Al rebajar de estable a negativa la perspectiva del sistema bancario argentino, cuando sus indicadores ofrecen resultados óptimos, Moodys volvió a dejar en evidencia la falta de rigurosidad y el sesgo ideológico con que operan estas agencias.
Producción: Tomás Lukin
debate@pagina12.com.ar
Agencias miopes
Por Santiago Cámpora *
La rebaja de la perspectiva del sistema bancario argentino por parte de la empresa Moodys es una muestra más de la miopía con que actúan las agencias calificadoras de riesgo. El cuestionamiento alrededor de la solidez de los bancos no tiene asidero y representa un llamado de atención sobre la arbitrariedad y liviandad con que estas instituciones emiten sus opiniones. El último informe sobre bancos publicado por el Banco Central describe cabalmente la realidad del sistema bancario argentino: financiamiento creciente al sector productivo en un contexto de liquidez, solvencia y bajas tasas de morosidad. Ante este panorama, surge el interrogante sobre qué hay detrás de la exhortación que realiza la agencia.
Del informe presentado se desprenden algunos puntos sugestivos: en primer lugar, el sobredimensionamiento de cuestiones de tipo ideológico, reprobando la aplicación de políticas económicas no ortodoxas, cuando fue justamente este camino por fuera del andamiaje de la corriente principal del pensamiento económico el que ha llevado a nuestro país a un crecimiento sostenido.
En segundo lugar, la insistencia alrededor de un supuesto riesgo político que pudiera afectar el desempeño de los bancos en un futuro cercano. Más allá del carácter marcadamente incierto y antojadizo de la afirmación, no deja de causar sorpresa en tiempos donde el rumbo político de nuestro país ha quedado ampliamente legitimado por un porcentaje mayoritario de la población hace tan sólo algunas semanas.
En cuanto al accionar de las agencias de rating crediticio a nivel global, ya durante la reunión de Toronto del G-20 en el año 2009, se hizo hincapié en la necesidad de trabajar en el diseño de métodos objetivos, justos, uniformes y razonables para la evaluación del riesgo crediticio, procurando que reflejen, con la mayor precisión posible, la realidad económica de un país o sector. Hasta el momento, no se han producido avances sustanciales en la materia.
Las calificadoras de riesgo surgieron ante la conveniencia de contar con una entidad que recabara y procesara, de manera centralizada, toda la información necesaria para emitir una opinión sobre el riesgo inherente de un activo u emisor determinado, pero en algún punto, las calificaciones fueron introducidas al entramado regulatorio, dándoles una jerarquía superior a la de una mera opinión.
Este proceso de privatización de la regulación que tuvo lugar en las últimas décadas ha demostrado sus graves falencias. La responsabilidad de los reguladores a nivel nacional será diseñar esquemas que procuren subsanar esta cuestión en pos de recobrar un sistema financiero al servicio de la producción y el empleo, donde el crédito sea direccionado por evaluaciones objetivas e independientes.
En este sentido, es imperioso reducir la sobredependencia que tiene hoy la regulación financiera en las calificadoras. Si no se adoptan decisiones que rompan con este vínculo, los reguladores serán solidariamente responsables de los errores que puedan cometer estas instituciones.
Uno de los fundamentos de la teoría de los mercados eficientes es el de la información completa y perfecta. Los problemas prácticos de este postulado han sido evidenciados en reiteradas oportunidades y parece necesario retomar conciencia acerca del carácter de bien público de la información. En relación con este punto, la Comisión Nacional de Valores dispuso en días pasados la publicidad de los manuales de procedimiento y metodologías utilizados en el proceso de calificación como medida que garantice una correcta protección del público inversor, procurando una mayor transparencia en el mercado de capitales.
Ante las reiteradas fallas y problemas de asimetría e incentivos presentes, es pertinente que sea el Estado el que redefina los lineamientos para el correcto funcionamiento de la actividad. No parece ilógico en este contexto plantear la conveniencia de un sistema de evaluaciones crediticias de carácter público que garantice la transparencia, veracidad y oportunidad de la información generada.
Frente a lo expuesto, será importante repensar el rol que deberían desempeñar las calificadoras de riesgo en el sistema financiero. La evaluación realizada del sistema bancario local no sólo abona temores infundados, sino que es contraproducente con la necesidad de continuar canalizando el ahorro hacia la inversión productiva, en el marco de una mayor democratización del acceso al financiamiento que redunde en un apuntalamiento del proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro país.
