Mientras esperaba mi vuelo a Brasil en el aeropuerto de Miami dos semanas atrás, leí un artículo de los diarios brasileños de esa mañana que denunciaba que el ministro de Turismo estaba usando indebidamente a un empleado gubernamental como chofer privado de su esposa. Para el momento en que llegué a Brasilia, siete horas más tarde, el ministro ya había sido despedido.
Qué diferencia con lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos y con lo que estaba ocurriendo en Brasil hasta hace poco.
Era la quinta vez que la presidenta Dilma Rousseff despedía a un ministro desde que asumió su cargo en enero. Casi todos ellos renunciaron bajo presión, tras investigaciones periodísticas de supuestos delitos de corrupción.
No estamos hablando de desvíos de millones de dólares de fondos gubernamentales a cuentas privadas en el exterior, como los que cada tanto revelan los medios no oficialistas en la Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En Brasil, en cambio, Rousseff parece tener poca paciencia con todo tipo de actos indebidos.
El ex ministro de Turismo Pedro Novais se vio obligado a renunciar apenas unas horas después de que el diario Folha de São Paulo informó que estaba usando a un empleado del Congreso como chofer de su esposa. Antes, el diario había informado que Novais había pagado el salario de su empleada doméstica con dinero del Congreso entre 2003 y 2010. Asimismo, la oposición estaba pidiendo la renuncia del ex ministro desde el mes pasado, cuando la policía arrestó a 38 personas, incluido un alto funcionario del ministerio de Turismo, debido a cargos de corrupción.
Anteriormente, Rousseff había despedido a su ministro principal, Antonio Palocci, así como al ex ministro de Agricultura Wagner Rossi y al ex ministro de Transporte Alfredo Nascimento, en medio de denuncias de corrupción.
La cruzada de la presidenta está contribuyendo a mantener su índice de popularidad relativamente alto, del 49%, y está alimentando la especulación -negada por voceros del gobierno- de que se ha producido una grieta en la relación entre ella y su mentor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Varios de los ministros depuestos habían trabajado para Lula.
Aunque Lula sigue siendo muy popular, y se rumorea que quiere ser candidato presidencial en 2014, muchos empiezan a preguntarse por qué el ex presidente no actuó con igual firmeza cuando salían a la luz acusaciones de corrupción contra éstos y otros funcionarios de gobierno.
Lo más interesante es que Rousseff está actuando sobre la base de acusaciones hechas por los medios. Mientras otros gobiernos suelen acusar a los medios independientes de tener motivaciones políticas y antipatrióticas cuando informan sobre casos de corrupción gubernamental, Rousseff toma muy en serio los informes periodísticos creíbles y actúa en consecuencia.
«Es la prensa quien realiza las investigaciones. La presidenta simplemente reacciona a ellas», dijo el comentarista político de Folha de S. Paulo Fernando Rodríguez.
En Ecuador, en cambio, el presidente Rafael Correa arremetió contra los medios independientes después de que éstos informaron que su hermano Fabricio Correa había firmado contratos con su gobierno por más de 300 millones de dólares. Incluso luego de que su hermano confirmara la existencia de esos contratos, el presidente convocó a un referendo nacional para controlar a los medios, acusándolos de «secuestrar» a la opinión pública con métodos «criminales».
En la Argentina, la noticia del día es la malversación de una parte de los 160 millones que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregó al grupo de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo para un plan de construcción de viviendas, pero el Gobierno parece más empeñado en culpar a los medios que informaron sobre el hecho que en indagar si sus funcionarios cometieron algún delito.
En Venezuela, la cada vez más amordazada prensa independiente ha revelado que el gobierno del presidente Hugo Chávez ha desviado miles de millones de dólares -parte de los cuales terminaron en cuentas privadas en el exterior, mientras que cantidades más pequeñas fueron encontradas en maletas llenas de efectivo en aeropuertos extranjeros-, pero la reacción del presidente ha sido culpar a los medios no oficialistas de ser «agentes de la CIA».
Mi conclusión: se podría argumentar que todo el mundo es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio justo, y que Rousseff está actuando precipitadamente al despedir a sus ministros cuando éstos no pueden ofrecerle explicaciones convincentes sobre acusaciones periodísticas de actos corruptos.
