Pocas veces Cristina Kirchner ofreció tantos indicios sobre cómo está pensando el futuro. El discurso de asunción reveló el mapa de los desafíos y contradicciones que anidan en su cerebro. Ese inventario explica mejor las nuevas designaciones del gabinete. También apareció en el cielo otra señal: el Gobierno inició la nueva etapa identificando a Daniel Scioli como el adversario principal del conflicto sucesorio. A la Presidenta le bastaron cinco días para redefinir, con palabras y con hechos, quiénes son para su política «ellos» y «nosotros».
La señora de Kirchner sigue al pie de la letra un dogma del marketing político. Los gobiernos deben estar siempre en campaña. Su mensaje al Congreso fue una arenga a la que hay que perdonarle mil contradicciones. Aun algunas llamativas, como la de autodefinirse «presidenta de 40 millones de argentinos» mientras se hacía calzar la banda por su hija, y juraba por la memoria de su esposo.
Más allá de estas peculiaridades, que a la distancia pueden confundirse con extravagancias, Cristina Kirchner volvió a demostrar que se sabe frente a una nueva agenda de problemas, que para ella equivale a una nueva agenda de enemigos. Uno de esos problemas, al que dedicó largos párrafos, es el retraso cambiario, que ahora es también evidente para ella.
La forma de abordarlo, sin embargo, es muy curiosa: sacraliza una paridad fija ($ 4,30 por dólar) y crea una oficina que elabore ecuaciones de competitividad, caso por caso, para las industrias a las que esa paridad tiene asfixiadas. Es un enfoque pensado en la caja mental de la convertibilidad -Domingo Cavallo anunció una Ley de Competitividad al día siguiente de asumir como ministro de Fernando de la Rúa- o, si se prefiere, en la del peronismo tradicional, que evitaba la devaluación con controles cambiarios, y conectaba a las industrias afectadas al respirador del proteccionismo.
La estrategia explica la potenciación de Guillermo Moreno, quien controlará las importaciones y exportaciones a través de Beatriz Paglieri, su álter ego femenino. Es decir, se encargarán de regular el ahorro de dólares interviniendo el comercio exterior.
La alternativa de pedir a Hernán Lorenzino que busque esos dólares en el mercado internacional parece, de nuevo, descartada. La Presidenta siguió elogiando el desendeudamiento, y se felicitó por no haberse contaminado con los activos tóxicos que circulan por el sistema financiero. Suena excéntrico. Designó en el Ministerio de Economía a un abogado especialista en lo único que esa cartera tiene vedado: emitir bonos. Escoltado por Moreno y por el marxista Axel Kicillof, Lorenzino debería dar alguna señal de que no es un ministro de juguete.
El significado más evidente de las nuevas funciones de Moreno y Paglieri es cómico: sólo alguien que está de muy buen humor puede denominar «sintonía fina» a una gestión encabezada por los demoledores del Indec.
También representa una amonestación para Débora Giorgi y su secretario de Industria, Eduardo Bianchi, denunciado en la fiscalía de Guillermo Marijuan por la presunción de que se cobraron coimas para emitir permisos de importación.
Moreno y Paglieri tendrán a su cargo, además, parte de la política de medios. El kirchnerismo avanza en el Congreso con el proyecto Papel de Diarios para Todos, que dispone la intervención pública de la mayor fábrica, Papel Prensa, de la que La Nacion, Clarín y el Estado son accionistas. Si, además de administrar la fabricación, la dupla regula las importaciones de papel, la prensa escrita quedará a merced del Gobierno.
Una incógnita: ¿Moreno y Paglieri controlarán también las importaciones de energía de Julio De Vido? Con su congelamiento de tarifas, el ministro premia al productor extranjero sobre el local, además de exacerbar la demanda y desalentar la oferta. Así, De Vido ha convertido al Gobierno en el principal comprador de dólares del país. Dicho con un giro presidencial: escupe al cielo. Pero Cristina Kirchner no habló del costo de la energía, ni de los nuevos impuestos destinados a solventarlo. Está en campaña.
Tampoco mencionó la inflación, salvo cuando, en un reproche involuntario a Dilma Rousseff, denostó las políticas de inflation targeting , que atribuye al consenso de Washington.
