La consigna es llegar como una “marea verde”. Y muchos la cumplen. Desembocan en la calle de Alcalá desde las vías adyacentes con las camisetas tono oliva “por la educación pública”. Y con ruido, mucho ruido: silbatos, tambores, ollas. Todo vale. Miles de docentes, padres y alumnos (10.000, según las estimaciones de los organizadores) se concentraron ayer frente a la sede de la Consejería de Educación contra los recortes que este curso afectarán principalmente a la etapa de enseñanza secundaria.
La Consejería de Educación aprobó en julio unas instrucciones que suponen pasar de 18 a 20 horas de clase semanales por docente. El cambio implica la supresión de miles de interinos (unos 3.000, según los sindicatos). Los concentrados claman porque aseguran que pone en riesgo su trabajo. ¿Por qué? “En mi centro han quitado cinco profesores”, explica Charo Sánchez, profesora de Filosofía en Galapagar. “Para mí significa asumir dos grupos más de Educación para la Ciudadanía, 60 alumnos más que evaluar, conocer y motivar. Cualquiera entiende que el trabajo no es el mismo”. Su compañera Olga González, de Lengua y Literatura, se queda sin tiempo para dirigir la revista literaria del centro. “Lo de las 20 horas es lo de menos, no queremos menos horas si no más gente, la que nos han quitado”, grita en mitad de la pitada y el vocerío que reclama la dimisión de la consejera Lucía Figar con tono deportivo (“¡Vete ya, vete ya, vete ya…!”). González, que suda bajo la solana, critica la implantación de un complemento de 75 euros mensuales por tutor que acaba de aprobar la consejería: “No lo queremos, que se lo queden. No nos van a comprar”.
“No queremos menos horas, sino más gente”
«Nos rebajaron el sueldo y no protestamos. Tampoco protestamos por dos horas más», señala a unos metros Isabel Parra, directora de un centro de Móstoles, el IES Clara Campoamor, que este curso tendrá 13 profesores menos. Eso les obligará a reducir desdobles (las clases de lengua, matemáticas e inglés se dividen en grupos de 15 alumnos para una atención más pormenorizada) y a recortar la atención a los estudiantes de compensatoria, que son quienes van más retrasados y acumulan dos cursos de desfase. Hay 30 estudiantes en esas circunstancias y un solo un especialista a media jornada para ellos. «Nuestro centro está en una zona desfavorecida en el que tuvimos que poner un comedor porque había alumnos que no almorzaban», explica. Cuca Lagaz es docente de Lengua y Literatura en el mismo instituto. Asegura que renunciará al incremento que también ha aprobado Educación en su complemento de especial dedicación por ejercer de jefa de departamento. «Usaremos ese dinero para hacer carteles, pancartas y movilizaciones y seguiremos hasta que mantengan el profesorado», añade. Ninguna es partidaria de la huelga prevista para el 14 de septiembre, día del inicio de curso en secundaria, «porque perjudica a los alumnos». Es la medida más drástica puesta en la mesa hasta la fecha y se ha consultado centro por centro. Los sindicatos harán esta tarde una asamblea para poner en común las votaciones de profesores a lo largo de las dos últimas semanas en los claustros de los 300 institutos de Madrid. Según sus cálculos, el seguimiento al paro es masivo. Y los docentes piden que las movilizaciones continúen con el curso.
Muchas de las pancartas hacían recuento ayer del número de profesores que se pierden por centro tras el recorte de interinos. En el instituto Marqués de Santillana, de Colmenar Viejo, tendrán 12 menos. Entre otros efectos, se quedan sin desdobles y sin profesor para atender el mantenimiento de la biblioteca. Hasta el curso pasado lo hacía Rodolfo Muñoz, un profesor de Lengua que se acaba de jubilar. «Lo que más me preocupa es el desánimo de los que empiecen a trabajar y se encuentren este panorama», reflexiona entre banderines. «Yo he disfrutado mucho haciendo mi trabajo». Nuria Alfonso, profesora de Física y Química, será trasladada este curso de Leganés a Fuenlabrada. Protesta porque lleva tres cursos sin poder hacer prácticas de laboratorio. Para las prácticas, también se desdoblan los grupos. Y no había personal suficiente. «Los chicos se van del instituto sin hacer siquiera una disolución».
A su lado, dando saltitos, una falsa monja y una mujer disfrazada de Aguirre, recorren la concentración contando un chiste: «Se abre el telón, aparece Esperanza Aguirre. Se privatiza el telón». El profesor Fernando Barahona, que es el que va disfrazado con una peluca rubia, traje de falda de dos piezas y una careta con el rostro de la presidenta, añade: «No es para ahorrar, sí que hay dinero, pero ¿a dónde va? ¿eh? ¿A dónde?». A su espalda, otro cartel: «80 millones, lo que le quitan a la pública se lo dan a la privada». La consejería informó de que el recorte en interinos supondrá 80 millones de ahorro sin que hasta la fecha hayan detallado las partidas a las que irá destinado ese dinero. Barahona acusa a la Comunidad de Madrid, como los sindicatos y la oposición, de desviar ese dinero para desgravaciones fiscales a las familias con hijos en la escuela privada. En noviembre, la Comunidad aprobó un incremento de las deducciones por escolaridad que ampliaba los tramos de renta hasta 30.000 euros por miembro. Eso supone, por ejemplo, que una pareja de trabajadores con un hijo que ingresen 90.000 euros pueda obtener ayudas de hasta 900. La Comunidad niega que haya relación entre ambas cantidades.
