Si se trata de llamar la atención, el hombre sabe cómo hacerlo. “El Estado tiene que ser socio y recuperar el manejo de YPF” dijo, como si fuese virgen en ese asunto de las empresas públicas privatizadas. Muy suelto de cuerpo, en un congreso petrolero, agregó: “YPF debería ser una empresa de energía, sumando energía eléctrica, biocombustibles y energía limpia”. Ahí nomás le saltaron a la yugular.
El coro que salió a sacudirlo recordó, antes que nada, su papel central en las privatizaciones de los años de Carlos Menem, incluida la de la propia YPF. También le refregaron su pasado como intendente de Mendoza, durante un semestre, en la dictadura militar. Y le revolearon por la cabeza su supuesta tendencia a “hacer negocios a expensas del Estado”.
El personaje en cuestión es Roberto José Dromi, argentino, 66 años, abogado a los 21 con medalla de oro y diploma de honor al mejor egresado y doctor en Ciencias Jurídicas a las 29 con una tesis premonitoria titulada “La licitación pública”.
Ministro de Obras Públicas de Menem, mentor de la Ley de Reforma del Estado que permitió la división en porciones de la torta colectiva que los argentinos amasaron durante generaciones y que después fue ofrecida en sabrosos y convenientes bocados a capitales extranjeros, Dromi es considerado como uno de los administrativistas más sólidos del país y un consultor de probada influencia.
El hombre alborotó más de una vez con sus dichos. “Es un contador sin visión política” dijo alguna vez del riojano Erman González, que era su colega y rival en la corte menemista.
“Los poderes públicos son responsables de la pobreza, la impunidad y la falta de transparencia y control”, sostuvo en un seminario del Congreso en 2009, plena gestión de Cristina, cuando solía frecuentar a notorios dirigentes de la oposición al kirchnerismo.
Eso fue mucho antes, claro, de arrimarse a la cercanía de algunos funcionarios influyentes que hoy en día siguen escuchando sus consejos. Para que no quedaran dudas, antes de las primarias de agosto hizo público su apoyo a la candidatura de Cristina.
De allí que su sorpresiva propuesta de reestatizar YPF haya sido interpretada como la expresión de una línea de pensamiento que alientan kirchneristas de peso como el ministro Julio De Vido. Alarmados, los directivos de la petrolera aseguraron que a Dromi sólo lo escuchan funcionarios de segunda línea y que su aparición pública estaría vinculada a las operaciones de importación de gas transportado por barco, que encara el Gobierno para hacer frente al déficit energético. Esas compras serán record en 2012, según se supo días atrás, y superarían los 3.000 millones de dólares. Con semejantes cifras resulta sencillo entender el por qué de tanto afán.
Más allá de los cascotazos que le volaron en estos días, y de algún papelito malévolo que circuló recordando que había sido mencionado en supuestas irregularidades en las privatizaciones de autopistas, ferrocarriles y teléfonos, hay que decir que Dromi es capaz de marcar un número en el celular y que del otro lado lo atiendan, amigablemente, la más alta jerarquía de la Iglesia, un jefe militar de máximo rango, algún empresario superpoderoso o un juez a cargo de los temas más sensibles.
El currículum de Dromi mete miedo. Conjuez de la Corte Suprema, asesor de las reformas constitucionales de Menem (la nacional y la de La Rioja), ministro campeón de las privatizaciones, embajador en España aunque no llegó a asumir el cargo, redactor de proyectos legislativos para los gobiernos de Mendoza, Neuquén, Chaco, Chubut y Jujuy, autor de 19 libros sobre derecho administrativo, académico y profesor universitario en Madrid, París, Lima y Bogotá.
Entre sus mayores orgullos está la designación como Caballero Comendador de la Orden de San Gregorio Magno, que le fuera otorgada en 1998 por el Papa Juan Pablo II y que recibió de manos del cardenal Jorge Bergoglio y del nuncio Ubaldo Calabresi.
Los clientes de su consultoría están en Argentina, España, Brasil, Uruguay y México. Son, siempre, empresas y organismos públicos de primera línea.
