Con un horizonte temporal despejado y una dosis de poder adicional, está comenzando ya el segundo período de Cristina Kirchner. Las medidas iniciales arrancaron la mismísima primera semana postelectoral, que hubiera podido limitarse a los festejos y al duelo. En la Casa Rosada no hay intenciones de apelar al piloto automático ni hay distracción respecto de los desafíos del cuatrienio.
La supresión de los privilegios de empresas mineras o petroleras para liquidar divisas, los nuevos controles para la compraventa de moneda extranjera y la eliminación de subsidios a consumidores de alto rango son jugadas diferentes, enlazadas por un hilo común. En el Ejecutivo se advierte que hay que apelar a nuevas herramientas, emprolijar otras, acentuar la presencia estatal. Los alcances de esas decisiones se irán dejando ver y corresponden más a la competencia de los colegas avezados en Economía. Desde el ángulo político, las señales son nítidas: el Gobierno ocupa el centro de la escena e interpela a actores poderosos. Los equilibrios fiscales, la formalización de la economía, la firme presencia estatal y el sustento de una caja suficiente siguen siendo prioridades. Los fines, en sustancia, continúan. La caja de herramientas incorpora nuevas piezas, lubrica otras.
Algo había anticipado la Presidenta en discursos de campaña, en el sentido de que para profundizar el modelo habría que introducir reformas. La frase fue repetida, con mínimas variantes, por el ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou.
Las decisiones reseñadas son también señales, en especial a grandes jugadores del sistema económico. Se emiten desde la envidiable (aunque siempre asediada) legitimidad presidencial. La sorpresa y la premura forman parte del paquete. No hay tiempo para perder cuando las correlaciones de fuerza son propicias.La enorme masa de subsidios, coincidían tirios y troyanos, era insostenible en el mediano plazo, el único disponible para cualquier gobierno, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Grecia o en Argentina. Las supresiones informadas ayer cortan el hilo por los beneficiarios más gruesos, a quienes les costará ponerse de punta contra un gobierno popular plebiscitado diez días atrás.
Ajeno a la astrología y conocedor del sigilo que es marca de fábrica del kirchnerismo, el cronista escapa a cualquier predicción acerca de otras normas o decisiones. Va quedando claro que las habrá y que en el primer nivel del Ejecutivo se registran ciertos límites o disfunciones del modelo, con la foto de hoy. También es seguro que la intención es mantener sus objetivos fundamentales.
En ese devenir, es básico recomponer el esquema de gastos y también garantizar el creciente flujo de ingresos fiscales. Para que no haya ajuste, ni nada que lo remede, es forzoso mantener la caja bien provista.
De nuevo, sin hacer anuncios ni profecías, repasemos una serie de acciones posibles del costado de los ingresos que se vienen analizando, intramuros del oficialismo. Las retenciones a la minería, tal como describe el economista norteamericano Bob Dylan en su lengua vernácula, are blowing in the wind. Es de manual fijar la mira en un sector hiperrentable, con alta capacidad contributiva, casi intocada hoy día.
Otro proyecto, en el que vino trabajando el ministro de Agricultura y Ganadería Julián Domínguez, es modificar el comercio exterior de granos. La finalidad sería doble. En parte, propiciar mayor intervención de cooperativas y pequeños productores para aminorar la concentración de la actividad en un puñado de multinacionales. Además, uniendo lo bello a lo útil, capturar parte de la elevada renta en danza.
La hipótesis de crear algún tributo a los activos bancarios o bursátiles se discurre hace rato y, acaso, recobre vitalidad. Baqueanos del sector dicen que la resistencia de los grandes bancos sería bastante menor que si se emprendiera una reforma integral del sistema financiero. Habrá que ver.
Un lugar común remanido en los meses recientes, en especial en medios opositores, es que el Estado meterá mano en los fondos de las obras sociales. Nada es imposible pero esa perspectiva se complejiza, ya que se entremezcla con varias cuestiones que deberán dilucidarse en paralelo y que, tal vez, antecedan en prioridad. Puntea la relación del Gobierno con la CGT y en particular con su secretario general, Hugo Moyano, cuyo núcleo no es tanto la conducción de la central obrera cuanto el reconocimiento del liderazgo de Cristina Kirchner dentro del magmático movimiento peronista. Acaso, más propone que supone el cronista, sea más acuciante una reforma del sistema de salud que hace agua por varios lados y en el que hay que tocar intereses poderosos de los gremios y de las prepagas.
Como fuera, yerran quienes quieren creer que el Gobierno comenzará a hacer los deberes (de una currícula escrita por sus adversarios) o a producir un ajuste más o menos clásico amparado en el aval popular. Quieren creerlo y presionan para imponer su fantasía. La trayectoria del kirchnerismo, que siempre mantuvo su norte, aun con el 22 por ciento de los votos o después de la derrota electoral de 2009, contradice esas lecturas interesadas.
Es difícil saber cuáles serán las principales acciones del nuevo mandato. Al fin y al cabo, sus principales iniciativas a partir de 2007 (logradas o fallidas) no estaban en el radar cuando asumió la Presidenta: las retenciones móviles, la recuperación del sistema jubilatorio, la ley de medios, la Asignación Universal por Hijo. El futuro se va develando semana tras semana y la experiencia comparada prueba que eso no es en el siglo XXI una peculiaridad criolla.
Nada garantiza que el nuevo gobierno alcance sus objetivos, todo indica que éstos serán consistentes con lo que produjo desde 2003, que la ciudadanía (detalle interesante) plebiscitó.
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