La imposibilidad de admitir la inflación conduce a la Presidenta a pensar la pérdida de competitividad como una disfunción microeconómica. Si advirtiera que, mientras la inflación es del 25% la devaluación es de sólo el 5%, comprendería que el peso se ha revaluado respecto del dólar un 20% al año. En otras palabras: que las empresas argentinas soportan año a año un costo adicional del 20%, que las saca del mercado. El desfase explica el aumento de las importaciones, la consecuente escasez de dólares, y la fuga de los tenedores de pesos hacia esa moneda.
Cuando se niega a esta visión, la Presidenta renuncia a la ventaja que tiene frente a Carlos Menem y Fernando de la Rúa: la posibilidad de hacer política monetaria. Ella prefiere diseñar planes de convertibilidad a medida -«no puede haber reglas generales», se sinceró anteayer- para las empresas que operan en el mercado interno. A las exportadoras, en cambio, les pide «que no escupan al cielo». Si lo hacen, quedarán convertidos en «corporaciones». Habla con el corazón. Como Pugliese.
¿Por qué estos problemas aparecieron ahora y no hace unos años? En su discurso no explicitó la pregunta, pero ofreció una respuesta. Sería por una especie de perversión ontológica, «esta cosa que nos pasa muchas veces a los argentinos que cuando empezamos a mejorar, es como que empezamos a hacer cosas para volver para atrás». Si incorporara la inflación en sus análisis, se daría cuenta de que esa variable se ha comido la competitividad cambiaria y, de que el péndulo de Mendiguren está devolviendo a la Argentina a los problemas de hace una década. De nuevo: es el Gobierno el que, al negar la inflación, escupe hacia el cielo.
La involución reinstala la cuestión sindical. Llevada por la improvisación, la Presidenta precipitó un debate sobre el derecho de huelga. Es lógico: como se propone reducir los costos laborales, pero se niega a hacerlo con una devaluación, confía en que el recorte lo hagan los sindicatos.
En la primera presidencia de Perón, los mismos gremios intervenían a los que superaban una pauta salarial. La lealtad de Hugo Moyano no llega a tanto. El se prepara a resistir una reglamentación del derecho de huelga que obligaría a pasar por el Ministerio de Trabajo antes de declarar un paro. Julio Alak, el ministro de Justicia, consultó a varios juristas sobre esta innovación.
La Presidenta se preparó para el combate. Anteayer arguyó que los sindicalistas fueron más concesivos que ella con las flexibilizaciones laborales a las que obligaba la convertibilidad. Mientras no se consiga sacar al 40% de los trabajadores de la peor flexibilización, la del trabajo en negro, se trata de una discusión cínica.
La perspectiva de un endurecimiento en el campo social hace crujir al kirchnerismo. Desde el CELS, una organización oficialista de defensa de los derechos humanos, se impugnó la definición de terrorismo del proyecto contra el lavado de dinero enviado al Congreso, porque habilitaría la penalización de las protestas. Tal vez ese organismo no haya advertido otra implicancia de la definición: podría ser una ventana para que la Justicia considere a las acciones terroristas de los años 70 crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles. Es un debate subterráneo, que inquieta a algunos ex guerrilleros. La jueza María Servini de Cubría conoce esas preocupaciones.
La cuestión de las garantías individuales y la represión del delito sirvió en estos días para trazar una línea más visible: la que separa al kirchnerismo de Daniel Scioli. Nilda Garré impugnó que se mantuviera a la bonaerense bajo el mando de Ricardo Casal, el ministro de Justicia y Seguridad. La ministra había elogiado, en cambio, la coordinación de que es capaz Guillermo Montenegro al frente de la policía Metropolitana. Sorprende el piropo, ya que Montenegro acaba de reemplazar a un civil (Eugenio Burzaco) por un comisario (Horacio Giménez) en la conducción de esa fuerza. Es cierto que Giménez fue el candidato originario de Garré para encabezar la Federal, y que no lo designó por una firme contraindicación de la Presidenta. Montenegro, además, es amigo de todos: de Garré, de Amado Boudou, también de Scioli, a quien visita en la quinta La Ñata. Son detalles. Lo que llama la atención es otro dato: en una materia central para su ideología, como la seguridad, el kirchnerismo se siente más cerca de Macri que de Scioli. La interna del año 2015 está lanzada.
