De izq. a derecha: Cristian Martin (24), Fabiana Casafus (35), Matías Fabbri (25), Hernán Romano (27) y Roberto Rouvier (26).
Un grupo de jóvenes chacareros posa en el Monumento a la Bandera de Rosario, a días del comienzo de la primavera 2011. La postal contrasta con la del 25 de mayo de 2008, cuando la Mesa de Enlace convocó a un acto autodefinido “federal y patrio”. Pero si aquella invitación de los cuatro cruzados, acompañados por una oposición oportunista, tuvo la intención de marcar la agenda del Gobierno para impedir las retenciones móviles, esta revela un proceso en movimiento, propio del nuevo tiempo. La pertenencia al agro de esta juventud ya no los encuentra alrededor de esa mesa sino de una nueva, que tiene como objetivo pensar la ruralidad en diálogo con el Gobierno.
“La Sociedad Rural tiene hectáreas de sobra y cosechas guardadas, y entienden que de ese modo pueden discutir y luchar por su modelo de país. Pero para nosotros, los pequeños y medianos productores, el tiempo del cambio es ahora. Y tenemos que aprovecharlo. No podemos seguir siendo algo que no somos”, dice Matías Fabbri, 25 años, estudiante de Economía y miembro de la Federación Agraria Argentina (FAA). El “algo” de Fabbri refiere a la alianza que la FAA, que dirige Eduardo Buzzi, mantiene con la Sociedad Rural, de Hugo Biolcati. Un pacto que nació de la mano del conflicto del campo con el Gobierno y que generó adhesiones y críticas en distintas dosis.
“Desde el vamos me incomodó ese acuerdo –cuenta Fabbri–. Yo podía entender lo que decía Buzzi, respecto de que ‘nos unió el espanto’, porque la 125 afectaba determinados intereses y tenía que discutirse porque no podía considerar a todos por igual. Pero después de ese proceso, ya no tenía ni tiene sentido porque es ser oposición por oposición misma. La Federación Agraria se creó en 1912 en contra de la Sociedad Rural para generar mejores condiciones de arrendamiento. Y sea 1912 o 2010, siguen siendo la misma porquería. Ellos no cambian y quieren un país que no es el que nosotros queremos. Por eso, creo que no podemos estar juntos, por más que sea por algo coyuntural.”
Nacido y criado en Camilo Aldao, Córdoba, Fabbri integra una típica familia chacarera de la pampa húmeda, que históricamente militó en la federación. “Hoy la situación no es la misma que en 2008 –describe–. Podrán decir que la salida de la convertibilidad le dio envión al campo y que lo mismo sucedió con el viento de cola de los precios internacionales. Pero eso también se sostiene con políticas públicas. Los productores pudieron cancelar créditos que habían tomado para subsistir en los ’90, se reestructuraron líneas de trenes que abaratan los fletes, se intervino en el sistema de la carne, con el cierre de exportaciones en 2007, que fue una medida criticada pero permitió mejorar el precio para el productor. Hace falta más pero hay margen para avanzar.”
Conscientes del corte generacional que los aglutina, los jóvenes chacareros realizan una advertencia: “No discutimos únicamente el lugar que debemos ocupar. Pensamos y debatimos la agenda agropecuaria en su totalidad”.
En Santa Ana, Tucumán, ese debate incluye la forma en que viven los treinta mil habitantes del lugar que trabajan, principalmente, en la producción de caña de azúcar y la industria tabacalera. El pueblo le debe su nombre al ingenio y refinería homónimos, que el francés Clodomiro Hilleret fundó en 1889. Ese gigante cerró sus puertas durante el gobierno de Onganía, amparado por la Ley de Cierre de Ingenios, en una jornada que incluyó aviones de la Fuerza Aérea y personal de Gendarmería destinados a ponerle fin a la producción en el lugar. Una ferocidad que volvería a repetirse en la década del ’70, con la decisión de Antonio Bussi de convertir esas instalaciones en un centro de detención clandestino.