Definitivamente, Dromi es un tiburón hiperactivo acostumbrado a moverse en aguas bravas. No sería sensato tomar sus palabras a la ligera.
El coro que salió a sacudirlo recordó, antes que nada, su papel central en las privatizaciones de los años de Carlos Menem, incluida la de la propia YPF. También le refregaron su pasado como intendente de Mendoza, durante un semestre, en la dictadura militar. Y le revolearon por la cabeza su supuesta tendencia a “hacer negocios a expensas del Estado”.
El personaje en cuestión es Roberto José Dromi, argentino, 66 años, abogado a los 21 con medalla de oro y diploma de honor al mejor egresado y doctor en Ciencias Jurídicas a las 29 con una tesis premonitoria titulada “La licitación pública”.
Ministro de Obras Públicas de Menem, mentor de la Ley de Reforma del Estado que permitió la división en porciones de la torta colectiva que los argentinos amasaron durante generaciones y que después fue ofrecida en sabrosos y convenientes bocados a capitales extranjeros, Dromi es considerado como uno de los administrativistas más sólidos del país y un consultor de probada influencia.
El hombre alborotó más de una vez con sus dichos. “Es un contador sin visión política” dijo alguna vez del riojano Erman González, que era su colega y rival en la corte menemista.
“Los poderes públicos son responsables de la pobreza, la impunidad y la falta de transparencia y control”, sostuvo en un seminario del Congreso en 2009, plena gestión de Cristina, cuando solía frecuentar a notorios dirigentes de la oposición al kirchnerismo.
Eso fue mucho antes, claro, de arrimarse a la cercanía de algunos funcionarios influyentes que hoy en día siguen escuchando sus consejos. Para que no quedaran dudas, antes de las primarias de agosto hizo público su apoyo a la candidatura de Cristina.
De allí que su sorpresiva propuesta de reestatizar YPF haya sido interpretada como la expresión de una línea de pensamiento que alientan kirchneristas de peso como el ministro Julio De Vido. Alarmados, los directivos de la petrolera aseguraron que a Dromi sólo lo escuchan funcionarios de segunda línea y que su aparición pública estaría vinculada a las operaciones de importación de gas transportado por barco, que encara el Gobierno para hacer frente al déficit energético. Esas compras serán record en 2012, según se supo días atrás, y superarían los 3.000 millones de dólares. Con semejantes cifras resulta sencillo entender el por qué de tanto afán.
Más allá de los cascotazos que le volaron en estos días, y de algún papelito malévolo que circuló recordando que había sido mencionado en supuestas irregularidades en las privatizaciones de autopistas, ferrocarriles y teléfonos, hay que decir que Dromi es capaz de marcar un número en el celular y que del otro lado lo atiendan, amigablemente, la más alta jerarquía de la Iglesia, un jefe militar de máximo rango, algún empresario superpoderoso o un juez a cargo de los temas más sensibles.
El currículum de Dromi mete miedo. Conjuez de la Corte Suprema, asesor de las reformas constitucionales de Menem (la nacional y la de La Rioja), ministro campeón de las privatizaciones, embajador en España aunque no llegó a asumir el cargo, redactor de proyectos legislativos para los gobiernos de Mendoza, Neuquén, Chaco, Chubut y Jujuy, autor de 19 libros sobre derecho administrativo, académico y profesor universitario en Madrid, París, Lima y Bogotá.
Entre sus mayores orgullos está la designación como Caballero Comendador de la Orden de San Gregorio Magno, que le fuera otorgada en 1998 por el Papa Juan Pablo II y que recibió de manos del cardenal Jorge Bergoglio y del nuncio Ubaldo Calabresi.
Los clientes de su consultoría están en Argentina, España, Brasil, Uruguay y México. Son, siempre, empresas y organismos públicos de primera línea.
Definitivamente, Dromi es un tiburón hiperactivo acostumbrado a moverse en aguas bravas. No sería sensato tomar sus palabras a la ligera.
