Una comisión de la Cámara alta realiza hoy una audiencia pública para empezar a debatir un marco regulatorio para los servicios de telefonía móvil. Hay dos proyectos iniciales.
La Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, presidida por María Eugenia Estenssoro (CC), realizará hoy una audiencia pública para analizar la posibilidad de declarar a la telefonía móvil como un servicio público. Hay dos proyectos en discusión. Por un lado, la iniciativa del socialista Rubén Giustiniani busca fijar tarifas máximas para todos los prestadores y obliga a las empresas a transparentar sus costos, ingresos y pasivos. También está el texto de Blanca Osuna (FpV), que plantea requisitos específicos para la formulación de los contratos y ratifica el acceso a la portabilidad numérica. Ambas iniciativas se fundamentan en la falta de un marco regulatorio específico para un sector que actualmente está regido por una supuesta libre competencia, tal cual quedó definido en el decreto de desregulación de las telecomunicaciones del año 2000. Del encuentro participarán legisladores, especialistas, asociaciones de consumidores y las compañías.
En este contexto, los prestadores ya anunciaron que a partir de noviembre volverán a incrementar el precio de sus servicios en un 10 por ciento y podrían alcanzar para fin de año una suba total de 25 por ciento. En el mercado de telecomunicaciones hay tres grandes jugadores: Movistar (empresa del grupo Telefónica), Claro (compañía del grupo Telmex) y Personal (Telecom). El decreto de desregulación planteaba la posibilidad del libre ingreso de nuevos prestadores, sin embargo el mercado quedó más concentrado luego de la fusión entre la ex Movicom y Unifón (hoy Movistar).
El concepto de movilidad atraviesa todas las comunicaciones e incluye varios dispositivos. Lo que impide mejorar el servicio de la telefonía celular no es tanto la falta de regulación, sino la falta de competencia y el cumplimiento de algunas reglas existentes que no terminan de aplicarse, explicó a Página/12 Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones durante el gobierno de la Alianza, impulsor del decreto de desregulación. Según este especialista, en América latina se están licitando distintas bandas para el acceso a los servicios móviles, situación que no se da en el país.
A partir del año 2000, cuando Telefónica y Telecom dejaron de gozar del oligopolio de la telefonía fija, la crema del negocio quedó en el segmento de la telefonía móvil e Internet, donde las compañías aplican sus propios criterios de interconexión. Por eso, no es de esperar que vean con buenos ojos el intento por declarar servicio público su actividad principal.
En la Argentina las empresas que más ganan son las petroleras, los bancos y las telefónicas. A esta altura, no hay una explicación de por qué no existe una regulación para este mercado, donde sólo tres compañías tienen dominado el sector. La muestra está en que Personal y Claro anunciaron nuevos incrementos. Todo esto tiene que estar regulado, explicó Rubén Giustiniani a este diario. El proyecto de Blanca Osuna también plantea que las compañías ofrecen barreras de entrada a nuevos competidores, que sumado a los costos hundidos de los prestadores, afecta de manera determinante la libre competencia.
La Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, presidida por María Eugenia Estenssoro (CC), realizará hoy una audiencia pública para analizar la posibilidad de declarar a la telefonía móvil como un servicio público. Hay dos proyectos en discusión. Por un lado, la iniciativa del socialista Rubén Giustiniani busca fijar tarifas máximas para todos los prestadores y obliga a las empresas a transparentar sus costos, ingresos y pasivos. También está el texto de Blanca Osuna (FpV), que plantea requisitos específicos para la formulación de los contratos y ratifica el acceso a la portabilidad numérica. Ambas iniciativas se fundamentan en la falta de un marco regulatorio específico para un sector que actualmente está regido por una supuesta libre competencia, tal cual quedó definido en el decreto de desregulación de las telecomunicaciones del año 2000. Del encuentro participarán legisladores, especialistas, asociaciones de consumidores y las compañías.
En este contexto, los prestadores ya anunciaron que a partir de noviembre volverán a incrementar el precio de sus servicios en un 10 por ciento y podrían alcanzar para fin de año una suba total de 25 por ciento. En el mercado de telecomunicaciones hay tres grandes jugadores: Movistar (empresa del grupo Telefónica), Claro (compañía del grupo Telmex) y Personal (Telecom). El decreto de desregulación planteaba la posibilidad del libre ingreso de nuevos prestadores, sin embargo el mercado quedó más concentrado luego de la fusión entre la ex Movicom y Unifón (hoy Movistar).
El concepto de movilidad atraviesa todas las comunicaciones e incluye varios dispositivos. Lo que impide mejorar el servicio de la telefonía celular no es tanto la falta de regulación, sino la falta de competencia y el cumplimiento de algunas reglas existentes que no terminan de aplicarse, explicó a Página/12 Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones durante el gobierno de la Alianza, impulsor del decreto de desregulación. Según este especialista, en América latina se están licitando distintas bandas para el acceso a los servicios móviles, situación que no se da en el país.
A partir del año 2000, cuando Telefónica y Telecom dejaron de gozar del oligopolio de la telefonía fija, la crema del negocio quedó en el segmento de la telefonía móvil e Internet, donde las compañías aplican sus propios criterios de interconexión. Por eso, no es de esperar que vean con buenos ojos el intento por declarar servicio público su actividad principal.
En la Argentina las empresas que más ganan son las petroleras, los bancos y las telefónicas. A esta altura, no hay una explicación de por qué no existe una regulación para este mercado, donde sólo tres compañías tienen dominado el sector. La muestra está en que Personal y Claro anunciaron nuevos incrementos. Todo esto tiene que estar regulado, explicó Rubén Giustiniani a este diario. El proyecto de Blanca Osuna también plantea que las compañías ofrecen barreras de entrada a nuevos competidores, que sumado a los costos hundidos de los prestadores, afecta de manera determinante la libre competencia.