“Lo que no te mata, te fortalece”, repite Hernán Romano. Con 27 años de vida en Santa Ana, Romano conoce como pocos las vicisitudes de una localidad que cada día amanece para trabajar: “Yo tuve la oportunidad de estudiar pero la mayoría también levanta cosechas. A los 14 años me tomaba un colectivo que tenía 35 asientos y éramos 70, de edades diversas: había chicos más chicos que yo y tipos de 80 que seguían trabajando porque si no lo hacían no comían y, por ende, no vivían. Por eso, empecé a militar políticamente en los últimos años: quería cambiar esa realidad y encontré un Estado que empezaba a dar algunas respuestas”.
Su utopía de cambio chocó con las críticas de sus vecinos en 2008, que hicieron propios los argumentos de una Mesa de Enlace que no se hizo presente en la localidad pero traspasó la puerta de los hogares a través de los medios. “Nadie sabía muy bien de qué se trataba la resolución 125 –recuerda Romano–. Pero, desde mi punto de vista, el conflicto terminó fortaleciendo al proyecto. El boca a boca sirvió para contar que había conquistas que eran para todos. Como por ejemplo, que haya más control sobre la informalidad agraria o más trabajadores puedan acceder a las jubilaciones. Alguna vez, el Estado los había dejado de lado, por una conveniente alianza con la patronal, pero ahora eso está cambiando. Aunque también depende de nuestra participación lograr otras mejoras.”
Las demandas de los pequeños y medianos productores comenzaron a escucharse en el Foro Nacional de Agricultura Familiar, integrado por distintas organizaciones sociales, y en la cartera del mismo nombre que depende del Ministerio de Agricultura. Muchos de los jóvenes rurales, incluso, recibieron una capacitación de formación política en el marco de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF), que asesora sobre políticas para el sector, en el marco del Mercosur. Uno de ellos fue Cristian Martin, 24 años, dirigente de la FAA, oriundo de Positos, San Juan, donde su familia es dueña de un campo de 5 hectáreas y alquila otras cinco que dedica a la horticultura. “Esa instancia nos sirvió para exponer, a través de nuestra experiencia, la situación de los jóvenes rurales –cuenta Martin–. Fue un trabajo que conectó a las organizaciones con el ministerio, en una apuesta muy grande, porque el curso se realizó en cuatro módulos entre el 2008 y el 2009, durante una situación política tormentosa. Estábamos en el medio de dos posiciones muy antagónicas, donde era fácil encasillar a uno y otro como el enemigo. Por ejemplo, había organizaciones más cercanas al Gobierno que nos ponían en la vereda de enfrente y miembros de la Federación Agraria que nos tildaban de traidores. Pero pudimos participar con libertad y creemos que fue un éxito, porque durante 2010 y parte del 2011 llevamos esos conocimientos adquiridos a nuestras regiones.”
La militancia agropecuaria de Martin se dio casi como una herramienta de resistencia. En los ’90, su familia encontró en el modelo cooperativo una forma digna de subsistencia y se unió a la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (Fecroagro). Él tenía 11 años y una genética vocación dirigencial.
“Con la 125, intentamos mostrarle a la gente que los impuestos que pagaba un pequeño productor eran iguales a los de los grandes. Era necesaria la segmentación que tendiera a igualar oportunidades así como la intervención del Estado para que ello se concretara. Por eso, muchos jóvenes de la federación y dirigentes de economías regionales fuimos críticos de la Mesa de Enlace cuando se terminó la 125, con el famoso voto de Julio Cobos. Creíamos que debía darse vuelta la página, entendíamos que ni la Sociedad Rural ni Confederaciones Rurales Argentinas estarían acompañándonos en las rutas si el reclamo era por la pertenencia de la tierra. Justamente porque sus socios eran los que avanzan sobre la acumulación o la compra especulativa y porque Biolcati nunca habló de la segmentación de las retenciones. Con ellos, la construcción de una agenda común era imposible.”
