El poder omnipresente de Moreno

Cristina Kirchner ha diseñado su microcosmos sobre las mismas premisas con que organiza el mundo: el combate contra las «corporaciones» exige que en el gabinete las decisiones estén más centralizadas. El beneficiario de este criterio es el secretario de Comercio Interior, convertido casi en primer ministro. La gravitación de Guillermo Moreno sobre la Presidenta en cuestiones económicas es sólo comparable con la que ejercía Néstor Kirchner. Para conocer hoy los objetivos del Gobierno basta con rastrear las andanzas de Moreno.
Esta concentración de poder es comprensible. La señora de Kirchner configura su realidad alrededor de una hipótesis principal: el oficialismo enfrenta a enemigos orquestados en una conspiración tan endemoniada que es capaz de infiltrar a sus propias filas. Lo explica alguien con acceso a la intimidad presidencial: «Ella desconfía de la lealtad de casi todos nosotros; a diferencia de Néstor, que escuchaba a todo el mundo, permanece replegada, casi sin contacto con el exterior».
De esa fantasía persecutoria sólo parece estar excluido Moreno. El resto del gabinete sería susceptible, por perversión o ingenuidad, de ser cooptado por las «corporaciones». La excepcionalidad de Moreno se debe, sobre todo, a su talento para advertir a su jefa cuál es el nuevo complot en marcha, de qué embustes se sirve, cómo hay que desbaratarlo. El rol le exige demostrar más destrezas que Leonardo Da Vinci: tiene a cargo, entre otras tareas, resolver el retraso cambiario, la carrera de los precios, el ingreso o egreso de mercaderías -la última obsesión del católico Moreno es el bloqueo de un cargamento de biblias protestantes-, las tarifas energéticas, el acoso a Papel Prensa.
Las atribuciones comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores le fueron retiradas a Héctor Timerman y confiadas a Moreno. El Gobierno enfrenta un desequilibrio en la balanza de pagos y para resolverlo insistirá en dificultar la salida de divisas. Débora Giorgi -«Giorgina», según Moreno- y, su secretario de Industria, Eduardo Bianchi, también fueron relegados. Aunque en este caso las razones son más escabrosas: a Bianchi le prohibieron administrar licencias no automáticas por una denuncia sobre coimas que cobraría a través de su cuñado.
Las facultades de Moreno y Paglieri sobre el comercio exterior se extienden a la política de medios. Para controlar a los diarios el Gobierno cuenta ya con tres resortes. Uno es el judicial: las controversias sobre el suministro de papel pasarán del fuero civil y comercial al contencioso administrativo, que el kirchnerismo ha ido colonizando. El otro recurso es fijar a Papel Prensa metas de producción inalcanzables, para poder estatizarla con sucesivas ampliaciones de capital. El tercer instrumento es imponerle formas de comercialización que condenen a los diarios independientes a importar papel, previo permiso de Moreno.
La Presidenta confesó hace diez días, refiriéndose a Papel Prensa, cómo concibe el vínculo entre proveedor y cliente: «Cuando hay uno solo que te provee el papel tenés que tratar de no molestarlo y no enojarlo. Porque si lo enojás, por ahí no te da más el papel». La nueva ley creó la posibilidad de que haya uno solo: ella.
Moreno incluyó en la lista negra de la señora de Kirchner a los banqueros, personificados en Jorge Brito. Después intervino el Banco Central, transformando a Mercedes Marcó del Pont -que sigue esperando el acuerdo del Senado- en su peón. Por instrucción de Moreno, el programa monetario del Central prevé que las transferencias de dividendos de los bancos al exterior serán igual a cero, lo que afectará a las entidades extranjeras y a las nacionales que emitieron acciones en el exterior. Marcó debe tolerar, además, que su jefe de operaciones cambiarias, Juan Basco, pase a diario por la Secretaría de Comercio para recibir instrucciones.
Moreno es un hombre de suerte. Puede hacer méritos con novedades que no derivan de sus acciones. La semana pasada se registró una caída de cinco puntos en las expectativas de depreciación del peso en Wall Street; la fuga hacia el dólar se interrumpió, y el Central pudo recomponer reservas. Moreno presenta esas buenas nuevas como efectos de sus presiones sobre el mercado. Oculta lo esencial: la producción industrial se desacelera -según FIEL, en noviembre fue de sólo 0,7%-, y, por lo tanto, caen las importaciones -crecieron sólo 12%, el nivel más bajo desde la crisis de 2009-. Por esa razón hay más dólares.
Para revertir esa retracción este pulpo burocrático planea regular la tasa de interés. «Ustedes no pueden ganar más que el rendimiento de un bono americano», le explicó a un banquero. El adecuado recorte en los intereses que las mutuales cobran a los jubilados es una prueba piloto de esta avanzada.
Moreno ha acampado también en el feudo de De Vido. Ahora examina los costos de las compañías energéticas para demostrar que no hay necesidad de un aumento de tarifas. La lista de «corporaciones» acaba de incluir a Sebastián Eskenazi, de YPF. Como a Brito, Moreno promete «meterlo preso». Cristina Kirchner congeló su vínculo con Eskenazi desde que se enteró de lo poco que había invertido. Por lo visto nadie le explicó que su esposo «argentinizó» el 25% de la empresa con una deuda a saldarse con dividendos, lo que aseguró esa baja en la inversión. Pero le advierten que, gracias al incremento en el precio de los combustibles, YPF pudo realizar algunas exploraciones y detectó reservorios de shell oil que podrían explotarse con otra política de precios. ¿Sabrá la Presidenta que cerca de ella se ha montado un negocio con la importación de gas? Se lo podría explicar Roberto Dromi, inquieto porque el secretario de Comercio bloqueó algunas compras de Enarsa por falta de dólares.
El término «terrorismo» de la ley antilavado fue moldeado a medida de las persecuciones de Moreno. José Sbattella, el funcionario que dijo en una conferencia organizada por Infobae Profesional que «la Presidenta hará aprobar cualquier norma con tal de que la sigan aceptando en el G-20», incluyó a los bancos y a la prensa entre los blancos oficiales. Son los objetivos principales del secretario de Comercio.
Varios voceros desmintieron a Sbattella. Pero a favor de él juega la historia. En 1950, Juan Perón hizo aprobar la ley 13.985, que condenaba con prisión a quien «por cualquier medio provoque pública alarma o deprima el espíritu público causando un daño a la Nación». La fórmula fue una reproducción textual del artículo 265 del Código Penal del fascismo, sólo que éste restringía el castigo a tiempos de guerra. No hay que ir tan lejos. En 1975, por los mismos motivos de Sbattella, Isabel Perón agregó la expresión «para otros fines» a una ley contra la subversión económica. Fue para alcanzar con sus penas a los jóvenes «idealistas» a los que hoy se reivindica. Curioso peronismo: el Gobierno ha promovido la captura de personas por haber aplicado, hace 36 años, esa ley de Isabelita, tan similar a esta otra que el propio Gobierno ha sancionado..