En un artículo aparecido en esta sección el 19 de diciembre, Roberto Gargarella cuestiona la idea que pretende asimilar los ideales y prácticas del republicanismo con las políticas de los sucesivos gobiernos del matrimonio Kirchner. Dos elementos le parecen fundamentales para sostener este distanciamiento. Uno, el republicanismo es contrario al presidencialismo y a la concentración de poder político que caracterizan a estos gobiernos . Otro, el republicanismo es igualitario y no defiende meras políticas de “derrame” de ciertos beneficios desde el Estado sobre algunos grupos de población. Aquí me gustaría complementar la argumentación de Gargarella, que comparto, ampliando el contenido del segundo de estos elementos y en referencia con las políticas sociales del país.
El principio fundamental del republicanismo en relación con el ideal de igualdad entiende que la organización social debe promover la libertad de las personas entendida como ausencia de dominación . Por ejemplo, para la tradición republicana un esclavo no es libre aun si su amo actúa de forma benevolente, porque el amo tiene el poder de interferir arbitrariamente sobre su vida cuando quiera y en la medida que quiera. De aquí el republicanismo defiende toda política que promueva las capacidades para que cada persona pueda actuar libremente y, al cabo, ser lo quiera ser.
Para el ideario republicano los gobiernos deberían aplicar políticas que promuevan la independencia socioeconómica de la ciudadanía, por ejemplo, promoviendo el acceso universal a las condiciones materiales necesarias para existir sin tener que estar pidiendo permiso y autorización a ningún poder arbitrario . ¿Qué es una interferencia arbitraria? Aquella que depende exclusivamente de la voluntad del que interfiere, con independencia de las opiniones, preferencias e intereses de las personas sujetas a tal interferencia. Una interferencia no-arbitraria se verifica cuando existe una igualdad básica entre todas las personas en términos de medios y de poder, de forma tal que la eventual interferencia de unas sobre otras sea consentida por todas en condiciones de no dominación.
En otras palabras, el republicanismo defiende una distribución de medios y derechos iguales en todas aquellas dimensiones que hacen a la existencia autónoma (incluyendo la propiedad). En términos prácticos, esto significa, por ejemplo, que nadie debe tener el poder arbitrario de decidir quiénes merecen o no acceder a derechos como la educación, la salud, la cobertura de gastos de manutención y reproducción familiar, un empleo digno, etc.
Lo que tiene que hacer el Gobierno es establecer mecanismos para que las personas accedan a esos derechos de forma igualitaria, universal y lo más incondicional posible.
Pues bien, las políticas públicas en el país, incluyendo a las creadas durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, no siguen estos principios republicanos . El poder político y económico ha profundizado su potestad para decidir quién recibe y quién no recibe servicios sociales, asignaciones familiares o asignación por hijo, subsidios por servicios públicos, beneficios de los programas de empleo, etc. La extensión de beneficios a las personas no se ha hecho consagrando derechos de las mismas sino mediante mecanismos que le otorga al poder político y económico la facultad de decidir quiénes son merecedores o no de acceso a los mismos. Y por lo tanto, de decidir arbitrariamente cuándo lo entrega y cuándo lo quita.
Esta forma de organizar a la sociedad y las políticas públicas tendrá las virtudes y defectos que cada quien le quiera otorgar. Pero no es republicana , en tanto no busca garantizar que una situación de igualdad de derechos impida que los poderosos puedan interferir arbitrariamente en las capacidades de emancipación de las personas. Por el contrario, lo que se observa es la creación de instituciones y permanentes acciones tendientes a que esa interferencia arbitraria sea mayor. La organización republicana de la sociedad se corresponde con otros arreglos institucionales, por ejemplo, aquellos que permiten el acceso a los derechos sociales de forma igualitaria, universal e incondicional.
El principio fundamental del republicanismo en relación con el ideal de igualdad entiende que la organización social debe promover la libertad de las personas entendida como ausencia de dominación . Por ejemplo, para la tradición republicana un esclavo no es libre aun si su amo actúa de forma benevolente, porque el amo tiene el poder de interferir arbitrariamente sobre su vida cuando quiera y en la medida que quiera. De aquí el republicanismo defiende toda política que promueva las capacidades para que cada persona pueda actuar libremente y, al cabo, ser lo quiera ser.
Para el ideario republicano los gobiernos deberían aplicar políticas que promuevan la independencia socioeconómica de la ciudadanía, por ejemplo, promoviendo el acceso universal a las condiciones materiales necesarias para existir sin tener que estar pidiendo permiso y autorización a ningún poder arbitrario . ¿Qué es una interferencia arbitraria? Aquella que depende exclusivamente de la voluntad del que interfiere, con independencia de las opiniones, preferencias e intereses de las personas sujetas a tal interferencia. Una interferencia no-arbitraria se verifica cuando existe una igualdad básica entre todas las personas en términos de medios y de poder, de forma tal que la eventual interferencia de unas sobre otras sea consentida por todas en condiciones de no dominación.
En otras palabras, el republicanismo defiende una distribución de medios y derechos iguales en todas aquellas dimensiones que hacen a la existencia autónoma (incluyendo la propiedad). En términos prácticos, esto significa, por ejemplo, que nadie debe tener el poder arbitrario de decidir quiénes merecen o no acceder a derechos como la educación, la salud, la cobertura de gastos de manutención y reproducción familiar, un empleo digno, etc.
Lo que tiene que hacer el Gobierno es establecer mecanismos para que las personas accedan a esos derechos de forma igualitaria, universal y lo más incondicional posible.
Pues bien, las políticas públicas en el país, incluyendo a las creadas durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, no siguen estos principios republicanos . El poder político y económico ha profundizado su potestad para decidir quién recibe y quién no recibe servicios sociales, asignaciones familiares o asignación por hijo, subsidios por servicios públicos, beneficios de los programas de empleo, etc. La extensión de beneficios a las personas no se ha hecho consagrando derechos de las mismas sino mediante mecanismos que le otorga al poder político y económico la facultad de decidir quiénes son merecedores o no de acceso a los mismos. Y por lo tanto, de decidir arbitrariamente cuándo lo entrega y cuándo lo quita.
Esta forma de organizar a la sociedad y las políticas públicas tendrá las virtudes y defectos que cada quien le quiera otorgar. Pero no es republicana , en tanto no busca garantizar que una situación de igualdad de derechos impida que los poderosos puedan interferir arbitrariamente en las capacidades de emancipación de las personas. Por el contrario, lo que se observa es la creación de instituciones y permanentes acciones tendientes a que esa interferencia arbitraria sea mayor. La organización republicana de la sociedad se corresponde con otros arreglos institucionales, por ejemplo, aquellos que permiten el acceso a los derechos sociales de forma igualitaria, universal e incondicional.