* Economista Asesor de Directorio CNV-Miembro de la Gran Makro.
Informe asombroso
Por Pablo Mareso *
El 25 de agosto pasado la calificadora de riesgo Moodys rebajó de estable a negativa sus perspectivas acerca del sistema bancario argentino para un horizonte de 12 a 18 meses. Sus argumentos se basaron en una supuesta insostenibilidad de las políticas públicas para garantizar altos niveles de crecimiento y en la posible adopción de medidas intervencionistas del Gobierno sobre el sector, las cuales no fueron especificadas. Tal es la pérdida de credibilidad a la que han llegado este tipo de instituciones, habida cuenta de haber sido partícipes necesarios en la gestación de la crisis global, que la oposición política no pudo capitalizar este anuncio para cuestionar a la actual conducción del Banco Central.
No es la primera vez que Moodys rebaja sus perspectivas. En su informe anual del 2008 había adoptado una postura similar. Sin embargo, los años 2008, 2009 y 2010 reflejaron las rentabilidades más altas de la década. La rentabilidad sobre activos de los bancos privados, medida en dólares, fue de 15,1 por ciento, 21,2 y 23,2 por ciento respectivamente, guarismos muy superiores a los mejores años de la convertibilidad y por encima de la media observada tanto para países en desarrollo como desarrollados. El último informe provoca aún más asombro, no sólo por su escasa transparencia metodológica y falta de revisión de los errores pasados, sino también porque los distintos indicadores reflejan una situación todavía más sólida.
Según datos del Banco Central, a junio de este año, no sólo son superiores los resultados sobre patrimonio (24,4 por ciento en los últimos doce meses), sino que también han continuado descendiendo, desde niveles históricamente bajos, la participación de la cartera irregular (1,7 contra 3,1 por ciento) y la exposición de los bancos al sector público (10,9 contra 12,7 por ciento). A su vez, los niveles de endeudamiento de los hogares como porcentaje de la masa salarial están por debajo de los observados con anterioridad al estallido de la crisis. Cabe recordar que el stock de crédito para las familias en relación con el PBI (6,2 por ciento) es aproximadamente un tercio del que se registra para el promedio de América latina, lo que parece contradecir la hipótesis de un techo cercano para la expansión de las financiaciones al consumo por el lado de la demanda.
La decisión de Moodys invita a la reflexión acerca de las motivaciones políticas que pueden estar detrás de este anuncio. Durante los últimos 30 años han proliferado a escala global una serie de actores (calificadoras, bancos, burocracias de organismos estatales y multinacionales, etc.) que se han visto beneficiados a partir de las políticas de liberalizaciones financieras impulsadas desde los países centrales. La Argentina se ha ido transformando en el ejemplo concreto de que es posible seguir un sendero de crecimiento exitoso al margen del actual ordenamiento financiero internacional. Un país que reestructuró con quita su deuda soberana, que impone restricciones a la libre movilidad de capitales, y que no recurrió a los mercados de crédito para financiar su proceso de desarrollo, claramente es un mal ejemplo para aquellos países en donde se están imponiendo programas de ajuste para lograr la consolidación fiscal.
Más allá de estas cuestiones, la problemática del sistema financiero argentino desde la óptica del desarrollo plantea una agenda distinta, en donde cobra un rol fundamental la necesidad de canalizar el importante nivel de ahorro doméstico actual hacia el fortalecimiento del proceso de inversión, particularmente de aquella que permita relajar la restricción externa y sea compatible con la preservación de nuestros recursos naturales. En un reciente trabajo del CefidAR se analiza el desempeño de las principales entidades financieras para el período 2007-2010. En el mismo se concluye que la banca privada, con reducidos niveles de apalancamiento, se ha ido consolidando en el otorgamiento de préstamos destinados al consumo y de corto plazo, mientras que la banca pública nacional ha ido ganando participación en segmentos vinculados con financiaciones de mediano y largo plazo para las empresas. Las entidades privadas, al posicionarse en un segmento con bajo riesgo y con spreads más altos obtuvieron rentabilidades muy superiores a las observadas para la banca pública. Todo parece indicar que en ausencia de cambios regulatorios esta tendencia continuará en el futuro.
Por lo dicho anteriormente, el déficit del sistema financiero argentino no pasa por su falta de solidez o perspectivas de rentabilidad, sino por su debilidad como instrumento para el mejoramiento de la competitividad de la producción nacional. Avanzar en este sentido resulta una tarea nada sencilla, habida cuenta de la herencia recibida, pero indispensable a los fines de ponerlo en sintonía con las transformaciones ocurridas desde el año 2003.