Roberto Rouvier comparte la mirada de Martin. Oriundo de Florencia, localidad que se encuentra en el extremo noreste de Santa Fe, también integra la Federación Agraria y entiende al Estado “como un actor fundamental para equiparar oportunidades y seguir formando parte de un modelo de desarrollo que incluya a todos”. Su historia da cuenta de una formación característica de la región del NEA, que contribuye a conservar y transmitir las costumbres, tradiciones y modos de producción rurales: completó la secundaria en un internado EFA (Escuela Familia Agrícola), que implicaba pasar dos semanas estudiando teoría y otras dos aplicando los conocimientos en el hogar. Después llegaría el estudio terciario en administración de cooperativas y mutuales, en Corrientes –gracias a una beca que le consiguió en el centro juvenil del pueblo, ligado a la Federación Agraria– y la contraparte “militante” en agradecimiento a esa gestión.
“Con el tiempo, nosotros vimos cómo los productores iban desapareciendo, porque no podían mantener sus chacras. Hoy en Florencia quedan como mucho 40 productores. Y eso va dejando secuelas. Ahora apuntamos a un modelo de país que genere valor agregado en los lugares, que fortalezca el sentido de pertenencia y que no quede como discurso o sea un salvavidas de plomo –reflexiona Rouvier–. Queremos un modelo que tenga en cuenta una planificación seria, factible, que permita generar mayores ingresos para los pequeños y medianos productores y genere también más puestos de trabajo, que transformen la realidad de los territorios.”
Los jóvenes comparten el país que imagina Rouvier. Martin, agrega: “Resulta necesario pensar en una construcción política que privilegie las cuestiones populares. A fines de 2008 escuché a Enrique Martínez, presidente del INTI, hablar sobre el modelo de industrialización para el agro pero no por el discurso en sí del agregado de valor en origen sino por lo que significaba para la trama social. Esa mirada integral es la que tiene que prevalecer por encima del resto”.
Desde la cartera que dirige Julián Domínguez, la apuesta a la juventud incluyó la conformación de una dirección que atendiera los reclamos del sector. Favio Pirone, coordinador general de los cursos de formación del ministerio, considera que “es indispensable contar con un espacio institucional de discusión. Donde las distintas organizaciones y los jóvenes rurales, que tienen como motor seguir viviendo en el campo, planteen sus demandas específicas y dialoguen con los actores políticos”.
En todo caso, el desafío a futuro apunta a la construcción de una organización de juventud agropecuaria que los contenga a todos. “La voluntad de las partes está presente –asegura Rouvier–. Lo importante es que puedan estar todas las patas en la mesa, sean gremiales, sociales o estatales. Hay que generar una realidad diferente para la juventud rural, que tiene problemas propios como la cuestión de la migración, el acceso a la tierra, la educación. Tenemos que defender un modelo de país que genere oportunidades para todos, que nos permita seguir viviendo como productores. Rescato cosas que hizo este gobierno pero todavía queda mucho por hacer. Un ejemplo: se presentó un plan estratégico pero hay que llenarlo de rostros humanos que le den sentido.”
Para Fabiana Casafus, 35 años, integrante de Federación Tierra y Vivienda y feriante de Posadas, lo importante está en el futuro: “Dentro de lo malo que pudo haber sido la década de los ’90, la crisis del 2001 y el enfrentamiento en 2008, hay cosas buenas para rescatar. Comprendimos que no estamos solos, que hay jóvenes por todo el país que discuten estas cuestiones y la existencia de un espacio de agricultura familiar. Conocernos en instancias como el REAF nos permitió ponernos en contacto entre nosotros y con funcionarios o técnicos con los cuales trabajamos articuladamente. El nivel de conciencia sobre nuestra realidad nos da la posibilidad de reconocer los avances y exigir más”.
