La Presidenta y Gerardo Martínez, durante la cumbre del G-20 en Cannes, en noviembre pasado. Foto: Archivo
La Secretaría de Derechos Humanos desligó al gremialista Gerardo Martínez de las desapariciones forzadas de obreros de la construcción por las que había sido denunciado: dijo que de los registros oficiales no surge ninguna relación entre Martínez y esos crímenes.
Según el informe que la Secretaría de Derechos Humanos entregó a la Justicia, «los 94 hechos [secuestros y desapariciones] vinculados con trabajadores o ex trabajadores ligados a la construcción son anteriores a marzo de 1982». Esa es la fecha -de acuerdo con la Secretaría- en que Martínez ingresó como «agente de inteligencia» en el Batallón 601.
El gremialista es el secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) y tiene una estrecha relación con la Casa Rosada, que lo había impulsado como uno de los posibles candidatos a suceder en 2012 al líder de la CGT, Hugo Moyano. La denuncia en su contra fue presentada por organizaciones de derechos humanos y sectores sindicales opuestos a la Uocra, que lo acusaron de haber hecho inteligencia, como personal civil, durante la última dictadura.
Pidieron que se investigara su posible relación con un centenar de desapariciones de obreros de la construcción, pero advirtieron además que el Batallón 601 ya había sido «definido judicialmente como asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida» de la última dictadura, y, por eso, su participación en él «constituye por sí misma un delito».
El dato de que trabajó para el Batallón 601 del Ejército «como agente de inteligencia» durante el gobierno militar fue ratificado por la propia Secretaría de Derechos Humanos cuando respondió el primer oficio que le remitió el juez federal que tiene a su cargo el expediente, Ariel Lijo.
El Gobierno informó entonces que Martínez hizo esa tarea desde 1982 hasta 1983.
En el último informe que presentó en la causa, la Secretaría afirmó que los delitos de lesa humanidad contra trabajadores de la construcción de los que hay registro son todos previos a 1979, salvo uno, que fue de 1981. Dijo también que Martínez no figura en los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Hasta ahora, él no habló públicamente sobre las acusaciones en su contra, pero en julio, 11 días después de la denuncia, publicó una solicitada. «No he integrado ni tenido participación en actividades represivas de las fuerzas armadas ni de seguridad en período alguno, tal como se me atribuye», sostuvo Martínez.
Aunque el último informe de la Secretaría de Derechos Humanos favorece mucho su situación judicial, la causa no se cerrará todavía. Fuentes judiciales informaron que esta semana Lijo revisará las microfilmaciones del legajo del gremialista, tarea que tiene pendiente. Espera encontrar en esos documentos información sobre las tareas que cumplía para el Batallón 601.
La denuncia contra Martínez afirma que «desde la sede del Batallón, en Viamonte y Callao, se diseñó y ejerció parte del control operativo de la represión» y recuerda que Lijo, en otra causa, definió a este escuadrón como «una asociación ilícita destinada a cometer delitos», que hacía tareas de inteligencia para «sindicar a todas aquellas personas que se encontraban vinculadas con actividades calificadas como subversivas».
El dato en el que se basa la denuncia surge de información desclasificada que fue publicada por el Archivo Nacional de la Memoria en Internet. Martínez aparece en el listado titulado «Nómina del personal civil de inteligencia que revistió en el período 1976/1983» que el Ejército entregó a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré en 2010.
Figura en la foja 52, con el número de orden 2798 y con su número de documento.
Pese al respaldo del Gobierno, Martínez negó que aspirara a liderar la CGT y apoyó públicamente a Hugo Moyano. «El hecho de reclamar no significa extorsionar -dijo la semana pasada-. Me parece que él [por Moyano] está diciendo lo que, justamente, corresponde.»
Martínez es miembro del consejo directivo de la CGT y el representante argentino en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lidera la Uocra desde 1989.
Pasado. Organizaciones de derechos humanos y sindicalistas opositores denunciaron que el líder de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, trabajó como agente de inteligencia en el Batallón 601 durante la dictadura militar.
Oportunidad. La denuncia se conoció en momentos en que el Gobierno promovía a Martínez para reemplazar a Hugo Moyano al frente de la CGT.
Respuesta. El dirigente gremial declaró que no integró ni tuvo participación en actividades represivas de las Fuerzas Armadas.
Informe oficial. La Secretaría de Derechos Humanos dijo que Martínez trabajó en el Batallón 601 entre 1982 y 1983 y que los casos de desaparición de obreros de la construcción son anteriores..
