Un usuario renuncia a recibir subsidios

Un hombre de 66 años que reside en Vicente López, en el norte Gran Buenos Aires, quedará en los registros del Estado como el primer ciudadano argentino que, por voluntad propia, consiguió que el gobierno deje de subsidiarle el servicio de agua potable y saneamiento. Raúl Timerman, que se autocalifica como un vecino de clase media-media, envió hace más de un mes una carta a AySA solicitando que se le quite el subsidio porque poseía capacidad de pago para afrontar el costo total del servicio. Timerman, que trabaja en una consultora en temas empresarios, recibía de la estatal de aguas una factura con un total de $ 500, de los cuales sólo pagaba $ 150 porque el resto lo subsidiaba el Estado Nacional. “Estamos en condiciones de pagar el monto total de la factura y le solicitamos que a partir de la próxima cancele el subsidio. Si todos los argentinos en las mismas condiciones renunciaran al mismo, seguramente se podrían mejorar las condiciones de vida de todos aquellos que realmente lo necesitan, los que no tienen trabajo, los que usan el hospital público, los que carecen de vivienda, o cloacas, o agua potable”, escribió el hombre en la carta que envió a mediados de septiembre al presidente de AySA, Carlos Ben.
En la compañía acusaron recibo de la nota el 18 de octubre y unos días después Timerman fue recibido por Ben en las oficinas de la empresa. “Ahí mismo firmé los papeles para que me saquen el subsidio y soy el primero y, por ahora único, ciudadano en esa situación”, contó Timerman a Tiempo Argentino, y agregó que “lo lógico, y como yo lo entiendo, es que el subsidio es algo que se solicita, y no que se da”.
Sin embargo, la cosa no fue tan simple: según explicaron a este diario desde AySA, la factura es sólo una simulación de lo que el Estado destina a las empresas por subsidios, por lo cual la compañía no tenía un esquema en el sistema informático interno que le permitiera restar el monto del subsidio. Por esta razón, debieron armar un plan a la medida de Timerman, quien debió presentar la copia de la factura, del DNI y el título de propiedad para lograr la baja. De hecho, en la empresa reconocieron que desde que se empezó a especificar el monto del subsidio en las boletas (en julio de 2011) hubo quejas aisladas en las ventanillas realizadas por usuarios que querían pagar sin subsidio, algo que, paradójicamente, era imposible por la incapacidad del sistema.
Si bien Timerman explicó que “no tendría inconvenientes en hacerlo (dejar de pagar con subsidio) con los otros servicios”, la elección de AySA no fue casual. Según Timerman “es una empresa que administra el Estado y el servicio no es igual que la electricidad o el gas. Hay mucha gente que no tiene servicios ni cloacas, y mi dinero se podría destinar a obras de ampliación de redes.” Además, Timerman se quejó de que “los countries están subsidiados y las villas ni siquiera tienen servicio”, y describió su decisión y la de su esposa como “una cuestión de equidad social, de responsabilidad, no es justo que unos reciban todos y otros nada. Todos los que pueden pagar, deberían hacer lo mismo.”
La trascendencia pública del caso se da en la semana en la que el gobierno formalizó la decisión de reducir los subsidios a sectores de la economía y anunció la creación de una comisión manejada por los ministerios de Planificación y Economía para estudiar cómo reducir progresivamente el subsidio al resto de los usuarios. Según pudo saber este diario, y a raíz de este caso, los directivos de AySA empezaron a analizar cómo hacer extensivo al resto de los clientes la posibilidad de bajarse voluntariamente del subsidio. Incluso, una idea que circula es crear un fondo compuesto por el dinero de los subsidios resignados para dirigirlo hacia planes de expansión de las redes y cloacas. <