Ellos, como tantos otros, están dispuestos a seguir ese camino.
Un grupo de jóvenes chacareros posa en el Monumento a la Bandera de Rosario, a días del comienzo de la primavera 2011. La postal contrasta con la del 25 de mayo de 2008, cuando la Mesa de Enlace convocó a un acto autodefinido “federal y patrio”. Pero si aquella invitación de los cuatro cruzados, acompañados por una oposición oportunista, tuvo la intención de marcar la agenda del Gobierno para impedir las retenciones móviles, esta revela un proceso en movimiento, propio del nuevo tiempo. La pertenencia al agro de esta juventud ya no los encuentra alrededor de esa mesa sino de una nueva, que tiene como objetivo pensar la ruralidad en diálogo con el Gobierno.
“La Sociedad Rural tiene hectáreas de sobra y cosechas guardadas, y entienden que de ese modo pueden discutir y luchar por su modelo de país. Pero para nosotros, los pequeños y medianos productores, el tiempo del cambio es ahora. Y tenemos que aprovecharlo. No podemos seguir siendo algo que no somos”, dice Matías Fabbri, 25 años, estudiante de Economía y miembro de la Federación Agraria Argentina (FAA). El “algo” de Fabbri refiere a la alianza que la FAA, que dirige Eduardo Buzzi, mantiene con la Sociedad Rural, de Hugo Biolcati. Un pacto que nació de la mano del conflicto del campo con el Gobierno y que generó adhesiones y críticas en distintas dosis.
“Desde el vamos me incomodó ese acuerdo –cuenta Fabbri–. Yo podía entender lo que decía Buzzi, respecto de que ‘nos unió el espanto’, porque la 125 afectaba determinados intereses y tenía que discutirse porque no podía considerar a todos por igual. Pero después de ese proceso, ya no tenía ni tiene sentido porque es ser oposición por oposición misma. La Federación Agraria se creó en 1912 en contra de la Sociedad Rural para generar mejores condiciones de arrendamiento. Y sea 1912 o 2010, siguen siendo la misma porquería. Ellos no cambian y quieren un país que no es el que nosotros queremos. Por eso, creo que no podemos estar juntos, por más que sea por algo coyuntural.”
Nacido y criado en Camilo Aldao, Córdoba, Fabbri integra una típica familia chacarera de la pampa húmeda, que históricamente militó en la federación. “Hoy la situación no es la misma que en 2008 –describe–. Podrán decir que la salida de la convertibilidad le dio envión al campo y que lo mismo sucedió con el viento de cola de los precios internacionales. Pero eso también se sostiene con políticas públicas. Los productores pudieron cancelar créditos que habían tomado para subsistir en los ’90, se reestructuraron líneas de trenes que abaratan los fletes, se intervino en el sistema de la carne, con el cierre de exportaciones en 2007, que fue una medida criticada pero permitió mejorar el precio para el productor. Hace falta más pero hay margen para avanzar.”
Conscientes del corte generacional que los aglutina, los jóvenes chacareros realizan una advertencia: “No discutimos únicamente el lugar que debemos ocupar. Pensamos y debatimos la agenda agropecuaria en su totalidad”.
En Santa Ana, Tucumán, ese debate incluye la forma en que viven los treinta mil habitantes del lugar que trabajan, principalmente, en la producción de caña de azúcar y la industria tabacalera. El pueblo le debe su nombre al ingenio y refinería homónimos, que el francés Clodomiro Hilleret fundó en 1889. Ese gigante cerró sus puertas durante el gobierno de Onganía, amparado por la Ley de Cierre de Ingenios, en una jornada que incluyó aviones de la Fuerza Aérea y personal de Gendarmería destinados a ponerle fin a la producción en el lugar. Una ferocidad que volvería a repetirse en la década del ’70, con la decisión de Antonio Bussi de convertir esas instalaciones en un centro de detención clandestino.