Pero eso es mejor que lo que está ocurriendo en varios países vecinos, donde los presidentes hacen la vista gorda y ayudan a crear una cultura del vale todo. En vez de acusar a los medios, esos presidentes deberían seguir el ejemplo de Rousseff y despedir a sus funcionarios que no merezcan la confianza de la sociedad.
© La Nacion .
Qué diferencia con lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos y con lo que estaba ocurriendo en Brasil hasta hace poco.
Era la quinta vez que la presidenta Dilma Rousseff despedía a un ministro desde que asumió su cargo en enero. Casi todos ellos renunciaron bajo presión, tras investigaciones periodísticas de supuestos delitos de corrupción.
No estamos hablando de desvíos de millones de dólares de fondos gubernamentales a cuentas privadas en el exterior, como los que cada tanto revelan los medios no oficialistas en la Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En Brasil, en cambio, Rousseff parece tener poca paciencia con todo tipo de actos indebidos.
El ex ministro de Turismo Pedro Novais se vio obligado a renunciar apenas unas horas después de que el diario Folha de São Paulo informó que estaba usando a un empleado del Congreso como chofer de su esposa. Antes, el diario había informado que Novais había pagado el salario de su empleada doméstica con dinero del Congreso entre 2003 y 2010. Asimismo, la oposición estaba pidiendo la renuncia del ex ministro desde el mes pasado, cuando la policía arrestó a 38 personas, incluido un alto funcionario del ministerio de Turismo, debido a cargos de corrupción.
Anteriormente, Rousseff había despedido a su ministro principal, Antonio Palocci, así como al ex ministro de Agricultura Wagner Rossi y al ex ministro de Transporte Alfredo Nascimento, en medio de denuncias de corrupción.
La cruzada de la presidenta está contribuyendo a mantener su índice de popularidad relativamente alto, del 49%, y está alimentando la especulación -negada por voceros del gobierno- de que se ha producido una grieta en la relación entre ella y su mentor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Varios de los ministros depuestos habían trabajado para Lula.
Aunque Lula sigue siendo muy popular, y se rumorea que quiere ser candidato presidencial en 2014, muchos empiezan a preguntarse por qué el ex presidente no actuó con igual firmeza cuando salían a la luz acusaciones de corrupción contra éstos y otros funcionarios de gobierno.
Lo más interesante es que Rousseff está actuando sobre la base de acusaciones hechas por los medios. Mientras otros gobiernos suelen acusar a los medios independientes de tener motivaciones políticas y antipatrióticas cuando informan sobre casos de corrupción gubernamental, Rousseff toma muy en serio los informes periodísticos creíbles y actúa en consecuencia.
«Es la prensa quien realiza las investigaciones. La presidenta simplemente reacciona a ellas», dijo el comentarista político de Folha de S. Paulo Fernando Rodríguez.
En Ecuador, en cambio, el presidente Rafael Correa arremetió contra los medios independientes después de que éstos informaron que su hermano Fabricio Correa había firmado contratos con su gobierno por más de 300 millones de dólares. Incluso luego de que su hermano confirmara la existencia de esos contratos, el presidente convocó a un referendo nacional para controlar a los medios, acusándolos de «secuestrar» a la opinión pública con métodos «criminales».
En la Argentina, la noticia del día es la malversación de una parte de los 160 millones que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregó al grupo de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo para un plan de construcción de viviendas, pero el Gobierno parece más empeñado en culpar a los medios que informaron sobre el hecho que en indagar si sus funcionarios cometieron algún delito.
En Venezuela, la cada vez más amordazada prensa independiente ha revelado que el gobierno del presidente Hugo Chávez ha desviado miles de millones de dólares -parte de los cuales terminaron en cuentas privadas en el exterior, mientras que cantidades más pequeñas fueron encontradas en maletas llenas de efectivo en aeropuertos extranjeros-, pero la reacción del presidente ha sido culpar a los medios no oficialistas de ser «agentes de la CIA».
Mi conclusión: se podría argumentar que todo el mundo es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio justo, y que Rousseff está actuando precipitadamente al despedir a sus ministros cuando éstos no pueden ofrecerle explicaciones convincentes sobre acusaciones periodísticas de actos corruptos.
Pero eso es mejor que lo que está ocurriendo en varios países vecinos, donde los presidentes hacen la vista gorda y ayudan a crear una cultura del vale todo. En vez de acusar a los medios, esos presidentes deberían seguir el ejemplo de Rousseff y despedir a sus funcionarios que no merezcan la confianza de la sociedad.
© La Nacion .
