En los próximos días cerrará los detalles del proyecto de reforma impositiva que enviará a la Legislatura a fines de septiembre. Como mínimo, ajustará los impuestos con la inflación desde 2008.
Por Lucas Morando
13/08/11 – 02:37
Antes de viajar, Macri pidió que se avance con una decisión que tiene dos lecturas. Muchos porteños denunciarán un “impuestazo” postelectoral, mientras que otros celebrarán una reestructuración impositiva que podría beneficiarlos. Ambos tienen razón.
En las próximas semanas se terminarán de definir los porcentajes del aumento del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) que serán enviados a fines de septiembre a la Legislatura. El incremento será calculado según un relevamiento “casa por casa” realizado por la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) sobre las 1.700.000 partidas –departamentos, casas, cocheras, etc.– de la Ciudad.
En el Poder Ejecutivo estiman que el piso de incremento será del 40%, alineado con la inflación oficial registrada desde 2008, el 35%, con algunos puntos de retoque. El último incremento fue entre el 25% y el 200%.
“El ABL tiene que ajustarse por lo menos con la inflación oficial de los últimos cuatro años”, adelanta Alvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, y agrega: “En la mayoría de los barrios se ha convertido en un valor insignificante por la inflación, por su falta de actualización y porque se calcula sobre el valor fiscal de una propiedad, que es el 80% de su valor real.”
Pero fuentes oficiales confirmaron que el aumento será mucho mayor porque la idea es reformular la matriz impositiva porteña para que el ABL se calcule sobre el Valor Inmobiliario de Referencia (VIR), un indicador de la AGIP que representa el 80% del precio de mercado y no el 20%, como el Valor Fiscal. De esta forma, la recaudación debería multiplicarse por cuatro en un lapso que, se estima, será de cinco años, fijando topes anuales.
Otra novedad es que el ABL será “dinámico” porque se actualizará anualmente en función de dos indicadores: el desarrollo de la zona y los valores de la construcción. Así, un barrio beneficiado con más obras como Palermo pagará más que otro con nuevos asentamientos o villas que desvaloricen el m2, como sucede en Chacarita. El aumento tiene un techo: anualizado, nunca podrá ser mayor del 1% del valor del inmueble. Entre los argumentos de la suba, en el Ejecutivo aclaran que los $ 1.380 millones que se recaudan de ABL por año ya ni siquiera cubren los $ 1.500 millones que cuesta el servicio de recolección de residuos ni los $ 1.000 millones para alumbrado y mantenimiento. Otra de las razones es la distorsión en la recaudación en barrios como Recoleta, donde un departamento de 110 m2 valuado en US$ 230 mil paga $ 30 por bimestre.
Los técnicos de la AGIP trabajan en diversas proyecciones de recaudación: esta semana, en un despacho circulaba la estimación del aumento de los próximos años: “Habrá unas 50 mil propiedades que no tocaremos”, tranquilizan.
“Todo depende de lo que nos pida Macri y cuánta plata queramos invertir en 2012. Si decidimos hacer la obra de la autopista de la 9 de julio, el aumento no será el mismo que si no la hacemos”, explica uno de los funcionarios que teje el plan.
El próximo 30 de septiembre es el límite para que el Ejecutivo envíe a la Legislatura la ley de Presupuesto 2012 (acompañado por la Ley Tarifaria), donde estará contemplado este aumento. Pero algunos sectores del Gobierno evalúan la posibilidad de enviar antes una ley independiente con la reforma impositiva, con el objeto de empezar a consensuar con la oposición los 31 votos necesarios para aprobar la iniciativa. Si bien el PRO hoy cuenta con 24 votos, la mitad de los legisladores (30) termina su mandato el 10 de diciembre, lo que facilita –por diversas razones– su receptividad para llegar a acuerdos parlamentarios. Además, en la AGIP reconocen que la Ley debe salir cuanto antes para llegar con los tiempos de impresión de casi dos millones de boletas que deben repartirse en enero con los nuevos importes. En el Gobierno disparan: “Vivir en la Ciudad tiene que ser caro”.