“Lo que no te mata, te fortalece”, repite Hernán Romano. Con 27 años de vida en Santa Ana, Romano conoce como pocos las vicisitudes de una localidad que cada día amanece para trabajar: “Yo tuve la oportunidad de estudiar pero la mayoría también levanta cosechas. A los 14 años me tomaba un colectivo que tenía 35 asientos y éramos 70, de edades diversas: había chicos más chicos que yo y tipos de 80 que seguían trabajando porque si no lo hacían no comían y, por ende, no vivían. Por eso, empecé a militar políticamente en los últimos años: quería cambiar esa realidad y encontré un Estado que empezaba a dar algunas respuestas”.
Su utopía de cambio chocó con las críticas de sus vecinos en 2008, que hicieron propios los argumentos de una Mesa de Enlace que no se hizo presente en la localidad pero traspasó la puerta de los hogares a través de los medios. “Nadie sabía muy bien de qué se trataba la resolución 125 –recuerda Romano–. Pero, desde mi punto de vista, el conflicto terminó fortaleciendo al proyecto. El boca a boca sirvió para contar que había conquistas que eran para todos. Como por ejemplo, que haya más control sobre la informalidad agraria o más trabajadores puedan acceder a las jubilaciones. Alguna vez, el Estado los había dejado de lado, por una conveniente alianza con la patronal, pero ahora eso está cambiando. Aunque también depende de nuestra participación lograr otras mejoras.”
Las demandas de los pequeños y medianos productores comenzaron a escucharse en el Foro Nacional de Agricultura Familiar, integrado por distintas organizaciones sociales, y en la cartera del mismo nombre que depende del Ministerio de Agricultura. Muchos de los jóvenes rurales, incluso, recibieron una capacitación de formación política en el marco de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF), que asesora sobre políticas para el sector, en el marco del Mercosur. Uno de ellos fue Cristian Martin, 24 años, dirigente de la FAA, oriundo de Positos, San Juan, donde su familia es dueña de un campo de 5 hectáreas y alquila otras cinco que dedica a la horticultura. “Esa instancia nos sirvió para exponer, a través de nuestra experiencia, la situación de los jóvenes rurales –cuenta Martin–. Fue un trabajo que conectó a las organizaciones con el ministerio, en una apuesta muy grande, porque el curso se realizó en cuatro módulos entre el 2008 y el 2009, durante una situación política tormentosa. Estábamos en el medio de dos posiciones muy antagónicas, donde era fácil encasillar a uno y otro como el enemigo. Por ejemplo, había organizaciones más cercanas al Gobierno que nos ponían en la vereda de enfrente y miembros de la Federación Agraria que nos tildaban de traidores. Pero pudimos participar con libertad y creemos que fue un éxito, porque durante 2010 y parte del 2011 llevamos esos conocimientos adquiridos a nuestras regiones.”
La militancia agropecuaria de Martin se dio casi como una herramienta de resistencia. En los ’90, su familia encontró en el modelo cooperativo una forma digna de subsistencia y se unió a la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (Fecroagro). Él tenía 11 años y una genética vocación dirigencial.
“Con la 125, intentamos mostrarle a la gente que los impuestos que pagaba un pequeño productor eran iguales a los de los grandes. Era necesaria la segmentación que tendiera a igualar oportunidades así como la intervención del Estado para que ello se concretara. Por eso, muchos jóvenes de la federación y dirigentes de economías regionales fuimos críticos de la Mesa de Enlace cuando se terminó la 125, con el famoso voto de Julio Cobos. Creíamos que debía darse vuelta la página, entendíamos que ni la Sociedad Rural ni Confederaciones Rurales Argentinas estarían acompañándonos en las rutas si el reclamo era por la pertenencia de la tierra. Justamente porque sus socios eran los que avanzan sobre la acumulación o la compra especulativa y porque Biolcati nunca habló de la segmentación de las retenciones. Con ellos, la construcción de una agenda común era imposible.”