«Con Espe se acentúa el problema», muestra otra pancarta en referencia a la carta que recibieron los docentes con sus nóminas, en las que Aguirre explicaba el ajuste. La misiva incluía varias faltas de ortografía. La presidenta restó ayer importancia esta mañana al asunto, asegurando que había una carta oficial (la que llegó a los medios) que fue la que salió de registro y que estaba bien escrita. Antes de mandarla, según Aguirre, «la volvieron a teclear y se olvidaron de los acentos».
La Consejería de Educación aprobó en julio unas instrucciones que suponen pasar de 18 a 20 horas de clase semanales por docente. El cambio implica la supresión de miles de interinos (unos 3.000, según los sindicatos). Los concentrados claman porque aseguran que pone en riesgo su trabajo. ¿Por qué? “En mi centro han quitado cinco profesores”, explica Charo Sánchez, profesora de Filosofía en Galapagar. “Para mí significa asumir dos grupos más de Educación para la Ciudadanía, 60 alumnos más que evaluar, conocer y motivar. Cualquiera entiende que el trabajo no es el mismo”. Su compañera Olga González, de Lengua y Literatura, se queda sin tiempo para dirigir la revista literaria del centro. “Lo de las 20 horas es lo de menos, no queremos menos horas si no más gente, la que nos han quitado”, grita en mitad de la pitada y el vocerío que reclama la dimisión de la consejera Lucía Figar con tono deportivo (“¡Vete ya, vete ya, vete ya…!”). González, que suda bajo la solana, critica la implantación de un complemento de 75 euros mensuales por tutor que acaba de aprobar la consejería: “No lo queremos, que se lo queden. No nos van a comprar”.
“No queremos menos horas, sino más gente”
«Nos rebajaron el sueldo y no protestamos. Tampoco protestamos por dos horas más», señala a unos metros Isabel Parra, directora de un centro de Móstoles, el IES Clara Campoamor, que este curso tendrá 13 profesores menos. Eso les obligará a reducir desdobles (las clases de lengua, matemáticas e inglés se dividen en grupos de 15 alumnos para una atención más pormenorizada) y a recortar la atención a los estudiantes de compensatoria, que son quienes van más retrasados y acumulan dos cursos de desfase. Hay 30 estudiantes en esas circunstancias y un solo un especialista a media jornada para ellos. «Nuestro centro está en una zona desfavorecida en el que tuvimos que poner un comedor porque había alumnos que no almorzaban», explica. Cuca Lagaz es docente de Lengua y Literatura en el mismo instituto. Asegura que renunciará al incremento que también ha aprobado Educación en su complemento de especial dedicación por ejercer de jefa de departamento. «Usaremos ese dinero para hacer carteles, pancartas y movilizaciones y seguiremos hasta que mantengan el profesorado», añade. Ninguna es partidaria de la huelga prevista para el 14 de septiembre, día del inicio de curso en secundaria, «porque perjudica a los alumnos». Es la medida más drástica puesta en la mesa hasta la fecha y se ha consultado centro por centro. Los sindicatos harán esta tarde una asamblea para poner en común las votaciones de profesores a lo largo de las dos últimas semanas en los claustros de los 300 institutos de Madrid. Según sus cálculos, el seguimiento al paro es masivo. Y los docentes piden que las movilizaciones continúen con el curso.
Muchas de las pancartas hacían recuento ayer del número de profesores que se pierden por centro tras el recorte de interinos. En el instituto Marqués de Santillana, de Colmenar Viejo, tendrán 12 menos. Entre otros efectos, se quedan sin desdobles y sin profesor para atender el mantenimiento de la biblioteca. Hasta el curso pasado lo hacía Rodolfo Muñoz, un profesor de Lengua que se acaba de jubilar. «Lo que más me preocupa es el desánimo de los que empiecen a trabajar y se encuentren este panorama», reflexiona entre banderines. «Yo he disfrutado mucho haciendo mi trabajo». Nuria Alfonso, profesora de Física y Química, será trasladada este curso de Leganés a Fuenlabrada. Protesta porque lleva tres cursos sin poder hacer prácticas de laboratorio. Para las prácticas, también se desdoblan los grupos. Y no había personal suficiente. «Los chicos se van del instituto sin hacer siquiera una disolución».
A su lado, dando saltitos, una falsa monja y una mujer disfrazada de Aguirre, recorren la concentración contando un chiste: «Se abre el telón, aparece Esperanza Aguirre. Se privatiza el telón». El profesor Fernando Barahona, que es el que va disfrazado con una peluca rubia, traje de falda de dos piezas y una careta con el rostro de la presidenta, añade: «No es para ahorrar, sí que hay dinero, pero ¿a dónde va? ¿eh? ¿A dónde?». A su espalda, otro cartel: «80 millones, lo que le quitan a la pública se lo dan a la privada». La consejería informó de que el recorte en interinos supondrá 80 millones de ahorro sin que hasta la fecha hayan detallado las partidas a las que irá destinado ese dinero. Barahona acusa a la Comunidad de Madrid, como los sindicatos y la oposición, de desviar ese dinero para desgravaciones fiscales a las familias con hijos en la escuela privada. En noviembre, la Comunidad aprobó un incremento de las deducciones por escolaridad que ampliaba los tramos de renta hasta 30.000 euros por miembro. Eso supone, por ejemplo, que una pareja de trabajadores con un hijo que ingresen 90.000 euros pueda obtener ayudas de hasta 900. La Comunidad niega que haya relación entre ambas cantidades.
«Con Espe se acentúa el problema», muestra otra pancarta en referencia a la carta que recibieron los docentes con sus nóminas, en las que Aguirre explicaba el ajuste. La misiva incluía varias faltas de ortografía. La presidenta restó ayer importancia esta mañana al asunto, asegurando que había una carta oficial (la que llegó a los medios) que fue la que salió de registro y que estaba bien escrita. Antes de mandarla, según Aguirre, «la volvieron a teclear y se olvidaron de los acentos».