* Investigador del Cefid-AR.
Producción: Tomás Lukin
debate@pagina12.com.ar
Agencias miopes
Por Santiago Cámpora *
La rebaja de la perspectiva del sistema bancario argentino por parte de la empresa Moodys es una muestra más de la miopía con que actúan las agencias calificadoras de riesgo. El cuestionamiento alrededor de la solidez de los bancos no tiene asidero y representa un llamado de atención sobre la arbitrariedad y liviandad con que estas instituciones emiten sus opiniones. El último informe sobre bancos publicado por el Banco Central describe cabalmente la realidad del sistema bancario argentino: financiamiento creciente al sector productivo en un contexto de liquidez, solvencia y bajas tasas de morosidad. Ante este panorama, surge el interrogante sobre qué hay detrás de la exhortación que realiza la agencia.
Del informe presentado se desprenden algunos puntos sugestivos: en primer lugar, el sobredimensionamiento de cuestiones de tipo ideológico, reprobando la aplicación de políticas económicas no ortodoxas, cuando fue justamente este camino por fuera del andamiaje de la corriente principal del pensamiento económico el que ha llevado a nuestro país a un crecimiento sostenido.
En segundo lugar, la insistencia alrededor de un supuesto riesgo político que pudiera afectar el desempeño de los bancos en un futuro cercano. Más allá del carácter marcadamente incierto y antojadizo de la afirmación, no deja de causar sorpresa en tiempos donde el rumbo político de nuestro país ha quedado ampliamente legitimado por un porcentaje mayoritario de la población hace tan sólo algunas semanas.
En cuanto al accionar de las agencias de rating crediticio a nivel global, ya durante la reunión de Toronto del G-20 en el año 2009, se hizo hincapié en la necesidad de trabajar en el diseño de métodos objetivos, justos, uniformes y razonables para la evaluación del riesgo crediticio, procurando que reflejen, con la mayor precisión posible, la realidad económica de un país o sector. Hasta el momento, no se han producido avances sustanciales en la materia.
Las calificadoras de riesgo surgieron ante la conveniencia de contar con una entidad que recabara y procesara, de manera centralizada, toda la información necesaria para emitir una opinión sobre el riesgo inherente de un activo u emisor determinado, pero en algún punto, las calificaciones fueron introducidas al entramado regulatorio, dándoles una jerarquía superior a la de una mera opinión.
Este proceso de privatización de la regulación que tuvo lugar en las últimas décadas ha demostrado sus graves falencias. La responsabilidad de los reguladores a nivel nacional será diseñar esquemas que procuren subsanar esta cuestión en pos de recobrar un sistema financiero al servicio de la producción y el empleo, donde el crédito sea direccionado por evaluaciones objetivas e independientes.
En este sentido, es imperioso reducir la sobredependencia que tiene hoy la regulación financiera en las calificadoras. Si no se adoptan decisiones que rompan con este vínculo, los reguladores serán solidariamente responsables de los errores que puedan cometer estas instituciones.
Uno de los fundamentos de la teoría de los mercados eficientes es el de la información completa y perfecta. Los problemas prácticos de este postulado han sido evidenciados en reiteradas oportunidades y parece necesario retomar conciencia acerca del carácter de bien público de la información. En relación con este punto, la Comisión Nacional de Valores dispuso en días pasados la publicidad de los manuales de procedimiento y metodologías utilizados en el proceso de calificación como medida que garantice una correcta protección del público inversor, procurando una mayor transparencia en el mercado de capitales.
Ante las reiteradas fallas y problemas de asimetría e incentivos presentes, es pertinente que sea el Estado el que redefina los lineamientos para el correcto funcionamiento de la actividad. No parece ilógico en este contexto plantear la conveniencia de un sistema de evaluaciones crediticias de carácter público que garantice la transparencia, veracidad y oportunidad de la información generada.
Frente a lo expuesto, será importante repensar el rol que deberían desempeñar las calificadoras de riesgo en el sistema financiero. La evaluación realizada del sistema bancario local no sólo abona temores infundados, sino que es contraproducente con la necesidad de continuar canalizando el ahorro hacia la inversión productiva, en el marco de una mayor democratización del acceso al financiamiento que redunde en un apuntalamiento del proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro país.
* Economista Asesor de Directorio CNV-Miembro de la Gran Makro.