Roberto Rouvier comparte la mirada de Martin. Oriundo de Florencia, localidad que se encuentra en el extremo noreste de Santa Fe, también integra la Federación Agraria y entiende al Estado “como un actor fundamental para equiparar oportunidades y seguir formando parte de un modelo de desarrollo que incluya a todos”. Su historia da cuenta de una formación característica de la región del NEA, que contribuye a conservar y transmitir las costumbres, tradiciones y modos de producción rurales: completó la secundaria en un internado EFA (Escuela Familia Agrícola), que implicaba pasar dos semanas estudiando teoría y otras dos aplicando los conocimientos en el hogar. Después llegaría el estudio terciario en administración de cooperativas y mutuales, en Corrientes –gracias a una beca que le consiguió en el centro juvenil del pueblo, ligado a la Federación Agraria– y la contraparte “militante” en agradecimiento a esa gestión.
“Con el tiempo, nosotros vimos cómo los productores iban desapareciendo, porque no podían mantener sus chacras. Hoy en Florencia quedan como mucho 40 productores. Y eso va dejando secuelas. Ahora apuntamos a un modelo de país que genere valor agregado en los lugares, que fortalezca el sentido de pertenencia y que no quede como discurso o sea un salvavidas de plomo –reflexiona Rouvier–. Queremos un modelo que tenga en cuenta una planificación seria, factible, que permita generar mayores ingresos para los pequeños y medianos productores y genere también más puestos de trabajo, que transformen la realidad de los territorios.”
Los jóvenes comparten el país que imagina Rouvier. Martin, agrega: “Resulta necesario pensar en una construcción política que privilegie las cuestiones populares. A fines de 2008 escuché a Enrique Martínez, presidente del INTI, hablar sobre el modelo de industrialización para el agro pero no por el discurso en sí del agregado de valor en origen sino por lo que significaba para la trama social. Esa mirada integral es la que tiene que prevalecer por encima del resto”.
Desde la cartera que dirige Julián Domínguez, la apuesta a la juventud incluyó la conformación de una dirección que atendiera los reclamos del sector. Favio Pirone, coordinador general de los cursos de formación del ministerio, considera que “es indispensable contar con un espacio institucional de discusión. Donde las distintas organizaciones y los jóvenes rurales, que tienen como motor seguir viviendo en el campo, planteen sus demandas específicas y dialoguen con los actores políticos”.
En todo caso, el desafío a futuro apunta a la construcción de una organización de juventud agropecuaria que los contenga a todos. “La voluntad de las partes está presente –asegura Rouvier–. Lo importante es que puedan estar todas las patas en la mesa, sean gremiales, sociales o estatales. Hay que generar una realidad diferente para la juventud rural, que tiene problemas propios como la cuestión de la migración, el acceso a la tierra, la educación. Tenemos que defender un modelo de país que genere oportunidades para todos, que nos permita seguir viviendo como productores. Rescato cosas que hizo este gobierno pero todavía queda mucho por hacer. Un ejemplo: se presentó un plan estratégico pero hay que llenarlo de rostros humanos que le den sentido.”
Para Fabiana Casafus, 35 años, integrante de Federación Tierra y Vivienda y feriante de Posadas, lo importante está en el futuro: “Dentro de lo malo que pudo haber sido la década de los ’90, la crisis del 2001 y el enfrentamiento en 2008, hay cosas buenas para rescatar. Comprendimos que no estamos solos, que hay jóvenes por todo el país que discuten estas cuestiones y la existencia de un espacio de agricultura familiar. Conocernos en instancias como el REAF nos permitió ponernos en contacto entre nosotros y con funcionarios o técnicos con los cuales trabajamos articuladamente. El nivel de conciencia sobre nuestra realidad nos da la posibilidad de reconocer los avances y exigir más”.
Ellos, como tantos otros, están dispuestos a seguir ese camino.
