La reciente puesta en agenda, por parte del Gobierno nacional, de su decisión de disminuir de modo progresivo el enorme volumen de subsidios a servicios públicos volvió a ratificar –por si hiciera falta– que la ventanilla única de Dios sigue estando en Buenos Aires. Y que las decisiones de gestión se toman mirando el ombligo de la principal jurisdicción del país.
Años y años llevan las ciudades grandes del interior, entre ellas Córdoba, levantando la voz para quejarse por la flagrante inequidad que supone que sus empresas de colectivos perciban la mitad de los subsidios que reciben sus pares de la zona metropolitana.
Nunca hubo respuestas concretas desde la Casa Rosada, y con el tiempo la distorsión no hizo más que agudizarse.
Los cordobeses pagan hoy el boleto a 2,50 pesos. Y si no lo hacen a un precio más elevado es sólo porque el actual intendente, Daniel Giacomino, no tiene en el Concejo Deliberante los votos necesarios para retocar esa tarifa y disminuir así los crecientes aportes económicos que también el propio municipio gira a las tres prestatarias del sistema.
Por el contrario, en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, para viajar en urbano o en subte hay que pagar apenas 1,10 peso, porque a la diferencia con los costos reales de la prestación la pone el Estado nacional. Son los beneficios, para esos usuarios, de vivir en el territorio político que más le interesa custodiar al Gobierno, garantizando tarifas bajas.
Pero ahora que las elecciones pasaron y que asoma un “sinceramiento” económico que incluye bajar el nivel de subsidios (ya se anunció para energía y gas, y el transporte espera en las gateras), de pronto todo el país descubre que hay hijos y entenados en el reparto de la ayuda estatal.
Fue necesario que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, blanqueara que sin subsidios nacionales el viaje en subte debería costar 3,30 pesos o que los empresarios porteños del transporte mencionaran la posibilidad de un boleto a 4 pesos, para que se tome dimensión de la discriminación que sufre el interior.
Si mientras duró el festival de subsidios, a los cordobeses nos tocó ir en el furgón de cola de ese tren, ¿qué nos deparará el destino ahora que el financiamiento nacional a los servicios empieza a batirse en retirada?
Años y años llevan las ciudades grandes del interior, entre ellas Córdoba, levantando la voz para quejarse por la flagrante inequidad que supone que sus empresas de colectivos perciban la mitad de los subsidios que reciben sus pares de la zona metropolitana.
Nunca hubo respuestas concretas desde la Casa Rosada, y con el tiempo la distorsión no hizo más que agudizarse.
Los cordobeses pagan hoy el boleto a 2,50 pesos. Y si no lo hacen a un precio más elevado es sólo porque el actual intendente, Daniel Giacomino, no tiene en el Concejo Deliberante los votos necesarios para retocar esa tarifa y disminuir así los crecientes aportes económicos que también el propio municipio gira a las tres prestatarias del sistema.
Por el contrario, en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, para viajar en urbano o en subte hay que pagar apenas 1,10 peso, porque a la diferencia con los costos reales de la prestación la pone el Estado nacional. Son los beneficios, para esos usuarios, de vivir en el territorio político que más le interesa custodiar al Gobierno, garantizando tarifas bajas.
Pero ahora que las elecciones pasaron y que asoma un “sinceramiento” económico que incluye bajar el nivel de subsidios (ya se anunció para energía y gas, y el transporte espera en las gateras), de pronto todo el país descubre que hay hijos y entenados en el reparto de la ayuda estatal.
Fue necesario que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, blanqueara que sin subsidios nacionales el viaje en subte debería costar 3,30 pesos o que los empresarios porteños del transporte mencionaran la posibilidad de un boleto a 4 pesos, para que se tome dimensión de la discriminación que sufre el interior.
Si mientras duró el festival de subsidios, a los cordobeses nos tocó ir en el furgón de cola de ese tren, ¿qué nos deparará el destino ahora que el financiamiento nacional a los servicios empieza a batirse en retirada?