la tierra y la vivienda , en los cuales también deben incluirse aquellos de tipo socioambiental. Son especialmente este tipo de conflictos los que toman importancia en todo el país, debido tanto a una demanda acumulada de viviendas, como al creciente desplazamiento que sufren pobres urbanos, pueblos originarios y campesinos, a raíz de la implementación de modelos productivos que, entre otros, exigen el acaparamiento de tierras.
Así, los hechos de Ledesma que culminaron con cuatro muertos, conjugan problemas que tocan el corazón de esa otra cara del modelo productivo y ponen al descubierto un entramado de poder que el gobierno nacional busca esconder bajo la alfombra . Lo ocurrido allí evoca tanto la desesperación de aquellos masas de pobres que ocuparon el Parque Indoamericano en diciembre pasado, como la desesperación de la Comunidad Qom, de Formosa u otras poblaciones originarias, que hoy sufren el avance de la frontera agraria o se ven despojados de sus tierras, en nombre del agronegocio, los megaemprendimientos turísticos o futuros proyectos extractivos.
Ledesma, por ejemplo, ilustra el pasaje de la industria azucarera tradicional a la agroindustria de la caña de azúcar y, recientemente, a la producción de biocombustibles, favorecida por subsidios del Gobierno. No es casual entonces que la disputa por la tierra, que los necesitados exigen para vivienda, choque con la política de expansión territorial que exige el agronegocio, promovido desde los Estados nacional y provincial.
Esta es la otra cara del “modelo” que hoy conocen tantas provincias argentinas.
A esto se añade la historia negra del ingenio Ledesma, no sólo como símbolo de la oligarquía feudal del noroeste, sino también por lo acaecido en los `70, durante la “noche de los apagones”, en un claro ejemplo de asociación entre poder económico y dictadura militar.
Como manifestó el “Perro” Santillán, los propietarios de Ledesma “son los mismos que se codeaban con la dictadura militar y hoy aparecen en los actos junto a la presidenta Cristina Kirchner”.
He aquí, nuevamente, otro pedazo del discurso progresista que vuelve a crujir y nos lleva a complejizar lo que se entiende por “modelo”.
Finalmente, más allá del “efecto contagio” visible en otras ocupaciones, los hechos de Ledesma -como el de los Qom- plantean otras cuestiones: una, que si bien es verdad que el gobierno de los Kirchner no utiliza la represión como “política de Estado”, no es menos cierto que ésta aparece hoy ampliamente federalizada .
Por lo general, son los gobiernos provinciales -muchos de ellos vinculados al oficialismo-, los que apelan a la represión a través de grupos especiales, policía provincial, patotas sindicales e incluso guardias privadas , contra aquellos que cuestionan una política de acaparamiento de tierras, y por ende, directa o indirectamente recusan la expansión de modelos productivos avalados por políticas nacionales. Existe, como tal, una responsabilidad del gobierno nacional, cuyo sistema de mediaciones y entramados de poder es necesario analizar.
La última cuestión apunta a que los hechos de represión comienzan a ser recurrentes . Las muertes (trece personas en poco más de un año), lejos de ser casuales o esporádicas, comienzan banalizarse.
El Nunca Más , que tan dificultosamente ha bregado por instalar un nuevo umbral desde el cual pensar la democracia argentina -bajo el paradigma del respeto a la vida humana-, ha entrado en un tembladeral, lo que nos advierte sobre el complejo carácter que hoy reviste reflexionar sobre los derechos humanos en nuestra sociedad.
Esta versión parcial que glorifica el “modelo”, a veces sin adjetivación; otras, como “modelo nacional y popular”, en los últimos tiempos se ha visto interpelada desde la conflictividad social : primero, desde el mundo sindical, por el asesinato de Mariano Ferreyra , que develó la trama oscura existente entre precarización, sindicalismo empresarial y apoyos del Gobierno, abriendo fuertes interrogantes sobre la calidad y el alcance del “modelo nacional y popular” .
Segundo, por la explosión de conflictos territoriales vinculados a la disputa por la tierra y la vivienda , en los cuales también deben incluirse aquellos de tipo socioambiental. Son especialmente este tipo de conflictos los que toman importancia en todo el país, debido tanto a una demanda acumulada de viviendas, como al creciente desplazamiento que sufren pobres urbanos, pueblos originarios y campesinos, a raíz de la implementación de modelos productivos que, entre otros, exigen el acaparamiento de tierras.
Así, los hechos de Ledesma que culminaron con cuatro muertos, conjugan problemas que tocan el corazón de esa otra cara del modelo productivo y ponen al descubierto un entramado de poder que el gobierno nacional busca esconder bajo la alfombra . Lo ocurrido allí evoca tanto la desesperación de aquellos masas de pobres que ocuparon el Parque Indoamericano en diciembre pasado, como la desesperación de la Comunidad Qom, de Formosa u otras poblaciones originarias, que hoy sufren el avance de la frontera agraria o se ven despojados de sus tierras, en nombre del agronegocio, los megaemprendimientos turísticos o futuros proyectos extractivos.
Ledesma, por ejemplo, ilustra el pasaje de la industria azucarera tradicional a la agroindustria de la caña de azúcar y, recientemente, a la producción de biocombustibles, favorecida por subsidios del Gobierno. No es casual entonces que la disputa por la tierra, que los necesitados exigen para vivienda, choque con la política de expansión territorial que exige el agronegocio, promovido desde los Estados nacional y provincial.
Esta es la otra cara del “modelo” que hoy conocen tantas provincias argentinas.
A esto se añade la historia negra del ingenio Ledesma, no sólo como símbolo de la oligarquía feudal del noroeste, sino también por lo acaecido en los `70, durante la “noche de los apagones”, en un claro ejemplo de asociación entre poder económico y dictadura militar.
Como manifestó el “Perro” Santillán, los propietarios de Ledesma “son los mismos que se codeaban con la dictadura militar y hoy aparecen en los actos junto a la presidenta Cristina Kirchner”.
He aquí, nuevamente, otro pedazo del discurso progresista que vuelve a crujir y nos lleva a complejizar lo que se entiende por “modelo”.
Finalmente, más allá del “efecto contagio” visible en otras ocupaciones, los hechos de Ledesma -como el de los Qom- plantean otras cuestiones: una, que si bien es verdad que el gobierno de los Kirchner no utiliza la represión como “política de Estado”, no es menos cierto que ésta aparece hoy ampliamente federalizada .
Por lo general, son los gobiernos provinciales -muchos de ellos vinculados al oficialismo-, los que apelan a la represión a través de grupos especiales, policía provincial, patotas sindicales e incluso guardias privadas , contra aquellos que cuestionan una política de acaparamiento de tierras, y por ende, directa o indirectamente recusan la expansión de modelos productivos avalados por políticas nacionales. Existe, como tal, una responsabilidad del gobierno nacional, cuyo sistema de mediaciones y entramados de poder es necesario analizar.
La última cuestión apunta a que los hechos de represión comienzan a ser recurrentes . Las muertes (trece personas en poco más de un año), lejos de ser casuales o esporádicas, comienzan banalizarse.
El Nunca Más , que tan dificultosamente ha bregado por instalar un nuevo umbral desde el cual pensar la democracia argentina -bajo el paradigma del respeto a la vida humana-, ha entrado en un tembladeral, lo que nos advierte sobre el complejo carácter que hoy reviste reflexionar sobre los derechos humanos en nuestra sociedad.