FORMOSA.- Gildo Insfrán inició ayer su quinto mandato como gobernador acompañado por el vicegobernador Floro Bogado y manifestó que para su gestión necesitará de la contribución, el esfuerzo y el compromiso de todos los formoseños. Asumieron como nuevos ministros el de Educación, Alberto Zorrilla; el de Desarrollo Humano, José Luis Décima, que hasta ahora administraba el Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Perón, y el de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Jorge Jofré, ex administrador de Vialidad Provincial. Su antecesor Jorge Ibáñez asumió el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas..
La señora de Kirchner sigue al pie de la letra un dogma del marketing político. Los gobiernos deben estar siempre en campaña. Su mensaje al Congreso fue una arenga a la que hay que perdonarle mil contradicciones. Aun algunas llamativas, como la de autodefinirse «presidenta de 40 millones de argentinos» mientras se hacía calzar la banda por su hija, y juraba por la memoria de su esposo.
Más allá de estas peculiaridades, que a la distancia pueden confundirse con extravagancias, Cristina Kirchner volvió a demostrar que se sabe frente a una nueva agenda de problemas, que para ella equivale a una nueva agenda de enemigos. Uno de esos problemas, al que dedicó largos párrafos, es el retraso cambiario, que ahora es también evidente para ella.
La forma de abordarlo, sin embargo, es muy curiosa: sacraliza una paridad fija ($ 4,30 por dólar) y crea una oficina que elabore ecuaciones de competitividad, caso por caso, para las industrias a las que esa paridad tiene asfixiadas. Es un enfoque pensado en la caja mental de la convertibilidad -Domingo Cavallo anunció una Ley de Competitividad al día siguiente de asumir como ministro de Fernando de la Rúa- o, si se prefiere, en la del peronismo tradicional, que evitaba la devaluación con controles cambiarios, y conectaba a las industrias afectadas al respirador del proteccionismo.
La estrategia explica la potenciación de Guillermo Moreno, quien controlará las importaciones y exportaciones a través de Beatriz Paglieri, su álter ego femenino. Es decir, se encargarán de regular el ahorro de dólares interviniendo el comercio exterior.
La alternativa de pedir a Hernán Lorenzino que busque esos dólares en el mercado internacional parece, de nuevo, descartada. La Presidenta siguió elogiando el desendeudamiento, y se felicitó por no haberse contaminado con los activos tóxicos que circulan por el sistema financiero. Suena excéntrico. Designó en el Ministerio de Economía a un abogado especialista en lo único que esa cartera tiene vedado: emitir bonos. Escoltado por Moreno y por el marxista Axel Kicillof, Lorenzino debería dar alguna señal de que no es un ministro de juguete.
El significado más evidente de las nuevas funciones de Moreno y Paglieri es cómico: sólo alguien que está de muy buen humor puede denominar «sintonía fina» a una gestión encabezada por los demoledores del Indec.
También representa una amonestación para Débora Giorgi y su secretario de Industria, Eduardo Bianchi, denunciado en la fiscalía de Guillermo Marijuan por la presunción de que se cobraron coimas para emitir permisos de importación.
Moreno y Paglieri tendrán a su cargo, además, parte de la política de medios. El kirchnerismo avanza en el Congreso con el proyecto Papel de Diarios para Todos, que dispone la intervención pública de la mayor fábrica, Papel Prensa, de la que La Nacion, Clarín y el Estado son accionistas. Si, además de administrar la fabricación, la dupla regula las importaciones de papel, la prensa escrita quedará a merced del Gobierno.
Una incógnita: ¿Moreno y Paglieri controlarán también las importaciones de energía de Julio De Vido? Con su congelamiento de tarifas, el ministro premia al productor extranjero sobre el local, además de exacerbar la demanda y desalentar la oferta. Así, De Vido ha convertido al Gobierno en el principal comprador de dólares del país. Dicho con un giro presidencial: escupe al cielo. Pero Cristina Kirchner no habló del costo de la energía, ni de los nuevos impuestos destinados a solventarlo. Está en campaña.
Tampoco mencionó la inflación, salvo cuando, en un reproche involuntario a Dilma Rousseff, denostó las políticas de inflation targeting , que atribuye al consenso de Washington.
La imposibilidad de admitir la inflación conduce a la Presidenta a pensar la pérdida de competitividad como una disfunción microeconómica. Si advirtiera que, mientras la inflación es del 25% la devaluación es de sólo el 5%, comprendería que el peso se ha revaluado respecto del dólar un 20% al año. En otras palabras: que las empresas argentinas soportan año a año un costo adicional del 20%, que las saca del mercado. El desfase explica el aumento de las importaciones, la consecuente escasez de dólares, y la fuga de los tenedores de pesos hacia esa moneda.