Lidera el ranking de presión
La Ciudad de Buenos Aires comparte con la provincia homónima el podio del ranking de los distritos con mayor presión fiscal del país en una Argentina que tiene la relación de ingresos impositivos versus producto bruto más alta de su historia.
Ambos distritos, además, sobrepasan la media nacional. Es lógico, si se tiene en cuenta que concentran a los pobladores de mayores ingresos.
La presión fiscal sigue aumentando. La carga tributaria legal sobre un hogar asalariado era de entre 46 y 49% de sus ingresos totales el año pasado. Esas cifras crecieron a entre 46 y 50,4% este año. Aunque varias provincias ya cuentan con programas de revalúo y aumentaron alícuotas de impuestos, no sería de extrañar que la inflación no alcance para que sus ingresos fiscales se equiparen a sus gastos y tomen el camino de la Capital tras las elecciones.
Si bien luego de los comicios de octubre el Gobierno nacional no aplicaría un recorte del gasto, se espera que su expansión regrese a niveles pre-electorales y que lo consiga frenando obra pública. No necesita hacer un verdadero ajuste de sus cuentas públicas porque su recaudación crece impulsada por la inflación y el crecimiento económico.
Consultado por este diario, Ariel Barraud, del Iaraf, estimó que el Gobierno nacional “seguramente bajará el ritmo de crecimiento del gasto público” y que esa disminución se concentrará en los desembolsos de capital (es decir, obra pública), aunque aclaró que “va a ser más bien un freno frente al aceleramiento previo a la elección”. Sin embargo, descartó de plano que evalúe un ajuste por ahora.
“Si en algún momento se decide una política antiinflacionaria, va a tener que involucrar una reducción en el crecimiento del gasto público en los diferentes niveles de gobierno, ya que desaparecieron los superávits fiscales de años atrás”, dijo Barraud.
Por Lucas Morando
13/08/11 – 02:37
Antes de viajar, Macri pidió que se avance con una decisión que tiene dos lecturas. Muchos porteños denunciarán un “impuestazo” postelectoral, mientras que otros celebrarán una reestructuración impositiva que podría beneficiarlos. Ambos tienen razón.
En las próximas semanas se terminarán de definir los porcentajes del aumento del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) que serán enviados a fines de septiembre a la Legislatura. El incremento será calculado según un relevamiento “casa por casa” realizado por la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) sobre las 1.700.000 partidas –departamentos, casas, cocheras, etc.– de la Ciudad.
En el Poder Ejecutivo estiman que el piso de incremento será del 40%, alineado con la inflación oficial registrada desde 2008, el 35%, con algunos puntos de retoque. El último incremento fue entre el 25% y el 200%.
“El ABL tiene que ajustarse por lo menos con la inflación oficial de los últimos cuatro años”, adelanta Alvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, y agrega: “En la mayoría de los barrios se ha convertido en un valor insignificante por la inflación, por su falta de actualización y porque se calcula sobre el valor fiscal de una propiedad, que es el 80% de su valor real.”
Pero fuentes oficiales confirmaron que el aumento será mucho mayor porque la idea es reformular la matriz impositiva porteña para que el ABL se calcule sobre el Valor Inmobiliario de Referencia (VIR), un indicador de la AGIP que representa el 80% del precio de mercado y no el 20%, como el Valor Fiscal. De esta forma, la recaudación debería multiplicarse por cuatro en un lapso que, se estima, será de cinco años, fijando topes anuales.