Informe asombroso
Por Pablo Mareso *
El 25 de agosto pasado la calificadora de riesgo Moodys rebajó de estable a negativa sus perspectivas acerca del sistema bancario argentino para un horizonte de 12 a 18 meses. Sus argumentos se basaron en una supuesta insostenibilidad de las políticas públicas para garantizar altos niveles de crecimiento y en la posible adopción de medidas intervencionistas del Gobierno sobre el sector, las cuales no fueron especificadas. Tal es la pérdida de credibilidad a la que han llegado este tipo de instituciones, habida cuenta de haber sido partícipes necesarios en la gestación de la crisis global, que la oposición política no pudo capitalizar este anuncio para cuestionar a la actual conducción del Banco Central.
No es la primera vez que Moodys rebaja sus perspectivas. En su informe anual del 2008 había adoptado una postura similar. Sin embargo, los años 2008, 2009 y 2010 reflejaron las rentabilidades más altas de la década. La rentabilidad sobre activos de los bancos privados, medida en dólares, fue de 15,1 por ciento, 21,2 y 23,2 por ciento respectivamente, guarismos muy superiores a los mejores años de la convertibilidad y por encima de la media observada tanto para países en desarrollo como desarrollados. El último informe provoca aún más asombro, no sólo por su escasa transparencia metodológica y falta de revisión de los errores pasados, sino también porque los distintos indicadores reflejan una situación todavía más sólida.
Según datos del Banco Central, a junio de este año, no sólo son superiores los resultados sobre patrimonio (24,4 por ciento en los últimos doce meses), sino que también han continuado descendiendo, desde niveles históricamente bajos, la participación de la cartera irregular (1,7 contra 3,1 por ciento) y la exposición de los bancos al sector público (10,9 contra 12,7 por ciento). A su vez, los niveles de endeudamiento de los hogares como porcentaje de la masa salarial están por debajo de los observados con anterioridad al estallido de la crisis. Cabe recordar que el stock de crédito para las familias en relación con el PBI (6,2 por ciento) es aproximadamente un tercio del que se registra para el promedio de América latina, lo que parece contradecir la hipótesis de un techo cercano para la expansión de las financiaciones al consumo por el lado de la demanda.
La decisión de Moodys invita a la reflexión acerca de las motivaciones políticas que pueden estar detrás de este anuncio. Durante los últimos 30 años han proliferado a escala global una serie de actores (calificadoras, bancos, burocracias de organismos estatales y multinacionales, etc.) que se han visto beneficiados a partir de las políticas de liberalizaciones financieras impulsadas desde los países centrales. La Argentina se ha ido transformando en el ejemplo concreto de que es posible seguir un sendero de crecimiento exitoso al margen del actual ordenamiento financiero internacional. Un país que reestructuró con quita su deuda soberana, que impone restricciones a la libre movilidad de capitales, y que no recurrió a los mercados de crédito para financiar su proceso de desarrollo, claramente es un mal ejemplo para aquellos países en donde se están imponiendo programas de ajuste para lograr la consolidación fiscal.
Más allá de estas cuestiones, la problemática del sistema financiero argentino desde la óptica del desarrollo plantea una agenda distinta, en donde cobra un rol fundamental la necesidad de canalizar el importante nivel de ahorro doméstico actual hacia el fortalecimiento del proceso de inversión, particularmente de aquella que permita relajar la restricción externa y sea compatible con la preservación de nuestros recursos naturales. En un reciente trabajo del CefidAR se analiza el desempeño de las principales entidades financieras para el período 2007-2010. En el mismo se concluye que la banca privada, con reducidos niveles de apalancamiento, se ha ido consolidando en el otorgamiento de préstamos destinados al consumo y de corto plazo, mientras que la banca pública nacional ha ido ganando participación en segmentos vinculados con financiaciones de mediano y largo plazo para las empresas. Las entidades privadas, al posicionarse en un segmento con bajo riesgo y con spreads más altos obtuvieron rentabilidades muy superiores a las observadas para la banca pública. Todo parece indicar que en ausencia de cambios regulatorios esta tendencia continuará en el futuro.
Por lo dicho anteriormente, el déficit del sistema financiero argentino no pasa por su falta de solidez o perspectivas de rentabilidad, sino por su debilidad como instrumento para el mejoramiento de la competitividad de la producción nacional. Avanzar en este sentido resulta una tarea nada sencilla, habida cuenta de la herencia recibida, pero indispensable a los fines de ponerlo en sintonía con las transformaciones ocurridas desde el año 2003.
* Investigador del Cefid-AR.