La Secretaría de Derechos Humanos desligó al gremialista Gerardo Martínez de las desapariciones forzadas de obreros de la construcción por las que había sido denunciado: dijo que de los registros oficiales no surge ninguna relación entre Martínez y esos crímenes.
Según el informe que la Secretaría de Derechos Humanos entregó a la Justicia, «los 94 hechos [secuestros y desapariciones] vinculados con trabajadores o ex trabajadores ligados a la construcción son anteriores a marzo de 1982». Esa es la fecha -de acuerdo con la Secretaría- en que Martínez ingresó como «agente de inteligencia» en el Batallón 601.
El gremialista es el secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) y tiene una estrecha relación con la Casa Rosada, que lo había impulsado como uno de los posibles candidatos a suceder en 2012 al líder de la CGT, Hugo Moyano. La denuncia en su contra fue presentada por organizaciones de derechos humanos y sectores sindicales opuestos a la Uocra, que lo acusaron de haber hecho inteligencia, como personal civil, durante la última dictadura.
Pidieron que se investigara su posible relación con un centenar de desapariciones de obreros de la construcción, pero advirtieron además que el Batallón 601 ya había sido «definido judicialmente como asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida» de la última dictadura, y, por eso, su participación en él «constituye por sí misma un delito».
El dato de que trabajó para el Batallón 601 del Ejército «como agente de inteligencia» durante el gobierno militar fue ratificado por la propia Secretaría de Derechos Humanos cuando respondió el primer oficio que le remitió el juez federal que tiene a su cargo el expediente, Ariel Lijo.
El Gobierno informó entonces que Martínez hizo esa tarea desde 1982 hasta 1983.
En el último informe que presentó en la causa, la Secretaría afirmó que los delitos de lesa humanidad contra trabajadores de la construcción de los que hay registro son todos previos a 1979, salvo uno, que fue de 1981. Dijo también que Martínez no figura en los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Hasta ahora, él no habló públicamente sobre las acusaciones en su contra, pero en julio, 11 días después de la denuncia, publicó una solicitada. «No he integrado ni tenido participación en actividades represivas de las fuerzas armadas ni de seguridad en período alguno, tal como se me atribuye», sostuvo Martínez.
Aunque el último informe de la Secretaría de Derechos Humanos favorece mucho su situación judicial, la causa no se cerrará todavía. Fuentes judiciales informaron que esta semana Lijo revisará las microfilmaciones del legajo del gremialista, tarea que tiene pendiente. Espera encontrar en esos documentos información sobre las tareas que cumplía para el Batallón 601.
La denuncia contra Martínez afirma que «desde la sede del Batallón, en Viamonte y Callao, se diseñó y ejerció parte del control operativo de la represión» y recuerda que Lijo, en otra causa, definió a este escuadrón como «una asociación ilícita destinada a cometer delitos», que hacía tareas de inteligencia para «sindicar a todas aquellas personas que se encontraban vinculadas con actividades calificadas como subversivas».
El dato en el que se basa la denuncia surge de información desclasificada que fue publicada por el Archivo Nacional de la Memoria en Internet. Martínez aparece en el listado titulado «Nómina del personal civil de inteligencia que revistió en el período 1976/1983» que el Ejército entregó a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré en 2010.
Figura en la foja 52, con el número de orden 2798 y con su número de documento.
Pese al respaldo del Gobierno, Martínez negó que aspirara a liderar la CGT y apoyó públicamente a Hugo Moyano. «El hecho de reclamar no significa extorsionar -dijo la semana pasada-. Me parece que él [por Moyano] está diciendo lo que, justamente, corresponde.»
Martínez es miembro del consejo directivo de la CGT y el representante argentino en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lidera la Uocra desde 1989.
Pasado. Organizaciones de derechos humanos y sindicalistas opositores denunciaron que el líder de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, trabajó como agente de inteligencia en el Batallón 601 durante la dictadura militar.
Oportunidad. La denuncia se conoció en momentos en que el Gobierno promovía a Martínez para reemplazar a Hugo Moyano al frente de la CGT.
Respuesta. El dirigente gremial declaró que no integró ni tuvo participación en actividades represivas de las Fuerzas Armadas.
Informe oficial. La Secretaría de Derechos Humanos dijo que Martínez trabajó en el Batallón 601 entre 1982 y 1983 y que los casos de desaparición de obreros de la construcción son anteriores..
