Por medio de la casi totalidad del discurso de reasunción de Cristina de ayer, se puso de manifiesto una vez más la discusión sobre el sentido de la democracia, la república y el Estado de Derecho. Un debate que, a mi entender, y por su capacidad movilizadora de estanterías culturales, es lo que determina que el kirchnerismo haya marcado un antes y un después en la historia de la democracia en Argentina, de cuya recuperación ayer se cumplieron 28 años. Y de lo que por estos días Europa nos ofrece contrastes enormemente aleccionadores.
El repaso cualitativo, más que el de las cifras, es el que interesa de lo que fueron los 70 minutos de alocución presidencial. Y su capacidad de hilvanar el todo por sobre la suma de las partes, en lo que significa una construcción potente de lo que es una idea de Estado, además de los ya tantas veces agitados proyecto/modelo productivo de acumulación, con matriz diversificada e inclusión social.
Es decir, un hilo conductor en el que cada nueva posta conduce a la siguiente como una derivación de sentido. No, claro está, una derivación “lógica”, en la cual lo hecho aparezca como lo “natural” o “ineludible”, y de lo que no habría podido apartarse nadie que hubiera estado en el lugar que les tocó ocupar a Néstor Kirchner y CFK. No adherimos, se sabe, a la teoría del viento de cola.
Lo que intento señalar es la capacidad de la conducción de ponerse por sobre las particularidades, y ordenarlas en un mapa en el que cada una de ellas, al mismo tiempo, otorgue sentido a la anterior y a su vez a la que le sigue o al menos le es concomitante (insisto: suponiendo que eligiéramos la cronología como método de ordenamiento de los hechos). Y de construirlas en función de que ninguna de ellas tenga sentido aislada de todas las otras.
Un ejemplo, decía Perón, suele aclararlo todo: Cristina dijo, en algún pasaje del discurso, que las reservas acumuladas en el BCRA serían, si no hubiesen existido desendeudamiento y corridas bancarias varias, de algo más de 88 mil millones de dólares. Últimamente, además, se han puesto en cuestión los fundamentos del esquema económico: superávits gemelos, acumulación de reservas, desendeudamiento: todo, en orden a operar la distribución del ingreso, que primeramente opera el mercado de modo regresivo. ¿Y para qué querría, uno, cualquiera, todo eso (los superávits, las reservas, etc.)? En la discusión del para qué están las respuestas a todo lo que hasta acá vengo planteando. Al respecto, la Presidenta ilustró con aquello de que lo verdaderamente importante no es el que Congreso sancione muchas leyes, sino buenas y a favor de los que las necesitan.
(Digresión: por otro lado, resulta, al menos, bastante hipócrita que se queje de la baja productividad legislativa de estos años justamente la conducción real -o sea, la mediática y empresarial- de los bloques legislativos que conformaron el Grupo A, únicos responsables del no funcionamiento regular del Congreso desde que asaltaron inconstitucionalmente el funcionamiento del mismo en 2009)
Este escriba a sueldo acaba de cursar en la Facultad la materia Derecho de la Integración, cuyo objeto es, vaya las casualidades de la vida atento los acontecimientos de los últimos meses, la legislación de los espacios comunitarios, en especial Mercosur y Unión Europea. El Dr. Cristian Cao, bajo cuya tutela me adentré en el examen de los instrumentos jurídicos de dichos espacios comunitarios, dijo, en algún momento de la cursada –mientras criticaba las limitaciones que establece el proyecto de Ley de Tierras que el kirchnerismo envió al Congreso durante 2011 a la compra de las mismas por parte de extranjeros-, que la medida de la utilidad de un proceso de integración está dada por su capacidad de generar derechos ciudadanos. Y en general, agrego yo, la de cualquier texto de organización institucional o jurídicamente derivado de él.
No será difícil, para el observador medianamente informado, advertir las profundas contradicciones que existen entre lo apuntado tanto por Cao como por el lúcido firmante del presente, y las recientes decisiones adoptadas por el Consejo de jefas y jefes de Estado de la UE. No solamente porque por medio de ellas quedaron casi totalmente desdibujadas, tanto la más mínima noción de soberanía nacional –cuya relativización es lógica en todo proceso comunitario, pero no al extremo, como hoy ocurre con la UE-, así como la funcionalidad de la institucionalidad comunitaria estatuida por el Tratado de Lisboa (en buen romance, porque las mismas no dan un paso si antes no hay los guiños de Merkel y Sarkozy). Además, es fácil adivinar en quiénes se descargarán los costos de las decisiones de ajuste fiscal –para recomponer competitividad empresaria- dispuestas por Alemania y Francia.
Apunta, hoy, Hernán Brienza, en su habitual columna de los domingos en Tiempo Argentino, que la reasumida Presidenta ejerce un “republicanismo furioso”, porque no es “el inocuo de las formalidades, sino el sustantivo de la voluntad popular”. En el mismo sentido Mario Wainfeld ha venido subrayando en varios lados en la potencia transformadora que ha adquirido la discusión democrática a partir de la llegada del kirchnerismo, en términos de generación de derechos de varias –y diversas entre sí- generaciones: movilidad jubilatoria, AUH, por un lado; matrimonio igualitario, muerte digna, identidad de género, por otro.