Otra novedad es que el ABL será “dinámico” porque se actualizará anualmente en función de dos indicadores: el desarrollo de la zona y los valores de la construcción. Así, un barrio beneficiado con más obras como Palermo pagará más que otro con nuevos asentamientos o villas que desvaloricen el m2, como sucede en Chacarita. El aumento tiene un techo: anualizado, nunca podrá ser mayor del 1% del valor del inmueble. Entre los argumentos de la suba, en el Ejecutivo aclaran que los $ 1.380 millones que se recaudan de ABL por año ya ni siquiera cubren los $ 1.500 millones que cuesta el servicio de recolección de residuos ni los $ 1.000 millones para alumbrado y mantenimiento. Otra de las razones es la distorsión en la recaudación en barrios como Recoleta, donde un departamento de 110 m2 valuado en US$ 230 mil paga $ 30 por bimestre.
Los técnicos de la AGIP trabajan en diversas proyecciones de recaudación: esta semana, en un despacho circulaba la estimación del aumento de los próximos años: “Habrá unas 50 mil propiedades que no tocaremos”, tranquilizan.
“Todo depende de lo que nos pida Macri y cuánta plata queramos invertir en 2012. Si decidimos hacer la obra de la autopista de la 9 de julio, el aumento no será el mismo que si no la hacemos”, explica uno de los funcionarios que teje el plan.
El próximo 30 de septiembre es el límite para que el Ejecutivo envíe a la Legislatura la ley de Presupuesto 2012 (acompañado por la Ley Tarifaria), donde estará contemplado este aumento. Pero algunos sectores del Gobierno evalúan la posibilidad de enviar antes una ley independiente con la reforma impositiva, con el objeto de empezar a consensuar con la oposición los 31 votos necesarios para aprobar la iniciativa. Si bien el PRO hoy cuenta con 24 votos, la mitad de los legisladores (30) termina su mandato el 10 de diciembre, lo que facilita –por diversas razones– su receptividad para llegar a acuerdos parlamentarios. Además, en la AGIP reconocen que la Ley debe salir cuanto antes para llegar con los tiempos de impresión de casi dos millones de boletas que deben repartirse en enero con los nuevos importes. En el Gobierno disparan: “Vivir en la Ciudad tiene que ser caro”.
Lidera el ranking de presión
La Ciudad de Buenos Aires comparte con la provincia homónima el podio del ranking de los distritos con mayor presión fiscal del país en una Argentina que tiene la relación de ingresos impositivos versus producto bruto más alta de su historia.
Ambos distritos, además, sobrepasan la media nacional. Es lógico, si se tiene en cuenta que concentran a los pobladores de mayores ingresos.
La presión fiscal sigue aumentando. La carga tributaria legal sobre un hogar asalariado era de entre 46 y 49% de sus ingresos totales el año pasado. Esas cifras crecieron a entre 46 y 50,4% este año. Aunque varias provincias ya cuentan con programas de revalúo y aumentaron alícuotas de impuestos, no sería de extrañar que la inflación no alcance para que sus ingresos fiscales se equiparen a sus gastos y tomen el camino de la Capital tras las elecciones.
Si bien luego de los comicios de octubre el Gobierno nacional no aplicaría un recorte del gasto, se espera que su expansión regrese a niveles pre-electorales y que lo consiga frenando obra pública. No necesita hacer un verdadero ajuste de sus cuentas públicas porque su recaudación crece impulsada por la inflación y el crecimiento económico.
Consultado por este diario, Ariel Barraud, del Iaraf, estimó que el Gobierno nacional “seguramente bajará el ritmo de crecimiento del gasto público” y que esa disminución se concentrará en los desembolsos de capital (es decir, obra pública), aunque aclaró que “va a ser más bien un freno frente al aceleramiento previo a la elección”. Sin embargo, descartó de plano que evalúe un ajuste por ahora.
“Si en algún momento se decide una política antiinflacionaria, va a tener que involucrar una reducción en el crecimiento del gasto público en los diferentes niveles de gobierno, ya que desaparecieron los superávits fiscales de años atrás”, dijo Barraud.