Cuando se niega a esta visión, la Presidenta renuncia a la ventaja que tiene frente a Carlos Menem y Fernando de la Rúa: la posibilidad de hacer política monetaria. Ella prefiere diseñar planes de convertibilidad a medida -«no puede haber reglas generales», se sinceró anteayer- para las empresas que operan en el mercado interno. A las exportadoras, en cambio, les pide «que no escupan al cielo». Si lo hacen, quedarán convertidos en «corporaciones». Habla con el corazón. Como Pugliese.
¿Por qué estos problemas aparecieron ahora y no hace unos años? En su discurso no explicitó la pregunta, pero ofreció una respuesta. Sería por una especie de perversión ontológica, «esta cosa que nos pasa muchas veces a los argentinos que cuando empezamos a mejorar, es como que empezamos a hacer cosas para volver para atrás». Si incorporara la inflación en sus análisis, se daría cuenta de que esa variable se ha comido la competitividad cambiaria y, de que el péndulo de Mendiguren está devolviendo a la Argentina a los problemas de hace una década. De nuevo: es el Gobierno el que, al negar la inflación, escupe hacia el cielo.
La involución reinstala la cuestión sindical. Llevada por la improvisación, la Presidenta precipitó un debate sobre el derecho de huelga. Es lógico: como se propone reducir los costos laborales, pero se niega a hacerlo con una devaluación, confía en que el recorte lo hagan los sindicatos.
En la primera presidencia de Perón, los mismos gremios intervenían a los que superaban una pauta salarial. La lealtad de Hugo Moyano no llega a tanto. El se prepara a resistir una reglamentación del derecho de huelga que obligaría a pasar por el Ministerio de Trabajo antes de declarar un paro. Julio Alak, el ministro de Justicia, consultó a varios juristas sobre esta innovación.
La Presidenta se preparó para el combate. Anteayer arguyó que los sindicalistas fueron más concesivos que ella con las flexibilizaciones laborales a las que obligaba la convertibilidad. Mientras no se consiga sacar al 40% de los trabajadores de la peor flexibilización, la del trabajo en negro, se trata de una discusión cínica.
La perspectiva de un endurecimiento en el campo social hace crujir al kirchnerismo. Desde el CELS, una organización oficialista de defensa de los derechos humanos, se impugnó la definición de terrorismo del proyecto contra el lavado de dinero enviado al Congreso, porque habilitaría la penalización de las protestas. Tal vez ese organismo no haya advertido otra implicancia de la definición: podría ser una ventana para que la Justicia considere a las acciones terroristas de los años 70 crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles. Es un debate subterráneo, que inquieta a algunos ex guerrilleros. La jueza María Servini de Cubría conoce esas preocupaciones.
La cuestión de las garantías individuales y la represión del delito sirvió en estos días para trazar una línea más visible: la que separa al kirchnerismo de Daniel Scioli. Nilda Garré impugnó que se mantuviera a la bonaerense bajo el mando de Ricardo Casal, el ministro de Justicia y Seguridad. La ministra había elogiado, en cambio, la coordinación de que es capaz Guillermo Montenegro al frente de la policía Metropolitana. Sorprende el piropo, ya que Montenegro acaba de reemplazar a un civil (Eugenio Burzaco) por un comisario (Horacio Giménez) en la conducción de esa fuerza. Es cierto que Giménez fue el candidato originario de Garré para encabezar la Federal, y que no lo designó por una firme contraindicación de la Presidenta. Montenegro, además, es amigo de todos: de Garré, de Amado Boudou, también de Scioli, a quien visita en la quinta La Ñata. Son detalles. Lo que llama la atención es otro dato: en una materia central para su ideología, como la seguridad, el kirchnerismo se siente más cerca de Macri que de Scioli. La interna del año 2015 está lanzada.
FORMOSA.- Gildo Insfrán inició ayer su quinto mandato como gobernador acompañado por el vicegobernador Floro Bogado y manifestó que para su gestión necesitará de la contribución, el esfuerzo y el compromiso de todos los formoseños. Asumieron como nuevos ministros el de Educación, Alberto Zorrilla; el de Desarrollo Humano, José Luis Décima, que hasta ahora administraba el Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Perón, y el de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Jorge Jofré, ex administrador de Vialidad Provincial. Su antecesor Jorge Ibáñez asumió el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas..