Y sobrevolando todo, y como bien recordó Eric Calcagno –también en Tiempo, también mencionado por CFK en su discurso-, el rol que en todo ello han jugado lo que él mismo denominó como “distribución del conocimiento”, a partir de la creación del (y la vital importancia que se asignó a su actuar) ministerio de Ciencia y Tecnología y la inversión récord en educación o la creación de nuevas universidades en territorios socioeconómicamente golpeados; y “distribución de la palabra” que se operó por vía de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A cuento de lo opinado por Calgagno, Beatriz Fontana, destacada jurista laboralista, en un apunte llamado Nociones de Conflicto y Negociación Colectiva. El conflicto y la negociación colectiva en el origen del Derecho del Trabajo, ilustra sobre los aportes con que “las ideas de Carlos Marx y la Doctirna Sociald de la Iglesia iniciada por la encíclica Rerum Novarum” contribuyeron a dar “soporte ideológico” al “cuestionamiento de la organización del Estado Liberal” por parte de las coaliciones y movimiento de trabajadores que hacia fines del siglo XIX recién nacían.
En tal sentido, entonces, deben pensarse las aportaciones operadas por la ciencia y tecnología, la educación y la nueva Ley de Medios al proceso de reconstitución social que exhibe, a ocho años de iniciarse, progresos notables en materia de desempobrecimiento y reducción de las brechas de desigualdad social. Y en el mismo entendimiento, pues, lo que al principio decíamos respecto de la imposibilidad de pensar, pongamos, recuperación de las discusiones paritarias, elevación de los mínimos salariales y jubilatorios (con más la participación activa que en ello han tenido las organizaciones representativas de los sectores beneficiados, promocionado por el Estado como también ocurrió en los casos de institucionalización de derechos cívicos para las minorías), sin la existencia, al mismo tiempo, de la distribución de la palabra y el conocimiento.
El kirchnerismo ha dado la pelea por el establecimiento de un nuevo sentido de institucionalidad republicana y de Estado de Derecho, orientando ambas nociones en función de ampliar el bienestar poblacional. Pero que sólo fue posible porque al mismo tiempo el Estado al que le toca conducir desde 2003 se ha decidido a acumular poder (sumemos, acá, reestatización de las AFJP) y monopolizar su ejercicio a la hora de conducir la gestión, modificando –por vía de todo lo enumerado hasta acá- la lógica de democracia tutelada por intereses corporativos (los de los grupos económicos) que rigió durante los veinte años de democracia que transcurrieron entre 1983 y la asunción de NK. Y que hoy se expone en su faceta más brutal en Europa, donde se gestiona y legisla a partir de los deseos del sector financiero, responsable y beneficiario, a la vez, tanto del desastre económico que vive el viejo continente, como de las ¿soluciones? que a todo ello se intenta por estos días. Gracioso ver, hoy, cómo desde los medios dominantes se advierte que, en realidad «tener poder» es un pasivo para el Gobierno. ¿Quién, si no el representante de la voluntad popular, debería tener «el poder»?
Raúl Alfonsín diría, durante la Asamblea Legislativa que procesó institucionalmente la huida de De La Rúa – de la que dentro de unos días se cumplirán diez años- del poder, que todo ella era producto de lo que denominó “pérdida de capacidad de decisión nacional. En la que el Estado se ha debilitado. Porque decisiones fundamentales se toman afuera del país. Y porque los lobbies empresarios del capitalismo concentrado, a veces, durante muchos años, han tenido más fuerza que todo el gobierno representativo”. Brillante descripción, salvo por la cuota de responsabilidad que a él mismo le tocaba en tal flagelo antidemocrático. A todo eso lo revirtieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Y es la razón principal por la que les va también: el que se vaya la tercera y que haya estabilidad ministerial récord no puede ser sólo por “ausencia de alternativas serias”.
Todo el cambio de época a estos respectos fue lo que permanentemente se dejó ver detrás de cada enumeración de la Presidenta, y se resume en la frase que para mí fue más potente de entre todas las que dijo: “Que se den por notificados, que yo no soy la presidenta de las corporaciones. Soy la presidenta de los 40 millones de Argentinos”. Brienza también dice bien hoy, en orden a todo esto que venimos exponiendo, que Cristina versión 2011 es la primera vez que “en democracia asumió el Poder Ejecutivo una persona –mujer, a la sazón– que no sólo no contaba con el apoyo de los medios hegemónicos si no que tenía al Grupo Clarín –y a Héctor Magnetto– en contra; el día en que por primera vez la mayoría del pueblo pudo elegir la continuidad de un gobierno de la línea nacional, popular y democrática por un tercer período consecutivo”.
Siendo que nada de todo lo muy bueno que nos está legando el kirchnerismo podría haber sido posible –es bueno recitarlo, como manual de conducta- sino por el camino de la legalidad democrática, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho, no podía, la jornada de ayer, ofrecer como imagen más potente otra que la de el retiro de la vida pública del tipo que más ofendió todos esos postulados en 28 años de democracia recuperada: Julio Cobos.
Cobos peor que Menem con los indultos, la venta de armas y Rio Tercero? Peor que quien sea responsable por la supervivencia de jueces podridos como Oyarbide y tantos mas? Te parece? Lo unico que hizo Cobos fue votar en contra de una mocion con la que no estaba de acuerdo, voto que caia dentro de la legalidad democratica, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho que parecen importarte tanto.
Menem fue peor, porque llegó. A Cobos no le da el Binet, pero por un momento pareció …